Miguel Angel Garcia Brera, Los interinos

martes 16 de marzo de 2010
Los interinos

Miguel Ángel García Brera

E N estos días difíciles, cuando, si se sigue el rastro de lo declarado por los responsables de las políticas económicas o de los especialistas en economía, uno no puede eludir cierta sensación de pánico ante un presente negro y un futuro de previsión no mejor, hay como una acción de estilo goebbeliano dirigida a entretenernos en cuestiones baladíes, inoportunas o secundarias. Así, en el Parlamento catalán se ha montado un diletante espectáculo en torno al que se desarrolla en otras plazas – las de Toros- dónde el valor, el arte y la tradición consiguen emocionar a buen número de personas, no sólo españolas. Y, aunque no soy un aficionado, y he asistido a muy pocas corridas, he de detenerme en el comentario de algunas de las majaderías que he leído sobre la cuestión. Supongo que será un disminuido mental, y por ello merece mi conmiseración, quien ha llegado a comparar el sufrimiento del toro de lidia en la plaza con el de esas mujeres víctimas de una costumbre inhumana como es la de ablación del clítoris. No hay que olvidar que el animal fue creado al servicio del hombre y no es comparable la preservación de los derechos humanos con la obligación de no hacer daño gratuito a los animales, aunque decretemos su muerte sin ningún reparo, para delicia de nuestro paladar. En otra intervención, me ha interesado mucho la declaración de un ganadero –creo que se apellida Furnedó, aunque no sé si he tomado bien el dato, pues no es una persona de pública autoridad, y lo que me importaba es el acierto de su manifestación- que solicitaba a los parlamentarios olvidar sus propios sentimientos o intereses y poner un poco de atención a lo que la gente pide o siente. El ganadero les ha recordado además que ellos son meros “interinos” y resulta penoso que puedan aprovechar su interinidad para echar abajo, sin verdadero fundamento, costumbres, tradiciones y fiestas de raigambre popular y notable antigüedad.

Sinceramente me ha impactado esa apelación a la interinidad y al daño que pueden producir a una sociedad quienes sólo actúan en función de su presente y su porvenir, queriendo modelar el de todo un pueblo, sin contar con él y sin pensar que ningún testamento se cumple al cien por cien. Da la impresión de que nuestros políticos están convencidos de poder conseguir una permanencia suficiente como para dar la vuelta a España y dejarla así ya “nueva” y diferente de por vida. Escuchar al presidente del Gobierno provoca agobio y desasosiego, aumentado cuando se contrasta con otras declaraciones de sus acólitos o se enfrentan las de unos y otros. En la reunión celebrada en Granada para acercar opiniones entre la U.E. y el reino de Marruecos, -a cuya cita, por cierto, Mohamed V no ha asistido, pero sí enviado un discurso- Rodríguez Zapatero ha vuelto a hablar de pedir explicaciones a Chávez sobre lo recogido en un auto del juez Velasco sobre connivencias del Gobierno venezolano con ETA. El presidente ha dado por sentado que nada tiene que decir sobre el Auto, refiriéndose claramente al necesario respeto a la división de poderes. En esta ocasión Rodríguez Zapatero ha reiterado su anterior declaración, pero resulta que, entre la anterior y ésta, se ha entrometido la del Ministro de Exteriores -no cesado-, que ha precisado que España no ha rectificado a su Jefe, al asegurar que no se han pedido explicaciones a Venezuela, sino sólo información y, por si fuera poco, ha publicado un manifestó conjunto contra el terrorismo y ha manifestado que el Gobierno español va a pedir datos al juez, al parecer no en cuanto al modo de exigir las responsabilidades que procedan a Venezuela, sino para saber por qué se ha llegado a dictar ese Auto: lo cual será una indiscutible intromisión en el Poder Judicial, un presunto delito de desacato y presuntamente un acto de alta traición, similar al chivatazo dado en el caso Faisán.

En esa misma reunión de la Alhambra, en Granada, cuya elección me atrevo a considerar inoportuna al máximo, cuando esa ciudad es objeto de deseo por los grupos árabes radicales y donde creo que tiene su sede, nada menos que un Partido político musulmán, de ámbito nacional español, el presidente del Gobierno se ha referido también a los problemas del juez Garzón. Preguntado por ese otro tema de entretenimiento más propio de la Roma de pan y circo, Rodríguez Zapatero ha respondido que debemos a Garzón su valentía contra ETA a lo largo de muchos años, y en esa respuesta creo que coincide con una gran mayoría de personas. Pero eso no quita para que los propios jueces tengan que encausar a quien indiciariamente es responsable de delitos, por mucho que a Pepiño Blanco le “cuesta trabajo entender cómo un presunto delincuente denuncia a quien le persigue” y que “algo falla cuando el acusado se convierte en acusador y persigue precisamente a quien le denuncia”. No es extraño que a un ministro, que no fue capaz de pasar ni el primer año de Derecho, le cueste trabajo entender estas cosas que, sin embargo, son el abecedario de la democracia. En este sistema político, la igualdad ante la ley exige el mismo tratamiento para todos los ciudadanos, ya sean jueces o mariscadoras, en tanto que otro derecho constitucional, el de la presunción de inocencia, impone que al imputado del caso Gurtel, mientras no haya condena, se le trate, -como Blanco hace bien-, de “presunto delincuente” y a Garzón no se le cite -como Blanco hace mal- de “a quien le denuncia”, sino, de “a otro presunto delincuente”. Su tropezón en la Facultad de Derecho justifica que Blanco tampoco sepa de qué va eso de la posibilidad de querellarse contra quien nos denuncia falsamente o de que entre los fundamentos del Derecho Penal esté el que nadie puede ser condenado sin pruebas, que ninguna prueba puede obtenerse por vías ilícitas y que todo acusado tiene derecho a que un Letrado ejercite en su favor el derecho de defensa, con absoluta libertad e independencia. Si Blanco hubiera leído la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, se habría sorprendido de la multitud de Sentencias absolutorias que traen causa en que un juez, mal instructor, metió la pata y no respetó el modo legítimo de obtención de pruebas. Si Pepiño Blanco no tendría por qué saber estas cosas que se estudian en Derecho, sí que viene obligado a conocerlas como demócrata y ministro, pues son materias básicas del Estado democrático.

Menor disculpa tiene el titular de Justicia, Francisco Caamaño, que ve “extravagante” que un imputado pueda querellarse contra el juez instructor, aunque posiblemente el ministro conozca bien la cuestión y, por eso, puesto a defender al juez con el que el Gobierno parece estar a buenas, no haya pasado de dejar su paño de lágrimas en un adjetivo, el de extravagante, que no le compromete mucho. Pero para extravagante un juez mendigando apoyos populares, amicales y hasta de su propia madre, participante en uno de los actos que el magistrado viene proponiendo estos días. Luego se quejará de la presión mediática y de los juicios paralelos. Al hombre sólo le falta salir en DEC, donde quedaría muy bien donando el estipendio a la ONG de los secuestrados en Mauritania, para que pagaran el rescate de los que aún sufren la falta de libertad, si es que ya no es delito, como lo fue siempre.

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