Libertad de idioma

Anticipadas
Elecciones en otoño
Agapito Maestre Libertad Digital 15 Febrero 2010

El fracaso de la iniciativa conjunta del Borbón y los socialistas para que se firme un pacto de Estado augura elecciones para otoño. La crisis económica y política es de tal envergadura que Zapatero no tendrá más remedio que adelantar las elecciones generales. Preferirá perder por la mínima antes que arriesgarse a ser el protagonista de una caída espectacular del PSOE. Prepárese, pues, el PP para tal acontecimiento. Todavía le queda al partido de Rajoy unos meses para diseñar una estrategia política, o articular un sencillo discurso, que al menos simule que ha hecho algo más digno, durante estos años, que esperar el derrumbe de los socialistas. El cuento de la lluvia fina ya no vale.

Es menester que Rajoy nos diga cómo sacará a este país de la bancarrota o, por el contrario, tendremos que pensar que a este partido le "va la marcha" del masoquismo. El próximo miércoles veremos si la intervención de Rajoy en el Congreso es de mero trámite o, por el contrario, dice algo más importante que la simple contabilidad de los millones de parados. En efecto, si el PP sigue guardando silencio sobre sus alternativas, tengo que pensar que un posible adelanto de las elecciones le haría temblar las piernas a su máximo dirigente.

Rajoy, sí, es muy escéptico sobre la valentía de Zapatero para anticipar las elecciones, pero quizá sea esta acción la última iniciativa que le quede a Zapatero para demostrar que no sólo ha ido por delante de Rajoy, sino que, además, le ha arrebatado su espacio político. Zapatero manda no sólo sobre el PSOE sino sobre el destino del PP. Prefiere cederle a Rajoy el poder y, por lo tanto, la crisis antes que hundirse para las próximas décadas.

Sí, sí, Zapatero ya tendría decidido, según algunos analistas, su retirada a la oposición y, naturalmente, le dejaría las manos libres a Rajoy para que le solucionase el "problemita", o sea, el desastre económico. Argumentos le sobran a Zapatero para convocar esas elecciones, pero todos convergerán en que Rajoy no ha querido jamás colaborar con el Gobierno para salir de la recesión. Por lo tanto, ante la ruina económica y la extorsión del PP para resolverla, dirá Zapatero: ¡Qué hablen las urnas! El escenario es plausible. Y viable. Las urnas hablarán, incluso es posible que Zapatero ya haya hecho el cálculo de los pocos escaños que perderá: los suficientes para que gane, naturalmente, Rajoy, pero los necesarios para que el PSOE siga siendo el amo de España, el gran señor, que le pide al capataz que le resuelva el embolado de la crisis.

Quizá haya otras formas de explicar ese futuro escenario; por ejemplo, el odio entre estos dos líderes es de tal envergadura que es imposible pacto alguno entre ellos. Pero, por desgracia, lo importante no es ahora los desprecios recíprocos entre la gente de Zapatero y Rajoy, sino que la iniciativa del proceso político sigue estando en manos socialistas. Prefieren, sí, perder el poder de modo coyuntural, pero seguir siendo los dueños de la finca y de su propio destino, o sea, seguir ejerciendo una potentísima oposición desde la que controlar al PP y, por supuesto, decidir su vuelta.

Hay, además, dos informaciones recientes que me ratifican en este escenario. Una es falsa y la otra verdadera. La falsa ha sido emitida por Zapatero: la economía española va mejor que hace tres meses. La verdadera procede de los datos últimos de Bruselas sobre la situación de estancamiento económico de la zona euro en general, y de Alemania en particular. El comentario de esos datos desborda esta columna, pero estoy convencido de que el pinchazo de la economía alemana, por razones que otro día desarrollaré, es determinante para la política española.

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A qué espera el TC
Editorial ABC 15 Febrero 2010

CADA vez resulta más evidente que las causas del inaceptable retraso del Tribunal Constitucional en dictar la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña no son las dudas jurídicas sobre sus disposiciones, sino los equilibrios que está pretendiendo realizar su presidenta, María Emilia Casas, para lograr una mayoría amplia a favor de una sentencia que, ante todo, disimule en lo posible las inconstitucionalidades notorias del texto. Nuevamente, como hoy informa ABC, el TC está bloqueado por una partición -cinco frente a cinco- que se mantiene inalterada ante la ponencia de la magistrada Elisa Pérez Vera. Son ya cuatro los borradores de sentencia que han sido descartados por los magistrados, número suficiente para que la presidenta Casas se hubiera planteado la conveniencia de sustituir a Pérez Vera por otro ponente que pueda mejorar las expectativas de acuerdo. Este es el planteamiento que ha ido cuajando en los magistrados más críticos con el texto estatutario, quienes, con razón, entienden que es hora de desbloquear la situación con un cambio de ponente. Si los criterios que rigen los debates son estrictamente jurídicos, la presidenta Casas debería considerar esta posibilidad.

No es aceptable que persevere en unos borradores de sentencia que no cuentan con el aval de la mayoría. Por tanto, o cambia de ponente o somete a votación, de una vez por todas, la sentencia que presente la magistrada Pérez Vera, aunque esto suponga para Casas tener que utilizar ese voto de calidad que rehúye. Este tipo de prevenciones personales debe quedar a un lado cuando está en juego la estabilidad del sistema constitucional, que es lo que TC está descuidando flagrantemente. Los compromisos incómodos, incluso las encrucijadas históricas, son inherentes a un cargo como el de presidente del TC.

