miercoles 12 de julio de 2006

¿QUÉ PASÓ EL 11-M?

Un Estado dentro del Estado

Por Enrique Boto

La Constitución de 1978 incorporó en su articulado a los partidos como elementos imprescindibles de un sistema democrático dotado de pluralismo político y para canalizar las posturas ideológicas de la ciudadanía y seleccionar líderes parlamentarios y gubernamentales.

El artículo sexto de la Carta Magna exige a los partidos un funcionamiento democrático. Sin entrar en detalles (más allá de la elección de sucesores mediante primarias o a dedo, con ratificación ulterior), todos coincidiríamos en que es una oligarquía, camarilla del líder del partido –secretario general, primer secretario o presidente–, quien toma todas las decisiones importantes, que afectan no sólo al partido, también al grupo parlamentario, a –en su caso– el Ejecutivo y, lo más preocupante, al gobierno de los jueces.

El foco tradicional de insatisfacción con el funcionamiento partidista ha sido el de su financiación. Se han sucedido infinidad de borradores, plasmados a veces en medidas legislativas, referidos a este espinoso problema. La vigente Ley de Partidos, promulgada en 2002, puso su foco, más allá de toda certidumbre moral, en la ilegalidad de toda formación política que no condene el uso de la violencia en la acción política o, peor aún, ayude a una banda terrorista a intentar imponer sus objetivos mediante el uso reiterado del asesinato, la extorsión y la coacción sobre la ciudadanía.

El presidente Zapatero, en su comparecencia del 29 de junio, aseguró que seguirá en vigor la Ley de Partidos, lo que obligaría a Batasuna a un cambio de marca, si bien esta elemental maniobra no aseguraría, independencia judicial mediante, la consecución de su blanqueo a efectos de participar en las elecciones locales de mayo de 2007 en el País Vasco y en Navarra, así como en las autonómicas de este antiguo reino.

¿Dice algo la Ley de Partidos sobre las consecuencias para una formación de mantener contactos, aun secretos, con la banda terrorista ETA? Al margen de la repugnancia ética que supone que los haya podido mantener –tal como recogía El Mundo el 2 de julio– el mismo partido que ofreció en su día al Gobierno del PP el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, la pregunta que es obligatorio plantearse tiene una formulación terrible: ¿qué podía pretender negociar el PSOE con ETA en febrero de 2004, en el mes anterior a las elecciones generales y –no lo olvidaremos nunca– al más brutal atentado terrorista de nuestra historia, el del 11 de marzo de 2004?

Cuando la opinión pública conoció que el condenado prohombre socialista Vera había visitado al general Galindo en la cárcel la misma tarde del 11-M, con la sangre de los muertos y heridos aún caliente, muchos analistas se plantearon que el atentado había sido un golpe de estado. Es más, alguno de estos analistas veía clara la única solución para poder salir de una delicadísima situación política, la más peligrosa desde los tiempos de la Transición: una catarsis sin precedentes en el PSOE que permitiera a la parte no podrida de éste participar en un transitorio Gobierno de concentración junto con el PP que fijara como máxima prioridad, junto al combate al terrorismo de toda laya, el esclarecimiento de la masacre del 11-M, cooperando intensamente con el Poder Judicial para identificar a sus autores intelectuales y materiales, a los cómplices, los encubridores y los financiadores.

Precisamente el principal objetivo de la plataforma cívica Ausentes-"Por una Comisión de Investigación del 11-M abierta", puesta en marcha a finales de 2004, era asegurar la depuración de responsabilidades en relación con dicho atentado, por acción u omisión, de miembros de instituciones sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo acaba de volver a exigir la reapertura de dicha comisión, en el primer aniversario del cierre en falso de la misma, el 30 de junio de 2005.

