CAUSA GENERAL
LA DOMINACIÓN ROJA EN ESPAÑA
El índice responde a los titulares siguientes:
Nota explicativa
Prólogo
1. Asesinato de Calvo Sotelo.
Anexo
2. José Antonio Primo de Rivera.
Anexo
3. Terror anárquico.
Anexo
4. Las Checas.
Anexo
5. Persecución religiosa.
Anexo 1
Anexo2
6. Asesinatos en la Cárcel Modelo.
Anexo
7. Cárceles y asesinatos.
Anexo
8. Terror policiaco.
Anexo
9. Influencia soviética.
Anexo
10. Ejército Rojo.
Anexo 1
Anexo 2
11. Justicia Roja.
Anexo
12. El Patrimonio Nacional.
Anexo
13. Otros aspectos.
Anexo
Sobre La Causa General se han vertido mutitud de opiniones, la mayoría de ellas sin conocimiento de los textos originales, aunque no es el caso de las opiniones que, como ejemplos, citamos aquí:
Javier Tusell, en El País, Cultura, el 25 de septiembre de 1980:
"La Causa General es decisiva…muy interesante para estudiar la sublevación, los comienzos de la guerra civil y la vida en la zona republicana durante la contienda"
Pedro Laín, en El País, en 1981:
“Los horrores reseñados en la “Causa General” son ciertos...”
AVANCE DE LA INFORMACIÓN INSTRUIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO SEGUNDA EDICIÓN REVISADAMINISTERIO DE JUSTICIA
Diciembre, 1943.
EDUARDO AUNÓS, Ministro de Justicia
NOTA EXPLICATIVA
La Causa General, creada por Decreto de 26 de abril de 1940, ratificado por el de 19 de junio de 1943, atribuye al Ministerio Fiscal, subordinado al Ministerio de Justicia, la honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y veraz para conocimiento de los Poderes públicos y en interés de la Historia, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo, y providencialmente, por el Movimiento Liberador.
En el cumplimiento de su misión, la Causa General que reviste carácter exclusivamente informativo ejerce sus funciones investigadoras en aquella parte del territorio español que estuvo sometido a la dominación roja.
La presente relación, que refleja, con carácter demostrativo y circunscrito, algunos de los resultados obtenidos, permite anticipar conclusiones evidentes:
La contienda civil desarrollada en España desde el año 1936 hasta 1939, puso al descubierto toda la capacidad criminal de un Régimen político que afirmaba defender la libertad y proclamaba el respeto a los derechos inherentes a la personalidad humana.
El Frente Popular, desde que asumió el Poder, a raíz de las elecciones de febrero de 1936 —falseadas en su segunda vuelta por el propio Gobierno de Azaña, asaltante del mando político—, practicó una verdadera tiranía, tras la máscara de la legalidad, e hizo totalmente imposible, con su campaña de disolución nacional y con los desmanes que cometía o toleraba, la convivencia pacifica entre los españoles. El Alzamiento Nacional resultaba inevitable, y surgió como razón suprema de un pueblo en riesgo de aniquilamiento, anticipándose a la dictadura comunista que amenazaba de manera inminente. Al producirse, el 18 de julio de 1936, este legítimo movimiento de defensa, acaudillado por el general Franco, el Gobierno rojo llevó su crueldad a extremos difícilmente imaginables, valiéndose de sus propios agentes oficiales —improvisados por aquel Gobierno ante la pasividad y repulsa casi unánime de las instituciones de Orden Público existentes—, y dando rienda suelta a los bajos instintos de las turbas, armadas por el propio Gobierno, y de numerosos delincuentes comunes, dotados igualmente de armas y de autoridad, extiende el terror por toda España sometida al marxismo. Durante mucho tiempo se suceden los asesinatos en masa, acompañados frecuentemente de ensañamiento, y casi siempre de robo. La Religión es perseguida a muerte, y la propiedad es socializada o simplemente expoliada. Los militares —aunque no hayan participado en el Alzamiento— son asesinados, por el único motivo de su profesión. La vida de toda persona residente en la zona marxista se encuentra a merced del capricho de las checas o de cualquier miliciano, sin que la víctima pueda salvar su vida invocando unos antecedentes políticos liberales, siendo la clase media la que aporta mayor tributo de sangre. El Partido Comunista, inspirado desde el extranjero, es el verdadero árbitro de la política del Frente Popular.
Este cuadro expresivo del comportamiento del Régimen vencido constituye una verdad histórica indiscutible. Pero, por si no bastase la notoriedad de tales hechos, la investigación realizada por los Magistrados del Ministerio Público, instructores de la Causa General, demuestra la criminalidad del Frente Popular, ante el Mundo y ante la Historia, con las máximas garantías de seriedad y certeza.
No se insiste en el actual momento sobre casos ya expuestos y argumentos aducidos a su debido tiempo sobre la ilegitimidad, tanto en la obtención del Poder como en el abusivo ejercicio del mismo por el Frente Popular. La actual relación se dirige fundamentalmente a poner de relieve la criminalidad del referido conglomerado político durante la contienda civil española. Y representa un avance informativo, que se contrae únicamente a determinados aspectos y episodios representativos de especial interés, dedicando una preferente atención a Madrid, que, como capitalidad de un Gobierno que pretendía ser legítimo y como sede del movimiento socialdemócrata, que solía blasonar de sensatez y moderación, habría hecho presumir en sus Autoridades y elementos políticos responsables una conducta más conforme al derecho de gentes.
Los documentos y actuaciones que sirven de comprobación a las afirmaciones que la presente relación consigna, constituyen una mínima parte de la documentación y colecciones fotográficas obrantes en los Archivos ocupados por las Autoridades nacionales al ser liberada la que fue zona marxista, así como de aquellas declaraciones testificales de importancia prestadas ante los Organismos de orden judicial.
PRÓLOGO
La Historia cuyos testimonios se sirven en las páginas que siguen no es tan remota que haya disipado su siniestro fulgor. En realidad, los españoles mayores de edad hemos vivido en el escaso trienio que duró nuestra contienda el fragmento más punzante y angustiado de nuestra vida colectiva. Apenas han transcurrido cuatro años desde aquella gloriosa sencillez del parte de guerra postrero, por el que el Caudillo anunciaba con espartano acento el fin de la tragedia española, y tan breve lapso de tiempo ha sido suficiente para que la vehemencia, indignada, expresase su agravio y fulminase su honda condenación. Los arrebatos irrefrenables han vertido todo su depósito de irritaciones justísimas, y, una vez aligerado de ese peso, el español ha vuelto a su andadura normal, tendiendo la mano a aquellos de sus adversarios que lo fueron por ignorancia o engaño, recorriendo junto a ellos, en casi todos los casos, el espinoso azar de la hora presente, recuperándoles para el trabajo noble y desinteresado del engrandecimiento patrio. Es la consecuencia del proceso espiritual cristiano que caracteriza cumplida y noblemente al pueblo español, capaz de vociferar su pasión, que está impaciente por airear, pero que, una vez comunicada, extingue su encono epidérmico, desvanecido en aras de una generosidad que nadie osaría en el mundo discutirnos. Quien no sabe que en plena guerra se excarcelaron millares de condenados; quien olvida que el ritmo de libertades condicionales ha seguido después de la paz en progresión creciente, hasta dejar sólo en las cárceles delincuentes de derecho común sobre los que pesan gravísimos delitos, no podrá nunca medir la grandeza de alma de quien rige los destinos de España por voluntad de Dios y heroico tino de su espíritu, siempre desvelado y tenso al servicio de la Patria.