Lo importante de la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña no es que quede redactada de manera que alivie el peso de la responsabilidad a sus firmantes -como lo sería una sentencia interpretativa, la más peligrosa de las fórmulas por las que puede optar el TC-, sino que aclare definitivamente si se mantiene el Estado constitucional de 1978, unitario y autonómico, o se da paso a un Estado confederal, creado por el atajo de una reforma estatutaria, no de la Constitución. Si hay una mayoría, a favor o en contra del Estatuto catalán, debe dar la cara en una sentencia que es urgente e inaplazable.


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Cuando reina el odio
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 15 Febrero 2010

No están en Keynes y en Hayek las razones para el rechazo de un «pacto» entre el PSOE y el PP. Es verdad que los dos justifican su negativa con argumentos económicos e ideológicos pero la causa real es el odio. Comparto estas tesis con Amando de Miguel. La animosidad visceral que anida en las dos grandes clientelas pone de actualidad la división de las dos Españas de las que habló, antes que nadie, Fidelino de Figueiredo.

Ahora bien, si es obligado reconocer que las propuestas de reconciliación vinieron de la izquierda, también hay que achacarle a esta la responsabilidad de la marcha atrás en estos últimos años. Fue Zapatero quien levantó la calle contra la derecha «asesina» y ha sido él quien mandó abrir las fosas de la guerra civil no para hacer el obligado homenaje póstumo a los enterrados con ultraje sino para actualizar los odios que alimentaron la Guerra Civil. Con la reivindicación de la «memoria histórica» se ha querido trasladar el debate desde la investigación a la sociedad, y se ha permitido que Garzón haya querido traducir las represiones franquistas en «crímenes contra la Humanidad» sin tener en cuenta la amnistía. De forma prevaricadora.

La generación de Zapatero ha querido interpretar la hegemonía de la izquierda, desde González a hoy, como el desquite de los derrotados en 1939. Todavía hace unos días Pagazaurtundúa cometía la torpeza de utilizar a Unamuno para decirles a los etarras «ni venceréis ni convenceréis». ¿Acaso habría «convencido» el Frente Popular si hubiera sido el ganador de la Guerra Civil?

Por todo esto quizá las bases del PP no están dispuestas a aceptar un discurso para todos, por encima de los odios. Rajoy no se ha atrevido a dar la mano a Zapatero en esta ocasión de emergencia nacional por temor a su propio electorado, al que la izquierda califica como la derechona. Por todo ello nuestra gran problema no es la economía «sostenible» sino la sostenibilidad de la convivencia.

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Acerca de nuestro sobreendeudamiento
JUAN VELARDE FUERTES ABC 15 Febrero 2010

Al estallar, con claridad desde julio de 2007, la crisis financiera internacional, y dificultarse la llegada de ahorro externo, la depresión se hizo presente en España de modo cada vez más agudo. Pero en vez de intentar atajarla gracias a una mejoría del sistema productivo, gracias a lo que denomina una política económica por el lado de la oferta, y así tres años después nos encontraríamos casi en franquía, se prefirió hacerlo por el lado de la demanda, terminando por acentuar el gasto público. La expansión productiva, sobre todo desde 2003 en adelante, había tenido lugar financiándola con deudas de las economías domésticas, de las empresas no financieras y de las instituciones financieras. Al apretar la situación, desde 2008 se unió a las anteriores una deuda pública que crece a gran velocidad.

Como nos ha mostrado el profesor Jaime Terceiro en su valiosa aportación a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas «Crisis económica y energética», en enero de 2010 un informe de McKinsey mostraba que a partir de 2008 nuestra deuda pública era el 47% del PIB; la de las familias, del 85%; la de las empresas no financieras, del 136%, y la de las empresas financieras, del 75%. El conjunto supera el 342% del PIB. Según este investigador, en 2009 esto nos sitúa «con una cifra superior al 360%». Lo ratifica Marcos Ezquerra en «Cinco días» de 10 de febrero de 2010 al estimar que al cierre de 2009 este sumatorio «suponía unos 3,9 billones de euros», o sea el 390% del PIB. Sólo Japón, entre los países desarrollados, tiene un porcentaje mayor. Le sigue España emparejada con Gran Bretaña. Y el proceso no se ha detenido en bastantes de estos ámbitos. Víctor Relaño, en «La Gaceta» de 13 de febrero de 2010 escribe que las instituciones crediticias españolas lograron créditos hasta situarse en enero de 2010 en un 34,4% por encima de la cifra de enero de 2009 en el Banco Central Europeo. Esto cuando el conjunto de las instituciones del Eurosistema precisaban de un 6,64 % menos.

Como las deudas han de pagarse, lo anterior señala que cada español, si el reparto fuese igualitario, tiene un pasivo de unos 87.000 euros, y cada familia, como media, una deuda de 200.000 euros. Lógicamente preocupa a los mercados financieros si esta carga es soportable. De ahí, por ejemplo, que el excelente economista francés Michel Santi, sostuviese en «Le Monde. Economíe» el 9 de febrero de 2010 que «una conjunción astral muy desfavorable tiene lugar en España, con un déficit presupuestario del 11,4% del PIB, un endeudamiento global público y privado del 300% del PIB -claramente más elevado que el griego-, un paro igualmente importante, del orden del 20% (4,5 millones de desempleados) y, sobre todo, un sistema crediticio que tiende a ser frágil».

Una y otra vez conviene recordar que el gran economista italiano Bresciani-Thuroni, en su obra «The economics of inflation. A study of currency in post-war Germany 1914-1923» (Allen & Unwin, 1937) achaca el famoso caos económico alemán de los años veinte a la «irresponsable» política fiscal alemana, que desde 1913 trató de arreglarlo todo con deuda pública. Sin olvidar que al hacer la recensión de este libro en «The Economic Journal», Joan Robinson señaló cómo lo agarró todo una política que no congelaba los salarios alemanes.

