Pablo Sebastian, Camps debe hablar inmediatamente

viernes 6 de marzo de 2009
Camps debe hablar, inmediatamente

Pablo Sebastián

El presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, debe de comparecer inmediatamente ante la opinión pública para desmentir y para aclarar todos los hechos y delitos que se le imputan en el auto redactado por el juez Garzón. Y si Camps se resiste o se niega a ello, quedando bajo sospecha, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se lo debe de exigir o tomar medidas contra el presidente valenciano, de la misma manera que se han abierto expedientes a otros imputados en el caso que instruye el citado juez de la Audiencia Nacional. Las palabras de los portavoces del PP nacional de confianza en Camps no son suficientes, ni tampoco la declaración de Ricardo Costa de que colaborará con los tribunales para aflorar la verdad. Hacen falta explicaciones y datos, ya.

Parece que para el Partido Popular los acontecimientos van paralelos a la incierta climatología que nos invade. Así, poco después de la primavera breve y de los buenos resultados electorales obtenidos en Galicia y el País Vasco, mejorando de manera notable las expectativas electorales de esta formación política y el liderazgo de Mariano Rajoy, regresamos al frío invierno del escenario de la Audiencia Nacional y del ya famoso caso Gürtel, sobre la presunta trama de corrupción del empresario Francisco Correa y sus acuerdos y relaciones con ciertos dirigentes y gobernantes públicos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Valencia. Y veremos si también de la dirección nacional del PP, una vez que la fiscalía anticorrupción desestimó, por la falta de indicios, las pretendidas imputaciones del actual tesorero del PP, Luís Bárcenas, y del eurodiputado, Gerardo Galeote, como quería el juez Garzón.

Así, tras cuatro días de largas celebraciones de las victorias electorales del PP, Mariano Rajoy y la dirección de su partido se enfrentan ahora a los autos hechos públicos por Garzón, donde lo mas destacado hasta el momento es la imputación del presidente valenciano Camps, del número dos del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, y otros altos cargos, por una parte, y por la otra de la comunidad madrileña, a los ya esperados, López Viejo, Bosh, Martín, Panero, etcétera, donde aparecen como novedad el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y el de Arganda, Ginés López.

En estos dos autos, el juez Garzón hace un relato sucinto de los datos con los que, tanto él como la fiscalía, explican y apoyan la imputación de los mencionados, aunque también se señala que en dicha acusación no están todos los elementos del caso, señalándose que solo se ha levantado "una parte" del secreto sumarial, para elevar estas actuaciones del proceso a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, a la vista de los imputados que están aforados.

Hasta aquí los hechos que se van conociendo que, según como se miren, pueden parecer de gran coherencia y, en consecuencia, constitutivos de delitos penales que se mencionan, al margen de que los negocios citados de los trajes -en el caso de Valencia- o las sumas de dinero no parezcan muy significativos. Tampoco lo era el coche de Touriño en Galicia, y el paseo de Antxo Quintana en el yate del constructor San José, y ahí está el impacto social y electoral de ambos casos. También el caso valenciano se podría ver, con el argó del sastre, como algo "cogido con alfileres", que podría tener alguna explicación más sencilla que la del cohecho planteado por el juez. Pero para ello haría falta una rápida comparecencia de Camps y R. Costa ante la opinión pública para explicar todos los detalles de su lujoso vestuario contratado en Madrid (como si en Valencia no hubiera sastrerías).

Y ahí es donde debe de entrar el presidente del PP, Mariano Rajoy, y la dirección del partido, exigiendo aclaraciones inmediatas al margen de los procedimientos judiciales. Porque si estas no se producen, y los aforados se escudan en sus parlamentos, y dejan todo para mas adelante, para los juicios en aras de la presunción de su inocencia, la bola de nieve que ha comenzado a rodar desde Valencia y Madrid hacia la sede central del PP se hará cada vez mas grande y mas difícil de explicar. Por todo ello urge que Camps y R. Costa den la cara ante la opinión pública sin tardar.

En cuanto a lo de la Comunidad de Madrid, todo apunta a que en esta Comunidad hay caso como lo reconoció la propia Aguirre exigiendo las dimisiones de López Viejo, Martín, Panero y Ortega de sus cargos, pero ahora falta por ver que va a pasar con los alcaldes de dos ayuntamientos muy importantes como son el de Pozuelo y el de Arganda, que acaban de aparecer como imputados. Y si a todo ello sumamos los líos del espionaje político en Madrid y la vergonzosa comisión de investigación que maneja a placer el sector aguirristas, veremos que el sumario Correa -a parte del vestuario de los políticos valencianos- tiene, en la Comunidad madrileña, un punto de apoyo esencial que afecta y daña al PP.

Por todo ello no deja de ser una desvergüenza que la presidenta Aguirre citara ayer en la Asamblea de Madrid, en respuesta a la portavoz de IU, Inés Sabanés, la frasecita infame de "se cree el ladrón que son todos de su condición", cuando los presuntos ladrones están sentados en la madrileña bancada del PP, desde donde, para colmo, se intentan lanzar sombras de sospechas contra la alcaldía de Madrid, como lo denunció Gallardón, o contra los pasados gobiernos de Joaquín Leguina, como acaba de ocurrir en la farsante comisión de investigación de la Comunidad de Madrid, que sorprendentemente se presta a presidir Rosa Posada, una mujer de larga y limpia trayectoria democrática que debería abandonar semejante teatrillo si no quiere acabar enredada en tan sucia madeja, cuyo desenlace no hizo nada mas que comenzar.

De manera que Rajoy ya tiene dos importantes tareas que abordar: la de exigir a Camps una comparecencia pública para que explique lo de sus trajes; y la de imponer orden y su autoridad, de una vez en Madrid, lo que debió de hacer hace ya mucho tiempo, y lo que tendrá que hacer tarde o temprano y cuando mas tarde peor para el PP. O sea constitución de una gestora en el PP de Madrid, para empezar.

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