Pues bien; ahora, cuando las voces de iniciativa propia se han adormecido tras la ronquera de los momentos primeros; ahora, cuando el generoso corazón de nuestro Caudillo ha dado las más prudentes muestras de su magnanimidad, haciéndolas compatibles con el irrenunciable espíritu de justicia que hubiera sido cobardía desconocer; ahora, en el momento en que el Estado nuevo colma los anhelos de equidad y supera las dificultades tremendas de una etapa tormentosa, lanza a la publicidad su pieza fiscal en relación con nuestra guerra fratricida y la ominosa época que la precedió. Ante la conciencia nacional, aletargada por el bienestar de una paz milagrosa, que sólo debe a Dios y al Caudillo, sitúa de nuevo la visión apocalíptica de tantos héroes condenados al suplicio cruento, y de las masas enfebrecidas por la ola de crimen y de sangre que abrió el marxismo y sus aliados. No queremos destacar un solo nombre de los que cayeron, ni siquiera el de aquél que con más claridad que nadie avizoró el amanecer de la España triunfante. Anhelamos que sobre todos los mártires benditos de la Cruzada campee el mismo profundo rezo del alma española, encendida en el más puro fervor religioso y patriótico.
Nadie que lea claramente en la verdad desnuda que con este libro entrega a la opinión mundial al Nuevo Estado podrá atribuir su publicación a otro móvil que el que la inspira. Ni se trata de remover llagas que tienden a cicatrizar, ni de mantener constante una hoguera en la que se calcinen los mejores sentimientos de los españoles. Se está en el deber, en cambio, por parte de un Estado fortalecido sucesivamente por el dolor, por la victoria y por la sabia dirección de su insustituible Jefe, de señalar documentalmente la verdadera ocurrencia de los hechos que cubrieron de luto y de oprobio a nuestra Patria. Nos acucia la obligación de dejar sentada la culpabilidad de quienes produjeron o facilitaron la criminalidad-ambiente que se enseñoreó de España. Y esta labor que nos incumbe no se verifica más que por razones de estricta necesidad, que nos empujan a mostrar al Mundo una justificación, no de nuestra política, no de nuestra gestión gobernadora, sino de esa conciencia sana y universal que, sin leer los alegatos y pruebas que publicamos a continuación, ya nos concedió desde el primer día el aliento de su opinión y la repulsa de cuanto nos era adverso. Vamos, pues, a dar razones para que esa opinión sana de allende las fronteras siga dispensándonos una adhesión que no nos ha negado nunca.
Publicamos también este libro con un propósito bien definido de convite a la meditación. Nos podemos permitir desde la cima de la política menos rencorosa en que nos hallamos hacer un llamamiento a todos los españoles. El de que lean todo lo incontrovertible que contienen estas páginas y cedan a la reflexión las horas más hondas de su sinceridad. Quienes verdaderamente se estimen ciudadanos de España, y cuantos en el Mundo nos quieren, no podrán menos de sentirse abochornados ante esta evocación de la barbarie que hubimos de padecer. Pensemos todos y cada uno en la parte que nos está asignada, la tarea indispensable que nos incumbe para evitar la repetición de aquellas infamias, y España se habrá salvado de esa posibilidad, si es que algún día vuelve a acecharla por las esquinas de la ocasión.
En todo caso, creemos que los más avergonzados habrían de ser quienes por complacencia, por frivolidad o pereza consintieron la instalación del oprobio en los centros vitales de nuestra existencia como Nación. Los que han sentido la responsabilidad de su acción pasiva o de su blandura sólo pueden borrar esta grave falta convirtiéndose en los mejores defensores de la estabilidad nacional, que el Caudillo logró arrancar del caos para consagrarla como uno de los más firmes puntales del Mundo de mañana.
El Gobierno, bajo la inspiración de su generosísimo Jefe, y siguiendo sus preclaras consignas, ha hecho todo cuanto el más liberal criterio pudiera aconsejar para atraer a los descarriados no criminales, recuperándoles con amplio gesto comprensivo, para la Nueva España. Ellos han de ser la barrera inexpugnable que nos ponga a cubierto de cualquier acusación de crueldad, que no existió jamás en el campo nacional, ni incluso en medio del terrible fragor de la contienda. El Caudillo cristianísimo que nos gobierna sabe que únicamente el amor y la clemencia pueden fortalecer a los Gobiernos. La crueldad es cobardía, y nuestra guerra liberadora se ganó por el valor y el heroísmo, virtudes que sólo pueden convivir con la grandeza de corazón.
Reflexionen ante estas páginas quienes se entregan a la vida fácil y al parloteo anecdótico y banal, y también aquellos que tienen encomendada una función de responsabilidad, cualquiera que sea su rango en el vasto organismo rector del país. Sepan estos últimos que del vigor sereno con que apliquen su criterio, del uso discreto que hagan de su función, se forja día a día toda la Historia de nuestro pueblo. Urge, pues, que fortifique cada uno su conciencia, disponiéndose a bregar en el noble y recto designio del servicio de Dios y de España.
Los documentos que publicamos a continuación son un anticipo de la Causa General informativa que el Ministerio Público ha cuidado celosamente de instruir con espíritu ecuánime de que resplandezca una verdad dolorosa, nunca adulterada por pasiones bajas ni exageraciones inaceptables. En la escueta serenidad con que se han redactado estas páginas fieles, tenemos todos los españoles el recuerdo de un peligro pasado y la norma que ha de guiarnos en lo sucesivo, en evitación de un retorno de la iniquidad.
Que Dios guarde al Caudillo en la providencial misión que le tiene encomendada y nos depare el seguro tino con que hemos de conducirnos para que a ninguno de nosotros nos caiga de la mente el nombre y concepto de España, en cuyo honor todos sabremos ser mejores.
Diciembre, 1943.
EDUARDO AUNÓS, Ministro de Justicia
Capitulo I
ASESINATO DE CALVO SOTELO
Después de unas elecciones, que se celebran en febrero de 1.936, bajo el Gobierno de Portela Valladares, político sin opinión, sin partido y sin Diputados, en las que, según unánimes y solventes testimonios reflejados en el Extracto Oficial del Diario de Sesiones del Parlamento, el constante atropello que las caracteriza constituye la más fragante violación del régimen democrático que se invoca, se forma el 19 de dicho mes y año un Gobierno del Frente Popular, creación de la III Internacional, presidido por D. Manuel Azaña, en la forma que al periódico Ahora, del jueves 19 de Febrero de 1936, no enemigo de aquella situación, comentó diciendo: «Precipitadamente se ha formado el nuevo Gobierno. El temor a que las masas, entusiasmadas con el triunfo electoral, se lanzasen a la calle a imponer su voluntad antes de que el nuevo estado de cosas tuviese un aparato gubernamental adecuado, ha hecho que, sin esperar más trámites, que acaso no hubieran sido ociosos, se entregue el Poder al señor Azaña. Desde anoche, a las nueve, gobierna en España el Frente Popular».
Este Gobierno preside, como juez y parte, empleando los resortes del Poder para ejercer toda clase de violencias, la segunda vuelta de las elecciones, haciéndose cargo con esta actuación de los resultados de la primera vuelta, los cuales falsea, quedando así la opinión contraria -derechas y masa neutra- a merced del enemigo ocupante del Poder, que logra de esta manera su triunfo.
DON JOSÉ CALVO SOTELO ha presentado por tercera vez, durante la República, su candidatura por Orense. Como las dos veces anteriores, ha triunfado plenamente, y en esta ocasión, enfrente de tres candidaturas. No obstante su triunfo clamoroso, con 250.000 votos indiscutidos, reconocidos como legales por sus enemigos, de ellos 186.000 en Madrid, se ve expuesto a no ser proclamado Diputado, porque el Frente Popular, dominando en la Comisión de Actas y Calidades, propone la anulación de su acta.