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Libertad religiosa y ETA
Carlos Dávila www.gaceta.es 15 Febrero 2010

Entenderán, seguro, el título en cuanto, si tienen paciencia, completen esta lectura. Verán. Los curiosos que tratamos de aventar cuáles serán los nuevos pasos de Zapatero para intentar lo imposible, o sea, salir de la hecatombe política y económica en la que él mismo se ha introducido, coinciden en dos profecías: primera, que para paliar la previ¬sible sangría de votos que puede producirle el tremendo ajuste que exige la economía española el presidente ensayará otra de sus malditas ocurrencias “sociales”; esta vez le tocará directamente a la Religión o, más concretamente, a la Religión católica. La venidera Ley de Libertad Religiosa que prepara el ministro Caamaño –un personaje que no ha desmentido su afinidad masónica, muy alejada del entendimiento con la Iglesia de Roma– va a constituir una auténtica revisión de todos los principios que han regido, desde la Transición, las relaciones Iglesia-Estado. Para Zapatero, un laicista extremo y sectario, los católicos no deben esperar el menor trato de favor respecto a los practicantes de otras religiones, incluso pueden ser castigados, en su concepto, con una discriminación apabullante: sus signos de fe, el crucifijo más precisamente, tienen que ser desterrados de toda presencia pública, mientras que el ropaje islamista más destructor de la mujer debe ser tolerado porque, pobres musulmanes, ellos son menos en España, alguna vez les echamos de aquí y hay que acogerlos en la estúpida Alianza de Civilizaciones.

Barrenar la libertad...
La ley que prepara el tándem Zapatero-Caamaño (no es imposible que participe también en la redacción del bodrio la conocida intelectual Bibiana Aído) no será un proyecto liberal, será un texto represivo destinado a que a aquella torpe frase del Azaña más brutal, “España ha dejado de ser católica”, se interprete, tantísimos años después, de esta otra forma: “España DEBE dejar de ser católica”. De este modo, con una ley tan machacante, piensa este hombre que los votos que se le van por el recorte de las pensiones, el abaratamiento del despido (el abaratamiento, sí), el recorte de los sueldos de los funcionarios, la prolongación de la edad laboral y la ampliación de los periodos de cotización a la Seguridad Social... quedarán compensados con la apelación a un anticlericalismo de guardarropía que pueda presentarse como la gran aclimatación de la España laica a los tiempos del siglo XXI.

Desde 1976 hasta la fecha, en España hemos convivido sin problemas católicos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas, agnósticos y ateos. Los masones, los oficiales, que son los menos relevantes, y los ignotos, que son los preeminentes, no se han atrevido hasta ahora a plantar cara a esta situación de coexistencia pacífica. Ahora Zapatero se apresta a quebrar esta costumbre que es regla de obligado cumplimiento para los liberales que, como el que suscribe, piensan que los ataques a la Religión deben interpretarse como un barrenamiento de la libertad y no, como hace este político ayuno, una exaltación radical de la misma. Pero es que, además, la ley Zapatero-Caamaño no parte de un clamor social gene-ralizado, sino de la hostilidad del dúo y, más aún, de la necesidad que tiene el presidente de hacerse perdonar ante la izquierda radical los tajos sociales que se verá obligado a realizar para que ni la Unión Europea ni el odiado Fondo Monetario Internacional nos envíe aquí sus paracaidistas a enmendar sus desmanes económicos y los de su cuadrilla.

El ataque a la Religión no es nada más que una trapisonda para encubrir un giro económico y social ortodoxo que este paupérrimo Gobierno de incapaces tendrá que efectuar, acuciado como está por dirigentes extranjeros de tan diverso pelaje como Brown, Merkel o Sarko¬zy. Si hubiera que resumir por tanto en una frase las intenciones de Zapatero, se podría decir: “Nos plegamos a cambiar, pero vamos a zurrar a los curas”.

…y terminar con ETA
Y los ganapanes artistillas de la ceja, a aplaudir rabiosamente. Después, y llegamos a la segunda profecía, a la trampa del tentetieso a la Religión le acompañará, para disimular la ruina total, otro proyecto muy diferente y que empieza a perfilarse con nitidez para el que quiera mirar y ver: una nueva negociación con ETA. Como Zapatero duda de que pueda llegar a las elecciones de 2012 con la crisis económica resuelta, su reeditada tentación es intentar el gol definitivo: la rendición de la banda criminal y facciosa y la entrega consecuente de sus armas. En las persistentes y repugnantes negociaciones que están cumpliendo los batasunos que aún desgraciadamente están en libertad y el agónico partido de Carlos Garaicoechea, Eusko Alkartasuna, se está intentando colar de matute el propio Partido Socialista.

Unas declaraciones recientes del maltratador Jesús Eguiguren (¿cómo puede ser presidente todavía del PSOE vasco este socialista que atizó a su mujer y está condenado por ello?) indican, sin rubor, que otra vez el PSOE vuelve a vender la cantinela de la conversión de los terroristas, pero es que, además, hay susurros, más que noticias, de que, de nuevo, los socialistas del País Vasco, ¿quizá Prieto, quizá Pastor? “se han visto” con los independentistas violentos para darse el pico, como en los buenos tiempos en que Zapatero entregaba Navarra a los bandidos con la misma ignorancia que felonía.

