Francisco Rubiales, Votar cada día por la democracia

Votar cada día por la democracia
Francisco Rubiales Periodista Digital 17 Febrero 2010

El artículo defiende el valor creciente del "voto diario" que el ciudadano puede emitir con su comportamiento, manifestándose, practicando el boicot, desprestigiando a los corruptos, criticando con tesón a los que conducen el país hacia la ruína.

Muchos españoles que antes se sentían demócratas engrosan cada día las filas de los que han perdido la fe y la confianza en un sistema que ya no es democrático. Muchos han llegado también a la conclusión de que votar es inútil porque castigar a la izquierda arrojándola del poder para poner en su lugar a una derecha que quizás no sea mejor, no es solución alguna para el drama de España. Muchos creen que las elecciones ya no sirven porque el sistema está bloqueado por el bipartidismo y alcanzan la desoladora conclusión de que más importante que cambiar un gobierno por otro es regenerar el sistema, infectado de corrupción, autoritarismo, ineficacia y déficit ético.

Saben, además, que ese necesario cambio regenerador es casi posible porque España está infectada de fanatismo político y que millones de fanáticos descerebrados, víctimas de la propaganda del poder, están dispuestos a votar a su partido preferido hagan lo que hagan, aunque los que gobiernan hayan conducido al país hasta la ruina y el fracaso.

Acostumbrados a convivir con la mentira, el engaño, la trifulca política, el despilfarro y la obsesión de los partidos políticos por el poder y sus privilegios, los ciudadanos recelan de un sistema secuestrado, mientras la desconfianza frente a la "casta" de los políticos está creciendo de manera preocupante. Las encuestas señalan ya a la política como la tercera mayor preocupación de los ciudadanos españoles, por delante, incluso, del terrorismo. Esas mismas encuestas reflejan que casi el 80 por ciento de los ciudadanos ha perdido la confianza en sus dirigentes.

Muchos de los numerosos colaboradores y lectores de Voto en Blanco temen, incluso, que en países como España, que hasta hace poco eran considerados serios y fiables, pero cuyas democracias se deterioran cada día más, pudieran producirse en un futuro próximo intentos de fraudes electorales. Los poderes públicos carecen en España de la solvencia moral y de los controles ciudadanos necesarios para evitar, de manera tajante, esa sospecha, fundamentada también en la evidencia de que quien ha sido capaz de convivir con la corrupción, también puede hacerlo con el fraude electoral.

Ante la nueva situación de desconfianza y bloqueo, cobra una importancia especial "el voto diario" del ciudadano. No hay que esperar cuatro años para intentar cambiar el rumbo de nuestra triste historia o para expresar nuestra protesta ante el abuso y el mal gobierno. No sólo votamos cuando se abren las urnas cada cuatro años para elegir diputados, senadores o concejales. Podemos hacerlo, de hecho, cada día, con nuestro comportamiento, al optar por ser libres, al elegir medios de comunicación limpios y no comprados por el poder, al entregar nuestra adhesión y nuestro dinero a causas nobles, al expresar nuestro desprecio a los corruptos y a los que abusan del poder, de mil otras maneras.

Ante el deterioro creciente del sistema, con un gobierno atrincherado en el poder a pesar del rechazo popular que reflejan las encuestas, con una sociedad que contempla desesperada como los ineptos permanecen en el poder, las urnas pierden protagonismo y cobra fuerza la acción ciudadana. El ciudadano descubre que puede votar cada día con su protesta, alimentando los valores democráticos, la rebeldía, el sentido de la justicia y la equidad.

Votar a diario significa manifestarse, difundir la crítica al mal gobierno, desprestigiar a los que nos están hundiendo en la pobreza y la derrota, practicar el boicot a ciertos productos, boicotear también a los medios de comunicación que sustituyen la verdad por la verdad del poder, despreciar a los que mienten y convertirse en altavoces de la limpieza y de la regeneración.

El voto diario es la única defensa real del ciudadano demócrata en esta España decadente y dominada por la degeneración y el esperpento.

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Voto en Blanco

Una Cuaresma de ayuno y abstinencia.El Gran Pacto de Estado.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 17 Febrero 2010

Otra jornada parlamentaria que deja al Sr. Rajoy como vencedor en esta incruenta lucha de gladiadores en el Congreso. Pero ¿De qué vale salir coronado como el hábil orador que apabulló a un depresivo Presidente Sr. Zapatero? No hay victoria más amarga que la constancia de que lo que se ha ganado ha sido una batalla pírrica, pero que la guerra está perdida. Y esta vez coincido con el Sr. Zapatero en su acusación al Sr. Rajoy de falta de coraje por no haber presentado una moción de censura.

Hoy se ha visto en el Congreso que el Gobierno del Sr. Zapatero sigue en su línea de dilatar la toma de decisiones efectivas para luchar contra la crisis. Su retahíla de anuncios de actuaciones no dejan de ser más de lo mismo que han dado escasos o nulos resultados. Su obcecación en que la economía se recuperará por sí misma sin realizar reformas estructurales, ni laborales en profundidad, nos van a llevar directamente al fracaso. Y eso será culpa exclusiva del Sr. Zapatero y su Gobierno.

Por supuesto que nadie puede esperar que sea el mismo PSOE el que desautorice al su Presidente. Por eso la petición del Sr. Rajoy de apelar a la conciencia y sensatez de los diputados de esa formación para “echar” al Sr. Zapatero, suena a guasa y a querer escurrir el bulto de su propia cobardía política. Porque no deja de ser cobardía la de permitir que España dilapide un tiempo precioso de dos años más en retrasar las medidas adecuadas contra la crisis. Un tiempo que luego se multiplicará por tres o cuatro a la hora de comenzar una recuperación.

Tras los manejos de Zarzuela – Moncloa, y a la vista de los nulos apoyos obtenidos hoy por el Sr. Zapatero, no queda mucho margen a la esperanza de los pretendidos consensos y el “Gran Pacto de Estado”. Nadie cree en el Sr. Zapatero, ni nadie confía en quien ha abusado de hacer promesas que posteriormente no ha dudado en incumplir. Su política cortoplacista tiene los días contados porque ya nada tiene que ofrecer, sus arcas, es decir, las arcas del Estado y su crédito se han agotado, tanto como sus “ocurrencias”.

No puedo decir que hoy, miércoles de ceniza y comienzo de la Cuaresma, no haya sido una coincidencia fortuita e impregnada de un toque esperpéntico. Por un lado la arrogancia del Sr. Zapatero, incapaz de reconocer sus culpas y arrepentirse y por el lado opuesto, un Rajoy con aires de inquisidor implacable. Un panorama digno de un drama renacentista, pero no de una Cámara de representantes, que más que representar lo que hacen es una burla de los ciudadanos con estas actitudes sectarias y partidistas.

España necesita líderes que tomen las riendas de la lucha contra la grave crisis que padece. Los ciudadanos deben asumir las responsabilidades que sus “representantes” no se atreven a tomar. Los ciudadanos deben exigir un cambio en la forma de Gobierno y la convocatoria de elecciones generales. Quejarse no es admisible cuando se tiene el remedio para poner fin a la situación. La casta política de esta partitocracia podrá enzarzarse en batallitas dialécticas, pero los ciudadanos no pueden permanecer como meros espectadores. Si quieres que algo salga bien y funcione, hazlo tú mismo. No esperes que vengan otros a resolverte tus problemas.