Tan patente es el atropello, que el Sr. Ansó -que después habría de ser, en 1937, Ministro de Justicia del Frente Popular-, en nombre de la Comisión de Actas, según consta en la página 42 del Extracto Oficial del Congreso de los Diputados, sesión celebrada el jueves 2 de abril de 1936, hizo uso de la palabra para hacer constar que la referida Comisión modificaba su criterio y proponía la proclamación del SR. CALVO SOTELO como Diputado a Cortes, reconociendo «los sacrificios» que habían tenido que hacer para llegar a este cambio de opinión, y que lo habían realizado «para que uno de los enemigos más encarnizados del régimen, de los Gobiernos republicanos y del Parlamento, no pueda salir con justicia a la calle a decir que nos hemos entregado a una persecución sañuda e injusta», y más adelante añade: «Y voy a repetir palabras que antes pronuncié, para que no pueda decir el enemigo más caracterizado del régimen que le hemos tratado con una medida de rigor y de injusticia.».
Ya queda señalado el SR. CALVO SOTELO, en forma harto gravísima, en un régimen en el que la vida del ciudadano no tiene garantía alguna. Debiéndose además tener en cuenta el antecedente de que en la sesión celebrada el 25 de enero de 1935, el SR. CALVO SOTELO, según consta en el número 146, página 5.763 del tomo correspondiente del Diario de Sesiones, atacó a la masonería, diciendo estas palabras:
"Y lo digo con toda claridad y sin ningún género de veladuras, porque uno de los problemas fundamentales que tenemos planteado en España es éste de la infiltración tentacular de la masonería en todos los órganos del Estado, incluso en el de los militares...".
También JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA había atacado públicamente a la masonería en la sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.934, según aparece en la página 4.566 del número 116 correspondiente al tomo VII del Diario de Sesiones de Cortes, legislatura de 1.933 a 1.935. Ambos perecen a manos del Frente Popular, pagando con sus vidas el intento de rehacer su Patria contra los poderes ocultos e internacionales.
Toda la viril campaña de CALVO SOTELO, llena de fervor patriótico, queda reflejada en el Extracto Oficial de las Sesiones de Cortes del Frente Popular; y llega a un punto tal de acierto esta campaña, con tan hondas repercusiones en la opinión pública, que el entonces Jefe del Gobierno y Ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga, amenaza al tribuno en plena sesión de Cortes, el día 16 de junio de 1936, respondiéndole el SR. CALVO SOTELO, después de aludir a los miles de milicianos marxistas que, al pasar ante los cuarteles, hacían el saludo comunista gritando « ¡Viva el Ejército rojo! :
"Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza; le he oído tres o cuatro discursos en mi vida; los tres o cuatro desde ese Banco Azul, y en todos ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, señor Casares Quiroga. Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Me ha convertido su señoría en sujeto, no sólo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos. Bien, señor Casares Quiroga. Le repito: mis espaldas son anchas; acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se Puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi Patria y para gloria de España, los acepto también. ¡Pues no faltaba más! Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: "Señor, la vida podréis quitarme, Pero más no podréis", y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. Pero, a mi vez, invito al señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades estrechamente, si no ante Dios, puesto que es laico, ante su conciencia, pues que es hombre de honor, estrechamente, día a día, hora a hora, por lo que hace, por lo que dice, por lo que calla; piense que en sus manos están los destinos de España, y yo pido a Dios que no sean trágicos. Mida su señoría sus responsabilidades; repase la historia de los veinticinco últimos años y verá el resplandor doloroso y sangriento que acompaña a dos figuras que han tenido participación primerísima en la tragedia de dos pueblos: Rusia y Hungría, que fueron Kerensky y Karoly. Kerensky fue la inconsciencia; Karoly, la traición a toda una civilización milenaria. Su señoría no será Kerensky porque no es inconsciente; tiene plena conciencia de lo que dice, de lo que calla y de lo que piensa. ¡Quiera Dios que su señoría no pueda equipararse jamás a Karoly!"—(Diario de Sesiones, número 45, del 16 de junio de 1936, páginas 1.380 y siguientes).
Esta amenaza pública de Casares Quiroga se ve confirmada con las que en su intimidad profiere el Jefe del Gobierno y Ministro de la Guerra, citándose, entre otros testimonios, el del Comandante de Carabineros, al servicio del Frente Popular, José Muñoz Vizcaíno, que en su declaración, prestada ante la Causa General, dice: «Que oyó varias veces al entonces Comandante, y más tarde Coronel, Luis Barceló, comunista, hombre de confianza y Ayudante del Ministro de la Guerra y Presidente del Consejo, Casares Quiroga, que éste había dicho, con referencia al SR. CALVO SOTELO, «que se lo cargaría -indicando que le daría muerte-», haciendo alusión a los debates parlamentarios en los que de manera tan eficaz y con una repercusión extraordinaria en la opinión pública intervenía el Jefe del Bloque Nacional.
El 29 de junio de 1936, el agente de Policía de la plantilla de Madrid, D. Rodolfo Serrano de la Parte, es llamado a la Dirección General de Seguridad, que desempeña José Alonso Mallol, para que, en unión del también agente José Garriga Pato, se encargue de la escolta del SR. CALVO SOTELO, sustituyendo a la anterior, compuesta por D. Antonio Álvarez Ramos y don Basilio Gamo -este último asesinado durante el dominio del Frente Popular por el solo motivo de haber sido escolta del SR. Calvo SOTELO-. El nombramiento del Sr. Serrano de la parte fue debido a considerársele, además de paisano, amigo del Sr. Casares Quiroga, y el de Garriga Pato, por ser masón y plenamente afecto al Frente Popular -datos plenamente comprobados en la Causa General-. Una vez que los dos agentes están en la Dirección General de Seguridad, son citados para el día siguiente, 30 de junio, compareciendo dicho día ante el jefe del personal, Lorenzo Aguirre Sánchez -solicitante de ingreso en la masonería-, el cual les hace saber que su misión cerca del SR. CALVO SOTELO no sería de protección, sino de espionaje, debiendo dar cuenta diaria y detallada de las personas con quienes se relacionara.
Dos días más tarde, Aguirre, después de tratar inútilmente de hacer pasar a los agentes a presencia del Director General de Seguridad, Alonso Mallol, les previene, en nombre de este último, que, caso de ocurrir un atentado contra el SR. CALVO SOTELO, debían, si sucedía en sitio céntrico, simular una protección; pero, en realidad, abstenerse de ayudar en nada, y si era descampado, ayudar a darle muerte.
Don Rodolfo Serrano de la Parte, hombre que había recibido una educación cristiana, incapaz de cumplir la orden dada en nombre del Director General de Seguridad por su superior jerárquico, se lo comunica inmediatamente al Diputado a Cortes D. Joaquín Bau Nolla, íntimo amigo del SR. CALVO SOTELO. Esta entrevista se inicia en los pasillos de la Cámara de los Diputados, en la que tiene entrada Serrano de la Parte desde el momento en que se encarga de la escolta del SR. CALVO SOTELO, y se continúa al día siguiente en una cervecería de la calle de Alcalá.
El Sr. Bau da cuenta a CALVO SOTELO de lo que ocurre y, de acuerdo con este último, visita al Ministro de la Gobernación, Moles, en el despacho de Ministros del Congreso de los Diputados, ante quien relata el intento de asesinar al SR. CALVO SOTELO con la complicidad de uno de los agentes de la autoridad. sin decir el conducto por quien ha recibido la noticia, negando dicho Ministro su intervención en dicho asunto. Al día siguiente, es el mismo SR. CALVO SOTELO quien visita al Ministro de la Gobernación, en compañía del Sr. Bau, para reiterarle con mayor firmeza la denuncia; Moles insinúa que podían ser criterios personales de algún agente, a lo que CALVO SOTELO, con vehemencia, pregunta, refiriéndose al Ministro, «si ellos eran una «pandilla» o un Gobierno» y que hacía recaer sobre este último las consecuencias que pudieran derivarse de las órdenes dadas por el Sr. Aguirre, el que no sólo continuó con la confianza del Gobierno, sino que más tarde es premiado por el mismo Gobierno con el cargo de Jefe Superior de Policía de Madrid. El Ministro, según el testigo presencial Sr. Bau, no reacciona ante todas las acusaciones, como lógica y naturalmente hubiese reaccionado una persona digna, sin relación alguna con el crimen, y que demás encarnaba el Poder Público.
