Valentin Puig, Los enemigos de la nacion

Los enemigos de la nación
VALENTÍ PUIG ABC 6 Agosto 2009

LAS crónicas sobre la muerte del Estado-nación suelen ser notoriamente exageradas. Enemigos no le faltan: por una parte, la globalización diluye fronteras económicas, procesos como la Unión Europea merman soberanías nacionales y, en España, lo que fue la sugestión del Estado autonómico ha introducido disfunciones como la que representa un segundo estatuto catalán. Pero la salud del Estado-nación garantiza la permanencia y capacidad de adaptación del invento, entre muchas cosas porque no es otro el ámbito de la democracia.

Las experiencias de trasnacionalidad corresponden a otro orden: la idea de un gobierno mundial es una quimera con demasiados riesgos y en el ámbito de la Unión Europea se constata reiteradamente que no existe un «demos» europeo, del mismo modo que elementos como el reciente dictamen constitucional alemán acotan mucho más la expansividad institucional de Bruselas. Todo el afán por erosionar las narrativas y símbolos nacionales parece vano. Tanteamos nuevos modos de cooperación trasnacional pero de la mano del Estado-nación. Dice incluso la presidencia semestral sueca que los países pequeños y medianos de la UE no quieren lideratos muy fuertes en Bruselas. Francia y Alemania, en cambio, sí querían ese liderato potenten, porque creen en su propia capacidad de seleccionarlo y ponerle coto. Posiciones tan contrapuestas como prototípicas del Estado-nación. Prioridad del interés nacional sobre la trans-nación.

El Estado-nación, bien, gracias. No tiene sustitutos y muestra una intensa capacidad de repliegue. Es en el espacio de la nación donde la comunidad se gobierna a sí misma democráticamente, por lo que si difuminamos ese marco nacional algo cambiará en la democracia, hasta ahora genéticamente unida al Estado-nación. Lleva siglos siendo el ámbito nacional ya una suerte de naturalidad de lo político, el territorio privilegiado para ejercer la democracia, las formas políticas de la pluralidad que hacen que la nación sea nación de ciudadanos. La ciudadanía post-nacional es un mito. Todavía el Estado-nación es indispensable por la democracia, con el euro y el área Schengen incluidos.

En «La razón de las naciones», Pierre Manent afirma que el tejido del tiempo nacional es continuo. En España, los movimientos particularistas en el País Vasco o en Cataluña germinaron distanciándose ácidamente del tiempo del Estado-nación con el pretexto de sentirse más europeístas que nadie. Más Europa significaba, menos España. Resulta que el cálculo de tiro fue errado. Por ejemplo: son los Estados-nación los miembros de la UE y sus parlamentos nacionales seguirán teniendo voz y voto por más que deleguen en el Parlamento Europeo si es que circunstancias como la sentencia constitucional alemana no refuerzan la entidad de esos parlamentos nacionales.

Ahí la centrifugación cae en lo obsoleto al tiempo que las unificaciones desmesuradas tienen poco futuro. El Estado-nación se mantiene, sólido, resistente a las nuevas formas de trasnacionalismo. ¿Quién se acuerda ya de las tesis particularistas que pretendían saltarse España para ser directamente, tras la ruptura independentista, miembros de la Unión Europea? Un tiempo nacional continuo es algo que va más allá de regímenes y vicisitudes políticas. Que no puedan entenderlo los nuevos cosmopolitas no extrañe. El cosmopolitismo -político, no estético- es un estilo de desarraigo que confronta las lealtades y las pertenencias de la nación. Por eso, millones de ciudadanos, del Báltico al Mediterráneo aprecian la costumbre de votar.
www.valentipuig.com


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Aún
Luis del Pino Libertad Digital 6 Agosto 2009

Libertad Digital publicaba el otro día la noticia de que ya se conocen los resultados de la encuesta sobre la lengua vehicular de enseñanza que el gobierno gallego ha realizado entre los padres. Los resultados completos de la encuesta son los siguientes:

EDUCACIÓN INFANTIL
¿En qué idioma quieren los padres que aprendan a escribir sus hijos?
En los dos 53,3%
Sólo en castellano 37%
Sólo en gallego 8,7%

