Pio Moa, El lenguaje perverso / La tercera reforma (y II)

7 de Julio de 2010 - 07:50:20 - Pío Moa

****Mientras se acepte que a la colaboración con la ETA se la llame “negociación” o “diálogo”, la batalla estará perdida. Otro tanto mientras se hable de “soberanismo” o de “independentismo”. Soberanía e independencia son, como negociación o diálogo, palabras cargadas de sentimientos positivos, que aquí encubren la abyección. Los vascos y los catalanes son soberanos e independientes en tanto que partes del pueblo español. Lo que se intenta no es la independencia, sino la secesión bajo regímenes antidemocráticos. Se trata de separatismo. Mientras no se rompa con esa perversión del lenguaje, los enemigos de España tendrán ganada la batalla de la propaganda, que es hoy por hoy la fundamental.

****Una cosa es que la transición, sobre todo a partir del referéndum del 76, se hiciera mal, incluso muy mal, y otra cosa es que hubiera alternativa al cambio democrático. El régimen franquista, como tal, no podía continuar, y la mejor prueba es que dentro de él, una vez muerto Franco, las “familias” del régimen se iban cada una por su lado, e incluso dentro de cada una había facciones irreconciliables. Lo que debía mantenerse absolutamente era la legitimidad del franquismo como origen de la nueva legitimidad democrática, pues la democracia provenía, y solo podía provenir, del franquismo, y de ningún modo del Frente Popular o de una oposición antifranquista de tendencia totalitaria y que no había aprendido nada de la historia. Renunciar a esa legitimidad y sustituirla por un vacío histórico que aprovecharían la izquierda demagógica y los separatistas, fue sin duda el mayor pecado, por no decir delito, de Suárez.

****Blog: “Asistieron al Pacto de San Sebastián los mismos del Ateneo, salvo Giral, más tres nacionalistas catalanes, Manuel Carrasco Formiguera, Jaime Ayguadé y Matías Mallol, cada uno en representación de un pequeño grupo; un nacionalista gallego, Santiago Casares Quiroga; y a título de invitados personales, Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo, y Felipe Sánchez Román, catedrático de Derecho y jurista conocido. Gregorio Marañón envió una carta de efusiva adhesión. Prieto estuvo sin representación de su partido, que no acababa de fiarse de la conspiración; en las mismas condiciones asistió, según Maura, otro líder socialista, Fernando de los Ríos. Lerroux y Azaña iban en representación de la Alianza Republicana y no de sus respectivos partidos. No hubo presencia de nacionalistas vascos ni de anarquistas. Las organizaciones representadas, salvo la de Lerroux, seguían siendo poco más que tertulias" (Los personajes de la república vistos por ellos mismos, p. 135)

La omisión de Fernando de los Ríos que hago en otros textos, aunque inadecuada, responde a la irrelevancia política de su presencia, habiendo sido Prieto quien, con diversas maniobras, consiguió arrastrar al PSOE al pronunciamiento militar y, por tanto, al Pacto de San Sebastián, venciendo la oposición de Largo Caballero. Besteiro seguía estando tan en contra que saboteó la huelga general prevista en Madrid para secundar el golpe militar.

**Los comentarios demasiado bobos, con tesis arbitrarias o mentiras gratuitas serán borrados. A veces proceden de gente con mala fe, a veces de memos que se creen inteligentísimos con sus conspiranoias, pero en todo caso rebajan el nivel de la discusión y la conducen a las manías de los lunáticos Parece que por error ha sido borrado también uno de Pedromar

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La tercera reforma

El triunfalismo de Suárez se manifestó entonces. Torcuato, cada vez más marginado en la presidencia de unas Cortes que ya habían cumplido su tarea, ni siquiera recibía mucha información del jefe del gobierno. El hombre “disponible” había dejado de serlo. Tenía una persona de confianza en Carmen Díez de Rivera, relacionada con el rey, a quien nombró jefe de su Gabinete Técnico, mujer atractiva e interesante, de un izquierdismo frívolo y pretencioso o progresista. Más tarde se sabría su pertenencia al partido socialista de Tierno Galván, y terminaría en el PSOE. Fuera por encargo o por propia iniciativa, Carmen se había reunido con Carrillo, a quien describió ante Suárez como “hombre encantador, inteligente, deseoso de colaborar en el proceso democrático y de tener una entrevista con él (con Suárez)”. Extrañamente, Carrillo, muy cortejado por políticos y prensa, cobraba aureola de persona casi fascinante, incluso en círculos de derecha.