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Ceniza
IGNACIO CAMACHO ABC 17 Febrero 2010

HOY es miércoles de ceniza y en el Congreso la oposición quiere que Zapatero haga penitencia de sus pecados de pereza, frivolidad y soberbia. Le van a llenar la frente de cruces dialécticas pero es poco probable que el presidente vaya con propósito de enmienda; le gustan estos desafíos, es buen encajador y además se pasa por el forro los reproches porque sabe que siempre encuentra alguien dispuesto a hacerle de cirineo a cambio de algún pellizco del presupuesto. En una sociedad política rigurosa saldría de la sesión para el arrastre, embocado a las elecciones anticipadas o a la moción de confianza, pero la nuestra es un mercado especulativo en el que las minorías se ponen «a corto» para trincar beneficios como los hedge funds de la Bolsa. El verdadero peligro del debate lo va a sufrir Rajoy, obligado a ejercer al mismo tiempo de oposición y de alternativa, y por tanto a decepcionar a quienes sólo esperan de él una faceta u otra. ZP lo tiene más claro: entra con tan poco crédito que en el más pesimista de los supuestos no podrá empeorarlo. Le impondrán la ceniza, pero no los santos óleos.

De un debate parlamentario no sale una solución a la crisis; todo lo más se puede obtener un clima, una actitud para afrontarla, aunque casi siempre queda todo en parloteo y composición escenográfica. Pero los líderes no van a buscar salidas para el país, sino para sí mismos: lo que les interesa es retratarse ante la calle con el perfil bueno. La gente está tan agobiada con la recesión y tan cabreada con los políticos que dará por ganador al que dé más y mejores muestras de buscar el acuerdo. En eso también lleva ventaja el presidente, no sólo porque dispone del primer turno y puede marcar los tiempos y los temas, sino porque es un experto en el embeleco y en la cháchara. Lleva prometidos tantos falsos consensos y se ha llamado tantas veces a andana que ya nadie debería engañarse con un truco tan trillado, pero para ganar tiempo todavía le puede dar de sí, sobre todo si consigue que Rajoy parezca un ogro crispado y colérico. En artes de propaganda y persuasión este tipo no tiene rival por su formidable desparpajo: se ha cruzado de brazos ante un paro galopante y ha endeudado a la nación hasta las trancas para no perder votos, pero aún tiene arrestos para acusar al adversario de desear el poder a costa de la quiebra nacional. Si Mariano pica y hace un discurso para hooligans le habrá regalado la victoria.

En realidad, es el jefe de la oposición el que se la juega. Muchos exaltados le piden sangre y exterminio, una acometida sin compasión, una arenga de Agincourt, un asalto fiero con la cara pintada; pero quizá la mayoría esté esperando de él una demostración serena de liderazgo y confianza. Un Gobierno, y menos uno tan relativista y maleable, no cae por un debate pero una alternativa sí se puede desmoronar en una mañana mal aparejada.

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Esquizofrenia institucional
Neftalí Isasi Semanal Digital 17 Febrero 2010

Diputado a Cortes (1986-2004)

En este país llamado España, al parecer, la mayoría de la opinión pública y sobre todo la "publicada", se está volviendo "loca" o al menos lo parece.

A propósito del tan cacareado Pacto de Estado, que hasta el Rey impulsa, quiero hacer algunas reflexiones:

1.- Cuando escribo estas líneas todavía no se han cumplido dos años de la celebración de las últimas elecciones generales. En aquella fecha, marzo de 2008, ya llevábamos más de seis meses de crisis económica declarada, aunque negada por Zapatero. Recuérdese el debate en televisión, a finales de febrero (díez días antes de acudir a las urnas) entre el vicepresidente del Gobierno Solbes y Manuel Pizarro. Todo lo expuesto por Pizarro delante de Solbes y España entera, desgraciadamente se ha cumplido. Pero a pesar de todo aquello, a pesar de todo lo que Mariano Rajoy dijo a los españoles, estos, mayoritariamente apoyaron a Zapatero y sus políticas revanchistas, crispadoras, e impulsoras de la división entre españoles, junto con su política económica anti social, de destrucción de empleo, subvención de la sociedad, despilfarro, etc. Recuérdese en plena campaña electoral, la promesa de los 420 € a todo aquel que hiciera Declaración de la Renta, igual a un banquero que a un mileurista, y cero-zapatero a los más necesitados. Pero así se compraron muchos votos.

2.- En aquellas elecciones de hace menos de dos años, la sociedad española entregó nuevamente su representación al Partido Socialista otorgándoles el poder y la firma en el Boletín Oficial del Estado –BOE- a José Luis Rodríguez Zapatero y, al mismo tiempo, la sociedad española encargaba al Partido Popular, representado por Mariano Rajoy, la importante misión en democracia, de ejercer la labor de oposición al Gobierno, fiscalizando, criticando y en definitiva, controlando la acción del Ejecutivo. Institucionalmente, esta es la misión que el pueblo soberano encargó en aquellas elecciones al Partido Popular, por lo que éste, con el número de diputados que le otorgaron los españoles, no tiene capacidad alguna para aprobar sus propuestas y llevarlas al Boletín Oficial del Estado.

3.- La única firma en el BOE autorizada por la soberanía popular, mientras no se demuestre lo contrario, es la de Zapatero, y éste hace apenas un mes que ya recordó públicamente a todos los españoles que por razones ideológicas no podía aceptar ninguna propuesta del Partido Popular. Por lo tanto, ¿a qué viene este debate nacional, al que incluso se ha sumado Su Majestad el Rey?. Podemos entretenernos y especular lo que queramos sobre Pactos de Estado, sí, Pactos no, y mientras Zapatero se va de "rositas" sin que nadie le pida responsabilidades.

4.- Lo que proponen el Partido Popular, el Banco de España, y los diversos organismos internacionales para paliar los efectos de la crisis económica en España lo sabe muy bien Zapatero, pero no le da la gana aplicarlo o llevarlo al Boletín Oficial del Estado. Él está por la España subvencionada, por el gasto público, por gastar y gastar para intentar salir del paso hoy, sin preocuparle para nada lo que pase "mañana" o pasado mañana. A esto, a suscribir un "contrato" de adhesión de estas características, Zapatero, la opinión pública o publicada, e incluso el Rey, no se nos puede pedir y además no lo necesita: el PSOE, tiene la mayoría suficiente para gobernar.

5.- España y los españoles se merecen poder confiar en la alternativa diferenciada y ya experimentada en el periodo de gobierno popular para salir de la crisis económica que nuevamente nos va a dejar el Partido Socialista. Alternativa que, por otra parte, solo funciona con quienes creen de verdad en ella, con quienes creemos de verdad en la capacidad de España y los españoles, en la capacidad de las personas libres. En los que creemos que la mejor política social no es solamente repartir subvenciones, sino crear el marco propicio para que la propia sociedad, los propios españoles, en el ejercicio supremo de su libertad, creen empleo y a su vez riqueza con la que poder financiar los derechos sociales de los españoles.

