Ganar la guerra, perder la paz

"Alto el fuego" de ETA
Ganar la guerra, perder la paz
Ignacio Cosidó

Por mucho voluntarismo que se ponga en la lectura del último comunicado es difícil encontrar un mínimo reconocimiento de su derrota o un átomo de arrepentimiento

El último comunicado de ETA, en el que anuncia la suspensión de sus atentados, tiene un doble significado. Por un lado, es una prueba más de que el Estado de Derecho puede ganar su guerra al terror. Pero el comunicado significa también que la democracia puede terminar perdiendo la paz con los terroristas. No sería justo, ni digno, ni razonable que después de haber vencido a ETA en el campo de batalla, al coste de tanta sangre inocente derramada y de tanto sufrimiento, nos rindiéramos ahora ante ella en una mesa de negociación. Los terroristas pueden y deben ser derrotados y ningún comunicado, ninguna tregua, ni ningún anhelo de paz, por legítimo que sea, debería apartarnos ya del camino de la victoria.

El "alto el fuego permanente" decretado por ETA es en alguna medida una última victoria de Aznar sobre los terroristas. La extrema debilidad que la política antiterrorista de los gobiernos del PP provocó en la banda asesina es la razón principal, como reconoce el propio Gobierno socialista, que ha llevado a los terroristas a intentar arrancarnos en una mesa de negociación lo que ya no podrían lograr a base de bombas y asesinatos. Ahora, la gran responsabilidad de Rodriguez Zapatero, pero también de todos nosotros, es no transformar esa victoria del Estado de Derecho en una derrota de la democracia española.

Ya antes del anuncio de tregua, Rodriguez Zapatero se apropiaba y alardeaba impúdicamente de los tres años sin victimas mortales por parte de ETA. Lo cierto es que la mayor parte de ese éxito se debe al daño que la eficaz política antiterrorista liderada por Aznar infligió a la "estructura operativa" y, aún en mayor medida, al "aparato logístico" de la banda terrorista. Hay evidencias probadas de que en los años 2003 y 2004 ETA intentó matar, pero no pudo. Que en ese periodo no hubiera atentados no es mérito de la predisposición de Zapatero a entablar un diálogo con los asesinos, sino de la eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado, de un Poder Judicial implacable en la aplicación de la ley, de una cooperación internacional que se comprometió a fondo en la derrota del terror y, sobre todo, de una determinación política y social para vencer al terrorismo que lideró de forma contundente José María Aznar.

No es menos cierto que a partir del verano de 2004 ETA empieza a hacer de esa debilidad virtud, gracias a la aparente predisposición de Rodriguez Zapatero de hacer concesiones a los terroristas. A partir de esa fecha se han producido, es cada vez más evidente, conversaciones entre miembros de Batasuna, en nombre de ETA, y miembros del Partido Socialista en el País Vasco, en nombre de Zapatero, que han desembocado en el comunicado de "alto el fuego permanente" anunciado por ETA el pasado miércoles. Ha sido un diálogo no sólo secreto, sino sistemáticamente ocultado a la opinión pública y a la oposición política.

Pero ha habido algo más que diálogo en todo este tiempo. Han existido "gestos" por parte del Gobierno que en realidad no son más que concesiones evidentes para lograr arrancar una tregua que diera cobertura al proceso ya en marcha. La lista es larga, pero estos pagos anticipados han ido desde una invitación formal a los terroristas por parte del Congreso de los Diputados para iniciar el diálogo, hasta diversas actuaciones del fiscal general del Estado tendentes a moderar los efectos penales de sus crímenes, pasando por una política de tolerancia respecto a la creciente presencia de una organización terrorista como Batasuna en la vida pública. Frente a ello, ETA respondió intensificando su campaña de atentados, de extorsión y de terrorismo callejero para tratar de demostrar una fortaleza en parte reconstruida, pero que tiene en realidad mucho de apariencia.

El "alto el fuego permanente" declarado ahora por ETA, en un comunicado que manipula el lenguaje hasta límites que deberían resultar repugnantes para cualquier demócrata, resulta no sólo insuficiente, sino muy poco creíble a la luz de las tristes experiencias del pasado. Es insuficiente porque lo único que los demócratas podemos esperar de ETA es el anuncio de su disolución y una petición de perdón a sus victimas por todo el daño causado. Por mucho voluntarismo que se ponga en la lectura del último comunicado es difícil encontrar un mínimo reconocimiento de su derrota o un átomo de arrepentimiento. Es además poco creíble porque hasta un optimista antropológico como Rodriguez Zapatero no cesa de pedir cautela, calma y prudencia.
A pesar de que el presidente del Gobierno enfatiza que no pagará precio político por la paz, mi percepción es que se ha pagado ya un precio excesivo por arrancar una declaración que no supone el fin de ETA, sino tan sólo compromete un cese de los atentados. Hacer de esa declaración la justificación para iniciar una negociación formal con los terroristas constituiría un grave error y una enorme irresponsabilidad.

La reacción del Gobierno tras el comunicado no ha sido además nada alentadora. El presidente ha mostrado ya una total predisposición a negociar no se sabe muy bien qué con los terroristas. Lo ha anunciado sin esperar siquiera a informar y reunirse con el líder de la oposición. Por su parte, el fiscal general del Estado ha hecho unas inaceptables declaraciones comprometiendo la independencia del Poder Judicial. Mientras, desde medios próximos al Gobierno se ha urdido una burda maniobra para tratar de involucrar a la Casa Real en el proceso. Sinceramente, no son buenos augurios.

Pero lo más preocupante sería la aceptación por el Gobierno del método de las dos mesas sugerido en Anoeta por Otegui. Aunque el pago político a los terroristas se transfiera a una mesa en la que ETA se limite a estar representada por Batasuna, y aunque se difiera algo ese pago en el tiempo, la aceptación por el Estado de las demandas formuladas por los terroristas a través de esa segunda mesa no dejaría de ser pagar un precio político por la paz. En ese supuesto, Rodriguez Zapatero habría transformado la victoria del Estado de Derecho sobre ETA, a la que él mismo contribuyó con el Pacto por las Libertades, en una derrota de España y de la democracia ante el terror. Mariano Rajoy, el Partido Popular y el conjunto de la sociedad española tenemos ahora la inmensa responsabilidad histórica de que eso no ocurra.


Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

http://www.libertaddigital.com/opiniones/opi_desa_30532.html