Jose Melendez, La semana de la vergüenza

jueves 11 de marzo de 2010

La semana de la vergüenza

José Meléndez

U N gobierno puede equivocarse repetidamente –como le ocurre al de Zapatero- porque desgraciadamente el sentido común y la ponderación no son virtudes globales y abundan mas los que están desprovistos de ellas, incluidos los políticos. Pero lo que no se le puede perdonar a un gobierno es que abdique de la dignidad y la honestidad necesarias para manejar los destinos de la nación que representa, sobre todo en su proyección exterior. Y eso es lo que han hecho Zapatero y su ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, ante la oleada de insultos y ofensas con que el cacique venezolano Hugo Chavez acogió el auto de un juez español que acusa a las autoridades venezolanas de cooperación con ETA y las FARC colombianas en sus planes para realizar ataques terroristas en España.

Todo el episodio hispano-venezolano es una lamentable prueba de la humillación de la diplomacia española ante la prepotencia soez e insolencia de un pretendido caudillo de una revolución bolivariana que solo busca su propio interés personal. El auto del juez Eloy Valero está fundamentado en pruebas indiciarias, obtenidas por la policía española tras la detención de cabecillas etarras, que por su gravedad merecen una investigación profunda. Hay diez e-mails cruzados entre ella y los colombianos de la FARC, que ha publicado la prensa nacional que lo confirman, así como la actitud venezolana a favor de exiliados etarras en ese país a los que les dio cobertura y amparo, e incluso cargos en la administración pública. No es, por lo tanto, una “conspiración yanqui” como afirma Chavez, ni una maniobra de lo que llama “mafia de José María Aznar”, sino algo mucho mas real y preocupante. La primera prueba de indignidad es que cuando Zapatero anunció que había pedido explicaciones al gobierno venezolano, el propio Moratinos lo desmintió en un asombroso ejercicio de confusión, afirmando que solo había pedido información, algo que Chavez confirmó en su peor vertiente, diciendo que el gobierno español le había pedido disculpas. Y, desgraciadamente, eso es lo que parece haber ocurrido, como ratificó el ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Maduro. Posteriormente, Maduro y Moratinos han hecho público un comunicado afirmando que ambos países condenan el terrorismo, que es como decir que están de acuerdo en que por las mañanas hay que levantarse y vestirse. Un ministro como Moratinos, que firma ese comunicado ambiguo y ridículo que solo busca sacar a Venezuela del serio tropiezo diplomático en que se ha metido; desmiente a su jefe y no sabe defender la dignidad del país que representa en el exterior no tiene mas remedio que dimitir e irse a su casa para rumiar sus torpezas. Su sorpresiva decisión de aceptar al primer ministro de Gibraltar como tercer interlocutor en una reunión entre España y Gran Bretaña, contradiciendo así la secular posición española porque representa una implícita renuncia a la soberanía del Peñón y su obstinada defensa de Cuba ante la Unión Europea son baldones en su carrera, entre otros muchos, a los que se añade este último Y ahora, el Rey no tiene delante al lenguaraz Chavez para mandarlo callar. El que debe hacerlo es Zapatero y no lo ha hecho.

Si la semana de la vergüenza comenzó con las ofensas venezolanas, sumisamente encajadas por la diplomacia española, continuó con la actitud del PSOE ante el clamor que el pasado domingo sacudió a España en defensa del derecho a vivir de los no nacidos, condenados a muerte por la denigrante ley del aborto. Han sido cientos de miles los que desafiando la lluvia y el frío se manifestaron en muchas ciudades españolas en contra de una ley mayoritariamente rechazada por la opinión pública según todas las encuestas realizadas desde que la ministra Bibiana Aido la anunció. Pero tanto la ministra como sus colegas socialistas no solamente han hecho oídos sordos al clamor popular, sino que han reiterado tozudamente su decisión de que la ley es intocable y se cumplirá a rajatabla.

Comenzaron tratando de quitar importancia a la protesta, minimizando la participación ciudadana. En la manifestación de Madrid, en la que los organizadores afirman que asistieron 600.000 personas, el PSOE contraatacó con la estimación de una agencia fantasma, llamada Lynce, (el nombre, de por sí ya se las trae) contratada por la agencia EFE, )que depende de los presupuestos del Estado) que asegura sin ningún decoro que la asistencia fue de 9.746 personas. Así de exactos. La diferencia es tan grande y contrasta con las imágenes de televisión que mostraron la marea humana, que me viene a la memoria la anécdota de un centinela de un fuerte en el lejano Oeste americano que gritó: “¡Que vienen 3,002 indios!” El capitán, extrañado, le preguntó: “¿Y como sabes que son 3.002?” Y el centinela contestó: “Porque viene dos delante y unos tres mil detrás”. La respuesta del centinela se debió a una estrafalaria medición y a la influencia del miedo por lo que se les venía encima, pero la de la agencia contratada por los socialistas, que ha batido todos los records del disparate en los conteos, es sectarismo puro pagado por los contribuyentes. Que Leire Pajín hable de que la ley defiende los derechos de la mujer es un sarcasmo porque esos derechos conculcan otros mas sagrados como es el derecho a la vida de los no nacidos. Y la protesta de esas feministas de Barcelona con el lema escrito en sus torsos desnudos clamando por el derecho de la mujer a hacer lo que quiera con su cuerpo, es otra payasada. Aparte de que mas de una estará ahora curándose el catarro contraído por enseñar las domingas en la gélida mañana barcelonesa, bastantes de ellas, a juzgar por su aspecto en las fotografías no abortarán nunca porque sus tendencias van por otro lado.