Naturalmente que para constatar el inicio de esta otra ronda necesitamos presentar pruebas; no las hay por ahora, existen sólo indicios, pero hay que prevenirse sobre una pista: ¿va a dejar el Gobierno que Batasuna, o su enésima titulación, se presenten a las próximas elecciones municipales? Ésta es la cuestión: si la Fiscalía General del Estado, fiel servidora del PSOE, se comporta como en 2007 y permite que Acción Nacionalista Vasca o sus herederos comparezcan en las urnas, no habrá duda alguna: Zapatero está negociando otra vez. Para el entramado abertzale es indispensable su presencia en los ayuntamientos vascos y navarros; eso es poder y, sobre todo, dinero. La pregunta en consecuencia es: ¿le interesa a ETAuna negociación para que delegados, llamémosles políticos, sean alcaldes y concejales? Los expertos en terrorismo afirman que ése es, precisamente, el debate de la actualidad. No hay postura definitiva, aunque lo que parece ahora mismo es que los pistoleros siguen con sus armas desenfundadas a la espera de cometer próximas tropelías. Afortunadamente, su capacidad operativa está disminuida. Los bandidos son doblemente malos: asesinos por una parte e ineptos por otra. Como en el chiste del pobre chino al que su médico le pronosticó un cáncer simplemente por su color amarillo, eso nos va a salvar, bueno, esperemos que la torpeza de los etarras y la estupenda habilidad de nuestros cuerpos de seguridad nos siga salvando.

Zapatero, en su insania patología optimista, puede estar pensando en que con una economía mínimamente reconducida, un acuerdo para que ETA deje de matar, y un guiño pseudoprogre a la izquierda desarrapada, sus posibilidades de volver a ganar en 2012 aumentarían considerablemente. Ciertamente se puede equivocar; es más, yerrará de nuevo al doblegarse ante ETA, pero lo va a intentar. Son sus bazas para dentro de dos años. Atraviesa en este momento su trance más delicado; nadie le cree, nadie le quiere, casi todo el mundo le considera un incompetente, pero su entorno alienta la esperanza de la recuperación. La receta es doble: por una parte, “ya que tenemos que hacer política económica de derechas, hagamos un brutal izquierdismo social caiga quien caiga”; por otra, “que los malos nos entreguen sus bombas al precio que sea, porque, ¿cuándo nos ha importado ser decentes?”.

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¿Quién tiene un plan anticrisis más creíble: Rajoy o Rosa Díez?
Roberto Centeno El Confidencial 15 Febrero 2010

“Tengo un Plan”, exclamaba hace unos días un Rajoy eufórico que ya se veía presidente, “y en 48 horas puedo presentar un gobierno”. ¿Qué Plan? En todos y cada uno de los muchos lugares donde gobierna ni está ni se le espera. En cuanto al gobierno, si todo lo que tiene son los que se están manteniendo de perfil, sin hacer oposición ni haciendo nada, mientras España se hunde en el mayor proceso de ruina de su Historia en tiempos de paz, ¡apañado va el país!

El Plan de Rajoy
Supongo que se refiere al “Plan Anticrisis Global y Completo” del PP, tan ampuloso en su nombre como inconcreto y demagógico en su contenido. El Plan contiene doce propuestas con las que es imposible estar en desacuerdo. Solo dos problemas: primero, se trata de principios generales, sin explicar cómo abordarlos; segundo y esto es lo más grave, el PP gobierna en varias CCAA y un sinfín de ayuntamientos, y en ni uno solo de ellos ha hecho lo que predica, en realidad es peor aún, hace justo lo contrario.

Mencionaré cinco de las propuestas. Plan de austeridad de las AAPP, ciertamente imprescindible, y entonces… ¿cómo es que sus Comunidades, empezando por Valencia, y Ayuntamientos, Madrid y Valencia, por poner dos ejemplos significativos, son los campeones nacionales de gasto y deuda en relación al PIB? Gallardón, en concreto, se ha convertido en el paradigma del gasto sin control, y es con gran diferencia el mayor despilfarrador del Reino. Resulta más incomprensible aún que, cuando en diciembre, un Zapatero enloquecido, ofreció a las CCAA 11.000 millones de euros adicionales que España no tiene, en lugar de denunciar esta tropelía, las Comunidades del PP fueran las primeras en ir a poner el cazo a Moncloa.

Reforma fiscal, proclama la eficacia de las reducciones de impuestos para la recuperación económica, pero no dice cuáles ni cuánto, y lo inaceptable, sus CCAA y Ayuntamientos están a la cabeza de las subidas de impuestos, tasas y multas. Aquí el paradigma vuelve a ser Gallardón, que tiene las mayores subidas del IBI, impuesto de basuras por partida doble, etc, y algo inédito en el mundo, ha inundado la capital de radares recaudatorios, que multiplican por tres las multas de tráfico de todo tipo.

Reestructuración del sistema financiero, demagogia al por mayor, “transparencia, seguridad, confianza” (blá, blá, blá), y luego el BdE acusa a los barones del PP de ser los que más obstaculizan esa reestructuración. Recuperación de la unidad de mercado, imprescindible, pero con su ruptura del discurso nacional: Rajoy dice una cosa en un sitio y lo contrario en otro. Ha afirmado en Cataluña, donde se concentra el núcleo del problema, que “es deseable la unidad, pero no se puede imponer”, y uno anonadado se pregunta ¿Vamos a ver, Sr Rajoy, si ni siquiera es capaz de imponer la unidad de mercado sí o sí, cómo va a ser usted presidente?

Y por último, reforma del mercado energético, imprescindible también, pero lo mismo, generalidades y contradicciones flagrantes. Defiende la opción nuclear en Madrid y la ataca en Castilla-La Mancha. Pero sobre todo, el disparatado modelo energético actual no es de Zapatero, sino que es el Plan Eléctrico y Gasista del PP el que nos ha llevado al desastre. En definitiva, si no es capaz de arreglar su casa, ¿cómo pretende arreglar España? Rajoy carece de autoridad y de carácter para sacar al país de la crisis.