El precedente de la reunión de Perpiñán, celebrada en enero de 2004 entre el líder de ERC, Carod-Rovira, y la cúpula etarra, con asistencia de miembros de algún servicio secreto e incluso de políticos de otros partidos, ya resultaba enormemente preocupante. El papel del CNI de entonces, que debía obediencia al Gobierno del PP, nunca estuvo claro, pues cuesta creer que se dejara hacer sin que instara a la detención de los terroristas.

La tregua etarra, circunscrita precisamente al territorio catalán, llegaría poco después. En febrero de 2004, en plena precampaña electoral, se dieron también dos circunstancias que cada vez parecen menos anecdóticas –o menos fruto del simple azar, como le gusta decir a nuestro presidente–: la afirmación de Ternera en el aeropuerto de Frankfurt ("Se van a enterar estos españoles de lo que somos capaces de hacer") y la revelación de la existencia de un "supermisil" para el final de la campaña electoral por parte de algún dirigente del PSOE, lenguaraz además de, quizá, bien informado.

En el manifiesto de Ausentes se afirma que las elecciones del 14 de marzo de 2004 fueron legítimas, a pesar del shock producido por el atentado del 11-M, de la descarada violación de la jornada de reflexión mediante concentraciones "espontáneas" delante de las sedes del PP y de declaraciones como las del actual ministro del Interior: "Los españoles no se merecen un gobierno que les mienta". Pero, si finalmente se demostrara alguna implicación de miembros del PSOE en el 11-M (aunque sólo fuera dejando hacer a otros), la crisis nacional que padecemos desde entonces, amplificada ya por la aparentemente alocada acción de Zapatero y su Gobierno en relación con el modelo de Estado y la remoción de cualquier obstáculo al cambio del mismo (reforma encubierta de la Constitución mediante el nuevo estatuto catalán, intentos de división de las víctimas del terrorismo, acercamiento al entorno de ETA y, finalmente, apertura oficial de negociaciones tras un alto el fuego permanente sólo verificado totalmente por quien quiera hacer comulgar a los españoles con ruedas de molino), va a obligar a la sociedad civil a cobrar el mayor protagonismo de la historia reciente.

Efectivamente, será necesario su concurso mientras se vuelve a una situación de normalidad en el pluralismo político, con partidos realmente democráticos y despojados de quienes, invocando la siempre socorrida "razón de Estado", sólo persiguen la razón de sus intereses personales y partidistas por un enfermizo afán de poder. Afán de poder inmisericorde, incluso, con brutales ataques terroristas como el del 11 de marzo de 2004, que se ha intentado tapar de forma infructuosa, gracias a la imprescindible libertad de prensa, uno de cuyos máximos exponentes es Libertad Digital.

Como homenaje póstumo a mi buen amigo y mejor persona Fernando Prieto –el primer director del Centro de Estudios Constitucionales–, podría resumir aquí su propuesta de reforma de la Ley Electoral, recogida en la web de Ciudadanos para la Democracia, la coordinadora que él puso en marcha. En ella se aboga por un mayor protagonismo del ciudadano frente al poder omnímodo de los partidos políticos, y se incluye una novedosa y moderna fórmula para asegurar la igualdad del voto de los diputados electos y no sólo la del de los votantes. Pero en esa interesante formulación teórica no se contemplaba, ni siquiera como mera hipótesis, la posibilidad de deslealtad al sistema constitucional por parte de uno de los dos partidos nacionales con capacidad para ocupar el Gobierno central.

En marzo de 2000 el Partido Popular no sólo conseguía mantenerse al frente del Gobierno durante una segunda legislatura, sino que lo hacía alcanzando la mayoría absoluta y superando contundentemente, por tanto, la mayoría relativa de 1996. Era la primera vez que esto ocurría tras la Transición. El PSOE había recorrido el habitual camino inverso, rebajando paulatinamente el número de sus parlamentarios –desde los 202 de la histórica victoria del cambio, en 1982– hasta perder la mayoría absoluta (1993) y, finalmente, el poder (1996).

