Ladron de Guevara, La batalla de la tiza

viernes 23 de septiembre de 2011

La batalla de la tiza

Ernesto Ladrón de Guevara

P OCA gente habrá con más ganas de que pierda el PSOE las próximas elecciones que este humilde articulista. Por tanto, mi crítica a Esperanza Aguirre, que, por otra parte es una política auténtica, con personalidad propia y de estirpe, es puntual y exclusivamente referida al asunto de este artículo.

Últimamente, cada vez que abre la boca doña Esperanza sobre el tema educativo es para meter la pata, para azuzar aún más la movilización que los docentes están desarrollando contra su política. Echo en falta análisis equilibrados y justos en todos los protagonistas que pululan en torno a esta compleja temática.

Veamos:
Estamos ahora en el mismo debate de siempre, enfrentando a la rama pública de la enseñanza con la privada concertada, que al ser sostenida con fondos públicos también lo es, en parte. Ambas son necesarias.

Se dice que la enseñanza concertada es más barata y tiene mejores resultados. Cuestión que encierra una verdad objetiva –ratio alumnos/coste económico- pero la otra razón de la efectividad es una trampa retórica saducea. Los mejores resultados provienen, sin duda de ningún género, del tipo de alumnos que acoge esa red privada. Al menos en mi comunidad autónoma –la vasca- se aplica un cedazo distinto a la hora de seleccionar las inscripciones de alumnos en la privada que en la pública. Puedo dar fe y testimonio de ello, de primera mano, pues fui Delegado territorial del área en Álava, y aún conservo documentos de la batalla que se desencadenó contra mí por el empeño en igualar el alumnado que iba a una u otra red, ya que las normas de admisión eran y siguen siendo las mismas para ambas. Yo no podía entender por qué ciertos centros se permitían seleccionar con más o menos disimulo a los alumnos, saltándose los criterios de admisión de obligado cumplimiento. Cuando enviaba a la Inspección a cerciorarse sobre este extremo venía el representante del colectivo de centros privados a comunicarme el mensaje de que ellos tenían derecho a hacer lo que les diera en gana, pues los centros eran suyos. Cuando le contestaba que al firmar un concierto se obligaban a cumplir las normas, silbaba al aire. Apoyo por parte de mis superiores, ni uno.

Acabo de jubilarme de mi actividad profesoral y puedo dar testimonio de otra cuestión a mi entender sangrante. He trabajado en un Instituto donde el porcentaje de alumnos inmigrantes, con escaso arraigo y extracto socio-cultural en el gradiente inferior, reconocido en documentos públicos, ronda el 80 % del alumnado del Centro. Sin embargo otros centros educativos de titularidad privada, dependientes de la financiación pública, que escasamente distan dos o tres centenares de metros, es decir, que en teoría abarcan la misma zona, apenas tienen alguno. Son privados. También este extremo está documentado en la hemeroteca.

No me voy a referir a la extensa problemática que encierra el tener casi en exclusiva determinado tipo de alumnos, con carencias de todo tipo, que llegan al aula sin desayunar, que sus padres y madres apenas pueden sacar tiempo para atenderles por estar pluriempleados en la economía sumergida, o que no les atienden simplemente porque sus motivaciones no están enfocadas hacia ellos sino a otras cuestiones más baladíes. Con factores de exclusión y de riesgo a veces alarmantes. Todo el mundo que sabe lo que es un aula conoce que la ratios de alumnos en el caso de un centro concertado con grupos normalizados de alumnos no pueden ser –por simple razón de operatividad didáctica- iguales que en centros con especial dificultad.

Evidentemente, en estos casos, los primeros que incumplen las normas son los administradores del asunto, pues la legislación educativa tiene en letra y espíritu el precepto de la integración de los alumnos y prohibida expresamente la exclusión de ningún tipo. El segregar, por la dinámica propia de las cosas o por intención, es todo menos educativo. Aunque bien es cierto que es la propia sociedad la que excluye en unos casos, o agrega, en otros, por simple tendencia gregaria.

Porque hay mucha hipocresía. En la ciudad donde vivo todo el mundo es solidario de boquilla, pero pocos quieren tener a determinados alumnos o grupos étnicos al lado, ni en el vecindario ni en la escuela.