EDUCACIÓN PRIMARIA
¿Qué lengua vehicular prefieren que se utilice para las materias troncales?
Sólo el castellano 37,6%
Mayoritariamente el castellano 17%
Las dos lenguas 26,6%
Mayoritariamente el gallego 5,8%
Sólo el gallego 12,5%

EDUCACIÓN SECUNDARIA
¿Qué lengua vehicular prefieren que se utilice para las materias troncales?
Sólo el castellano 33,8%
Mayoritariamente el castellano 14,7%
Las dos lenguas 23,6%
Mayoritariamente el gallego 7,7%
Sólo el gallego 19,8%

Es decir, los resultados de la encuesta muestran claramente que la gran mayoría de los padres gallegos:
quieren que sus hijos aprendan a escribir en los dos idiomas
pero quieren que sus hijos reciban la enseñanza exclusiva o mayoritariamente en castellano
Ante eso, el responsable lingüístico de la Junta de Galicia, Anxo Lorenzo, ha declarado que "queda por hacer una importante labor para la consolidación de la convivencia lingüística, ya que en las etapas de Primaria y Secundaria el gallego no se percibe aún tan útil como el castellano".

Repitamos la frase, por si a alguno se le ha escapado el matiz: "el gallego no se percibe AUN tan importante como el castellano".

A veces, una sola palabra contiene todo un discurso. Un solo adverbio puede bastar para plantear todo un programa de acción política. Lo que ese adverbio, "aún", expresa en boca del señor Anxo Lorenzo refleja con una inigualable precisión el problema lingüístico en España y, en concreto, en Galicia.

Porque con ese "aún", el señor Lorenzo está diciendo muchísimo. Está diciendo que los padres gallegos perciben que el gallego es menos útil que el castellano, pero que eso es una anomalía que alguien tiene que corregir.

En lugar de determinar simplemente con la encuesta la voluntad de los padres y ajustar la acción de gobierno a sus preferencias, es preciso además actuar para moldear esas preferencias, porque no se corresponden con el ideal que alguien ha fijado. De esa forma, con esa actuación de los poderes públicos destinada a enseñar a los padres lo que tienen que preferir, podremos algún día llegar a que el gallego YA NO se perciba como menos útil que el castellano.

Si nos fijamos, la transición democrática española no ha sido otra cosa que un inmenso "aún" en el que una casta política, formada por innumerables señores Lorenzo, se ha dedicado no a determinar los deseos de la ciudadanía y a servir a esos deseos, sino a irlos moldeando, de acuerdo con un programa de lenta desaparición del Estado central.

Si las autonomías "aún" no se perciben como útiles, una campaña de imagen y podemos conseguir que se perciban como utilísimas. Si nadie habla la lengua co-oficial en extensas zonas de una comunidad, ponemos en marcha un plan de nomalización y asunto resuelto. Si hay gente que se resiste a rotular en algo que no sea castellano, aplicamos medidas coactivas y nos fumamos un puro... Todo cuanto sea necesario para que los gobernados perciban la realidad como los gobernantes quieren que la perciban.

Y yo lo que me pregunto es: ¿hasta cuándo vamos a estar tolerando que los ingenieros sociales de nuestra casta política nos digan cómo tenemos que ver la realidad?

¿Cuándo vamos a aprender a decirles cómo la tienen que ver ellos, dado que somos nosotros los que les pagamos el sueldo?
El TSJM dice que los valores no dependen de la «repetición machacona»
La Justicia tumba un recurso del Gobierno y avala la EpC de Madrid
El Ministerio de Educación, que recurrió el currículo madrileño, acata la sentencia y ahora piensa estudiarla.


Madrid - R. Ruiz La Razón 6 Agosto 2009

MADRID-Los contenidos de las materias que los alumnos de la Comunidad de Madrid estudian en la ESO son legales, incluidos los de la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Es decir, se ajustan a la Ley Orgánica de Educación (LOE) porque «no vulneran la autonomía de los centros, garantizan la igualdad de sexos» y «recogen plenamente» lo que establece la legislación actual sobre enseñanzas mínimas.