Fuera por estas confidencias o por decisión previa, Suárez se reunió en secreto con Carrillo el 27 de febrero, en el chalé del periodista José Mario Armero, que mediaba entre los dos. Ni a Torcuato ni al vicepresidente, Alfonso Osorio, les pareció bien el encuentro, pero al rey sí. La reunión fue distendida, con afabilidad mutua. Carrillo reafirmó que su partido respetaría la monarquía (elogió al rey), la bandera, el sistema económico y la unidad de España, y que no era temible, pues no pasarían del 10% de los votos en las elecciones. Por otra parte argumentó que tenía fuerza suficiente para boicotear las elecciones y privar de credibilidad a la reforma si no era legalizado, y que no estaba dispuesto a que otros partidos (el PSOE, evidentemente) aprovecharan la ilegalidad del PCE para hacerse con los votos comunistas.



Como quedó dicho, la legalización del PCE no era el problema, pues estaba más o menos decidida desde tiempo atrás. El problema era cuándo, y esto no quedó del todo acordado, pero Carrillo salió con la impresión de haber convencido a su interlocutor. Suárez debió de considerar la legalización antes de las elecciones como una nueva baza que reforzaría su prestigio personal, aunque no careciera de ciertos peligros, y resolvió prepararla sin informar a nadie, salvo al rey y algunos ministros de confianza.



El primer fruto de la entrevista fue, solo una semana después, la celebración en Madrid de una “cumbre eurocomunista”, con Carrillo y los jefes de los PC italiano, Enrico Berlinguer y francés, Georges Marchais. Berlinguer aceptaba la OTAN, había marcado distancias con Moscú y quería arbitrar entre las facciones del movimiento comunista internacional, adoptando una actitud comprensiva hacia China y Yugoslavia. En Italia proponía el “compromiso histórico” con la democracia cristiana, para llegar a un gobierno de coalición que afrontase la crisis económica y el terrorismo de izquierda y de derecha. Marchais seguía una política más oscura y brusca, pero, como el italiano, entendía que su partido había alcanzado un tope de influencia electoral, con tendencia a decrecer, y que debía atenuar diversos dogmatismos.



La reunión de Madrid oficializaba la nueva vía “eurocomunista”, que aceptaba las elecciones, el pluralismo político y el capitalismo (al menos por un largo período), y se alejaba algo de Moscú. Berlinguer, Marchais y Carrillo, tenían formación stalinista, totalitaria, y dirigían partidos diseñados según tales normas, para derrocar el sistema burgués combinando el uso de libertades y elecciones con las armas y la insurrección, llegado el caso. Sin embargo, la práctica les había llevado a entrar más y más en el juego burgués, aun si siempre con otras intenciones si había ocasión. El año anterior, el PCI había alcanzado su máxima votación histórica, 33,3%, aunque no haría sino bajar en los años siguientes. El PCF ya sufría el descenso, situándose en torno al 15%.



El eurocomunismo era un intento de combinar las viejas tesis revolucionarias con un realismo electoralista, renunciando, al menos en apariencia, a la “dictadura del proletariado”, uno de los puntos más distintivos de los partidos comunistas. Carrillo escribió el ensayo Eurocomunismo y Estado, tratando de dar fundamento teórico a la nueva línea con una argumentación confusa. Se trataba de una combinación contradictoria y que se demostraría pronto inviable, agravando la decadencia de tales partidos. Mas, por el momento, casi nadie analizaba el fenómeno, o solo muy superficialmente, y la cumbre eurocomunista recibió la máxima atención mediática y todo tipo de comentarios, en su mayoría favorables. Se vio la reunión como un anuncio de la pronta legalización del PCE.