Es de hacer notar que, con la suficiente antelación, se señala la figura del SR. CALVO SOTELO a las masas marxistas por elementos afectos del Gobierno que, por boca de su jefe, se define como beligerante, y así, el día 23 de junio de 1936, el periódico madrileño El Socialista, en su número 8.169, publica en la primera página, en la quinta columna, un artículo titulado "Intimidades del adversario".—"CALVO SOTELO, cabeza rectora del Fascismo", habiendo sido inspirado este violento artículo, según declaración prestada en la Causa General, por Indalecio Prieto. El Sr. Serrano de la Parte es trasladado inmediatamente a Galicia.
En las primeras horas de la noche del 12 de julio de 1936, el Teniente de Asalto, afecto al Frente Popular, Castillo, es asesinado por unos desconocidos al cruzarse con él en la calle, no habiendo el Gobierno del Frente Popular logrado averiguar ni decir quiénes fueron los asesinos.
A partir de este suceso, los jefes y oficiales del Cuerpo de Asalto del cuartel de Pontejos, inmediato al Ministerio de la Gobernación, celebran conferencias con este Ministro, con el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Casares Quiroga, y con el Director General de Seguridad, Alonso Mallol.
Las principales figuras que conferencian con las altas autoridades del Gobierno de la República son el Comandante Ricardo Burillo Stolle, el Teniente Máximo Moreno y el Capitán Fernando Condés, de la Guardia Civil este último, todos ellos de la entera confianza del Frente Popular.
Después de estas conferencias, en las primeras horas de la madrugada del 13 de julio de 1936 sale del cuartel de Pontejos el autocar número 17, al servicio del Cuerpo de Asalto. Es conducido por el guardia Orencio Bayo Cambronero, y ocupan asientos al interior: Victoriano Cuenca, pistolero y persona de absoluta confianza de Indalecio Prieto; José del Rey Hernández, guardia del Cuerpo indicado, adscrito a la escolta personal del Diputado socialista Margarita Nelken, y los también guardias de Asalto Amalio Martínez Cano, Enrique Robles Rechina, Sergio García, Bienvenido Pérez Rojo, Ismael Bueso Vela, Ricardo Cruz Cousillos y Aniceto Castro Piñeira. El estudiante del último curso de Medicina, Federico Coello García, afiliado al partido socialista -persona de la intimidad de Indalecio Prieto-, que por aquel entonces prestaba asistencia médica a Victoriano Cuenca, aquejado de enfermedad específica; Santiago Garcés y Francisco Ordóñez, de las juventudes socialistas, hombres de acción y de la confianza de Prieto. Al mando de todos, en el mismo vehículo, va, vestido de paisano, el Capitán de la Guardia Civil Fernando Condés.
Pocos minutos después parte detrás del autocar un coche de turismo, ocupado por los oficiales del Cuerpo de Asalto, Capitanes Antonio Moreno Navarro e Isidro Avalos Cañada, y los Tenientes Andrés León Lupión, Alfonso Barbeta y Máximo Moreno.
Se dirigen directamente a la calle de Velázquez, llegando hasta la de Diego de León, para dar la vuelta y entrar por su mano derecha, parando el autocar frente a la casa número 89 de la calle de Velázquez, domicilio del SR. CALVO SOTELO.
Descienden del autocar el Capitán Condés, José del Rey, Victoriano Cuenca y algunos otros números de Asalto; franqueado el portal por el sereno, suben al piso; llaman al timbre de la puerta y acude una criada que, sin abrir, pregunta quién es, contestándosele que abriese a la Autoridad, que iba a hacer un registro. La criada se retira sin abrir y da cuenta de lo que ocurre al SR. CALVO SOTELO, que se encontraba descansando; se levanta, sale al recibimiento y abre la puerta de entrada, preguntando qué deseaban. Replica el Capitán Condés -que, como se ha dicho, iba vestido de paisano- exhibiendo su carné militar, «que tiene que hacer un registro». Se distribuyen por las habitaciones, fingiendo la práctica del mismo, inutilizan el teléfono y manifiesta el Capitán al SR. CALVO SOTELO que la Dirección General de Seguridad ha ordenado su detención. Hace patente el SR. CALVO SOTELO su calidad de Diputado a Cortes, que prohíbe esa detención, salvo en casos de flagrante delito, que no existe; pretende hablar con la Dirección de Seguridad, notando entonces está inutilizado el teléfono; impiden a los familiares de CALVO SOTELO salir del domicilio en demanda de auxilio, siendo ineficaces las protestas del Jefe del Bloque Nacional, que no tolera, como Diputado, su detención, y cede ante la palabra de caballero que da el Capitán Condés de que dentro de cinco minutos se encontrará en la Dirección General de Seguridad, en la que podría alegar cuanto estimase oportuno. Penetra el SR. CALVO SOTELO en el dormitorio para terminar de vestirse, y allí le siguen Condés y Del Rey. Mientras, la señora de DON José consigue preparar un maletín con los útiles más precisos de aseo, unas cuartillas y una pluma, y ruega angustiosamente a su marido que no se marche.
Penetra el SR. CALVO SOTELO en el cuarto de sus hijos; da un beso a cada uno de ellos, que duermen. La mayor, Conchita, despierta y pregunta a su padre adónde va; la tranquiliza DON José, así como a su esposa, de la que se despide en el recibimiento prometiéndola que en cuanto llegue a la Dirección General de Seguridad hará por comunicar con ella, y mirando a los que le rodeaban, agregó: "si es que estos señores no me llevan a pegarme cuatro tiros". Baja rápido la escalera, y ya en el portal, encarga al portero que avise a sus hermanos, pero que nada digan a sus padres. Cuando sube al autocar número 17, se vuelve, buscando al Capitán Condés con la vista, preguntándole si subía, y al contestarle que sí, dijo: «Vamos a ver qué nos quieren», despidiéndose de los familiares, que estaban en los balcones, diciéndoles adiós con la mano.
El SR. CALVO SOTELO se sienta en el tercer departamento del autocar, contando como primero el correspondiente al conductor, y ocupa el cuarto asiento del autocar en dicho departamento; a su derecha y a su izquierda se colocan un guardia de Asalto y un guardia del escuadrón de Caballería, también de Asalto, respectivamente.
Inmediatamente detrás del SR. CALVO SOTELO se sienta Victoriano Cuenca; el Capitán Condés y José del Rey ocupan los asientos contiguos al del conductor, y distribuídas en los demás lugares, las personas que antes se mencionaron, cuidando Condés de que no ocuparan los asientos inmediatamente anteriores al SR. CALVO SOTELO. El vehículo se pone en marcha, recorre unos cuantos metros, y al llegar a la altura del cruce de la calle de Ayala con la de Velázquez, Victoriano Cuenca empuña una pistola, que dirige hacia la nuca del SR. CALVO SOTELO, y sin que éste pueda darse cuenta de la agresión -está dando su espalda al agresor-, hace dos disparos consecutivos, tan inmediatos, que dan la impresión a los que van en el automóvil de que ha sido un solo disparo. Cae de bruces la víctima entre los asientos. El pistolero dibujó los dos tiros en la nuca, según puede apreciarse en la fotografía que se acompaña, obtenida y conservada en la Escuela de Medicina Legal de Madrid al practicarse la autopsia en el cadáver del SR. CALVO SOTELO.