Así lo cree el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha fallado a favor de la Comunidad de Madrid y en contra del Ministerio de Educación, que solicitó la anulación del currículo aprobado en 2007 por esta comunidad con varios argumentos: no respetaba la normativa básica, vulneraba la autonomía de los centros y los contenidos de todas las asignaturas omiten aspectos básicos que deben completarse.

Carencias en diversidad
En concreto, en lo que se refiere a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el Ministerio se quejaba ante el Alto Tribunal de que Madrid omitía cuestiones como el reconocimiento de las diferencias entre sexos, el diálogo para solucionar conflictos y el respeto a la diversidad social, cultural y religiosa. Además, agregaba que Madrid no cumplía con los mandatos del Gobierno para tratar de evitar, a través de la educación, la violencia de género.

Sin embargo, el TSJ madrileño entiende que el respeto a los valores a los que alude el Gobierno «no depende de la repetición machacona y pormenorizada» en un texto, sino que «basta con que se recoja como uno de los principales inspiradores del currículo».

Además, puntualiza que el Gobierno regional cuenta con una Ley de Violencia de Género que contempla entre sus mandatos la obligación de «integrar en los currículos de los distintos niveles educativos los contenidos necesarios para que se eduque a los escolares en el respeto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres».

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid había asegurado respecto a la polémica asignatura que había suavizado el currículo estatal quitándole sus contenidos más adoctrinadores. Sin embargo, la plataforma de objetores contra la asignatura, Profesionales por la Ética, manifestó ayer que «esta sentencia desmiente lo que venía afirmando la Comunidad de Madrid».
Su presidente, Jaime Urcelay, explicó ayer que el fallo «respalda a los padres madrileños que se oponen y objetan a EpC y nuestras sospechas se han visto confirmadas: el desarrollo de las asignaturas de EpC no permite adaptación ni edulcoración alguna. Por ese motivo, vamos a seguir informando a los padres del carácter adoctrinador de estas materias escolares», dijo tajante. El próximo curso académico cuenta con la novedad de que la asignatura se implanta en 5º de Primaria y son ya algunos los padres que piensan objetar.

Ayer el Ministerio de Educación manifestó a Efe que «acata» la decisión, aunque estudiará la sentencia en los próximos días.

ANÁLISIS. 52.500 personas han objetado a la asignatura
¿Ha acabado la batalla judicial de la asignatura de Educación para la Ciudadanía?
–No. El Tribunal Supremo falló hace más de tres meses en contra de la objeción en casos concretos, pero todavía hay muchos recursos de objetores pendientes de resolución por parte de los respectivos tribunales autonómicos. La resolución del Supremo fue recurrida ante el Constitucional y ahora está pendiente de un nuevo fallo que agotaría la vía judicial.

¿Hay familias que siguen objetando?
–Sí, aunque el Supremo ha sentado jurisprudencia sobre el asunto. La plataforma de objetores Profesionales por la Ética ha contabilizado un total de 52.591 objeciones hasta ahora.

En los tribunales
.Primera sentencia
En marzo de 2008 se produce la primera sentencia en España que reconoce la objeción contra Ciudadanía. Reconoce la naturaleza ideológica de la materia y la vulneración del derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos.

.Advertencia del TS
El Supremo advirtió al Gobierno en su sentencia de febrero de 2009 que la asignatura debía ceñirse a los preceptos constitucionales y evitar adoctrinamientos. Además reconocía el derecho de los padres a recurrir.

.Fallos contradictorios
Un día después de fallar el Supremo contra la objeción, otro auto judicial ampara a un alumno objetor de Toledo de un centro concertado. Una semana después, otro auto permite no asistir a clase a nueve. Ha habido más casos.

Bachillerato
. El Supremo tumba el Bachillerato ideado por el Gobierno socialista que permitía pasar de curso con cuatro suspensos. Cree que el modelo de estudio «a la carta» vulnera la Ley Orgánica de Educación.

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TC y Estatut
La jauría
José García Domínguez Libertad Digital 6 Agosto 2009

Día sí y día también arrecian las amenazas de los líderes catalanistas contra el Tribunal Constitucional ante la inminente sentencia sobre el Estatut. Así, en un alarde intimidatorio que dejaría boquiabierto de admiración al mismísimo Hugo Chávez, los avisos y advertencias al alto tribunal han devenido rutina cotidiana en Barcelona. Cuando no es José Montilla, a la sazón máxima autoridad del Estado en la plaza, quien trata de deslegitimar a los magistrados negándoles la potestad misma de alterar el contenido de esa norma, es Artur Mas quien invoca nada menos que la desobediencia civil en caso de que no obedezcan sus estrictas órdenes de abstenerse sobre la materia.