6.- Todo ello requiere de un marco institucional de estabilidad frente a la España "patas arriba" que ha puesto Zapatero, intentando ser más nacionalista que los propios nacionalistas. Requiere, por otra parte, la máxima estabilidad en las "reglas del juego" que suponen el marco institucional del Estado de derecho, económico, fiscal y financiero en nuestro país, de forma que todo el mundo que quiera y pueda invertir en España sepa que estas normas no se las van a cambiar de la noche a la mañana. En definitiva, podría resumirse, unas normas, un marco jurídico e institucional estable en el tiempo, dirigido por un Gobierno que podría resumirse como previsible y fiable, que transmita confianza y respetabilidad.

Zapatero lo que tiene que hacer es gobernar, llevar sus propuestas concretas al Congreso de los Diputados, debatirlas y en su caso aprobarlas y firmarlas en el BOE. Mientras el Partido Socialista tenga la mayoría que le dieron los españoles hace ahora dos años y mantenga la actual mayoría parlamentaria, si no lo hace es porque no le da la gana y porque como no se cansa de repetirnos, está encantado de haberse conocido y de las políticas que está desarrollando, aunque con ellas esté arruinando y hundiendo a España. ¿Acaso alguien se cree de verdad que el supuesto Pacto de Estado, gestionado por Zapatero, supondría un milagro de la Virgen de Lourdes? Si fuera así, lo tiene fácil Zapatero: las medidas que por otra parte están inventadas, que las lleve por su cuenta al BOE y las ponga en práctica. Tiene la mayoría suficiente para hacerlo. Pero ese no es el problema. El problema de verdad para España y los españoles es el propio Zapatero.

Finalmente, lo que de ninguna manera se le puede pedir al Partido Popular es que además de no haberle otorgado la mayoría suficiente para gobernar, le exijamos ahora la responsabilidad de lo que hace o deja de hacer Zapatero; que el debate nacional ronde en torno a las supuestas propuestas del PP (que insisto, no pueden llevarse al BOE) o si firma Rajoy un contrato de adhesión a las locuras de Zapatero. Esto también podría interpretarse como intentar anular y/o aislar la capacidad de hacer oposición, criticar y controlar al Gobierno, como mandato de la soberanía popular en las pasadas elecciones de ahora hace dos años.

Por patriotismo, Zapatero, convoca nuevas elecciones para que a la vista de la nueva situación, decidan los españoles.

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El principio
Alfonso USSÍA La Razón 17 Febrero 2010

Creo que ayer se produjo el principio. El principio del fin. La orden a Garzón de la Audiencia Nacional de proseguir «hasta el agotamiento» las diligencias en el llamado «Caso Faisán», ese posible GAL invertido, puede terminar con el Gobierno de Zapatero. «Gravedad sin precedentes», intuye el auto de la Audiencia. Garzón –le vienen las tortas a pares–, obligado a tomar declaración a testigos policiales y a pedir a Francia toda la documentación de las llamadas de los terroristas etarras. Garzón no podrá archivar el caso, como era su deseo, para salvar de la ignominia a sus amigos políticos. Ayer, cuando Zapatero recibió en La Moncloa a la gente del cine, no estaba tan dicharachero como de costumbre. Se le puede caer encima un meteorito de indecencia.

Ayer, el Fiscal Conde Pumpido, no presentaba la habitual lozanía en su rostro ni en su gesto. Ayer, el juez Baltasar Garzón, que anda por ahí mendigando apoyos rarísimos, sufrió un nuevo varapalo. Ayer, en Senegal, el ministro Rubalcaba no tenía ganas de hablar salvo con el desierto. «Amigas dunas, gráciles gacelas, hienas carroñeras, palmeras de los oasis, ¿cómo va a terminar todo esto?». Y el desierto, siempre duro y sincero, que le respondió: «Si funciona el Estado de Derecho, mal, Alfredo, muy mal».

Ayer, en algunos altos mandos policiales se presentó de improviso, la colerilla. No se trata la colerilla de un ataque de cólera dominado por la prudencia, sino de una colitis, una correntía intestinal de muy complicada curación. Si vergonzosa fue la abierta negociación de un Gobierno democrático con los terroristas de la ETA –«Otegui es un hombre de paz» ¿recuerda, señor Zapatero?–, insostenible sería que por no dificultar la repugnante concordia, algún mando policial recibiera del Gobierno la orden de informar a los terroristas de los movimientos policiales. Insostenible sería la postura del juez Garzón, tan diligente en otras causas. Insostenible la dejación de la Fiscalía. Insostenible la permanencia de un Gobierno capaz de llevar a cabo semejante fechoría.

Ayer se agrietaron gestos y rostros, y se oscurecieron futuros y sueños de poder. Ahora acusarán también a los miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de franquistas. El único argumento. «Quien no esté con nosotros, es un franquista, un facha, un cavernícola». La dignidad de un Gobierno puede saltar hecha añicos si el Poder Judicial mantiene su independencia. Eso, el Estado de Derecho. Ayer no se produjo un traspiés. Ayer se inició el camino hacia el final, el término de la pesadilla, la meta de la gamberrada.

No fue el de ayer un día de sonrisas en la sede del PSOE. Si lo que se intuye se demuestra, si lo que se sospecha se abre a la luz, la ciudadanía asistirá asombrada a una quiebra inconcebible de la normalidad gubernativa. El GAL vuelto del revés. Las balas ilegales convertidas en flores entregadas. Todo encaja. Mientras volaba libremente «El Faisán», las mujeres del Cine oficial, le entregaban a la abogada de la ETA Jone Goricelaya rosas blancas. Otegui el hombre de paz, los faisanes avisados, la letrada de la ETA abrazada por Pilar Bardem. Coincidencias del sistema y de la fuerza del poder.
Pero no. Si el Estado de Derecho funciona, como ha dicho el desierto, esto va a terminar mal, muy mal. Y lo siento por ti, Alfredo.

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Entrevista con Juan Vicente Santacreu
Juan Julio Alfaya Periodista Digital 17 Febrero 2010

A pesar de la censura en la mayoría de medios de comunicación de España, se dio a conocer la historia de Juan Vicente Santacreu por ser el padre de la "Niña de Rajoy" o el "Caso de Natalia Santacreu". Aquí descubriremos la verdad del caso y su protagonista.

-Juan Vicente, ¿realmente reconocerá que su caso es insólito?
-Sí, insólito porque he puesto nombre y apellidos, he puesto cara a los verdugos y cara a las víctimas. Si se refiere a que si el Caso Natalia es un caso aislado, no, España está llena de aberraciones político-sociales desencadenadas por el propio sistema de inútiles que la casta política ha creado.