El autocar, que no ha detenido su marcha, sigue por la calle de Velázquez hasta el cruce con la de Alcalá, en donde está parado un camión con guardias de Asalto, que, al comprobar que es el autocar número 17, le deja pasar, continuando calle de Alcalá arriba, en dirección al Cementerio del Este, ante cuyas puertas se detiene, descendiendo del mismo el Capitán Condés y José del Rey, dándose a conocer como agentes de la Autoridad a los empleados de guardia en el Cementerio, obligándoles a que abran las puertas, penetrando en el recinto sagrado con el vehículo, del que sacan el cadáver del SR. CALVO SOTELO, que dejan abandonado sobre el suelo, próximo al depósito, en el que es colocado después por los empleados del Cementerio. Parte el autocar con todos sus ocupantes, y a los pocos metros de marcha, exclama el conductor: «Supongo que no nos delatarán»; a lo que responde Condés: «No te preocupes, que nada pasará»; agregando José del Rey: «El que diga algo de esto se suicida, pues le mataremos como a ese perro».
Llegan al cuartel de Pontejos, descienden los ocupantes del autocar, y Victoriano Cuenca echa el brazo por encima de los hombros al Comandante Burillo, subiendo así los dos las escaleras, hablando en voz baja, hasta la Comandancia, en la que penetran igualmente el Capitán Condés, José del Rey, el Capitán Moreno Navarro y los Tenientes Máximo Moreno, Lupión y Merino. A los pocos momentos llega también el Teniente Coronel Sánchez Plaza.
El guardia Tomás Pérez limpia inmediatamente el autocar y hace desaparecer las manchas de sangre.
La señora de CALVO SOTELO, en cuanto éste montó en el autocar, procuró ponerse en relación con los familiares y amigos a fin de rescatar a su marido; unos y otros se encargan de hacer llegar a la Dirección General de Seguridad y al Ministerio de la Gobernación las noticias y detalles del secuestro. Ni por el Gobierno ni por sus subordinados, a quienes específicamente compete actuar, se toma medida alguna para averiguar en dónde se encuentra el SR. CALVO SOTELO. «A la Dirección General de Seguridad no ha llegado», se limitan a con-testar, y en ninguna Comisaría tampoco se encuentra.
La mayoría de los funcionarios y jefes de servicio de la Dirección General de Seguridad que estuvieron en la noche del 12 al 13 de julio de 1936 en dicho Centro, y el jefe del Negociado del Gabinete reservado de Orden Público del Ministerio de la Gobernación, de guardia aquella misma noche, han depuesto en la Causa General, coincidiendo y confirmando todos que ni por parte del Gobierno ni del Director de Seguridad se tomó medida alguna en averiguación del paradero del SR. CALVO SOTELO, dándose el caso de que cuando algunos familiares de éste se encontraban en el Ministerio de la Gobernación, contiguo al cuartel de Pontejos, hablando con el Subsecretario, Ossorio y Tafall, en el salón grande de la Subsecretaría, penetró el Teniente Coronel de Asalto, Sánchez Plaza, comunicando que el autocar número 17 había llegado al cuartel de Pontejos con manchas de sangre y que, según los guardias ocupantes, se trataba de la hemorragia nasal de uno de ellos, y que todos habían sido de nuevo distribuidos para prestar diversos servicios. Al oír estas palabras los familiares del SR. CALVO SOTELO, se hace vivísimo el diálogo entre ellos y el Subsecretario, por lo que Ossorio y Tafall se retira del salón donde se encontraba, no sin antes requerir al Teniente Coronel Sánchez Plaza para que le acompañase, volviendo a salir a los pocos segundos, reiterando a los familiares las manifestaciones que antes les hiciera de que existía una Compañía de guardias de Asalto en franca insubordinación.
Aproximadamente sobre la hora en que se registran estas escenas en el Ministerio de la Gobernación, en el despacho del Director General de Seguridad, Alonso Mallol -según declaración de un testigo presencial, entonces Comisario General de Investigación Social-, un Comandante del Cuerpo de Asalto, con visibles muestras de nerviosismo, dijo: «Que no había que hacer conjeturas sobre el paradero del SR. CALVO SOTELO, pues, de haberle ocurrido algo, a aquellas horas ya había pasado», dando a entender -sigue diciendo dicho testigo presencial- claramente, por el sentido de sus frases y por su actitud, que conocía perfectamente lo ocurrido, y que era una forma de dar cuenta del asesinato al Director General, pues salió inmediatamente del despacho sin pronunciar más palabras. El aludido Comisario hizo entonces reflexiones a Alonso Mallol de que ya se podía comprender lo que había sido del SR. CALVO SOTELO y que, por lo tanto, debía obligársele al Comandante que se acababa de marchar a que aclarase lo ocurrido.
Confirma este Comisario, coincidiendo con lo manifestado por los demás jefes de servicio, en que no se toma por el Director General de Seguridad medida alguna, ni se da orden de que se practiquen diligencias en averiguación del paradero del SR. CALVO SOTELO, a pesar de que otro Comisario de Policía regresa a la Dirección, después de personado en el domicilio del Jefe del Bloque Nacional, y le entera de lo ocurrido allí. Coinciden todos también en que la única medida que se adopta a las ocho de la mañana del día 13 de julio de 1936, es la detención del chófer conductor del autocar número 17 y la de un oficial de Asalto, con la impresión de que no se pensaba profundizar en la investigación del hecho, sino procurar únicamente cubrir las apariencias.
Sobre el mediodía del 13 de julio de 1936 comunica la Dirección del Cementerio del Este con la Alcaldía de Madrid, para decir: Que el cadáver del SR. CALVO SOTELO se encontraba en el Depósito del cementerio, adonde había sido llevado por un autocar del Cuerpo de Asalto, hacia las tres de la madrugada, y que los ocupantes del autocar habían dejado allí el cadáver sin manifestar a los empleados del Cementerio de quién se trataba; pero que él -quien comunicaba con la Alcaldía- conocía personalmente al SR. CALVO SOTELO, y en aquel momento le había reconocido.» Este funcionario ha depuesto en la Causa general, y es lo trascrito fiel reflejo de sus manifestaciones, confirmadas en esencia por el propio Ministro de la Gobernación de aquella fecha, Juan Moles Ormella, en la comunicación que el día 13 de julio dirigió al Presidente de las Cortes, D. Diego Martínez Barrios, que se publicó en toda la Prensa, y en la que se decía: "Que cerca del medio día recibió en el Ayuntamiento aviso de la Dirección del Cementerio de que habían dejado un cadáver sobre las cinco de la mañana, y que había resultado ser el del SR. CALVO SOTELO."
La actuación judicial, con motivo del asesinato del SR. CALVO SOTELO, se ve entorpecida por los elementos del mismo Gobierno. Cuando se trata de practicar una diligencia de reconocimiento en rueda, para que familiares y criados reconozcan a las personas que se habían presentado en el domicilio del SR. CALVO SOTELO en la madrugada del día 13, no son los que allí estuvieron los que fueron a la rueda, sino otros guardias de Asalto y personas diferentes.
Cuando se logra fijar la actuación del Teniente Máximo Moreno; éste, que en el mismo día 13 de julio se refugió en la Dirección General de Seguridad, elude presentarse ante la Autoridad judicial, y, amparado por el Gobierno, continúa en aquel edificio para evitar el otro, interrogatorio judicial y las posibles represalias de elementos hostiles o simplemente indignados por el hecho ocurrido. Compareciendo, por fin, un día a las cuatro de la tarde, acompañado del Fiscal General de la República, y, según las declaraciones que constan en la Causa, se limito la declaración del referido oficial a un acto puramente formulario, ante la extrañeza de algunos de los funcionarios presentes, ya que esperaban manifestaciones de verdadero interés. Estos mismos funcionarios señalan que de la investigación judicial se deducía que José del Rey resultaba ser un pistolero protegido por el Poder público, a quien se le había facilitado el carné de guardia de Asalto, sujeto, además, que, al poco tiempo de iniciado el Movimiento Nacional, es elevado a la categoría de Comandante del Ejército rojo; igual categoría alcanza Ismael Bueso Vela, y casos análogos ocurren con otros dos números de Asalto que ocupaban el autocar. El Teniente Máximo Moreno sale del 1 donde está amparado, el 18 de julio de 1936, lucha en el Ejército rojo, y poco después muere en accidente de aviación, verificándose entierro con toda solemnidad, siendo presidido por el Director General de Seguridad y por el Diputado socialista-comunista, Margarita Nelken. El Comandante Ricardo Burillo, de esa categoría pasa a la de Coronel. Ordóñez llega a ser jefe supremo de la Policía del D. E. D. I. D.E., y Garcés ge elevado a la jefatura del S. I. M. central.