Curiosamente, volvió al mismo en 2004 tras expulsar a un partido que contaba con mayoría absoluta y que figuraba como claro vencedor –con mayoría absoluta o relativa– de las elecciones del 14 de marzo de 2004. Ninguna encuesta politológica sostenía siquiera la posibilidad de que el PP no pudiera finalmente formar Gobierno en caso de no contar con al menos la mitad más uno de los diputados del Congreso. Pero se cruzó por medio el 11-M y se produjo, tres días después, el inesperado vuelco electoral...

Cualquiera que conozca un poco la historia y la forma de entender el ejercicio del poder por parte de ciertos sectores del Partido Socialista –véase su comportamiento en la revolución de Asturias de 1934, tras el triunfo electoral de la derecha un año antes– no debería extrañarse de que, tras la humillación de la derrota por mayoría absoluta del año 2000, al menos internamente, sin descartar la comprensión de la Internacional Socialista, alguien hiciera un diseño estratégico en el que el fin justificaba los medios, al mejor estilo maquiavélico: no se consentiría de nuevo al PP humillar al PSOE.

Muy probablemente, un Estado dentro del Estado –integrado por una parte del Partido Socialista, miembros afines al mismo pertenecientes a las FSE, servicios de inteligencia y medios de comunicación, principalmente– pudo quizá ponerse en marcha para intentar no sólo arrebatar el poder a su enemigo político, el Partido Popular, sino para impedir que, al menos durante bastantes años más, pudiera gobernar un país que, en el Año de la Memoria Histórica, debería ser gobernado sólo por los buenos. ¡Qué peligrosa sinrazón!

¿Qué sabe ETA del 11-M?

Enrique Boto, miembro del Club Liberal de España y promotor de la plataforma cívica Ausentes.

Gentileza de LD

El 11 de marzo de 2004 tuvo lugar en Madrid el mayor atentado terrorista perpetrado nunca en España. 192 ciudadanos murieron y más de 1.500 resultaron heridos. Tres días después se celebraron elecciones generales.
Además de la obligada investigación judicial, se constituyó en el Congreso de los Diputados una Comisión de Investigación, que comenzó sus trabajos en el mes de junio. Los grupos parlamentarios previeron inicialmente una duración de poco más de un mes, estimando presentar las conclusiones de la Comisión a finales de julio; luego se retrasó dicha presentación hasta primeros de septiembre.
Diversas informaciones publicadas en la prensa llevaron a los grupos parlamentarios a prolongar los trabajos de la Comisión incluyendo nuevas comparecencias, previendo su finalización a primeros de diciembre tras las intervenciones del ex presidente Aznar, del presidente Zapatero y de representantes de las víctimas. Nuevas revelaciones periodísticas hicieron incorporar nuevas comparecencias y retrasar el cierre de la Comisión.
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Este documento, iniciativa de la sociedad civil, ha sido trasladado, con el fin de obtener su apoyo institucional, a las tres asociaciones de víctimas que cuentan con afectados por el atentado terrorista del 11 de Marzo. Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo como la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M apoyan este
MANIFIESTO
1º.- Nuestra sociedad es una sociedad abierta, que goza de un sistema democrático equiparable al de los países de nuestro entorno. Como ciudadanos, e independientemente de nuestras ideas políticas, tenemos derecho a recibir del Parlamento información completa y fidedigna de uno de los hechos más dramáticos de nuestra historia.
2º.- No cuestionamos la legitimidad de las elecciones del 14 de marzo de 2004.
3º.- No pretendemos culpabilizar a ningún partido político.
4º.- Reclamamos saber cómo fue posible ese brutal atentado tres días antes de unas elecciones generales para evitar que en el futuro ningún terrorista vuelva a condicionar la normalidad democrática que tanto nos ha costado alcanzar.
5º.- Como mejor homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, exigimos a nuestros legítimos representantes que mantengan abierta la Comisión de Investigación del 11-M hasta que queden definitivamente depuradas todas las responsabilidades que puedan derivarse, por acción u omisión, del comportamiento de miembros de instituciones sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
Junio de 2005