Y luego, el “milagro” de Rato, “lo hicimos una vez y lo volveremos a repetir” dicen. ¿Qué milagro? ¡Basta ya de tomaduras de pelo! Primero, la situación actual no tiene nada que ver con la del 96, pero sobre todo no hubo política económica alguna que encauzase el crecimiento para garantizar un desarrollo estable. Todo fue exógeno, tipos de interés, liquidez ilimitada, entorno exterior óptimo, igual que Solbes, pero con la inmensa fortuna de que les tocó el principio del ciclo. Saneamiento de las cuentas públicas, “se pasa de un déficit del 7% al equilibrio”. ¿Y cómo? Porque habíamos entrado en la fase alcista del ciclo y la recaudación subía exponencialmente sin mediar acción alguna, más el proceso masivo de privatizaciones, decenas de miles de millones de euros a las arcas públicas sin despeinarse.

Sigue el “milagro”: gastar un 10% más de lo que producimos, y Rato, en lugar de imponer racionalidad, echa más madera; familias y empresas se endeudan alocadamente, y en ocho años la deuda se multiplica por tres, el mayor incremento de nuestra historia. Medidas para cambiar un modelo productivo insostenible, cero; medidas para frenar el caos autonómico, cero; reducción del empleo público, “de cada cuatro bajas solo se cubrirá una”, mentira: más de 500.000 nuevos funcionarios del 96 al 04; medidas para reducir el endeudamiento limitando a bancos y cajas los préstamos exteriores, cero; reformas estructurales, cero. Peor aún (y esto lo viví en primera persona), Rato transforma los monopolios públicos con precios regulados en monopolios privados con precios libres, y pone las instituciones del Estado a su servicio. ¿Es así como piensan repetir el “milagro”?, vayan rezando lo que sepan.

El Plan de Rosa Díez
El lunes pasado, en estas mismas páginas McCoy, aclarando que “no soy sospechoso de simpatizar con Rosa Díez”, analizaba brillantemente su plan económico. Pues bien, servidor, sí simpatiza abiertamente con Rosa Díez, por varias razones pero les ofrezco dos: es el único partido que defiende ya la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, la defensa del idioma frente a la persecución separatista, y es el único con un plan solvente y carente de demagogia, capaz de sacarnos de la crisis. Que no les gusta Rosa porque fue socialista, o por su defensa del aborto, vale, pero si creen esencial la unidad de la Patria y si quieren salir de la crisis no tienen otra opción. Si votan PSOE o PP, serán cómplices de la partitocracia totalitaria que está arruinando el país, que acepta que vascos y navarros paguen ocho veces menos al Estado que el resto de ciudadanos, que aceptan que se proscriba y persiga la lengua española en un tercio de la nación, y dispuestos a cualquier cesión a los separatistas con tal de gobernar, España les importa un pimiento, y además no nos sacarán de la crisis.

El eje central de su programa es la recuperación del papel del gobierno central frente a las autonomías, más España frente al desmadre actual, y con medidas concretas, no como el PP, la Educación debe volver íntegra al Estado, y los recortes del gasto se centran esencialmente en el sistema autonómico y local, que tienen cinco veces más margen que el Estado. Régimen común para todos, el cupo de las Comunidades forales debe ser igual a lo que pagan los demás; no a la postura del PNV “recortes sí, pero ni un céntimo de lo nuestro”, no a la bilateralidad (Estatut), no al nuevo sistema de financiación, a los 11.000 millones de Zapatero, y las reducciones de gastos así conseguidas dedicadas a reducir el déficit estructural. Ni el PSOE ni el PP están dispuestos, ni de lejos, a nada parecido. Toda su filosofía, se basa en la cesión y el despilfarro.

Despolitizar las cajas, suspender y exigir responsabilidades a los malos gestores, terminar con los vetos autonómicos, y condicionar las entregas del FROB a la cesión total de supervisión al BdE. “Si se les da dinero público tendrán que aceptar las condiciones, y no ponerlas como sucede ahora”. Esta propuesta esencial fue rechazada por el PSOE, el PP y los separatistas. Tercero, política energética, reducción de costes y de dependencia. ¿Cómo? Energía nuclear hasta que las renovables lleguen a un nivel de coste asumible, no como el PP “nuclear sí pero no en mi pueblo”. Cambio del modelo productivo, con solvencia y sin demagogia. ¿Cómo? Educación recuperada por el Estado, autoridad del profesorado, y mejora radical de la calidad de la enseñanza pública para que vuelva a ser el ascensor social que fue en el pasado; reformas estructurales en profundidad, no los camelos de Rato; reforma laboral en línea con el manifiesto de los cien, etcétera. Este es el resumen. Ustedes deciden.

(*) RobertoCenteno es Catedrático de Economía de la UPM.


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Estrategia etarra que denigra y paraliza a las Fuerzas de Seguridad
Editorial La Razón 15 Febrero 2010

La eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo de ETA sigue cosechando éxitos notables, como haber desarticulado en Portugal una célula que tenía preparados 300 kilos de explosivos para realizar un atentado inminente; o la detención, anteayer, del etarra Ibai Beobide. Sobre esta última acción policial, debe subrayarse la excelente labor que está realizando el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, no sólo por la profesionalidad con la que actúan, sino también por las especiales dificultades que entraña su misión. Los miembros del GAR se enfrentan a pistoleros armados, pero también a terroristas adiestrados en técnicas de propaganda, como denunciar de manera sistemática malos tratos. De este modo, los detenidos buscan ser internados en centros sanitarios para no ser interrogados de manera inmediata y facilitar así la huida de sus cómplices. En algunos casos, las tretas de los etarras logran abirse camino y en estos momentos varios agentes del GAR están procesados, entre ellos los que desarticularon el «comando Elurra», autor del atentado contra la T-4 de Barajas. Como es natural, la Justicia tiene la última palabra, pero jueces y fiscales están obligados a sustanciar cuanto antes unas patrañas que paralizan y denigran a quienes se juegan la vida por la seguridad de todos.
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¿A qué colegios van los hijos de socialistas y nacional-lingüistas?
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 15 Febrero 2010

Los socialistas y nacional-lingüistas, fieles a su línea de total incoherencia, no llevan a sus hijos a colegios públicos en los que vayan a ser «inmersos» en las respectivas «lenguas propias» de las comunidades bilingües, sino a los centros privados más elitistas de España.

