Reformas fiscales, estrella de la contienda electoral

martes 26 de febrero de 2008
Reformas fiscales: estrella de la contienda electoral
José Antonio Fernández Amor y Manuel Lucas Durán
LAS propuestas electorales que en estos días se ofrecen a la opinión pública por los partidos políticos contendientes el 9-M próximo, enfatizan, sobre todo, en los aspectos fiscales de las mismas. Dada la dificultad técnica de sus planteamientos ofrecemos al lector una descripción sinóptica y no valorativa de los mismos desde el punto de vista político.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se ha convertido en eje central de la campaña electoral: los dos grandes partidos mayoritarios prometen rebajas sustanciales para favorecer a trabajadores y pensionistas. Así, el PSOE propugna reducciones en el impuesto con modificaciones de tarifas y mínimos exentos, actualización del impuesto con el IPC y una deducción en la cuota de 400 euros para trabajadores por cuenta ajena y pensionistas, aunque previendo para los autónomos «una fórmula específica, acorde con su régimen fiscal». El PP, por su parte, promete rebajas fiscales en el IRPF tanto para las clases más favorecidas (reduciendo la tarifa a tres tramos de 20%, 30% y 40%, y postulando incentivos fiscales a la I+D+i), como para los colectivos más humildes (eliminación del impuesto para rentas de hasta 16.000 euros/año); también contempla medidas de apoyo a la familia (aumentando los mínimos familiares en al menos un 40%) y a la integración laboral de la mujer (minoraciones en cuota de 1.000 euros anuales para mujeres trabajadoras).
Asimismo, CiU propone una simplificación del impuesto, reducción de tipos y retenciones e inclusión de medidas para corregir la inflación, al tiempo que propone medidas fiscales favorables a las familias y una exoneración de impuestos durante dos años para los «emprendedores» (empresarios); igualmente, propone dicho partido que la deducción de 100 euros al mes para trabajadoras por cada hijo menor de 3 años se universalice a todas las unidades familiares con hijos menores a 6 años; finalmente, postula CiU reducciones en la base por gastos familiares en guarderías, por pago o copago de las prestaciones por dependencia y de seguros médicos, aumentar un 50% las reducciones de personas a cargo y extender las deducciones en cuota por alquiler de vivienda a contribuyentes de más de 30 años.
Sin embargo, IU se desmarca de la tónica general de rebajas fiscales al proponer una revisión del IRPF en la que se mantenga una tarifa progresiva sin disminuir tipos ni tramos, limitando la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva (módulos), revisando la deducción por adquisición de vivienda a favor del acceso en alquiler y reduciendo los incentivos tributarios por aportaciones a sistemas de previsión social.
En relación con los impuestos sobre patrimonio y sucesiones, los distintos partidos han propuesto soluciones diferentes. Así, mientras los dos partidos mayoritarios y CiU abogan por la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, IU es partidaria de mantenerlo mejorando su progresividad para las grandes fortunas. Por otro lado, y en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, CiU propone su supresión, y el PP no se pronuncia expresamente sobre ello (aunque lo tiene suprimido de hecho para cónyuges, ascendientes y descendientes en las comunidades autónomas en las que gobierna); desde otra perspectiva, el PSOE propugna mantener dicho impuesto con exención de las herencias inferiores a 60.000 euros y rebajas de tipos, e IU postula aumentar la progresividad en el mismo. En lo que respecta a la tributación empresarial, tanto el PSOE como el PP han prometido rebajas de tipos en el Impuesto sobre Sociedades para adaptarlo al contexto europeo; así, el PP postula una minoración de tipos del 30% al 25% (general) y del 25% al 20% (PYMES), reestableciendo incentivos fiscales a la I+D+ì; el PSOE, por su parte, postula mejoras tributarias para las PYMES, potenciar la internacionalización de las empresas e incrementar la deducción por escuelas y guarderías infantiles en el entorno laboral. En la misma línea se encuentra CiU, que promete exoneraciones de impuestos durante dos años para los «emprendedores», contempla una reducción significativa de los tipos de gravamen (25% como tipo general, 20% para PYMES y un nuevo tipo del 15% para microempresas y cooperativas), así como el reestablecimiento de las deducciones por I+D+i y por inversiones medioambientales.
En contrapartida a todo lo anterior, IU se desmarca con una propuesta diferente: postula incrementar el tipo del impuesto de las entidades financieras hasta el 35% y establecer un tributo especial sobre el beneficio de tales entidades (cuando el mismo supere tres veces el IPC) cuya recaudación se destinaría a programas sociales de vivienda.
La imposición indirecta tampoco se ha salvado del debate electoral: el PSOE propone básicamente promover en la UE rebajas de los tipos impositivos del IVA que gravan los productos sanitarios, culturales y educativos, la rehabilitación de edificios y postula una simplificación de la gestión del impuesto y una mejor coordinación con otras normas.
Por otro lado, IU propone concertar en ámbitos europeos una rebaja del 7% al 4% para los bienes y servicios de primera necesidad para economías domésticas (transporte colectivo, luz, agua, teléfono y gas), así como para ciertos productos culturales o infantiles. De forma muy similar CiU, plantea impulsar la reducción del IVA en los suministros básicos (luz, agua, gas, teléfono) y para algunos gastos familiares (pañales o residencias de personas mayores), así como reducir al 4% los impuestos que gravan la rehabilitación, adquisición, transmisión y conservación de viviendas.
Los programas electorales mencionan además cuestiones adicionales: el PP propone la eliminación del conocido «canon» digital, así como reducir los impuestos que gravan la vivienda y desarrollar medidas que limiten el impacto del aumento de las hipotecas; IU promover la creación de un nuevo impuesto europeo -previsiblemente sobre la renta- para financiar el presupuesto comunitario, o la creación de impuestos globales tipo «tasa Tobin», sobre los flujos de capital especulativo, cuya recaudación sirva para combatir las consecuencias desfavorables de la globalización; asimismo, PSOE e IU proponen revisar aspectos medioambientales de la tributación actual y luchar contra el fraude fiscal con medidas de coordinación y control; y por último el PNV, con un régimen tributario especial, defiende un «blindaje» del concierto económico y una interpretación amplia de su régimen foral que atribuya mayores competencias normativas al País Vasco.
Dicho lo anterior, y considerando que la mayoría de las propuestas anteriores deben enjuiciarse desde un ámbito puramente político, existen algunos puntos respecto de los cuales cabría una valoración jurídica. Así por ejemplo, convendría cuestionarse si la discriminación positiva postulada por el PP para la mujer trabajadora resulta compatible con los principios constitucionales de igualdad tributaria y capacidad económica; o si la reducción lineal e igual de 400euros en el IRPF, propuesta por el PSOE, es acorde con el principio constitucional de progresividad; o, finalmente, si las asimetrías tributarias entre distintas comunidades autónomas (sobre todo en lo que concierne al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) tiene o no un encaje constitucional. Son cuestiones que deberán, sin duda, debatirse en el curso de los próximos años.


http://www.abc.es/20080226/opinion-firmas/reformas-fiscales-estrella-contienda_200802260248.html