A tal extremo de impúdica desvergüenza llega el acoso que la Esquerra ya exige al Gobierno que ordene prevaricar a sus magistrados, esos presuntos peleles de Zapatero que integran el llamado sector progresista. Ríase el lector del escrupuloso respeto hacia los principios del Estado de Derecho que rige en Honduras: aquello es la Atenas de Pericles al lado del gangsterismo institucional que se predica en la Plaza de San Jaime. Y es que, ciertamente, la democracia española está en peligro, pero no por esa tontería de los trajes de Camps, como augura absurda la Cospedal, sino por el cerco feroz al que se ve sometida la suprema instancia jurisdiccional de la Nación.

A ese respecto, la guinda acaba de ponerla el presidente de la Generalidad con una solemne cogitación más propia de Teodoro Obiang que de Churchill. "El Estatut es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales", sostiene el Muy Honorable. Acabáramos, el Estatut levita intocable por encima de la Ley porque... no es una ley. Ahí queda eso, para que luego digan que en el bachiller de ahora no se aprende nada. Así las cosas, únicamente falta que Maria Emilia Casas se tope cualquier día de estos con una cabeza de burro catalán entre las sábanas de su alcoba al ir a acostarse. Si es que aún no se la han enviado, claro.

De ese modo, mientras los demás andamos entretenidos con bobaditas de sastres y bolsos, obsesivo, pertinaz, implacable, constante el asedio de la jauría contra el último pilar del Estado que aún sostiene la renqueante legalidad constitucional continúa.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.


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La prematura derrota de ETA
José María CARRASCAL ABC 6 Agosto 2009

ME resulta prematura la unanimidad desplegada en torno al 50 aniversario del nacimiento de ETA. Analistas, comentaristas, ex líderes etarras vienen a decirnos que la banda, pese a mantener la capacidad de matar, tiene contados sus días. Se fundan en la facilidad con que se le desarticulan comandos, se abortan atentados y se detiene a sus cúpulas. «Si sigue activa es porque hay descerebrados que aún no se han dado cuenta de que han perdido la guerra, y porque su entorno no tiene huevos para separarse de ella» nos dice Julen Madariaga, uno de sus fundadores. Mientras el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, pronostica: «Veremos el final del terrorismo».

Tanta unanimidad me intranquiliza. Temo que se deba más a motivos personales o políticos que a una valoración realista de la situación. Que ETA se encuentra acorralada, de acuerdo. Que sus atentados se han reducido, también. Como que parece haber decrecido al apoyo por parte de la población vasca. Pero no menos es cierto que ese apoyo sigue existiendo, que sigue teniendo capacidad de matar y que no tiene problemas en reemplazar a sus jefes y a sus comandos. O sea que no vendamos la piel del oso, o de la serpiente, antes de haberlos cazado.

Hay que partir de tres premisas ineludibles. La primera, que todos los gobiernos españoles han querido apuntarse el tanto de «traer la paz al País Vasco» negociando con ETA, dándola el rango de interlocutora y ofreciéndola incentivos. Lo que la potenció, reafirmó e hizo pensar: «Si no es con este gobierno, será con el próximo». La segunda premisa es un error de cálculo. ETA es una organización terrorista, y en las organizaciones terroristas siempre se imponen los radicales, nunca los moderados. Olvidémonos, pues, de los moderados, porque los que mandan allí son los que tienen las pistolas y están dispuestos a usarlas. Por último, y más importante: cuenta con un importante respaldo ciudadano. Nacida en plena oleada descolonizadora, se presentó como un movimiento de liberación nacional vasco, cuando es, más que nada, un movimiento de regresión nacional, un intento de reconstruir una nación-Estado vasco que nunca existió más que en la mente de sus profetas.