No obstante la defectuosa investigación judicial -defectuosa, por los motivos antes indicados-, el día 25 de julio de 1936, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos, en pleno día, por la puerta principal del Palacio de Justicia, sito en la plaza de la Villa de París, penetra un grupo de diez o doce hombres, milicianos, armados con fusiles y capitaneados por un individuo vestido de paisano, dirigiéndose a la Sala del Tribunal Supremo, en donde actuaba el Juez que tramitaba el sumario seguido por la muerte del SR. CALVO SOTELO; y en ocasión de que un oficial de la Secretaría se encontraba uniendo al proceso de-terminados documentos, se lo arrebatan por la fuerza, llevándoselo y haciéndolo desaparecer.
Avanzada la guerra, no ceja el Gobierno del Frente Popular en «agotar el caso CALVO SOTELO», y el Sr. Ansó que en la sesión de Cortes del día 2 de abril de 1936 había calificado al SR. CALVO SOTELO de «el enemigo más caracterizado del régimen»—, ya Ministro de Justicia, inquiere del de Gobernación, Sr. Zugazagoitia, informe sobre los Abogados que al tiempo del asesinato de CALVO SOTELO protestaron contra el crimen.
Ha de señalarse la circunstancia de que el Presidente de la República, D. Manuel Azaña; el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga; el Ministro de la Gobernación, Juan Moles Ormella; el Director General de Seguridad, José Alonso Mallol; el Presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio; el Comandante del Cuerpo de Asalto, Ricardo Burillo Stolle, y algunos oficiales del mismo que intervinieron en el asesinato, todos pertenecían a la masonería.
Capítulo II
JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA
JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA hace sus primeras armas en el Parlamento español con el propósito nobilísimo de defender, no tanto la Dictadura de Don Miguel Primo de Rivera, sino la memoria de su padre.
JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA tiene ocasión, en el Parlamento, con motivo de la discusión de unos suplicatorios para conceder autorización de las Cortes para su procesamiento, de hacer su autobiografía y señalar el problema español, cuya solución era y había de ser la esencia de su doctrina. Es el día 3 de julio de 1.934. Se trata de las Cortes, en que triunfantes las derechas, su desunión hizo estéril el triunfo y la labor de las mismas, dando pretexto a una disolución que habría de traer, por procedimientos perfectamente conocidos, el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936.
En el Extracto Oficial del Diario de Sesiones, en el número III del día 3 citado, páginas 4.382 a 4.393 del tomo correspondiente a la Legislatura de 1933 a 1935, obran las frases de JOSÉ-ANTONIO:
«... Detesto la autobiografía; pero si en alguna ocasión tiene un poco de disculpa la autobiografía, es en un trance como éste, en que me encuentro, más o menos, en la posición de acusado. Y en posición de acusado me vais a disculpar la declaración autobiográfica de que yo no soy absolutamente, como el Sr. Prieto imagina, ni un sentimental, ni un romántico, ni un combativo, ni siquiera un hombre valeroso; tengo estrictamente la dosis de valor que hace falta para evitar la indignidad; ni más ni menos. No tengo, ni poco ni mucho, la vocación combatiente, ni la tendencia al romanticismo; a romanticismo, menos que nada, Sr. Prieto. El romanticismo es una actitud endeble que precisamente viene a colocar todos los pilares fundamentales en terreno pantanoso; el romanticismo es una escuela sin líneas constantes, que encomienda en cada minuto, en cada trance, a la sensibilidad la resolución de aquellos problemas que no pueden encomendarse sino a la razón...» «Yo le aseguro al Sr. Prieto que si, por ejemplo, fuera lo que suponen incluso muchos correligionarios suyos de fuera del Parlamento; si fuera un defensor acérrimo, hasta por la violencia, de un orden social existente, me habría ahorrado la molestia de salir a la calle, porque me ha correspondido la suerte de estar inserto en uno de los mejores puestos de ese orden social —como es sabido, era MARQUÉS DE ESTELLA Y GRANDE DE ESPAÑA—; con que yo hubiese confiado en la defensa de este orden social por numerosos partidos conservadores, los unos republicanos «in partibus infidelium», y por otros partidos conservadores que hay en todas partes, estos partidos conservadores, por mal que les fuese, me asegurarían los veinticinco o treinta años de tranquilidad que necesito para trasladarme al otro mundo disfrutando todas las ventajas de la organización social presente.»
«Yo le aseguro al Sr. Prieto que no es eso. Lo que pasa es que todos los que nos hemos asomado al mundo después de catástrofes como la de la Gran Guerra, y como la crisis, y después de acontecimientos como el de la Dictadura y el de la República española, sentimos que hay latente en España y reclama cada día más insistentemente que se la saque a la luz—y eso sostuve aquí la otra noche—una revolución que tiene dos venas: la vena de una justicia social profunda, que no hay más remedio que implantar, y la vena de un sentido tradicional profundo, de un tuétano tradicional español, que tal vez no reside donde piensan muchos y que es necesario a toda costa rejuvenecer... yo no pensé ni por un instante que estas cosas se tuvieran que mantener por la violencia, y la prueba es que mis primeras actuaciones fueron completamente pacíficas; empecé a editar un periódico y empecé a hablar en unos cuantos mítines. Y con la salida del periódico y con la celebración de los mítines se hicieron contra nosotros agresiones cada vez más cruentas, y por manos movidas seguramente con intención tan limpia como la de mis amigos, tal vez movidos después a represalias. Pero estas represalias vinieron mucho después; tanto después, que muchas personas que nos suponían a nosotros venidos al mundo para jugarnos la vida en defensa de su propia tranquilidad, incluso en periódicos conservadores, nos afeaban que no nos entregásemos al asesinato; imaginaban que nos estábamos jugando nuestra vida y las vidas de nuestros camaradas jóvenes para que a ellos no se les alterase su reposo.»
«Pero porque resulta que nosotros hemos venido a salir al mundo en ocasión en que en el mundo prevalece el Fascismo—y esto le aseguro al Sr. Prieto que más nos perjudica que nos favorece—; porque resulta que el Fascismo tiene una serie de accidentes externos, intercambiables, que no queremos para nada asumir. La gente, poco propicia a hacer distinciones delicadas, nos echa encima todos los atributos del Fascismo, sin ver que nosotros sólo hemos asumido del Fascismo aquellas esencias de valor permanente que también habéis asumido vosotros… porque lo que caracteriza el período de vuestro Gobierno es que, en vez de tomar la actitud liberal bobalicona de que al Estado le es todo lo mismo, de que el Estado puede estar con los brazos cruzados en todos los momentos, a ver cuál es el que trepa mejor a la cucaña y se lleva el premio, contra el Estado mismo, vosotros -alude al primer Gobierno Azaña— tenéis un sentido del Estado que imponéis enérgicamente. Ese sentido del Estado, ese sentido de creer que el Estado tiene algo que hacer y algo en que creer, es lo que tiene de contenido permanente el Fascismo, y eso puede muy bien desligarse de todos los alifafes, de todos los accidentes y de todas las galanuras del Fascismo, en el cual hay unos que me gustan, y otros que no me gustan nada."