Los trillizos que Montilla tiene con su segunda mujer, Ana Hernández, van al selecto Colegio Alemán, donde además de catalán aprenden español, inglés y alemán. Sin embargo, el presidente de la Generalitat ha impuesto el catalán en la enseñanza, en la Administración y en las relaciones con los ciudadanos. De la obligación de que sea lengua vehicular en los estudios han quedado excluidos sus hijos y también los de numerosos miembros de su equipo de Gobierno.

La vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre; el secretario de organización del PSC, José Zaragoza; el consejero catalán de Política Territorial, Joaquim Nadal, y la consejera de Trabajo, Mar Serna, llevan a sus hijos a la escuela privada, según han informado fuentes de Cataluña a LA GACETA.

Por su parte, el líder de CiU, Artur Mas, los manda al Liceo Francés, donde también estudian los hijos de Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, quien ha conseguido que el catalán sea nombrado lengua oficial del club y que ha manifestado su apoyo a manifestaciones nacionalistas.

A nivel nacional ocurre más de lo mismo. El Gobierno hace una férrea defensa de la formación pública. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha manifestado recientemente que “la educación es un bien público y cuando se hicieron los colegios concertados fue para garantizar el acceso gratuito de todos. Es determinante un apoyo claro a la educación pública y vamos a tratarlo particularmente”. Pero los ministros y políticos socialistas también optan por la enseñanza privada, donde sus hijos aprenden varios idiomas. Ya lo dice Gabilondo: “A mejor formación y más cualificada, mayor nivel de empleabilidad”.

Los retoños de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, estudian en el colegio San Patricio del madrileño barrio de La Moraleja. La enseñanza de cada uno le cuesta 500 euros al mes más 150 de comedor. Los de José Blanco van al Instituto Británico de Madrid, donde el ministro de Fomento se deja una media de 1.200 euros al mes por la educación de sus dos hijos. Mercedes Cabrera los lleva al Colegio Estudio de Madrid, del que fue “alumna predilecta”. José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, también se decanta por la formación privada para sus cuatro hijos, tanto en primaria como en la universidad. La más pequeña estudia Educación Infantil en Nuestra Señora de los Infantes, que pertenece al Arzobispado de Toledo.

La presencia de los inmigrantes en la escuela pública ha crecido del 73,2% al 82,4% en 11 años (1996-2007), mientras que la de españoles se ha reducido del 69,5% al 65,9%. En muchos de estos centros, la tasa de estudiantes extranjeros ronda el 90% del total de los matriculados y es frecuente encontrar aulas en las que sólo hay tres o cuatro niños nativos españoles. Es el caso, por ejemplo, del colegio Luis Vives, en Torrero.

La mayoría de los políticos, que teóricamente están en contra de cualquier forma de racismo o xenofobia, no dejan que sus hijos se mezclen con los hijos de los inmigrantes y prefieren para ellos una educación de élite. La honestidad de nuestra clase política, una vez más, brilla por su ausencia.

La gran mentira de Feijoo
http://www.youtube.com/watch?v=YVh8pOkQC-4

Las promesas incumplidas de Feijoo
http://www.youtube.com/watch?v=iHUPsCqUy3w
http://fonoteca.esradio.fm/c.php?op=player&id=6301

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******************* Sección "bilingüe" ***********************
Magistrados del TC, a favor de un cambio de ponente para desbloquear el Estatuto
La presidenta Casas busca a la desesperada un acuerdo por la mínima (6-4) para sacar adelante la sentencia
Magistrados del TC, a favor de un cambio de ponente para desbloquear el Estatuto
NIEVES COLLI | MADRID ABC 15 Febrero 2010

Los puntos de fricción
Los puntos sobre los que los magistrados del Tribunal Constitucional mantienen posiciones opuestas son, precisamente, los que en Cataluña se consideran irrenunciables.
Así, los artículos que se refieren a los «símbolos nacionales», vinculados a la declaración que se hace en el preámbulo del Estatuto respecto del carácter de nación de esa Comunidad Autónoma. También, la bilateralidad de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de la Nación.
unto a ellos, la financiación autonómica o el poder judicial autonómico, así como la organización territorial de Cataluña, los derechos históricos o el blindaje de las competencias.

Si a principios de año parecía intuirse cierto optimismo en el Tribunal Constitucional respecto a la cercanía de un posible acuerdo sobre la sentencia del Estatuto catalán, apenas un mes después vuelve a cundir el desánimo. Los miembros del Tribunal han vuelto a chocar con la realidad del muro que separa a unos de otros y que divide en dos grupos de cinco a los diez responsables de sacar adelante una resolución que lleva ya un excesivo retraso y sobre la que se está ejerciendo todo tipo de presiones políticas.

Los magistrados llamados progresistas, con la presidenta María Emilia Casas a la cabeza, son partidarios de una sentencia interpretativa que avale en su práctica totalidad el Estatuto catalán o que emplee un lenguaje suavizado para los reproches de constitucionalidad. En esta línea, apoyan -Manuel Aragón con serias reticencias- la ponencia elaborada por Elisa Pérez Vera; los considerados conservadores, por el contrario, no aceptan que varias de las cuestiones nucleares, precisamente las que en Cataluña se consideran clave -definición como nación, financiación, Poder Judicial, entre otras-, pasen el filtro de la constitucionalidad.