La raíz de ETA está ya en el pensamiento de Sabino Araba, en su rechazo instintivo de todo lo foráneo, en su idealización del pasado euskaldun y en su odio a lo español, como epítome de todo lo malo, sucio y pecaminoso que hay en este mundo. Una actitud premoderna y un espíritu predemocrático, que se han hecho alma y carne del nacionalismo vasco. Estamos ante una religión con sus dogmas, sus cruzados y sus mártires, y ante una mafia con sus crímenes, sus capos y su omertá, aunque sigue manteniendo el catolicismo como fe. Pero cuando el dictado nacionalista y la norma católica han entrado en conflicto, no ya los fieles, sino los sacerdotes e incluso los obispos han elegido el nacionalismo. No necesito recordarles los dolorosos ejemplos.

ETA es la punta de lanza de ese nacionalismo, de ahí el prestigio de que gozan sus miembros, su facilidad de reclutamiento, su popularidad indisimulada, como muestran las pintadas por todo el País Vasco o las manifestaciones que en su favor se organizan por cualquier motivo. «Mientras vea en ellas señoras mayores, que parecen recién salidas de la peluquería o de la misa -me decía un amigo vasco, residente en Madrid por ver amenazada su vida en su tierra-, sabré que no puedo regresar allí».

No estamos, por tanto, ante otro Grapo, ni ante unas Brigadas Rojas, ni ante una banda Baader Meinhof, organizaciones terroristas también, pero de corte político, es decir, coyuntural, que pueden neutralizarse con medidas gubernamentales y policiales, aparte de que la misma evolución política termina convirtiéndolas en anacrónicas. Por desgracia, ETA no puede convertirse en anacrónica por ser ella misma un anacronismo. Tampoco necesita conquistar el futuro porque su ambición es volver a un pasado que ni siquiera existió. Más importante que todo eso: no necesita triunfar porque reina en el corazón de buena parte de los vascos. No me refiero sólo a los votantes de cualquiera de las siglas que ETA ha ido eligiendo como tapaderas, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ha dado el alto. Me refiero a esa mayoría según las encuestas, convencida de que su gobierno pertenece por derecho telúrico a su nacionalismo o preferirían un gobierno PNV-PSV a uno PSV-PPV, pese a haber en el PP hombres y mujeres con tanta o más raigambre vasca que nadie. Pero son «traidores a la causa», el mayor de los pecados.

Con lo que llegamos al quid de la cuestión: ETA no será vencida mientras su espíritu persista. Y el espíritu de ETA late en amplios sectores del nacionalismo vasco, incluidos los que no practican ni aprueban la violencia. Pero que tampoco aceptan que ETA sea derrotada. Como consecuencia, mientras el País Vasco no se convierta en una democracia similar a las restantes europeas, donde todo el mundo pueda decir lo que quiera sin que peligre su vida, mientras siga habiendo ciudadanos que necesiten escolta y no puedan regresar los vascos «exilados», ETA estará viva.

De ahí que me parezcan prematuros todos esos anuncios de la desintegración de la banda a plazo más o menos largo. Naturalmente, los viejos etarras, muchos de ellos en la cárcel, quieren irse a casa a gozar de su bien ganada jubilación. Lo malo es que sus alevines no están por la labor. El veneno que les han inyectado es demasiado fuerte y las mentiras que les han contado demasiado grandes para detenerlos en su carrera de destrucción y muerte. Lo que no impide que a la propia ETA le convenga de tanto en tanto un respiro en forma de tregua, como le convienen los atentados para mostrar que está viva.

Pero no lo olvidemos, ETA vivirá mientras viva el espíritu de Sabino Arana. Y el primer velador de ese espíritu es el nacionalismo vasco, en especial el PNV, todavía una enorme fuerza en aquel territorio. El único avance concreto en esta lucha es el cambio de gobierno que allí se ha producido, primer indicio de que algo empieza a abrirse, tras décadas de completa cerrazón. Los socialistas ocupan el poder apoyados por los populares, reflejando la realidad plural de aquella sociedad, hasta ahora no reconocida ni admitida. Ese gobierno arroja una luz completamente nueva sobre el País Vasco y su compleja problemática. Por lo pronto, demuestra que puede llegarse a la Lendakaritza sin tener diez apellidos vascos, lo que ayudará a quitar el complejo a quienes no los tienen y venían aceptando una ciudadanía de segundo orden. Por otro lado, que un número importante de vascos de diez apellidos, acepten y apoyen esa nueva situación, la legitima.