-¿Por qué cree que las televisiones no se han hecho eco de la denuncia de su caso?
-Principalmente porque tienen miedo, ellos no tienen suficiente artillería pesada ni argumentos para callarme en un debate abierto sobre educación y economía. En cambio, yo tengo dos armas muy cabezonas, la verdad y el sentido común. Por ello, solo he salido en las pocas televisiones liberales de este país, Veo7 e Intereconomía, pero en las cadenas nacionales, no. Concretamente Televisión Española, que se supone que es de todos, censuró la noticia deliberadamente. El jefe de área nacional, Abelardo Vázquez, de TVE, me comentó que no hay censura y seguro que se iba a dar la noticia en los telediarios. Al comprobar que se omitió toda información sobre el Caso Natalia le pregunté los motivos y extrañado me respondió que sería porque la noticia no tendría interés. ¿Que no tiene interés que una niña de 10 años vaya a Madrid a reclamar el derecho a usar el español en España cuando le de la gana? Que una niña intente dar una carta al ministro Gabilondo y al presidente del PP, Mariano Rajoy... ¿Eso no es noticia? Seguramente es noticia entrevistar al Rafita, un asesino violador... pero una niña de sobresalientes que cumple todos los requisitos para ser la "niña de Rajoy", eso no es noticia. Creo que España está muy enferma y la independencia de los medios es tan corrupta como la justicia o la educación, hemos construido un país al más puro estilo bolivariano.

Antena 3 hizo un reportaje precioso para las noticias y fue radicalmente eliminado, Tele 5 ni se presentó y desde luego Canal 9, que es pública y de la Comunidad Valenciana, evitó sacar cualquier noticia del Caso Natalia a pesar de ser un problema valenciano.

-¿Que piensa de la educación en España?
-La educación en España es aberrante y eso va a repercutir en la economía, si no está ya repercutiendo. Que un niño de Valencia no sepa qué es el Miño o qué es el Duero, dónde está Sierra nevada, etc. es la respuesta a un sistema educativo endogámico para beneficiar solo a las taifas locales y legitimizar su existencia. Si además añadimos que los pocos conceptos que se enseñan están en una lengua que jamás van a utilizar, entonces estamos mutilando las posibilidades educativas de las futuras generaciones, aquí ya estamos hablando de la economía nacional para dentro de 15 años. A los alumnos se les enseña solo las cuatro plantitas de mierda de su región y además en la lengua autonómica, evitando enseñar los grandes conceptos culturales universales.

-¿Usted cree que se enseñan los conceptos en un idioma que nadie utiliza?
-Por supuesto, por mucho que moleste a la casta política, el valenciano es una sublengua de andar por casa y poco más. Le voy a poner un ejemplo, a mi hija se le enseña "falgueres y molses" que significa helechos y musgos, nunca, pero nunca en la vida un niño de Valencia va a utilizar esos términos y se quedará sin saber en su vida de qué estamos hablando. No se puede pensar en el siglo XXI con una proyección tan involucionista.

-¿Usted está en contra de las lenguas autonómicas?
-No, por supuesto que no, se lo voy a decir muy claro, no como hace Mariano Rajoy. Yo estoy a favor de que el que quiera pueda estudiar todo en valenciano, pero defiendo el derecho de que el que quiera pueda estudiar todo en español y punto.

-De la asignatura de valenciano, ¿qué opina?
-Que solo sirve para tres cosas. Una para ser funcionario, otra para mantener las taifas autonómicas, y la otra y más grave, para separar a los españoles en vez de unirlos. Si toda la energía que se utiliza para aprender valenciano se utilizara para aprender inglés, por ejemplo, no haríamos el ridículo internacionalmente con un presidente del Gobierno que no tiene ni idea de inglés.

Le voy a nombrar piramidalmente a los responsables directos del problema de mi hija: Zapatero, Ángel Gabilondo, Mariano Rajoy, Francisco Camps, Font de Mora, el inspector, el director del colegio, la jefa de estudios y la profesora, pues mi hija Natalia con 10 años sabe más inglés e informática que cada uno de ellos, eso sí que creo que es una vergüenza y en cambio cada uno de ellos está cuestionando, directamente o indirectamente, la legitimidad de mi hija a utilizar el español cuando quiera y como quiera.
Creo que España ha perdido el norte, tenemos a Zapatero que hace el ridículo en foros internacionales sin saber inglés y los políticos pretenden que los niños en España aprendan obligatoriamente el valenciano.

-Sí, pero la Constitución obliga a conocer el valenciano.
-Bueno, ¿y qué?, si prácticamente toda la Constitución está prostituida. También se dice que ningún español será discriminado por razón de sexo, lengua o religión. Además, obligación de conocer el valenciano, ¿a qué nivel? ¿Al nivel que se les ocurra a los políticos de turno? Mi hija tiene un nivel alto de valenciano. ¿Y para qué le sirve? Creo que ya está bien de tonterías, de lo políticamente correcto y de marear a los ciudadanos, se empieza por esto y se termina prohibiendo rotular en español.

-A usted no le gusta la frase «políticamente correcto», ¿verdad?
-No, eso es un invento de los políticos para censurar tácitamente la libertad de expresión en todos los medios de comunicación y poderse esconder detrás de esa barricada dialéctica.

-¿Por qué usted relaciona su caso con la niña de Rajoy?
-No solo yo, varios periodistas lo han relacionado. Por ejemplo, Juan Fernández Miranda de la cadena Veo 7, dio forma al mensaje de Mariano Rajoy... "esa niña de padres españoles de clase media que saca buenas notas y que quiere crecer en libertad con los valores de una España unida, a esa niña es a la que yo quiero ayudar...". Creo que mi hija cumple esos requisitos y si bien no es la única, si que es la niña que más le han vulnerado los derechos constitucionales: coacción, marginación, mobbing, adoctrinamiento, acoso escolar, etc. todo por usar el español en España.

-Hay quien ve en sus denuncias un ataque al Partido Popular. ¿Qué tiene que decir?
-No, ni al PP ni a Mariano Rajoy, yo ataco a la irresponsabilidad de los políticos y a la degradación a que han llegado convirtiéndose en víctimas de sus propias aberraciones. Evidentemente, en mi caso tienen una responsabilidad directa y deben poner orden en su casa antes de aspirar a poner orden en España. Si tienen que rodar cabezas dentro del PP, que rueden y que despejen el terreno.

Posiblemente el Caso Natalia haya abierto una brecha para que el Partido Popular retome la senda que nunca debió perder. Las críticas constructivas sirven siempre para mejorar y mantener una empresa o un proyecto eficaz.

Por ejemplo, Zapatero está rodeado de 750 asesores y ministros que lo único que hacen es reírle las gracias, asesores que son incapaces de decir lo que piensan por miedo a la reprobación de su jefe, entonces cuando Zapatero lanza sus proyectos al mundo, lo único que consigue es el ridículo nacional y la vergüenza internacional. Si Zapatero estuviera rodeado de asesores y ministros competentes y críticos, seguramente no estaríamos donde estamos.

Yo con mi hija hago lo mismo, la quiero mucho y le aconsejo, aunque a veces no le guste porque siempre busco lo mejor para ella y su futuro. Así que no creo que Mariano Rajoy se sienta atacado por mí, no creo que sea tan superficial.

-Usted relaciona siempre la educación con el sistema económico actual.
-Claro, esto es insostenible, igual que en su día denuncie la estafa de Terra, luego la estafa del efecto 2000, posteriormente, en el año 2003 predije la burbuja inmobiliaria cuando todos estaban inmersos en el aparente milagro español. Hoy afirmo que España tiene los días contados por dos motivos: uno por la educación de los jóvenes, ya que eso tiene relación directa con la economía para dentro de 20 años, y la otra razón mas importante es la necesidad de implantar la economía sostenible.