Fuentes del Tribunal han indicado a ABC que se ha dado marcha atrás y que se ha vuelto a la misma situación de bloqueo que se vivió el pasado mes de julio. No hay expectativas de que la sentencia pueda ser firmada y notificada en un tiempo prudencial (hace un mes se hablaba de finales de enero o a lo sumo febrero), pues cada uno de los miembros de esta institución sigue inamovible en sus posiciones. Las reuniones informales siguen celebrándose -no así el Pleno- tal y como viene ocurriendo desde hace al menos dos meses, pero no se detectan avances esperanzadores.

Fuentes del TC han señalado que esta semana, sin embargo, podría haber Pleno, aunque no se reuniría para deliberar el Estatuto sino para resolver los trámites iniciales derivados de cuatro recursos presentados por el Gobierno contra la ley de cajas gallega, la ley de caza valenciana, contra los derribos del barrio valenciano de El Cabañal y, finalmente, otro sobre la regulación de los recursos contra las inscripciones en el registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

Cuatro borradores
Ante esta preocupante parálisis, empiezan a oírse dentro del Tribunal voces partidarias de un cambio de ponente, a la vista de que Elisa Pérez Vera ha sido hasta ahora incapaz de redactar un texto con concite el acuerdo mínimo necesario para resolver el recurso que plantearan hace ya tres años el Partido Popular, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas. Cuatro han sido los borradores de sentencia presentados por Pérez Vera a sus compañeros, pero todos ellos han sido devueltos con sugerencias para incluir más y más cambios y correcciones. Ahora, el Tribunal está pendiente de un quinto texto.
En ciertos medios se ha llegado a poner nombre al que, según algunos, podría ser un buen candidato a ponente. Se trataría del vicepresidente, Guillermo Jiménez, a quien consideran «uno de los más moderados entre conservadores», como un magistrado capaz de elaborar una propuesta de sentencia que satisfaga a los dos bloques en que se halla dividido el Pleno del TC. Pero el vicepresidente se mantiene, en estos momentos, como una de las cinco voces críticas a la ponencia de Pérez Vera. Junto a él, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas.

Fuentes del Tribunal han explicado que el cambio de ponencia no agrada a María Emilia Casas, que no ceja en su empeño de conseguir un apoyo suficiente para que el Pleno pueda aprobar el texto de Elisa Pérez Vera.

Maniobras de aproximación
No obstante, parece que la presidenta ha bajado el listón de sus pretensiones iniciales, y descartado el consenso, ha pasado de buscar un amplio acuerdo (al menos ocho votos) a conformarse con que su sentencia cuente con el apoyo de seis magistrados. Es decir, que salga adelante por la mínima: con el apoyo de los cinco progresistas (Casas, Vera, Pascual Sala, Eugeni Gay y Manuel Aragón) más el voto de uno de los conservadores. Con este fin, se vienen produciendo «maniobras de aproximación» a Ramón Rodríguez Arribas, en quien algunos ven a un magistrado que podría aceptar vías intermedias de solución para aquellas cuestiones del Estatuto que están enquistadas.

Pase lo que pase, las fuentes consultadas por ABC consideran que la sentencia del Estatuto «si llega, lo hará tarde en cualquier caso». Por eso, no faltan partidarios de que el Senado y el Congreso se pongan a trabajar en la renovación del Tribunal Constitucional, cuatro de cuyos miembros llevan ya dos años en situación de interinidad, con el fin de poder ceder el testigo envenenado del Estatuto a los nuevos magistrados.
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Disfraces urgentes
El PNV rescata el derecho de autodeterminación en pleno debate sobre la crisis económica
TONIA ETXARRI El Correo 15 Febrero 2010

En cuanto la izquierda abertzale emplace a ETA a renunciar a la violencia, la Ley de Partidos no tendrá razón de ser. Parece un silogismo sencillo desde una óptica democrática, pero al dirigente nacionalista Joseba Egibar le cuesta llegar a este razonamiento, a pesar de llevar tantos años en política. Si ayer el jelkide guipuzcoano volvió a sacar del baúl de los recuerdos el derecho de autodeterminación, presentado de nuevo como una reclamación tan urgente como el aire que respiramos, es porque el PNV ha empezado ya su propia campaña electoral.

Y como el electorado radical que quiere seguir votando al entorno político de ETA podría no tener a quién respaldar en los próximos comicios municipales y forales, Egibar quiere seguir abonando el que ha sido siempre su terreno. Así es que, si Urkullu no lo remedia y el ambiente lo permite, podríamos ver a los candidatos nacionalistas, en la próxima contienda electoral -la de las forales y municipales del próximo año-, hablar alto y claro sobre su proyecto de independencia que es, al fin y al cabo, a lo que dicen que aspiran.

En este fin de semana de Carnaval en el que el PNV de Vizcaya se ha enfundado el disfraz de los galos de Obelix y Asterix para enviar un mensaje excluyente en relación a todo lo considerado «español», desde Guipúzcoa Joseba Egibar ha vuelto a resucitar los mensajes más 'heavys' del anterior lehendakari. «Gure» identidad, «gure» cultura y «gure» economía para que Euskadi se suelte del lastre que supone España en estos momentos de crisis económica. Tal cual. El anterior lehendakari vivió durante sus diez años en Ajuria Enea aferrado a la idea de medir Euskadi al mismo nivel que España y establecer una relación «de igual a igual», de Estado a Estado. Y ahora sus sucesores quieren mantener viva esa tensión para movilizar el voto.