Hablaríamos incluso de revolución en Euskadi si no supiésemos que ese pacto está prendido con alfileres y se halla expuesto a todo tipo de contingencias humanas y políticas. El nacionalismo vasco en sus diversas coloraciones lo ha tomado como una afrenta y hará lo posible y lo imposible para destrozarlo, incluido ofrecer a Zapatero ayuda para gobernar España. Pero eso no nos acercaría a la solución. Nos alejaría de ella. El único camino para derrotar a ETA es desintoxicar al País Vasco del veneno que se le ha inyectado desde escuelas e instituciones durante décadas, al tiempo que continúa la presión policial y judicial hasta convencer a los potenciales terroristas de que su futuro es la cárcel, no la gloria. Una tarea larga, lenta, penosa. Creer que el PNV colaborará en ella es como pretender que ETA deje de asesinar. Dicho de otro modo: requeriría que ambos renunciasen al sueño en que han vivido todos estos años. Y se renuncia más difícilmente a los sueños que a las realidades.

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Permiso para condenar
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 6 Agosto 2009

Una interpretación parcial de las declaraciones efectuadas el pasado lunes por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre planes de Batasuna para conseguir la legalización ha dado pie a una polémica que está cogida por los pelos. Basta ver la edición de EL CORREO del pasado martes para comprobar que el ministro no dijo que Batasuna no sería legalizada aunque condenara la violencia, sino que ese partido se disponía a escenificar «una farsa» en la que iba a hacer como que condenaba la violencia. Las críticas a lo que no ha dicho el titular de Interior abren, por tanto, un debate equivocado.

El ministro estaba transmitiendo con sus palabras un doble mensaje: por un lado a ETA y Batasuna para indicarles que estaba al tanto de sus manejos y que, además, no iban a servirles de nada; por otro se dirigía a los ciudadanos para prevenirles a fin de que no se dejaran engañar el día que ETA y su entorno lanzaran el señuelo.

El Gobierno tendría conocimiento de que Batasuna está preparando una puesta en escena para simular un rechazo de la violencia de forma que se le abrieran las puertas de la legalidad. Para escenificar esa obra teatral contarían en el papel de figurantes con algunos mediadores profesionales que estuvieron actuando en el año 2006, en concreto algunos sudafricanos. Naturalmente, la operación sólo se pondrá en marcha si ETA le da su bendición. Así que sólo habrá condena (o el verbo que se busque) si ETA da su permiso para que la haya.

La diferencia entre la Biblia y una estrategia político militar es que la primera recomienda que tu mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda y en la segunda ninguna mano se mueve si no lo decide la autoridad terrorista competente. ETA y Batasuna son dos pinzas de una misma estrategia político-militar, actúan al unísono, pero la que decide es la banda.

Después del «desastre» (en palabras de Otegi) que supuso la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, el entorno político etarra se ha quedado sin opciones jurídicas para sortear la ilegalización. Ahora sólo le queda acatar las consecuencias de la sentencia de Estrasburgo, que fue mucho más radical que los tribunales españoles. El TEDH estableció que era posible una ilegalización basada únicamente en la negativa a condenar el terrorismo, cosa que ni el Supremo ni el Constitucional habían hecho.

Otegi dijo que aquella sentencia no iba a suponer cambio alguno, pero él y los suyos están ya moviendo piezas para simular esos cambios y una de esas piezas es la representación de una condena de la violencia que tendría el mismo valor que la declaración que el líder de Batasuna firmó el 18 de mayo de 1999 con el PNV y con EA para apoyar al Gobierno de Ibarretxe. Otegi suscribió entonces una «apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas» y abogó «por la desaparición plena de todas las acciones y manifestaciones de violencia». Firmó las palabras que le convenían, pero no rompió con ETA entonces ni parece dispuesto a hacerlo ahora. Y lo que se le exige no es que simule, sino que realmente rompa con la violencia. Si ahora se baja el listón de exigencia a Batasuna y se aceptan sus argucias, se habrá perdido la oportunidad de empujarle a romper de verdad con ETA.

http://www.geocities.com/agli.geo/20090806.htm