«Esto es tan importante, Sr. Prieto, que, ya le digo, yo no me hubiese dedicado para nada, no a usar la violencia, sino ni siquiera disculpar la violencia, si la violencia no hubiera venido a buscarnos a nosotros. Yo le aseguro al Sr. Prieto que cuando la primera vez oí detrás de mi coche el estampido de un petardo; que cuando la segunda vez supe que habían tiroteado un coche porque tenía casi el mismo número que el mío, y cuando he empezado a tener todas esas amenazas que justifican el, a juicio de la Comisión, terrible delito de que tenga seis especies de artes ancestrales, de grandes armatostes, tal vez inservibles para defenderme; cuando oí la primera vez el petardo; cuando supe después lo de esos tiros y lo de las amenazas, sentí dos cosas: la primera, el que los tiros me pudieran dar (desde luego reconozco que no tengo el más mínimo gusto en apresurar la apertura de mi «ab intestato»; la segunda, "que el día que me encontrara en los cielos con el metalúrgico, el carpintero o el campesino que me hubieran pegado los tiros por la espalda, en cuanto tuviéramos diez minutos de conversación, el metalúrgico, el campesino o el carpintero se convencerían de que, se habían equivocado al dirigir esos tiros."
«Como esto es lo que yo quería decir aprovechando esta noche autobiográfica, con eso he sustituido a lo que pudiera ser el contenido de mi defensa...».
El día 6 de noviembre de 1934 JOSÉ-ANTONIO—al igual que en otra ocasión memorable CALVO SOTELO—, con motivo del indulto del militar Pérez Farrás, que en Cataluña se había levantado contra la Patria, tiene ocasión de atacar violentamente a la masonería, constando así en el tomo VII del Diario de Sesiones de Cortes, legislatura de 1.933 a 1.935, en la página 4.566 del mismo número 116.
Cuando JOSÉ-ANTONIO, con el impulso del predestinado al martirio, levanta bandera de la redención del humilde, dando un contenido nacional a las ansias de justicia social del oprimido, encuentra sus más ardientes enemigos—conforme queda reflejado en sus anteriores párrafos transcritos del Diario de Sesiones en los antiguos conductores de las masas, que ven con terror la figura, joven e inteligente del iluminado capaz de difundir en dichas masas un ideal nacional que los aparte de sus falsos apóstoles.
Al advenir, en febrero de 1936, al Poder el Frente Popular, contrariando los principios liberales que decía defender, no permite que la doctrina de JOSÉ-ANTONIO se extienda y propague dentro de la legalidad. No obstante, la conducta es tan ejemplar, tan abnegada, la doctrina es tan sugestiva, que van aumentando los partidarios reclutados entre las clases más humildes del pueblo.
Es necesario frenar en lo posible esta actuación, que llevada al Parlamento, puede tener repercusión peligrosa para los intereses del Frente Popular en las masas populares; y, por otra parte, la inmunidad parlamentaria proporcionaría a JOSÉ-ANTONIO la seguridad, aunque fuera relativa, de propagar su doctrina.
Triunfantes las derechas en las elecciones de febrero de 1936 en forma aplastante en la provincia de Cuenca, en la que obtuvieron el copo, y dueño el Gobierno del Frente Popular de los resortes del Poder, acuerda en la Comisión de actas la anulación de dichas elecciones, y aprobado por el Parlamento, se cumplimenta dicho acuerdo por el Gobierno, publicándose un Decreto en la Gaceta en el que se acuerda, al igual que en las elecciones de Granada, que también habían sido anuladas, por resultar triunfantes las derechas, la convocatoria de nuevas elecciones.
Con arreglo a los preceptos legales vigentes en la materia, se celebran dichas elecciones en Granada; pero en Cuenca, al presentarse candidato a Diputado a Cortes JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA, se infringen dichos preceptos, en contra de lo dispuesto por la Cámara de Diputados y acordado por el Gobierno, y a pesar del triunfo rotundo de JOSÉ-ANTONIO, se acude al ardid de considerar que es la segunda vuelta de las elecciones anuladas y celebradas el 16 de febrero de 1936 y no nuevas elecciones para no computar los votos a JOSÉ-ANTONIO, -diciéndose el Gobierno del Frente Popular y la mayoría parlamentaria de su anterior criterio, privándole del acta de Diputado.
JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA ya no es Diputado a Cortes; privado de una inmunidad parlamentaria, suspendidas las garantías constitucionales, puede quedar detenido gubernativamente con cualquier pretexto. La propaganda de su ideario se hace cada vez más difícil, a pesar de realizarse dentro de lo establecido en la Ley; pero el Gobierno del Frente Popular; ante el auge que va tomando la doctrina la que, como a todo lo que contradice su política, llama «Fascismo‑ proclama, por boca del Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga, desde la cabecera del Banco Azul en el Parlamento, según consta en el número 29, Extracto Oficial de las Sesiones de Cortes del martes 19 de Mayo de 1936, en su página VI, que ante el Fascismo el Poder público se convertirá en un combatiente más como cualquier otro partido, diciendo "...Y os manifiesto, señores del Frente Popular, que contra el Fascismo el Gobierno es beligerante…
Es de hacer notar que, como se ha indicado anteriormente, la idea y la propaganda de Falange están dentro de la Ley, habiéndose aprobado los Estatutos de «Falange Española de las J. O. N. S.» En la Dirección General de Seguridad, en donde fueron presentados en 22 de octubre de 1.934.
El día 15 de marzo de 1936 JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA ya está en la cárcel. Es una de las medidas, más importantes, precautorias, que toma el Frente Popular para evitar la propagación de la Falange; pero hace falta dar aspecto legal a esta privación de libertad e inutilizar AL HOMBRE Y A LA DOCTRINA.
Para inutilizar a la doctrina, la Dirección General de Seguridad amaña una serie de pruebas que entrega al Juzgado de guardia a fin de que éste tenga que procesar a JOSÉ-ANTONIO como sujeto activo de una propaganda, referente a una doctrina, que se estima ilegal, para que, llegando los Tribunales a la declaración de ilegitimidad de la Falange como tal partido político, poder de este modo impedir su propaganda oral y escrita, desterrándolo de la vida política española.
Pero los Tribunales de justicia—Audiencia de Madrid, en sentencia de 30 de abril de 1936, y Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de junio del mismo año, en acusado rasgo de gallardía e independencia, absuelven a JOSÉ-ANTONIO y a los suyos declarando legítima, dentro del marco constitucional español—conforme a los artículos 34 y 39 de la Constitución y Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887—, la doctrina de Falange Española, quedando sin efecto el procesamiento acordado por el juez de Instrucción contra JOSÉ-ANTONIO y los falangistas que le acompañan.
La labor de inutilizar al hombre se presenta más fácil. La Gaceta de la República, el día 10 de marzo de 1936, en su página 1.957, publica un Decreto del Ministerio de la Gobernación en el que declara sometidas a revisión las licencias de uso de armas, quedando los titulares de las mismas obligados, en el término de quince días a partir de la publicación del Decreto, a depositar las armas en los cuarteles de la Guardia Civil.
JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA, al ingresar en la cárcel, el 15 de marzo de 1936, tiene licencia de uso de armas, expedida por la dirección General de Seguridad en 8 de enero de 1936, o sea que estaba en situación legal para tener armas cortas de fuego, ya que al dar el Gobierno un plazo para la entrega de las mismas reconocía el derecho e los ciudadanos de hacer dicha entrega aunque fuera el último día, siempre que estuviera dentro de dicho plazo de quince días.
Vuelve a actuar la Dirección General de Seguridad al servicio del Frente Popular, y el día 27 de abril de 1936 —JOSÉ-ANTONIO continúa en la cárcel desde el repetido 15 de marzo anterior— el Jefe Superior de Policía de Madrid ordena se haga un registro en el domicilio de JOSÉ-ANTONIO, calle de Serrano, número 86, piso primero, derecha. Desde que JOSÉ-ANTONIO estaba en la cárcel, dicho piso había sido frecuentado por la Policía y por multitud de personas afiliadas a Falange y clientes de JOSÉ-ANTONIO, que ejercía la carrera de Abogado en Madrid.