No les fue muy bien en las pasadas elecciones al Parlamento vasco porque ganaron, desde luego, pero no con la mayoría suficiente como para formar Gobierno. Los candidatos, durante la campaña del año pasado, se disfrazaron de extraterrestres del mundo de 'Mister Spock' -para reírse del gran parecido que se le ha atribuido siempre a Ibarretxe con aquel personaje tan marciano-, pero los vulcanianos a los que se habían dirigido en su llamada al voto no les dieron la mayoría necesaria. Ahora el PNV, un año más tarde, retorna al juego del disfraz para maquillar con aparente sentido del humor unos mensajes contra los partidos constitucionalistas dignos de disección lingüística.

Entre conjuros y pócimas -se desconoce la cantidad ingerida-, anda el Partido Nacionalista Vasco algo perdido desde que no controla el poder del Gobierno autonómico. Y entre la opción de aplicar una política de oposición responsable o de ejercitar la descalificación permanente del lehendakari, Patxi López, su metapolítica, salvo honrosas excepciones, se va pareciendo cada vez más a un cómic. Y entre risas, chanzas y chistes propios de colegio mayor , ahí han dejado una idea fuerza: los partidos que no son nacionalistas vienen de fuera, son vagos y, además, utilizan elementos extraños como los Ipod en vez de la txalaparta. Toda una alegoría de rechazo a la modernidad que a Sabino Arana seguro que le habría gustado oír.

En fin, que no hay mensaje inocente ni en la fiesta de don Carnal y doña Cuaresma. El PNV ha estado tan acostumbrado durante veintinueve años a establecer una relación directa entre la política y la tensión que ahora, si no ve su conflicto impostado reflejado en la televisión pública, por ejemplo, le parece que ETB se está despolitizando. Y le parece fatal. Ésa ha sido la principal crítica formulada la semana pasada en sede parlamentaria, en donde el representante nacionalista acusó a la actual dirección de ETB de estar instalándose en la «relajación» de la política. Una crítica difícil de entender si, a renglón seguido, se acusaba a la misma dirección de seguir las consignas del Gobierno vasco.

Hoy llega a las pantalla de Euskal Telebista el nuevo magacín dirigido por Antxon Urrosolo, que se llamará 'Aspaldiko', con el ánimo de entretener e informar, sin pretensión de huir de la política pero con la idea de ofrecer a los espectadores de la sobremesa un producto plural y, sobre todo, televisivo. Habrá que verlo. Y si el experto periodista es capaz de conectar con la audiencia hallando en camino intermedio entre el muermo y la estridencia, la televisión pública vasca habrá logrado uno de sus principales retos: ofrecer periodismo.

Ése es uno de los cambios que se esperaban desde que empezó esta legislatura. La apuesta del ente público por un programa de sobremesa vivo y latente ha sido, como proyecto, audaz. Dice el equipo de 'Aspaldiko' que acudirán famosos al plató. Hay quienes han pedido coincidir con Fito para cantar a coro «qué te voy a decir, si yo acabo de llegar...»


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El tripartito premia la delación lingüística con dos millones
La persecución al castellano hace ricos a los chivatos de ERC y PSC
Plataforma per la Llengua y Consum Català, las agraciadas
Redacción Periodista Digital 15 Febrero 2010

El tripartito cuenta con la ayuda inestimable de plataformas dedicadas al fomento de la lengua catalana que facilitan la delación a través de sus portales en Internet

Los socialistas catalanes niegan que haya 'conflicto lingüístico' en Cataluña pero lo cierto es que desde 2003 las sanciones lingüísticas se han multiplicado. Y los chivatos se hacen de oro. La persecución al castellano es un excelente negocio. Así lo demuestran las estadísticas de la Agencia Catalana de Consumo, organismo dependiente de la Conselleria de Economía, y que es responsable de las multas impuestas a los comerciantes que no rotulan en catalán.

En el año 2003 se pusieron dos multas lingüísticas por un valor total de 1.200 euros. En 2008 se alcanzaron los 209 establecimientos sancionados y el tripartito recaudó 208.200 euros, segñun informa María Jesús Cañizares en ABC -El tripartito premia la delación lingüística con dos millones-.


La Generalitat dispone de oficinas virtuales que permiten al ciudadano denunciar los establecimientos que no cumplen con la obligación de proporcionar información al consumidor en catalán, infracción que gracias al nuevo Código de Consumo, conlleva multas de 10.000 euros -hasta ahora eran 3.000-.

Pero el tripartito cuenta con la ayuda inestimable de plataformas dedicadas al fomento de la lengua catalana que facilitan la delación a través de sus portales en Internet. Estas asociaciones reciben subvenciones millonarias, en su mayoría procedentes de consellerias dirigidas por ERC, aunque también hay ayudas otorgadas por departamentos socialistas.

Una de las entidades más agraciadas es Plataforma per la Llengua y su rama juvenil, el colectivo Esbarzer, cuya finalidad es trabajar «para promover la lengua catalana como instrumento de cohesión social». Los responsables de esta entidad se jactan de haber tramitado 3.500 quejas contra el Gremio de empresarios del cine, que como se sabe, se oponen a las cuotas de doblaje al catalán que contempla la nueva ley del cine. En esta normativa se prevén sanciones de 75.000 euros.

La web de Plataforma per la Llengua ofrece el enlace «Consulta i queixa´t», donde se puede delatar a los establecimientos que no promueven el catalán. En los últimos tres años, L´Esbarzer-Plataforma per la Llengua ha recibido subvenciones por valor de 1,7 millones de euros.

L´Esbarzer comparte sede con Òmnium Cultural, cuyos dirigentes son miembros del consejo consultivo de Plataforma per la Llengua. Òmnium, impulsora de campañas de inmersión lingüística, fue declarada en 2009 entidad de «utilidad pública» por la Generalitat y, por tanto, disfruta de excenciones fiscales. Entre 2004 y 2008, recibió unas ayudas de 7,6 millones.


http://www.libertadidioma.com/20100215.htm