Llegan los peritos

jueves 17 de mayo de 2007
Llegan los peritos
El tribunal del 11-M recibió ayer el esperado informe pericial que fue encargado para determinar científicamente el tipo de explosivo que estalló en los trenes de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. La prueba pericial, como tal, no se practicará hasta que los expertos que lo han realizado -cuatro oficiales y cuatro de parte- comparezcan ante el tribunal y se sometan a las preguntas y aclaraciones que formulen las partes, e incluso el presidente, como ha sucedido en las últimas semanas con informes periciales sobre los tráficos de llamadas telefónicas entre los acusados. En todo caso, cuando se practique esta prueba se pondrá de manifiesto que una cosa es fijar resultados a la luz de un microscopio -o lo que sea- y otra interpretar esos resultados.
La prueba pericial está configurada para dar respuestas técnicas a incógnitas sobre los hechos investigados. Muchos procesos, civiles o penales, se resuelven en función de lo declarado por los peritos, porque la cuestión litigiosa puede estar reducida a la determinación y valoración de daños patrimoniales o lesiones físicas. Pero cuando el informe pericial aborda sólo una parte del objeto del proceso y en la causa concurren otros medios probatorios, el tribunal debe apreciar «según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio». En concreto, la ley de Enjuiciamiento Civil emplaza al tribunal a valorar «los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica». Dicho de otro modo, el dictamen pericial no está sometido a una regla tasada de valoración, ni es vinculante para el juez. Esta discrecionalidad no quiere decir, sin embargo, que el juez pueda apartarse arbitrariamente de los resultados que, de forma concluyente, expusieran los peritos si no hay otras pruebas que los contradigan.
El tribunal del 11-M va a enfrentarse a una prueba importante, sin duda, que afecta a una parte de las investigaciones. La sentencia, sin embargo, deberá considerar el conjunto de las pruebas practicadas y es posible que las dudas que los peritos no han podido resolver científicamente puedan tener una respuesta judicial, obtenida por la valoración conjunta de todos los medios probatorios, incluidos otros dictámenes periciales, o por un juicio de presunciones