Esa misma sociedad no puede acusar a la red pública de ser más cara, salvo rizando el rizo de la hipocresía. Esos alumnos necesitan más profesorado y medios para la compensación de desigualdades, simplemente porque requieren más atención individualizada. El debate sobre la inmigración sería cuestión de otro costal.

El profesorado gana mucho, dicen.

Aún resuena el famoso eslogan de “ganas menos que un maestro de escuela”. ¿En qué quedamos?

No es de extrañar que los resultados del sistema educativo vayan a peor. Con esta estima hacia los educadores, y esta baja valoración de los mismos, la motivación del profesorado no puede ser buena. Y por otra parte se dice que el profesorado trabaja poco. Y como toda generalización es una gran injusticia manifestarlo. Reto a quien quiera a un debate sobre el abanico de actividades y tareas que desarrolla normalmente un docente a lo largo de su jornada laboral. Pensar que dar clase es la única función de un profesor es un desconocimiento que descalifica a quien emite opiniones.

Yo he visto de todo: gente muy poco implicada en su trabajo, con poca formación, sin interés por los alumnos... y personas con una alta vocación, entusiasmada con su trabajo, que no falta ni un día de clase aunque acuda con una afonía que les imposibilitara la comunicación oral con los alumnos. Les aseguro que hay profesores muy valiosos, a veces desmoralizados porque su batalla a favor de los alumnos no se ve reconocida sino impedida en parte y perjudicada en su imagen corporativa y el mal ejemplo de ese otro profesorado. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones. Procede acusar a la administración de no ejercer sus competencias y no apartar a los garbanzos negros, que, como en todo colectivo existen.

Hay que responsabilizar a la clase política por tener una legislación y una organización administrativa y de gestión tan catastrófica, que imposibilita el buen funcionamiento de los centros y la excelencia educativa. El sistema educativo es sencillamente demencial, con la actual estructura.

Primero porque el sistema está excesivamente ideologizado. Yo siempre he afirmado que un centro educativo es un lugar donde se da ejemplo a los alumnos de lo que han de ser como personas, donde hay que entusiasmar por el conocimiento y enseñar a convivir y a estar cívicamente en sociedad. No es un lugar de propaganda política, y, en demasiados casos, el profesorado ha sido más comisario político que pedagogo al servicio de una función.

En segundo lugar porque la organización y el modelo de gestión de los centros no facilita la excelencia ni la eficacia en la labor educativa. En ninguna organización de servicios se elige a los gestores democráticamente. Se hace en razón a la capacidad y méritos, y a la formación específica para la función. En España, para ser la excepción mundial, se realiza a través de urnas. Y la proclamada autonomía pedagógica de los centros es más nominal que efectiva. La burocracia lo ahoga todo. En definitiva, un fracaso sin que nadie haya movido un dedo para corregirlo.

En tercer lugar porque el índice de movilidad del profesorado en los centros es exagerado. Nadie puede conservar un estilo pedagógico, un clima docente, o un proyecto educativo sobre la base de plantillas con un 40 % de provisionalidad (interinos)

En cuarto lugar porque los poderes públicos –sobre todo en las autonomías con lengua propia y nacionalismos- ven la educación no como un servicio público dirigido al indivíduo sino como un instrumento de socialización política, y así nos va como va. (Ver resultados del Informe Pisa).

No me voy a referir, aunque sea un tema sustancial, a la necesidad del pacto educativo para estabilizar el sistema ni a la urgencia, tantas veces manifestada, de reformar la legislación marco para mejorar los egresos educativos y buscar la excelencia. Tema para un libro que desborda los límites de este artículo.

No voy a defender la posición de los sindicatos, que me parece simplemente penosa (por cierto mi carné sindical data de 1978) ni a la de los profesores huelguistas que está sospechosamente politizada –una vez más-. Ni a la posición de ciertos “profesionales” que niegan la posibilidad de hacer un sobreesfuerzo a favor de la comunidad a la que sirven en momentos de graves dificultades –por culpa de ciertos políticos-. Me falta espacio. Ninguno de ellos merece mi aprecio.

Pero las cosas en su justo punto.

http://www.vistazoalaprensa.com/firmas_art.asp?id=6232