Sombras sobre Hacienda

miercoles 16 de mayo de 2007
Sombras sobre Hacienda

El procedimiento judicial abierto contra el ex director de la oficina tributaria irunesa, José María Bravo, y otras tres personas más, por presunto fraude a la Hacienda guipuzcoana, supone un suceso especialmente grave por afectar al correcto funcionamiento y la credibilidad de una institución clave en la organización del país y en la relación entre la Administración y los ciudadanos. Un hecho que se produce, además, cuando aún está pendiente de resolución la causa que implica, por presuntas actuaciones delictivas, al ex jefe de Inspección de la Hacienda de Vizcaya. El resultado de ambas iniciativas judiciales es que la imagen modélica de las haciendas forales se ha visto quebrada, y que sólo una actuación decidida de la clase política, depurando responsabilidades, extremando los controles y garantizando un trato igualitario de todos los ciudadanos, podrá recuperar. Quizás no sea una casualidad que la única hacienda vasca que se encuentra al margen de estos escándalos, la alavesa, sea también la única que ha tenido alternancia política en su dirección. No cabe duda de que la continuidad partidaria en una esfera determinada de poder administrativo produce 'sensaciones de impunidad' que con excesiva frecuencia conducen a la aparición de abusos y malas prácticas. El caso de la Hacienda de Irún es un buen ejemplo de estas conductas inadmisibles: unos altos funcionarios, como asegura el fiscal, abusando de su posición dominante, se apropiaban de las deudas tributarias de los administrados, en dinero y en especie. Las haciendas vascas constituyen el pilar central que soporta la autonomía de la comunidad autónoma. Administran el régimen del Concierto Económico y obtienen los recursos que necesita el buen funcionamiento tanto de las diputaciones forales como del propio Gobierno vasco y de los ayuntamientos. Este singular reparto de funciones -ellas recaudan lo que luego otros gastan- ha dado en general buen resultado, con las disputas lógicas sobre las aportaciones relativas de cada territorio histórico al Gobierno, y las demandas nunca del todo satisfechas de los siempre más necesitados consistorios. La proximidad con los administrados y el buen conocimiento de sus necesidades ha permitido diseñar un esquema impositivo flexible y con capacidad de interlocución con los sujetos pasivos de los impuestos, las personas físicas y las jurídicas. Gracias a ello el país ha crecido, se ha equipado con unas infraestructuras envidiables, mantiene un nivel elevado de servicios sociales y, con su ayuda, la economía vasca fue capaz de sortear en el pasado los embates de la reconversión industrial y puede hoy enfrentarse con esperanza a los exigentes retos del futuro global. Para preservar ese caudal de eficacia y confianza ciudadana es imprescindible un rigor fuera de toda sospecha. Con independencia de las conductas delictivas personales, estos casos constituyen excepciones demasiado aparatosas a la regla general del buen gobierno y muestran graves deficiencias en los sistemas de control interno. El buen nombre de las instituciones y la tranquilidad de los contribuyentes, que precisamente encaran estas semanas su declaración anual con el erario público, exigen una investigación a fondo y el castigo ejemplar de los delitos incurridos. Pero también la necesaria y conveniente depuración de las responsabilidades políticas a quienes les alcancen. La obligada renuncia del senador Víctor Bravo, hermano del principal imputado y director de la Hacienda guipuzcoana en el momento de los hechos, es un paso en esa dirección.