-¿A que se refiere con la economía sostenible?
-Esto no tiene nada que ver con el mensaje de Zapatero, la economía sostenible es la economía que se puede mantener independientemente de la natalidad, de los inmigrantes y del volumen de la masa laboral. No se puede mantener un sistema que para cobrar una pensión dependa de 3 ó 4 trabajadores activos, eso es exactamente lo que ocurre con las estafas piramidales.

Para mantener este sistema, la población española tendría que crecer logarítmicamente... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta llegar a 200 millones de españoles?... Eso, evidentemente es inviable, pero ya estamos en 50 millones de españoles y los recursos naturales son los que hay.

La economía de un país es exactamente como la economía de una familia o una empresa, no se puede gastar dinero a cuenta de las perspectivas futuras, hay que contar con lo que se tiene y si no se pueden hacer macro-construcciones faraónicas, habrá que hacer obras más modestas, pero eso revertirá en calidad de vida y felicidad de los ciudadanos.

Tenga en cuenta que si hablamos de economía, los ciudadanos tienen que saber que el capricho de las lenguas autonómicas les cuesta a todos los españoles unos 6.000 millones de euros al año, eso es insostenible.

Yo he comentado alguna vez que la única economía sostenible es la teoría "del tercio". De todos los ingresos de un país se distribuyen en tres partes, un tercio para gastar y derrochar, otro tercio para crear bienes e infraestructuras y el otro tercio para invertir y acumular reservas para el futuro, por ejemplo las pensiones del mañana. Esto, también es aplicable a las familias y si eso lo hubieran hecho todos, no estaríamos donde estamos... pero esto no ha terminado, lo peor está por venir. No hay que tener miedo a las crisis, hay que temer su duración.

Podría poner miles de ejemplos, pero le voy a mencionar solo uno: en España tenemos más liberados sindicales que en el conjunto de la Unión Europea.

Siempre vuelvo a lo mismo, si el nivel de formación y cultura de España estuviera en los umbrales correctos, los ciudadanos tendrían la capacidad de análisis y esto no lo tolerarían, es por ello que conviene tener ciudadanos atontados con las lenguas autonómicas y la subcultura.

Así pues, para mantener este derroche nacional se explota cada vez más el atraco a los ciudadanos de clase media. En España te atraca y te roba la administración continuamente con papel y lápiz, una práctica que ha llegado a crear una situación insostenible. ¿Entiende usted a lo que me refiero? Hay que hacer una sociedad más feliz y con menos derroche administrativo.

Hoy en día hemos llegado a niveles críticos, somos millones de españoles los que estamos hartos de multas, prohibiciones, autonomías, lenguas y demás gilipolleces, somos ciudadanos que queremos trabajar, ser felices y ver cómo a nuestros pequeños les preparamos un futuro feliz.

Miércoles, 17 de febrero de 2010
http://www.pormi.net/juan-vicente-santacreu.html

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El Gran Pacto
Antonio Martín Beaumont www.gaceta.es 17 Febrero 2010

Los consensos entre partidos convierten la decisión del voto en un sucedáneo

¡Vaya cantinela pactista! Pero, vamos a ver, ¡que la democracia es pura elección! Los consensos entre partidos –distintos y distantes– desvirtúan la voz de los ciudadanos y convierten la decisión del voto en un sucedáneo. Ello aunque transitemos por un sistema democrático representativo, al que maldecimos en cuanto los partidos llegan a acuerdos para sentar en el sillón de mando a políticos que no han sido los más votados. En una democracia sana los pactos deben reservarse meramente a esas cuestiones ampulosamente llamadas asuntos de Estado, tan difíciles de desentrañar cuando son rumiadas en la vida partidista.

Además, salvo la Constitución, sellada por el deseo de los españoles de dejar atrás la dictadura, ¿a qué grandes pactos ha llegado la clase política que se hayan cumplido? ¿Hablamos del pacto sobre la configuración territorial, con un Estatut de Cataluña en discusión desde hace más de tres años en el Tribunal Constitucional, que enmienda vía ley orgánica la Carta Magna? ¿Del pacto por la Justicia, que liquidó la independencia de los jueces y los convirtió en militantes? ¿O del pacto antiterrorista, aparcado tras el 11-M, cuando el PSOE mandó cercar las sedes del PP porque vio que podía ganar las elecciones, y arrumbado de nuevo más tarde cuando se eligió el proceso de paz para negociar con ETA...?

Aquí los consensos se han usado para tirárselos al adversario. Y, sobre todo, para cerrar la boca a la oposición cuando las cosas no le marchan al Gobierno. Se han utilizado para convertir al responsable del control parlamentario del Ejecutivo en un ministerio más: el de la leal oposición. Poca confianza pueden inspirar unos pactos que históricamente sólo han buscado que la alternativa democrática se pille los dedos ante la opinión pública con las políticas lanzadas desde La Moncloa. La número dos del PP, Dolores de Cospedal, lo ha dejado claro: “Pactar ahora sería traicionar lo que necesita España”.

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Debate
Estamos condenados
Emilio J. González Libertad Digital 17 Febrero 2010

La tregua que han concedido los mercados al Gobierno de ZP va a durar menos que la alegría en casa de un pobre. No me cabe la menor duda después de haber seguido la intervención del presidente del Gobierno en el debate sobre la economía celebrado en el Congreso de los Diputados, porque Zapatero sigue sin querer comprender qué es lo que pasa y qué es lo que tiene qué hacer. Lo único que ha entendido es que no puede volver a tratar de envolverse en la bandera del victimismo utilizando de nuevo el argumento de la conspiración de los mercados contra el gran líder internacional que quiere reformarlos porque, además de que eso ya no se lo cree nadie excepto él y sus corifeos, ya sabe los calificativos que le dedicaría la prensa internacional, que no son precisamente buenos. El resto de la lección, por desgracia, sigue sin querer aprenderlo.

Zapatero insiste en que el susto que le dieron los mercados a España recientemente se debía a que los inversores no entendían ni patata acerca de la magnífica situación de nuestra economía, nuestras cuentas públicas y nuestro sistema financiero. Pero como ya ha habido dos miembros del equipo económico que se lo han explicado, ahora están tranquilos. El que no lo está tanto es ZP, porque eso de decir que no se deben hacer informes ni declaraciones sobre lo mal que está España es como cuando se empeñó en calificarnos de antipatriotas a todos aquellos que, desde el primer momento, empezamos a advertir de la que se nos venía encima.

Vamos, que sigue negando la realidad y, además, ahora con ese toque infantil de no digáis nada que pueda asustar a los mercados para que no se den cuenta de que, en el fondo, Zapatero sigue tomándoles el pelo, como nos lo toma a los españoles, y no está dispuesto a apearse del burro. Eso es lo que ha dejado muy claro en sus intervenciones cuando ha dicho que no se va a recortar el gasto ni en protección social, ni en I+D, ni en planes de estímulo, ni en ayuda a los países de ese Tercer Mundo al que el presidente del Gobierno nos está llevando a pasos acelerados. O sea, que mientras pueda va a seguir tirando de chequera para financiar sus ocurrencias y su malentendido progresismo, como si aquí no pasara nada. ¿De dónde van a salir, entonces, los 50.000 millones de recorte en los pagos del Estado? Pues ya se lo pueden imaginar, de ningún sitio.