No obstante, persistían obstáculos legales a tal legalización, aunque solventables sin mucha dificultad una vez del PCE presentó unos estatutos conforme a las exigencias del gobierno. Y había obstáculos políticos, porque la desconfianza hacia las maniobras comunistas no desaparecía, y porque el aplazamiento de la legalización para después de las elecciones era bien vista por Washington y por la socialdemocracia alemana. Y se suponía que los altos cargos militares estaban en contra, máxime cuando Suárez les había prometido, con muy probable sinceridad en aquel momento, que tal legalización no se produciría. Los riesgos eran difíciles de valorar, y la medida quedó en suspenso.



La convocatoria a las primeras elecciones, para el 15 de junio, salió a mediados de marzo. Para entonces había una multitud de partidos, pero de ellos solo parecían tener peso Alianza Popular, el PSOE y, si se legalizaba, el PCE, aparte de algunos regionales en Cataluña y Vascongadas. Suárez, sin embargo, estaba resuelto a mantenerse en el poder, por lo que marginaba a Torcuato y rechazaba a Alianza Popular, ya que las personalidades de sus líderes, en especial Fraga, podían hacerle sombra. Además juzgó que debía separarse lo más posible de la imagen franquista, dejándosela a AP, para construirse él la imagen sorprendente de demócrata de toda la vida. De ahí que resolviera crear un nuevo partido que no pareciese de derecha, sino “de centro”. Se sentía muy seguro después de sus éxitos, se sabía respaldado por el rey, que en esos momentos estaba también en el apogeo de su popularidad, y gran parte de la opinión pública identificaba a uno con el otro. Con tan cuantioso capital político se dispuso a arrancar votos a la derecha de Fraga, como el PSOE lo intentaba con el PCE.



Suárez construyó el nuevo partido, que se llamaría Unión de Centro Democrático (UCD), apoyándose en el Partido Popular (distinto del que años después recogería el nombre) de Areilza y de Pío Cabanillas, formado por políticos procedentes del grupo Tácito y otros sectores democristianos, siempre perfectamente tolerados por la dictadura. El problema, como con AP, era la presencia de Areilza, un peso pesado que podía hacerle sombra. Resolvió la cuestión el vicepresidente Alfonso Osorio, hombre clave de los tácitos, que puso al partido ante el dilema, advirtiendo que Suárez tenía muchas más posibilidades de sacar votos, y por tanto puestos de poder; y así los jefes democristianos defenestraron sin pestañear a Areilza, que hubo de retirarse, muy poco contento, de la vida política. Pío Cabanillas estorbaba mucho menos.



En torno al Partido Popular, núcleo de UCD, se agruparon o confederaron catorce grupos más, socialdemócratas, liberales, más democristianos y regionales. Fueron rechazados, como grupo, los del sector azul, el del propio Suárez, de origen más o menos falangista, porque, aunque ese origen estaba ya olvidado por casi todos, se trataba de cambiar “de imagen” e identificar a otros (AP) con el pasado.



El partido se formaba muy a última hora, y esa tardanza, fuente de debilidad, la explicaría Suárez a su colaborador J. M. Otero Novas como un modo de facilitar al PSOE organizarse y conseguir diputados. También procuró que los bancos otorgaran al PSOE los créditos que este precisaba, según Leopoldo Calvo Sotelo.



La UCD se agrupaba en torno a las expectativas ofrecidas por el prestigio de Suárez, que desde el poder controlaba la televisión y del aparato de gobernadores civiles, alcaldes, etc., procedentes del Movimiento. Pero esas ventajas tenían el coste de convertirlo en un partido ideológicamente difuso.



El gobierno también abordó por aquellos meses la liquidación de los aparatos franquistas, en primer lugar el sindicato vertical, previa modificación, por decreto ley, de la legislación al respecto, quedando virtualmente desmantelado por las Cortes a finales de marzo, mientras se abría paso a la legalización de las centrales sindicales comunista (CCOO), socialista (UGT), anarquista (CNT) y otras. Otro decreto ley disolvía el Movimiento, hecho que se produjo el 1 de abril, conmemoración de la victoria de los nacionales en la guerra. La fecha debió de ser elegida adrede, para dar imagen no ya de diferencia, sino de oposición al pasado. No obstante, la orden atribuía al Movimiento “señalados servicios prestados al Estado durante un dilatado período”. El Tribunal de Orden Público había sido abolido ya en enero.