Y, finalmente, José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido, por fin, que la judicatura haga público el hartazgo que los jueces sienten por la presión política y mediática a que están sometidos los que no son considerados de la causa socialista y ha salido en defensa del juez Baltasar Garzón que tiene abiertos tres procedimientos por prevaricación y cohecho en su contra. Por dos veces, en una conferencia de prensa y ante las cámaras de televisión, Zapatero elogió la “valencia” y la “honradez” con que Garzón ha luchado contra el terrorismo de ETA. Y esto es lo que ha motivado un inmediato comunicado de respuesta del Consejo General del Poder Judicial pidiendo que no haya interferencias políticas en la labor jurisdiccional de los jueces y reclamando respeto a la total independencia de los magistrados.

El afán socialista por conseguir el control de la judicatura es proverbial. Alfonso Guerra enterró a Montesquieu por segunda vez, en un intento de mostrar que el reparto de poderes entre el Legislativo, el Ejecutivo y la Justicia había pasado a mejor vida. Y desde entonces todos los esfuerzos son encaminados a politizar la judicatura. Realmente lo han conseguido, con esa tácita e incomprensible división -aceptada por todos los medios de comunicación- entre progresistas y conservadores. El juez Baltasar Garzón usa esa politización en su defensa contra las querellas que tiene pendientes, achancándolo todo al manido recurso de la conspiración. Según él, hay una conspiración contra su persona, cuando en realidad lo que hay son tres procedimientos legales en los que habrá de decidirse si Garzón ha cometido delito o no. En un Estado de Derecho la ley se aplica a todos. Por eso, es altamente significativa la defensa a ultranza del magistrado en apuros tanto del propio Zapatero como de sus corifeos y portavoces, que, sin embargo, no han dicho ni una palabra para defender al juez Eloy Valero al que Chávez y su ministro de Exteriores han llenado de insultos.

Es inadmisible que todo un presidente de gobierno tome partido en la instrucción de un proceso legal con el claro ánimo de influir en los magistrados que han de decidir si a Garzón se le suspende cautelarmente en sus funciones.. Con el código en la mano debe ser así y existe el precedente de que el Tribunal Supremo, que debe decidir la suspensión de Garzón, ya dictó sentencia en ese sentido hace algunos años contra el juez Ferrin Calamita por un delito de prevaricación de mucha menos importancia que los presuntos de Garzón. Esta asombrosa y rechazable intervención de Zapatero y el partido que le apoya, que ha provocado la inmediata reacción del CGPJ, ha de tener, forzosamente, una razón oculta. Y esa razón hay que buscarla en que de las tres causas que Garzón tiene pendientes, la mas grave de ellas es la actitud jurisdiccional del juez en la instrucción del “chivatazo” policial al propietario del bar Faisan, donde se fraguaba todo el entramado de las extorsiones etarras a empresarios. Se sabe ya mucho de este caso y están encausados altos cargos de la policía, pero falta por saber quien dio la órden a esos cargos para que avisaran al proetarra restaurador de que iba a ser detenido, por lo que consiguió escapar tras limpiar su bar de pruebas. Los altos cargos que podían haber dado esa orden o que dieron su consentimiento podrían ser tres, el número dos del ministerio del Interior, el ministro Rubalcaba y el propio Zapatero, que tenían buenas razones para no molestar a ETA cuando se encontraban inmersos en plena negociación con la banda asesina. La instrucción del “chivatazo” tuvo su apogeo cuando el juez Fernando Grande-Marlaska se hizo cargo del juzgado de Garzón durante las vacaciones pagadas de éste en Estados Unidos y precisamente entonces Grande-Marlaska –un juez con tanta “valentía” contra ETA como su colega- recibió una jugosa oferta para trabajar en Londres a fin de apartarlo del sumario que comenzaba a sacar los colores a políticos de altura. Cuando Garzón se reintegró a su puesto, metió el sumario en un cajón y ahí lleva durmiendo tres años.

Naturalmente, todo esto son conjeturas, pero es el rumor más extendido que hace el mismo ruido que el agua de los ríos desbordados en estos días de fuertes tormentas.

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