Contra la concordia

viernes 2 de noviembre de 2007
Contra la concordia
EL proyecto de ley de «memoria histórica» fue aprobado el pasado miércoles por el Congreso de los Diputados, lo que, dado que la mayoría relativa del PP en el Senado no supone un obstáculo, garantiza que este texto acabe en el Boletín Oficial del Estado antes de que termine el año. Se trata, sin duda, de una mala noticia para la sociedad española, porque será una ley que liquide el consenso constitucional sobre nuestro pasado inmediato, pues la Constitución de 1978 fue fruto de la más fiel memoria histórica de los españoles, dispuestos a no repetir más actitudes de enfrentamiento y odio. Ahora se presenta esta futura norma como una iniciativa que restaña heridas, buenas y falsas palabras que esconden las peores intenciones de una izquierda empeñada en sembrar el ordenamiento jurídico de normas cuyo verdadero efecto es la deslegitimación de la Transición y de los valores constitucionales. Nunca la memoria de un pueblo puede ser regulada por ley, ni la historia definida sólo por algo más de la mitad del Parlamento, salvo que se persiga lo que realmente se pretende en este caso, que es una ley ideológica, una ley doctrinaria cuya finalidad es el desahogo extemporáneo de una izquierda aún marcada por el fracaso de la República y cada día más al margen de la concordia nacional reiniciada en 1978. El apoyo del Partido Popular a las medidas que contiene el proyecto de ley para indemnizar a las víctimas republicanas de la contienda y de la dictadura y para despolitizar el Valle de los Caídos demuestra que, si el PSOE hubiera querido, habría podido lograr el consenso con la oposición. Pero el propósito no era tanto hacer justicia con quienes podrían merecerla, como demostrar que ahora hay en el Parlamento una mayoría de izquierda, radicalizada y revanchista -coreada por nacionalismos que quieren cuadrar el círculo de defender sus idearios democristianos en pactos contra natura con socialistas y comunistas-, dispuesta a pasar por encima de la convivencia con tal de demostrar que ésta no es la democracia ni el orden constitucional que les hubiera gustado hacer hace treinta años.
Por otro lado, es una ley sin aprecio ciudadano, porque no resuelve ninguno de los problemas que condicionan el presente y el futuro de la sociedad española. Aun cuando se insista -y el objetivo es legítimo- en que la norma pretende resarcir a las víctimas, la ley seguiría siendo innecesaria, porque todos los gobiernos democráticos han reparado moral y materialmente a los represaliados republicanos sin necesidad de normas legales ni debates retrospectivos. Además, es una ley que juega con los sentimientos porque hace pasar como derechos individuales lo que no son más que meros artificios legales, tales como la declaración de ilegitimidad de las sentencias dictadas por tribunales franquistas o la derogación de algunas leyes del anterior régimen, como si lo primero fuera suficiente por sí solo para anular una sentencia y lo segundo no se hubiera producido ya por efecto de la entrada en vigor de la Constitución. En definitiva, un golpe de mano legislativo de la izquierda contra la convivencia.

http://www.abc.es/20071102/opinion-editorial/contra-concordia_200711020250.html