El ejercito en Afganistan

viernes 28 de septiembre de 2007
El ejército en Afganistán
LA polémica entre Gobierno y oposición puede velar lo que realmente importa en el despliegue del contingente español en Afganistán, que es la adecuación de sus integrantes y de sus medios materiales a las responsabilidades que tienen encomendadas. Por más que el Gobierno se empeñe en simular la realidad de aquel país con un lenguaje políticamente correcto, lo cierto es que existe una situación de guerra contra el terrorismo talibán y nuestros soldados están destinados en una misión bélica y no en una mera campaña de reconstrucción de infraestructuras y atención a la población civil. Cuestión distinta es que, por razones de claro temor electoral, el Gobierno se niegue constantemente a autorizar la participación del contingente español en operaciones ofensivas de las tropas de otros países contra objetivos talibanes. No es que no haya guerra en Afganistán. Lo que sucede es que el Gobierno no quiere verse inmiscuido en la que mantienen sus teóricos aliados en la zona oriental de Afganistán, donde se desarrollan auténticos combates a gran escala contra los grupos terroristas. Lo que para unos puede ser prudencia, para otros -y para todos los aliados de la OTAN con tropas en suelo afgano- es una actitud cicatera que no se corresponde con la lealtad que se debe a una organización de seguridad colectiva, que, además, actúa con mandato expreso de Naciones Unidas. Como hoy informa ABC, mandos militares en Afganistán se lamentan de esta posición ambigua de nuestra aportación a la misión en este país, en la que estamos integrados y asumimos riesgos de atentados terroristas, sin llegar a la implicación de otros países, que son los que están a la vanguardia de la campaña contra los talibanes.
Sin embargo, esta resistencia política del Gobierno a una nueva estrategia de participación en las operaciones ofensivas de la OTAN no excluye a los soldados españoles de los riesgos de ser atacados por los grupos del terrorismo talibán, como se ha demostrado trágicamente en varias ocasiones. Y cuando mueren soldados lo lógico es que tanto la oposición como la opinión pública emplacen al Gobierno a dar cuenta de las medidas de seguridad y del material que tienen los militares españoles para el cumplimiento de sus funciones. No se trata de una polémica interesada y oportunista, sino de una demanda democrática de responsabilidad en la dirección de la política exterior de seguridad. En este sentido, hay serias objeciones a la idoneidad de los medios materiales de que dispone el contingente español. Los vehículos BMR parecen ser demasiado vulnerables a minas y artefactos similares, lo que aconsejaría la utilización de carros blindados, de mayor peso y seguridad. El aplazamiento del envío de aviones-espía hasta noviembre o diciembre también es una muestra de carencias inexcusables para una misión cuyos riesgos vienen siendo advertidos muy seriamente desde hace mucho tiempo por los mandos del contingente español, alarmados por la progresión de esta guerra «asimétrica», en la que no combaten ejércitos regulares, pero que no por esto deja de ser una guerra.
Todo ejército con compromisos militares concretos debe contar con respaldo político y apoyo material. El contingente español en Afganistán no es una excepción. Guste o no, la lucha internacional contra el terrorismo integrista se desarrolla en diversos escenarios y adopta una pluralidad de formas: la actividad de los servicios de inteligencia, la aplicación de la ley por los Tribunales de Justicia, la batalla de las ideas en las sociedades democráticas y, por supuesto, el empleo de la fuerza militar legítima. Por eso, la politización partidista de la misión en Afganistán es un lastre para el ánimo de los militares españoles, constreñidos por la pusilanimidad del Gobierno a la hora de ser coherente con sus compromisos militares y condicionados por la inadecuación de sus medios materiales. El Gobierno puede sacar nuestras tropas de Afganistán -como hizo en Irak antes de que la ONU convalidara definitivamente la intervención aliada, con el voto favorable del Gobierno de Zapatero-, pero si ha decidido seguir en la misión de la OTAN, debe hacerlo con todas las consecuencias.