El 4 de abril comenzaba la fusión de un partido socialista catalán (Partit Socialista de Catalunya-Congrès) y el PSOE, conformándose el PSC-PSOE. El socialismo siempre había tenido poca fuerza en Cataluña, donde en la izquierda había predominado la CNT y después los comunistas (PSUC). Pero ahora iba a ser diferente, aun si la CNT parecía estar renaciendo con fuerza. La cúpula de la filial socialista catalana tenía densa impronta nacionalista, por haberla infiltrado los nacionalistas desde el principio.



Quedaba pendiente, para las elecciones, la decisión sobre el PCE. Y el 9 de abril, hacia el fin de la Semana Santa, un Suárez muy seguro de su buena suerte sorprendía con un verdadero golpe de mano a la población en general, a la mayoría de sus propios ministros, a los militares y al propio Carrillo, decretando la legalización del Partido Comunista. La reacción más temida era la de los militares, que se sentían engañados por la promesa anterior de Suárez y por el modo de realizar el acto, que juzgaban, y no solo ellos, muy impropio políticamente. Fraga, exagerando, lo calificó de golpe de estado. Pero volvió a quedar claro que la mayoría de los militares prefería no inmiscuirse en las decisiones políticas: solo dimitió el almirante Pita da Veiga, ministro de Marina. El Consejo Superior del Ejército, expresaba en un comunicado “cierta repulsa” por la legalización del PCE, no obstante lo cual, “ante el hecho consumado (…) por patriotismo y considerándolo como un deber de servicio a la Patria, lo aceptan”. Diversas historias califican de “durísimo” el comunicado. Dureza muy discutible. El temor al ejército durante este período era infundado, pues casi todo él aceptó la reforma y evitó politizarse: en las salas de banderas solo causó inquietud el desorden, a veces grave, que acompañaba a la reforma. Con todo, aquel temor jugó un papel, moderando radicalismos y exigencias de la oposición que podrían haberse hecho peligrosas.



En cierto modo, Suárez transfirió su disponibilidad a la oposición. Ante sus derroches de simpatía, la izquierda volvió a adoptar posturas arrogantes, exigiendo, por ejemplo, que los miembros del ejecutivo fueran declarados inelegibles para los próximos comicios, arguyendo que se trataba de un gobierno no democrático. Es decir, los mismos que habían hecho la reforma no podrían concurrir a las elecciones. La iniciativa partió de Francisco Fernández Ordóñez, que, habiendo sido hombre de confianza del franquismo con cargos de muy alto nivel, se había vuelto oportunamente muy antifranquista y muy escrupuloso demócrata –caso no excepcional--. Se le recordó que a los miembros del gobierno provisional de la república, no elegido democráticamente, nadie les impidió presentarse a las elecciones. Felipe González adoptó la idea como un modo de achacar a la reforma un origen presuntamente espurio. Suárez, obsequioso, cedió, con una sola y arbitraria exclusión: él mismo. Los demás ministros y altos cargos debían dimitir antes de volverse elegibles. Desde un punto de vista puramente práctico parecía una cesión irrelevante, y varios ministros la apoyaron; pero con un criterio político general y simbólico, minaba la legitimidad del proceso. Aún resultó más grotesco que varios ministros, conformes con la cesión en nombre de un supuesto democratismo, entraran poco después en el Senado nombrados por Juan Carlos, y no por elección.



Entre tanto, el terrorismo continuaba. Entre mediados de marzo y mediados de junio, la ETA asesinaba a cuatro personas más, y dos el GRAPO. Y apareció un nuevo grupo terrorista: el empresario José María Bultó fue asesinado el 9 de mayo por un autonombrado Exèrcit Popular Català, adosándole un explosivo al cuerpo.

Otro hecho importante fue, el 14 de mayo, la renuncia oficial de Don Juan a sus derechos, en una sencilla ceremonia, reconociendo a Juan Carlos la jefatura de la Casa Real y la plena legitimidad de su carácter regio desde ese punto de vista, quedándose él con su título principal de Conde de Barcelona. Algunos de sus partidarios insisten en llamarle rey con el nombre de Juan III, pero de verdad nunca lo fue, y en ese momento se cerró el ciclo abierto con la sucesión de 1969.

