Carlos Garaicoechea, ¿Critica legitima, presion o desacato?

jueves 1 de febrero de 2007
¿Crítica legítima, presión o desacato?
ARLOS GARAIKOETXEA

El Consejo General del Poder Judicial, entre otros, ha calificado de «hostigamiento y deslegitimación» el desacuerdo expresado clamorosamente por otras instituciones y por los propios ciudadanos en la calle por la imputación del lehendakari, a causa de su reunión con miembros dirigentes de la extinta Batasuna.Uno, que ha soportado tan estoicamente como ha podido manifestaciones de protesta bastante más severas, sea en funciones de lehendakari o de parlamentario, aceptando el derecho de la gente a hacerlo civilizadamente, se pregunta qué condición sublime asiste al poder judicial para hacerle estallar de indignación y calificar de presión inaceptable el desacuerdo con sus decisiones, si éste se expresa con la civilidad de una manifestación silenciosa y un comunicado nada insultante, o con una declaración institucional del Gobierno vasco que manifieste su opinión sin anunciar desacato alguno. No parece lógico que haya que tener la fe del carbonero para asumir silenciosa y resignadamente todas las decisiones de los jueces, para no hacerlos vulnerables por una supuesta presión insoportable en su equilibrio y objetividad con las críticas que otros poderes deben soportar con total deportividad y entereza; y, desde luego no tienen siempre ganada su condición de ideológica y políticamente 'asexuados', cuando la ciudadanía lee y escucha a diario que el sector de un alto tribunal o del Consejo General del Poder Judicial designado por la derecha se pronuncia de tal manera, y el presentado por la izquierda, de otra bien diferente en medio de un espectáculo poco edificante.No corren tiempos que animen a aplaudir incondicionalmente determinadas actuaciones judiciales. Se echa la culpa a las leyes que inexorablemente, (pero con criterios bien cambiantes, ciertamente), deben aplicar los jueces. Pero cuando dan un giro copernicano a la jurisprudencia reiterada en torno al cumplimiento de las penas y su redención, o «construyen» la imputación, (en palabras del Ministro de Justicia), por artículos de opinión, por rechazables que parezcan y aplican sentencias desmesuradas a juicio de tantos juristas, o llevan al banquillo a un lehendakari contra viento y marea, mientras el Tribunal Supremo considera que la causa de su imputación no es aplicable a otro caso similar, y el fiscal del caso y su jefe superior opinan de igual modo, no debe sorprender al enojado Consejo General del Poder Judicial que exista un serio mosqueo en la opinión pública y que éste se exprese en una manifestación como la de Bilbao en defensa de «nuestras instituciones». Ni siquiera debería extrañarse el Tribunal Superior de quedar aparentemente al margen de esa expresión «nuestras instituciones» (que no era el caso), cuando los manifestantes tienen muy interiorizado que a su Parlamento y Gobierno los eligen ellos en las urnas, y a otros los designa el presidente Hernando y sus tantas veces irreconciliables colegas elegidos por los votos 'conservadores' del PP o los 'progresistas' del PSOE en Madrid. Lo cual también contribuye a debilitar esa fe del carbonero que a veces se hace necesaria para poder entender determinadas actuaciones judiciales. De ahí, también, que el Parlamento vasco aprobara en su día una justicia más autónoma en su propuesta de Nuevo Estatuto.Paradójicamente y de forma injusta, quiénes pueden salir peor librados ante la opinión pública y, en especial, ante observadores y juristas de cualquier ámbito democrático, son los miembros de la judicatura que cumplen con recto criterio y digna objetividad sus funciones, mientras se generaliza una percepción tan poco edificante por culpa de un sector muy concreto de la magistratura.