23 Octubre 11
José María Marco
Que los etarras hayan decidido abandonar el terrorismo para ejercer de políticos es una buena noticia, por mucho que no contribuya al crédito, bastante somero, de los profesionales del ramo. Siempre es preferible el debate público a la violencia y la extorsión. Tampoco es mala noticia que lo hayan hecho forzados por la debilidad de los núcleos criminales. La sinceridad importa poco en este asunto, como –en mi opinión– tampoco importa demasiado que los asesinos pidan perdón. Es raro que un criminal lo haga. El perdón es cosa de las víctimas o de cada uno de nosotros en la medida en la que, como españoles, hemos sido objeto sistemático de la violencia de los etarras.
Es este último punto el que debería mover a reflexión a quienes han ayudado a la ETA a recorrer estos últimos tramos del camino, e intentan hacer del comunicado el eje de la campaña electoral. Los documentos que viene publicando LA RAZÓN corroboran que, probablemente, estamos ante el intento de articular un nuevo Lizarra, el acuerdo por el que el nacionalismo salvó a la ETA en el momento en el que más cerca estuvo de ver su final, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Cabe preguntarse si el Partido Socialista, y el gobierno español, están jugando en este Lizarra-2 el papel que entonces jugó el PNV.
Es cierto que entre Lizarra-1 y este posible Lizarra-2 hay una diferencia sustancial. Ahora se trata de que la ETA abandone la violencia, mientras que entonces se trataba de ayudar a que continuara con ella. Aun así, el precio pagado consiste en la batasunización del País Vasco, conseguida ya casi del todo. A esa estrategia de batasunización se han ido sumando el PNV y el PSOE. Todo indica que en las próximas elecciones recibirán el premio que merece su abnegación, lindante con la santidad. En contra de lo que dan a entender las reivindicaciones de Alfonso Guerra y otros socialistas, la opinión pública parece saber bien quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo.
Ante esto, el Partido Popular no lo tiene fácil. Se entiende la prudencia de las primeras declaraciones y la voluntad de no obstaculizar lo que se ha anunciado como un hecho histórico. Es muy importante que el PP se haya comprometido a no hacer concesiones políticas, inconstitucionales, de hecho. Partiendo de ahí, queda mucho terreno por recorrer. Habrá que recuperar la iniciativa en el exterior, donde el eco del fin de la violencia ha sido tibio. También habrá que reactivar una justicia sospechosa de hacer política, y no de aplicar la ley, a favor del Ejecutivo. Si el PP consigue restaurar el sentido común en estos dos campos –y lo puede hacer–, tendrá un apoyo amplio de la opinión pública para seguir la vía que considere adecuada para acabar de verdad con la violencia. Aun así, todo será imposible si el PSOE prefiere seguir hablando con los etarras, los batasunos y sus herederos, en vez de hablar con el PP.
http://www.larazon.es/noticia/1781-el-dilema
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