El efecto llamada

martes 22 de agosto de 2006
Mundo adelante
El efecto llamada
Francisco Cabrillo

De los muertos en las embarcaciones que traen personas desesperadas a nuestro país son en buena medida responsables quienes diseñaron y aplicaron en su día el programa de regularización.


No es elegante decir a alguien que acaba de meter la pata de una forma llamativa aquello de: "ya te lo había avisado". Pero la verdad es que hay que hacer un gran esfuerzo para contenerse y no echarle al gobierno en cara que lo que está pasando con la inmigración ilegal en España era fácilmente previsible desde que decidió llevar a cabo un proceso irresponsable de regularización de la situación de inmigrantes sin papeles.
Desde el primer momento, la Unión Europea mostró su disconformidad con una regularización masiva y prácticamente sin control. Luego las cosas fueron aún peor de lo previsto inicialmente, porque cualquier documento, incluso aquellos que eran reflejo de una conducta ilícita por parte del inmigrante ilegal, fueron considerados como instrumentos legales que aquél podía utilizar en su propio beneficio. El hecho de que, por ejemplo, las órdenes de expulsión llegaran a ser aceptadas para legalizar la situación de la persona en cuestión, porque demostraban que el interesado realmente estaba ya en España en aquel momento, supone una burla tal de la ley que no es sorprendente que nadie con pretensiones de quedarse en el país tome nuestras normas legales en serio.
El objetivo declarado de la legalización masiva era dar una solución a los cientos de miles de personas que vivían en nuestro país en situación irregular. A este punto se había llegado como consecuencia de una política que nunca funcionó, basada en la posibilidad de entrar en España de forma legal, con el correspondiente contrato de trabajo. El número de tales contratos era reducido; muy inferior a lo que las necesidades de mano de obra de la economía española requerían. Pero esto era lo de menos, ya que parte de las cuotas oficiales de entrada quedaban vacantes. Y, al mismo tiempo, cientos de miles de personas llegaban al país a trabajar al margen de los procedimientos legales. El sistema, en pocas palabras, no servía y los inmigrantes y las empresas encontraron una salida al margen de la ley.
El resultado fue una enorme cantidad de inmigrantes –más de un millón, seguramente– en situación ilegal, sin los cuales no se explica, por cierto, el auge de la economía española en los últimos años. El gobierno tenía razón en pensar que alguna solución tenía que buscar. Pero lo hizo con una gran torpeza. Es cierto que arregló la situación de varios cientos de miles de personas. Pero lo hizo de forma tal que, al poco tiempo, España se llenó otra vez de ilegales. Y hoy su número es, seguramente, mayor aún que cuando se inició el proceso de regularización.Como era esperable, se produjo un efecto llamada de gran intensidad. Pronto se supo que había un país llamado España en el que era muy fácil conseguir la residencia, aunque se partiera de una situación ilegal. Con el tiempo –se advirtió– todo se arreglará. Lo importante es entrar ahora y quedarse. Si hasta una orden de expulsión sirve para legalizarse, sólo hay que tener un poco de paciencia y esperar al próximo proceso.No es extraño, por tanto, que el flujo de ilegales aumente continuamente; y que por Canarias, por Gerona o por otros muchos puntos, que probablemente aún no conocemos, estén entrando cientos o miles de inmigrantes ilegales cada día. Cuando las cosas se hacen mal, lo normal es que salgan mal. Y de los problemas por los que están pasando algunas regiones españolas, de los muertos en las embarcaciones que traen personas desesperadas a nuestro país son en buena medida responsables quienes diseñaron y aplicaron en su día el programa de regularización. No sé si éste se llevó a cabo por intereses partidistas o si realmente se actuó de buena fe, pensando en hacer lo más conveniente para el país. Pero de ser cierto esto último, la buena intención no serviría en ningún caso de excusa a la torpeza.

Gentileza de LD