Como ven, ZP sigue en sus trece en materia de gasto, de la misma forma que tampoco da su brazo a torcer en su esperanza de que la recuperación económica mundial nos saque de la crisis. Eso sería si estuviéramos ante la típica recesión coyuntural, pero no lo estamos. Estamos ante algo mucho más grave. Porque por mucho que se pueda recuperar la economía internacional, que no lo parece si tenemos en cuenta lo que puede pasar en cuanto desaparezcan los paquetes de gasto público para estimular la economía y salvar al sector financiero, aquí pasan cosas mucho más graves. Por ejemplo, la nueva oleada que se aproxima de morosidad del sector inmobiliario, que volverá a castigar a los bancos y cajas de ahorros y a restringir el crédito aún más si cabe. Por ejemplo, el cierre del grifo de la financiación fácil por parte del Banco Central Europeo, que empleaban las entidades crediticias españolas para comprarle al Gobierno las astronómicas cantidades de deuda pública que está emitiendo. En estas circunstancia, como falle alguno de los supuestos de partida de ZP, que es lo más probable, esto se va a venir abajo como un castillo de naipes y entonces sí que nos vamos a enterar de lo que es de verdad una crisis de dimensiones históricas, porque lo que ha ocurrido hasta ahora, con todo lo grave que es, no será más que una broma respecto a lo que está por venir.

El presidente del Gobierno también sigue a piñón fijo en lo referente a su estrategia política para afrontar la crisis. Recuerda que a finales del año pasado ya habló de reformas y de esa dichosa ley de economía sostenible, que ni está, ni servirá para nada. Pero todo es mera palabrería porque de medidas reales y concretas, nada de nada. También pone encima de la mesa la reforma de las pensiones. Por supuesto que hay que hacerla, aunque no en la línea que quiere Zapatero. Sin embargo, ese es un problema de futuro que nada tiene que ver con la crisis actual, su naturaleza y sus causas y la forma de superarla. Y, para rizar el rizo, sigue hablando de un pacto que lo único que persigue es acallar las críticas de la oposición y hacerla cómplice de sus errores.

He de confesar, ingenuo de mí, que cuando me senté frente al televisor para seguir el debate tenía la esperanza, aunque débil, de que ZP anunciara algunas de esas medidas que ha prometido a los mercados para tranquilizarlos. No sé cómo se me ocurrió tal cosa porque, conociéndolo como ya lo conocemos, lo único que cabía esperar es lo que realmente ha sido su intervención en el debate: más de lo mismo. Y en cuanto los mercados se den cuenta de ello, nos van a dar hasta en el carnet de identidad. No les quepa duda de que lo harán sin necesidad de leer ninguno de esos informes o declaraciones sobre la situación económica española que tanto criticó el presidente del Gobierno. Francamente, estamos condenados.

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Otro paso más hacia el Estado catalán
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 17 Febrero 2010

EN LOS AÑOS tenebrosos del franquismo, cuando la oposición al régimen se cobijaba especialmente en la Universidad, se pudo leer en la prensa de esa época la siguiente información: «Plena normalidad en la Universidad Complutense. Las clases continúan suspendidas». Pues bien, me acordé de este curioso concepto de normalidad al contemplar lo que está sucediendo con la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán y con las acciones empero que está llevando a cabo la Generalitat, puesto que en las actuales circunstancias cabría sostener algo parecido.

Lo podríamos describir así: «Plena normalidad en el desarrollo del Estatut. Mientras que el Tribunal Constitucional sigue contando las amapolas que hay en el campo, la Generalitat sigue dando pasos hacia el Estado catalán». Supongo que ya no habrá ingenuos que continuen pensando que los nacionalistas no quieren realmente la separación de Cataluña del resto de España, pues la larga marcha hacia ese objetivo, que inició Pujol, se ha visto ahora incrementada por una doble razón. Por una parte, porque el PSC se ha convertido (aunque con fuertes tensiones internas) en un partido nacionalista más y, por otra, porque los nacionalistas son conscientes de que hay que aprovechar al máximo los años zapateriles, ya que nunca encontrarán un inquilino de La Moncloa, tan favorable o tan despistado como el actual, para poder ir avanzando hacia su meta sin demasiados costos.

La estrategia consiste en aprovechar el caos del Tribunal Constitucional, incapaz de decidir conforme a derecho si el Estatut es o no constitucional, para ir cortando cada día una amarra más de la balsa de piedra que constituye Cataluña, como en la novela de Saramago de ese título, para acabar desgajándose finalmente del resto de España.

En este caso, a diferencia de lo que sucede en la obra del Nobel portugués, la brecha no ha sido espontánea, sino fríamente calculada, al margen de la mayoría de la población catalana, por los dirigentes nacionalistas, como un claro ejemplo de la gula del poder, en féliz hallazgo de la vicepresidenta Fernández de la Vega. En consecuencia, puesto que el Estatut está vigente desde hace ya casi cuatro años, a pesar de estar recurridos muchos de sus artículos y por eso precisamente, conviene ir desarrollándolo para demostrar su fuerza fáctica y crear situaciones adquiridas, dificiles por tanto de anular, como ocurre con los kibbutz de Israel en los territorios ocupados ilegalmente.

De este modo, se han ido aprobando -o se van a aprobar- leyes autónomicas como la Ley de Educación, la Ley del Cine en catalán o la Ley del Consell de Garanties estatutaries. Y ahora la Generalitat quería fletar también otras dos decisivas: la Ley de Ordenación del Territorio o Ley de Veguerías y la Ley Electoral, ambas estrechamente vinculadas. Por el momento, se ha aparcado, una vez más, la Ley Electoral, porque no hay forma de poner de acuerdo a las diferentes fuerzas políticas que quieren arrimar el ascua a la sardina de sus intereses, a través de un sistema electoral que les favorezca (se mantiene así de forma «transitoria» el sistema de cuatro circunscripciones electorales regulado en el anterior Estatut). Sin embargo, el Gobierno catalán ha aprobado un proyecto de ley de reordenación territorial, que resucita la vieja denominación de veguerías, con el propósito de sustituir las cuatro provincias catalanas por siete (u ocho) nuevas entidades locales.

Enseguida veremos los problemas que comporta esta nueva decisión del Tripartito, pero vale la pena resaltar aquí que todo el Estatut, toda su filosofía, toda su estructura, va dirigida a crear un nuevo orden constitucional en Cataluña, diferenciado del existente en el resto de España. Esta, y no otra, es la razón por la que un Tribunal Constitucional incompetente lleva tres años sin ponerse de acuerdo sobre si el Estatut encaja en la Constitución, cuando el verdadero problema para ellos es el de saber de una vez si la Constitución encaja en el Estatut, como pretenden los nacionalistas y, de esta manera, romper los cabos que atan a Cataluña con el resto de España.