Dos semanas antes de las elecciones, Torcuato Fernández-Miranda dimitía la presidencia de las Cortes. Poco después de muerto Franco, le había dicho al rey: “Podéis designarme para presidente del Gobierno, para presidente de las Cortes o nada”. Juan Carlos le había contestado: “Creo que ahora tu puesto, donde mejor me puedes servir, es en P. Cortes, más adelante quizá tenga que pensar en ti para P. Gobierno”. Torcuato: “Donde V. M. quiera pero si me nombra P.C. será irreversible, ya no podré ser P. G.”. Juan Carlos no lo había visto del mismo modo. A su vez, Suárez, que había dirigido el gobierno según el guión de Torcuato, se atribuía ya todas las medallas, dejando a su mentor el único mérito de haber influido para hacerle ministro con Arias y diseñado “la estrategia que (…) a través de la terna propuesta por el Consejo del Reino, me condujo a la Presidencia”. El servicio de Torcuato se limitaba, pues, a haber facilitado la carrera política de Suárez. La reforma la habría hecho Suárez independientemente, sopesando diversas propuestas y decidiéndose por “un tercer camino”. Los hijos de Torcuato observarán: “Años más tarde, Adolfo Suárez explicó (…) ‘Ante los españoles se exhibían planteamientos de antítesis y yo opté por la síntesis, sin inclinarme por ninguna de las alternativas propuestas. Entendía, y creo que con acierto, que el camino elegido sería al final aceptado por todos’. Nos parece un testimonio autocomplaciente en exceso y escasamente justo, es decir, no ajustado a la verdad”. Se trataba de una tergiversación de la historia, una más. Torcuato no solo había diseñado la reforma, sino también asumido la labor más difícil desde las Cortes, la de convencer a la clase política franquista, pues la oposición antifranquista había sido ya domeñada en lo esencial por Fraga.

Sobre las causas de la dimisión de Torcuato se ha especulado mucho. Quizá lo hizo por considerar cumplida su misión y como último servicio a la corona, para no comprometer a esta con un nombramiento no procedente de elecciones; o acaso abandonó despechado por haber perdido su pulso con Suárez. El hecho de dimitir antes de cumplir su mandato indica por lo menos disgusto, indica Ch. Powell. Ciertamente Suárez aprovechó el trabajo de Torcuato fuera de los focos y, con cierta rudeza, procuró despojarle del mayor mérito. Seguramente, tampoco esperaba el dimisionario que su descenso político fuera a acelerarse, como lo haría, empujado por un Suárez “más dado al mando que al servicio”. El rey, agradecido a sus trabajos, le hizo duque, le otorgó la exclusiva orden del Toisón de Oro y le nombró luego senador real.

Motivo permanente de preocupación, por su posible influencia en las elecciones, era la situación en Vizcaya y Guipúzcoa, donde se sucedían huelgas y manifestaciones para imponer la amnistía, con muertos ocasionales. Tratando de calmar la agitación, en enero el gobierno había reconocido como “vasca” la ikurriña (bandera) creada por Sabino Arana. Fraga criticó: “Tal decisión, sin compromisos claros de los nacionalistas, solo fue interpretada como un signo de debilidad con efectos muy serios en los radicales y sobre todo en los indecisos. Inmediatamente se produjeron movilizaciones”. Nuevas concesiones, no vistas como tales por los nacionalistas, fueron la restauración de las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa, y la promesa de libertad para etarras con delitos de sangre, que no frenó la agitación, con nuevos muertos. En mayo, el gobierno negoció una tregua con la rama poli-mili de la ETA, a cambio de dejar salir de España a 20 terroristas presos. Por el contrario, la rama mili secuestró pocos días antes de la fecha electoral al empresario Javier Ybarra, exigiendo por él mil millones de pesetas. De un modo u otro, la ETA, criada y alimentada por casi toda la oposición y otras fuerzas, iba convirtiéndose en un poder político, condicionante del proceso.

También con vistas a asegurar los comicios, Suárez se había ocupado de asegurarse el apoyo exterior de instituciones europeas, de Alemania y del Vaticano, que adoptaron cierto aire protector sobre la reforma hispana. Con la excepción de la agitación nacionalista y pro terrorista en las Vascongadas, el camino a las elecciones estaba allanado.

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