Laura Marti, Ser madre en Valencia

miercoles 31 de marzo de 2010

Ser madre en Valencia

Laura Martí (Elsemanaldigital.com)

C ELEBRADO recientemente el Foro sobre la Mujer en Valencia, con algunos todavía pendientes de si se cumplió o no el protocolo invitando al presidente de la comunidad o de si De La Vega saludó o no a Barberá, me gustaría centrar el tema en el debate político y social que vive España a propósito de la denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Y concretamente a la reciente Ley 6/2009, de 30 de Junio, de la Generalitat Valenciana, de Protección de la Maternidad, claro ejemplo de cómo la técnica legislativa puede ponerse al servicio de la sociedad y afrontar sus problemas desde la reflexión, la cordura y la moderación.

Dos características de la norma son especialmente destacables:En primer lugar, nace como una iniciativa legislativa popular, avalada por más de 80.000 firmas, promovida por el Foro de la Familia y Red Madre. A pesar de estar prevista en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, la iniciativa legislativa popular ha tenido muy poco éxito en nuestro país,unas veces por el escaso interés ciudadano y otras veces por la escasa receptividad de nuestros líderes políticos. No es este el caso que nos ocupa. Desde que la ministra Aído diera a conocer el borrador de su reforma de la Ley del Aborto, han sido millones los españoles que han mostrado su oposición a través de asociaciones, foros y de multitudinarias concentraciones y manifestaciones que no se habían visto en nuestras calles desde tiempo atrás. En este sentido, la iniciativa de la Generalitat Valenciana es una magnífica muestra de cómo ha de funcionar una Democracia y de cómo sus protagonistas han de ser siempre los ciudadanos.

En segundo lugar, la Ley rompe definitivamente con el dualismo entre libertad de la mujer embarazada y derechos del concebido en que el PSOE ha basado su campaña de apoyo a la Ley del Aborto. En efecto, el embarazo de la mujer — voluntario o no— no supone el más mínimo menoscabo o perjuicio para la mujer, desde el mismo momento en que reciba toda la asistencia sanitaria y económica necesaria para finalizar su gestación, y atender al cuidado y educación de sus hijos, desde que se articulan medidas que permiten la conciliación de la maternidad con su vida laboral y profesional, se rechaza la cosificación del nasciturus y se le reconocen derechos sociales aún estando en el vientre de su madre y, por último, desde que la concepción deja de considerarse dentro del ámbito de la libertad sexual y pasa a ser una responsabilidad de los padres y de las instituciones públicas.

Pocas Comunidades Autónomas han sabido ver como la valenciana el verdadero sentido e importancia de la gestación. Fruto de esta preocupación fue la Ley 12/2008, de 3 de Julio, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad Valenciana, que contiene una interesante Carta de los derechos del menor cuyo artículo 8 establece la protección del derecho a la vida en formación, así como de las mujeres gestantes que estén decididas a tener su hijo, poniendo los medios necesarios de carácter social, educativo y sanitario, adecuados para ambos.

Esta nueva Ley, que tiene por objeto establecer un marco jurídico útil en el ámbito de la protección y atención social a la maternidad, recoge medidas dirigidas a garantizar y proteger, el derecho de la mujer gestante, ante y durante su embarazo, a ser apoyada socialmente en esa decisión y a ser informada de ese derecho y de los programas y mecanismos de apoyo dispuestos a su favor, así como del derecho a la vida en formación desde la concepción. Propiciando el establecimiento de los medios requeridos de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial, que permitan conseguir esa finalidad.

La norma se estructura en cinco capítulos que tratan de las políticas sociales de atención a la maternidad, de la necesaria colaboración y coordinación administrativa, de la atención social de las mujeres gestantes, de la crianza y medidas de protección de menores y del fomento de redes de voluntariado para dar apoyo a las mujeres gestantes y que las asistan durante la gestación y los primeros meses, tras el nacimiento.

Es destacable el derecho de las mujeres embarazadas a recibir con todo detalle la información relacionada con las posibles ayudas que puede solicitar sean públicas o privadas. Se trata de un compromiso del Gobierno valenciano para fomentar la natalidad y garantizar el bienestar de madre e hijo a través de las prestaciones sociales.

Entre las iniciativas adoptadas por el ejecutivo regional destacan las ayudas económicas para evitar el aborto cuyo montante asciende a nada menos que 21.600 euros que serían entregados a las futuras madres en mensualidades de 600 euros durante 36 meses, desde el mismo momento de acreditar la concepción, una ayuda realmente significativa que supera con creces el baby cheque de Zapatero y que está a la altura de las medidas de fomento de la natalidad existentes en los países más prósperos de Europa. De igual modo, son destacables el sufragio del gasto farmacéutico derivado del embarazo, la educación a domicilio para menores en avanzado estado de gestación y las ayudas económicas aprobadas por la Consejería de Educación para escolarizar a los niños de hasta 3 años y que se traducen en subvenciones para el comedor escolar, becas para poder adquirir libros de texto y material escolar, transporte escolar o el bono infantil, que suponen un gran ahorro para las familias, máxime en tiempos de crisis. También finalmente, el Plan "Vive" puesto en marcha por la Generalitat, trata de proporcionar familias de acogida para mujeres embarazadas que tienen ciertas dificultades, como por ejemplo que sus padres les hayan echado de casa o vivan en centros de menores. Así, las familias valencianas que acojan a una menor embarazada podrán percibir mensualmente entre 780 y 980 euros. Tras el nacimiento del bebé, si la familia de acogida desea seguir ayudando a la recién estrenada mamá, el Gobierno valenciano duplicará la ayuda, que podría prolongarse durante 18 meses más después del nacimiento.

Hay que añadir que con la nueva Ley de Protección a la Maternidad se amplían las deducciones autonómicas por nacimiento o adopción desde el mismo momento de la concepción y a la hora de conceder ayudas públicas se computarán los concebidos como miembros de la unidad familiar de que forme parte la mujer embarazada.

En los procesos de admisión de los centros docentes públicos los alumnos cuya madre esté embarazada se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nuevo hermano o hermanos.

Finalmente, se crearán los centros de atención a la maternidad, se agilizarán los trámites de adopción y se prestará especial atención a las embarazadas inmigrantes y/o discapacitadas.

El encomiable marco jurídico favorable a la natalidad y la familia que ha propiciado el Gobierno valenciano está sirviendo, además, como acicate para otras muchas iniciativas a favor de la vida. A título de ejemplo, esta misma semana se firmaba por la Consellería de Bienestar Social y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana el Programa "Más Vida", en virtud del cual las farmacias de la región informarán a las mujeres que por dificultades de cualquier tipo se estén planteando abortar, de las ayudas públicas, de asistencia sanitaria y social que existen a su disposición para que sigan adelante con sus embarazos y puedan ser madres.

En definitiva, esta Ley de Protección a la Maternidad es una magnífica noticia para las madres, las familias y todos aquellos que creemos en el valor y en la necesidad de proteger la vida y el desarrollo de nuestros niños.

El Gobierno de la nación debería tomar nota de que existen alternativas al aborto, económicamente viables, políticamente comprometidas y socialmente bien acogidas que, sobre todo, son humanas pues permiten que la vida continúe.

http://www.vistazoalaprensa.com/contraportada.asp?Id=2337