Freno a las alcaldadas salariales

viernes 28 de septiembre de 2007
Freno a las alcaldadas salariales
EL Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a promover un acuerdo entre los partidos políticos y la Federación Española de Municipios y Provincias para regular conforme a criterios objetivos las retribuciones de los alcaldes, concejales, miembros de las Diputaciones y demás cargos públicos de ámbito local. La iniciativa, que ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto CiU y ERC -se abstuvieron-, llega tarde, pero es acertada a la vista de la desmesura demostrada en los últimos tiempos por multitud de entes locales, en los que la subida de sueldos se ha convertido prácticamente en el único acuerdo unánime que sus miembros son capaces de alcanzar. La iniciativa parlamentaria responde a la lógica y a la necesidad de evitar agravios comparativos y excesos de desigualdad entre concejales de distintas localidades de similar pujanza. Y, desde luego, se trata de una propuesta coherente para combatir decisiones que, pese a su cobertura legal, muchas veces resultan arbitrarias y abusivas, incluso escandalosas, y que la inmensa mayoría de los ciudadanos no entiende ni asume ya que que los aumentos de sueldo son decretados precisamente por sus propios beneficiarios.
Sin duda, los cargos públicos de las corporaciones locales deben percibir retribuciones dignas y acordes con su dedicación a la labor que desempeñan. Desde el mismo momento de su elección en las urnas, encarnan el sentir de los ciudadanos a los que representan y su gestión ha de ser reconocida salarialmente como merecen. Ahora bien, lo razonable es establecer mecanismos correctores para prevenir corruptelas y acotar la proliferación de conductas caprichosas, que a la larga tienen un enorme coste en términos de imagen para los políticos y de desgaste para los partidos. No es una mala idea que los sueldos de los cargos locales se calculen en función de criterios como la población o el presupuesto del Ayuntamiento correspondiente. Incluso, podría establecerse un baremo en relación con la media de renta de una población concreta para que el suelo salarial de sus ediles sea justo y el techo no resulte abusivo. Incurren en un enorme cinismo quienes en tono victimista justifican la percepción de sueldos millonarios invocando el argumento de que a un alcalde o a un concejal no deben perturbarle tentaciones indeseadas ni deben quedar expuestos a los males de la corrupción. Su dedicación a la política y su concurrencia a las urnas -con plena consciencia de cuáles son los límites salariales en la política- responden a un acto voluntario y, teóricamente, a una vocación de servicio público. Por tanto, aquel argumento es tan interesado como absurdo. Ahora, lo idóneo sería que el Gobierno acogiese la iniciativa con urgencia y la impulsara de manera decidida para que no quede reducida a un gesto de cara a la galería, meritorio pero sin eficacia, como lamentablemente ocurre a veces con el pacto de los partidos contra el transfuguismo, por ejemplo.