No servirá de nada declarar inconstituional tal o cual artículo, o interpretar otros según la conveniencia mejor para no que parezca inconstitucional. El problema es, como ya he dicho el alguna ocasión, que un elefante, por mucho que se le someta a una dieta de adelgazamiento, seguirá siendo un elefante. Y, en tal sentido, el Estatut, in totum, es inconstitucional, y no sólo alguno de sus artículos, por lo que de nada servirá que lleguen a declarar que algún artículo aislado no es constitucional, pues las normas tienen una coherencia interna en su finalidad que no varía aunque se anule alguna de sus partes. Mal lo tienen, pues, los magistrados del Tribunal, si es que al final acaban sacando a la luz pública una sentencia, porque no resolverá nada, no contentará ni a tirios ni a troyanos, y lo único que quedará claro es la irresponsabilidad de los que han permitido que una norma así, a diferencia de lo que sucedió con el llamado Plan Ibarretxe, haya sido aprobada por las Cortes Generales.

Pero vayamos ahora al proyecto de Ley de las Veguerías, que con su aprobación por el Tripartito (el cual se cuartea por momentos), ha dejado al descubierto cuatro problemas. Primero, porque ha conseguido enfrentar a muchas entidades locales con esa división en siete veguerías, pues tres provincias actuales se dividirían, sin el acuerdo de las partes interesadas. Segundo, porque no se han percatado que esta nueva división aumentará los funcionarios, los trámites de todo orden, en una época de crisis económica. Tercero, porque sería disfuncional mientras Cataluña forme parte de España, al romper la estructura homogénea del Estado español, lo cual afectaría a muchas leyes estatales. Cuarto, porque, se quiera o no, esta división interfirirá en los resultados electorales, ya que acabarían siendo circunscripciones electorales, desencadenando así, como ya ocurre, la lucha de los partidos. Y quinto, y fundamentalmente, porque es incostitucional, según vamos a ver.

Como es sabido, la ordenación territorial de España, según el artículo 137 de la CE descansa en tres pilares: municipios, provincias y Comunidades Autónomas, y se sobreentiende que éstos son los nombres y las categorías que rigen para todo el territorio español, sin perjuicio de alguna modalidad propia, como en las provincias insulares. En cuanto a la provincia concretamente, el artículo 141 expone que es «una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios» y es la única «división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado». Se añade a continuación que «cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica», que «el Gobierno y la Administración autónoma de las provincias estarán encomendadas a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo», y que «se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincias».

Pues bien, cogiendo el rábano por las hojas, los redactores del Estatut han malinterpretado este precepto, para suprimir las provincias en Cataluña, las cuales no se reconocen en él, para crear una propia estructura territorial, es decir, un paso más hacia la diferenciación con el resto de España, adoptando otra división territorial que se han sacado de una historia manipulada. En efecto, aquí han seguido las directrices del llamado Informe Roca, escrito por una Comisión de expertos que había nombrado el Gobierno catalán el 3 de abril de 2000, a sugerencia de los partidos políticos.

NATURALMENTE la presidía Miquel Roca Junyent, uno de los llamados siete padres de la Constitución (?), y entre las medidas que proponía para una racionalización del mapa administrativo de Cataluña, se encontraba la recuperación del término verguería. Se recomendaba así que se alterase el número, la delimitación y la denominación de las provincias actuales y, por supuesto, la supresión de las diputaciones provinciales. Para conseguirlo, se señalaba la necesidad de leyes estatales (orgánicas u ordinarias), pero no mencionaban que todo esto era un fraude constitucional, porque variar el numero de provincias y suprimir las diputaciones provinciales, sólo se puede llevar a cabo mediante la reforma de la Constitución.

Así lo señala la literalidad de la Constitución en los artículos citados mas arriba y así lo mantiene la propia doctrina del Tribunal Constitucional. En efecto, cuando se sostiene en el artículo 141.1 que «cualquier alteración de los límites provinciales deberá ser aprobada por ley orgánica», se está refiriendo exclusivamente a las «fronteras» de una provincia, que sí podrían alterarse, y no a su supresión o partición, porque de lo contrario nos hallaríamos ante un mapa administrativo español inestable, sujeto a vaivenes políticos, que harían imposible la funcionalidad del Estado.

En consecuencia, así lo específica el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que aprueba el Texto refundido del Régimen Local: «1. El territorio de la nación española se divide en 50 provincias con los límites, denominaciones y capitales que tienen actualmente. 2. Sólo mediante ley aprobada por las Cortes Generales pueden modificarse la denominación y capitalidad de las provincias. Cualquier alteración de sus límites requiere Ley Orgánica».

Por consiguiente, aunque se puedan variar la denominación, la delimitación y la capitalidad de alguna, el número de provincias es intocable, salvo que se modifique la Constitución, lo mismo que ocurre con las diputaciones provinciales, que también ignora el Estatut en su artículo 91. Para comprobarlo baste señalar aquí lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 32/81, por si algunos magistrados actuales tienen síntomas de Alzheimer: «La abolición de las provincias y de las diputaciones provinciales implicaría una infracción pura y simple de lo dispuesto en los artículos 137, 141 y 142 de la Constituión».

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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Artimaña de Batasuna para colarse de nuevo en los ayuntamientos
Editorial La Razón 17 Febrero 2010

El comunicado hecho público por el brazo político de ETA, en el que afirman estar comprometidos con «el uso de vías y medios exclusivamente políticos y democráticos» que abran una nueva etapa en el País Vasco, pone de manifiesto la intención de Batasuna de preparar el terreno para presentarse a las elecciones municipales y forales del próximo año. La mayoría de las fuerzas políticas han coincidido en desacreditar de inmediato el manifiesto de los batasunos, cuya tenacidad para colarse en las instituciones democráticas resulta llamativa. Como en otras ocasiones, la doblez de sus intenciones queda al descubierto cuando eluden condenar el terrorismo de ETA y reivindican su independencia de los pistoleros. El hecho de que no condenen la violencia y la extorsión etarra, como tampoco lo hizo Otegi, hace escasas semanas, ante la Audiencia Nacional, retrata el verdadero rostro de los firmantes del documento. Pocas dudas existen de que el comunicado supone la primera de una serie de artimañas con las que la banda terrorista tratará, una vez más, de burlar los mecanismos democráticos para colarse en los ayuntamientos vascos. Cabe esperar que el Gobierno y la Fiscalía no caigan de nuevo en la trampa y que la experiencia con PCTV y con ANV no haya sido en vano.

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Conclusión anunciada
EDITORIAL El Correo 17 Febrero 2010
Sólo el llamado 'polo soberanista' saluda el documento de la izquierda abertzale

Las conclusiones del debate vivido por la izquierda abertzale han confirmado el escepticismo general que había suscitado su reiterado anuncio, especialmente a causa de la actividad desplegada mientras tanto por ETA. El documento final es una síntesis tamizada de las distintas posturas que concurren en la izquierda abertzale, incluyendo la tutela que sobre ella mantiene la banda terrorista. Si esta corriente ideológica organizada se ha caracterizado por su impermeabilidad frente a la realidad circundante, el texto alumbrado es fiel expresión del ensimismamiento que la izquierda abertzale experimenta cada vez que necesita creerse que aporta alguna novedad estratégica. El lenguaje es todo un monumento al eufemismo.

El difuso relato de acontecimientos, una muestra de la egolatría con la que la izquierda abertzale presenta la historia reciente de Euskal Herria como emanación de sus esfuerzos. La noticia final, la buena nueva de que los vascos están inaugurando un nuevo ciclo político de su mano. Constatación avalada con el jactancioso anuncio de que la izquierda abertzale ha adoptado la decisión unilateral de dar inicio al proceso democrático, sin que sea capaz de explicar qué significa eso, ni atreverse desde luego a comprometer el desarme de ETA. No es casual que las únicas voces que han valorado el documento sean las que ésta tuvo a bien incluir dentro del llamado 'polo soberanista': Aralar, EA y ELA.

Aunque es de suponer que saludan las conclusiones del debate con la respiración contenida por miedo a que la banda se pronuncie por la vía de los hechos. Especialmente tras la publicación de una resolución que dice más por lo que calla que por lo que manifiesta. En cualquier caso sería erróneo interpretar que ETA no está presente en el texto, puesto que hay una clara vindicación de su trayectoria al describir la historia de los últimos 50 años como resultado de la dialéctica entre «la lucha» y la «represión», sin asomo de reconocimiento del terrible daño causado en su nombre. La izquierda abertzale termina asumiendo que «deberá disponer de una formación política legal»; literalidad que, significativamente, trasluce que la concibe como una plataforma instrumental para recuperar la presencia en las instituciones.

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Corrupción
No hay dos bobos sin tres
Clemente Polo Libertad Digital 17 Febrero 2010

En noviembre de 2009, publiqué un par de artículos (Dos bobos... muy listos y Dos bobos muy listos y sus cómplices nacionalistas) en los que analizaba el saqueo sistemático de las arcas del Consorcio del Palau de la Música Catalana y de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música perpetrado por los Sres. Millet y Montull durante al menos una década, con la connivencia imprescindible de CiU y de la Generalitat de Cataluña, del Ayuntamiento de Barcelona y del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. El siempre honorable partido Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) al frente de la Generalitat hasta 2004 prefirió ignorar todas las flagrantes irregularidades denunciadas desde 2002 por varios organismos de control de la propia Generalitat, la Sindicatura de Cuentas y la Agencia Tributaria, a cambio de recibir las migajas del botín que el Sr. Millet tuvo a bien destinar a la Fundación Trías Fargas de CDC (630.554,82 euros) y al Partido Independentista (150.000 euros) cuyo presidente el Sr. Colom es ahora miembro del Comité Ejecutivo de CDC. Tampoco mostró ningún interés el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) en tirar de la manta, tal vez porque como advirtió el Sr. Pujol, si había que hablar, hablaría y nos diría lo que de aquí y allá se habían llevado unos y otros.

Había ya indicios cuando escribí esos artículos de que otras personas, en adición al bobo balbuceante (Sr. Millet) y al bobo amnésico (Sr. Montull), estaban implicadas directamente en la trama mafiosa. Lo que no sabíamos era que una de ellas, Gemma Montull, a la sazón hija del bobo amnésico, no era tampoco lo que parecía, la flamante directora financiera de una rutilante institución con un presupuesto millonario, sino la humilde sustituta del conserje con modestas funciones de paloma mensajera. ¡Vaya sorpresa! La buena mujer ha declarado ante el juez que instruye su demanda por despido improcedente que en realidad no desempeñaba las tareas propias del cargo impreso en su tarjeta de visita, directora financiera, que aparecía allí únicamente "por cuestiones de marketing", sino que su verdadera función era sustituir al conserje cuando éste no podía acudir a cobrar cheques a las entidades financieras. Naturalmente, la conserje en funciones entregaba todo el efectivo al bobo balbuceante que era quien, según ella, controlaba "hasta el último céntimo".

Algunas de las cifras que han aparecido publicadas con motivo de la comparecencia de la Sra. Montull ante al juez que instruye la causa me han inquietado sobremanera. La primera es el astronómico sueldo que cobraba la sustituta del conserje en el Consorcio del Palau de la Música Catalana: 8.566 euros al mes. Recomiendo a todos los conserjes en ejercicio, funcionarios públicos de todos los niveles e incluso ejecutivos de empresas privadas que, tras consultar su nómina, envíen una instancia con currículum para optar a la plaza de sustituto de conserje del Palau, vacante como debe estar desde que la Sra. Montull fue despedida el pasado septiembre. Absténganse quienes no puedan acreditar el nivel C de catalán.

La segunda cifra corresponde a los 97.000 euros que el Palau abonó por obras realizadas en el domicilio de la ‘conserja’ sustituta. Naturalmente, la Sra. Montull y el Sr. González, compañero sentimental y copropietario de la finca, ignoran todo sobre tan desagradable asunto. Un día, quiero suponer, se presentaron de improviso albañiles, escayolistas y demás ralea de operarios en su domicilio y sin mediar pregunta alguna ni presentarles un presupuesto comenzaron a derribar tabiques, levantar suelos y remozar ventanas mientras asistían al brutal concierto con semblantes demudados. La Sra. Montull llevó con la resignación característica de un conserje las obras en su finca –¡se habían hecho ya tantas para remozar el Palau!– hasta que un buen día desaparecieron todos los trabajadores sin despedirse ni dejar rastro. La Sra. Montull y el Sr. González, interventor de la Generalitat y auditor del Palau, recobraron poco a poco la calma de su vida cotidiana y olvidaron la pesadilla vivida durante unos meses en su casa. Ningún gremio osó perturbarles de nuevo remitiéndoles enojosas facturas.

Me ha llamado la atención, por último, las elevadas cuantías de las transacciones financieras realizadas por la sustituta del conserje titular del Palau: 3,2 millones de euros cobrados en cheques; cuantiosas transferencias realizadas a sociedades administradas por su madre para abonar gratificaciones (bonus) a favor del bobo amnésico, su padre; y desvío de 250.000 euros con facturas. ¡Menuda sorpresa la que debió llevarse el 29 de septiembre cuando los nuevos gestores del Palau le notificaron su despido disciplinario! ¿Cómo se habían atrevido unos advenedizos a ponerla de patitas en la calle, debió preguntarse, tras tantos años de abnegadas sustituciones corriendo de la ventanilla de un banco a la de una caja, soportando ora aterida las frías mañanas invernales, ora sudorosa el insufrible bochorno veraniego? Airada y despechada, la paloma mensajera interpuso demanda en el Juzgado Social 32 contra los nuevos gestores del Palau por despido improcedente.

Ante tanto desatino, abrigo la esperanza de que el juez deshaga este cruel entuerto y obligue al Consorcio a readmitir a la Sra. Montull en el puesto de trabajo que desempeñaba con tanta dedicación y le abone los salarios no percibidos durante estos terribles meses. Eso sí, espero que en su nueva etapa figure su verdadero empleo, ‘conserja’ sustituta, en la tarjeta de visita y reciba un salario acorde con sus verdaderas funciones. ¿Qué tal 10.000 del ala?
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribe regularmente en su blog.

http://www.libertadidioma.com/20100217.htm