Además, según declaración del que entonces era Comisario General de Investigación Social, prestada ante esta Causa General, el jefe superior de Policía tenía en el domicilio de JOSÉ-ANTONIO un confidente, el cual el día 27 de abril estaba en el domicilio de JOSÉ-ANTONIO antes de ir la Policía al registro y durante éste, y permanece en dicho domicilio sin huir del mismo, como pudo hacerlo y lo hicieron los efectivos que allí se encontraban, por no haber puesto la vigilancia en la puerta de servicio del domicilio citado.
Personada la Policía en el domicilio de JOSÉ-ANTONIO, se distribuyeron los agentes por las habitaciones, entrando en el despacho de-JOSÉ-ANTONIO el agente Cristóbal Pinazo, único de aquellos policías que sirve con plena identificación espiritual al Frente Popular, después del 18 de julio toma parte activa en la defensa del Gobierno rojo. El registro comienza a las doce de la mañana, terminando sobre las seis de la tarde; pero nada más comenzar el registro, el agente Cristóbal Pinazo, estando solo en el despacho de JOSÉ-ANTONIO, en una librería abierta, situada en el ángulo de la habitación, y junto a la puerta, en un entrepaño de la misma, al notar, según declaración prestada por el mismo Cristóbal Pinazo ante el juez de Instrucción, el día 30 de abril de 1936, "... al tacto una pistola, le advirtió a doña María tía de JOSÉ-ANTONIO—que estuviese atenta de lo que iba a sacar y, efectivamente, sacó dos pistolas..."
Se firma el acta, comparecen los policías ante el referido Comisario general de Investigación, y se envía todo al juzgado de Instrucción, en unión de algunos papeles encontrados en el despacho de JOSÉ-ANTONIO. Y por auto de fecha 30 de abril de 1936, se le procesa como autor de un delito de tenencia de armas sin licencia que—aparte de lo expuesto anteriormente—de ningún modo ha podido cometer, puesto que, ausente de su domicilio, por estar en la cárcel, y frecuentada la casa por tantas personas durante esos cuarenta días que lleva privado de libertad, en conciencia, no se le podía imputar tal delito.
Cuya fórmula legal, "tenencia", es tan expresiva—, ya que JOSÉ-ANTONIO no podía ejercer, por imposibilidad material, la relación de tenedor de una cosa más o menos a su alcance y disposición, ni actos de estancia, permanente o transitoria, como tal inquilino del piso. Además, no hay indicios de que estas armas hayan pertenecido alguna vez a JOSÉ-ANTONIO, sino todo lo contrario, según consta en el folio 84 de la causa, en un oficio de la Dirección de Seguridad que, a instancia del Fiscal, no puede ocultar que una de las armas perteneció a persona distinta de JOSÉ-ANTONIO, sin que de la otra pistola obrase dato alguno.
El Comisario de Policía que asiste al registro ha podido observar que las armas encontradas no tenían la menor partícula de polvo, dando impresión de haber sido allí colocadas recientemente.
La misma Sala de la Audiencia de Madrid que había estimado legal la doctrina de Falange, comienza a actuar en esta ocasión, y a petición del procesado JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA, practica una diligencia de inspección ocular el 16 de mayo de 1936 en su domicilio, con asistencia del Comisario y del policía que encontró las pistolas, concurriendo JOSÉ-ANTONIO como Abogado defensor de sí mismo.
El Gobierno del Frente Popular debe de presumir la impresión causada en la Sala que ha de juzgar a JOSÉ-ANTONIO por esta diligencia de inspección ocular, y lo debe de presumir, porque muy poco después del día en que se practica, el Ministro de justicia del Frente Popular, Sr. Blasco Garzón, llama a su despacho al Excmo. señor Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid—según ha declarado este funcionario en la Causa General—y lo recibe acompañado del Subsecretario, Sr. Gomáriz, y tanto el Ministro como el Subsecretario se quejan "en términos duros, de la actuación de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid —uno de cuyos Magistrados, el señor Arizcun, ge asesinado después del 18 de julio de 1.936 por los rojos—. Esta queja hacía referencia a fallos dictados por dicha Sección en relación con la política, referentes a causas seguidas contra DON JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA".
"El ministro de Justicia, Blasco Garzón, ordenó terminantemente al dicente que en lo sucesivo la Sección referida dejara de actuar en dichas causas y que su conocimiento pasara a las demás Secciones."
Y efectivamente, según certificación que obra en esta Causa General, del libro de actas de la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Madrid, aparece en la de fecha de 22 de mayo de 1936, el cambio de Salas exigido por el Gobierno del Frente Popular, y la nombrada actúa en la forma a que se refiere la declaración antes citada con estas palabras : "No volvió a recibir por parte del Gobierno queja alguna sobre la actuación de los Magistrados que sucedieron a los ya indicados y que se encargaron de las causas pendientes del Tribunal de Urgencia y de las que posteriormente se incoaran".
Esta nueva Sala es la que aparece actuando en el juicio oral, celebrado el 28 de mayo de 1936, sin haber intervenido en ninguna de las pruebas ya practicadas, ni siquiera en la de inspección ocular antes referida, y sin que conste en el rollo de Sala correspondiente —número 46 del año 1.936—explicación ni diligencia alguna que dé cuenta de la sustitución del Tribunal.
En el mismo día 28 de mayo de 1.936 dicta sentencia condenatoria por el delito de tenencia ilegal de armas, dando origen a que la juventud hirviente y digna de JOSÉ ANTONIO responda, al oír su condena, apostrofando, en términos exaltados, a sus juzgadores.
Ya está decidido el destino de JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA; ya hay un pretexto legal para atribuirle un nuevo delito y acumularle varios años de cárcel en esta línea ininterrumpida de procesos e impedirle que actúe en la calle, en el mitin, en la Academia, en defensa de su doctrina, que es en defensa de España.
Sin embargo, la Falange tiene un impulso y una mística; no es un partido político que, al faltar el Jefe que reparte prebendas, se deshaga; al contrario; el anhelo viril y apasionado de salvar a España se condensa en el grito valiente, que resuena en la calle, de ¡¡ARRIBA ESPAÑA!!, y tiene tal intensidad la actuación de la Falange que, según palabras textuales del Gobernador del Banco Exterior de España de aquel entonces, afecto a la política del Sr. Azaña, «Recordaba la actuación de los primeros cristianos en las catacumbas».
Por eso, el Gobierno de la República, ante el firme valor y abnegación de los falangistas, entiende que Madrid es sitio inseguro para guardar a JOSÉ-ANTONIO, y en las sombras de la noche, el 5 de junio de 1936 lo lleva inesperadamente a la cárcel de Alicante, estimando aquel lugar como un reducto inexpugnable del Frente Popular; y allí, dentro de aquellos muros, le sorprende a JOSÉ-ANTONIO el Alzamiento Nacional el día 18 de julio de 1936.
A poco de ingresar en la cárcel de Alicante JOSÉ-ANTONIO el Director de la misma, D. Teodorico Serna, es removido del cargo y trasladado, debido a su conducta humana y correcta para con JOSÉ-ANTONIO, siendo después encarcelado en Madrid y asesinado cuando posteriormente al 18 de julio debía declarar en el juicio seguido contra JOSÉ-ANTONIO.
Son milicianos de la C. N. T. los que, una vez iniciado el Alzamiento, se encargan en la cárcel de la custodia de JOSÉ-ANTONIO, y al mando de ellos figura Guillermo Toscano Rodríguez, que en Huelva había sido Secretario general de Sindicatos y además representante de la C. N. T. en el Congreso de Zaragoza de mayo de 1936, siendo después este mismo individuo el que toma parte en el asesinato de JOSÉ-ANTONIO.
JOSÉ-ANTONIO en la cárcel sigue su conducta austera y da ejemplo en el cumplimiento del Reglamento de Prisiones, repartiendo con los demás presos la comida que del exterior recibía, y comiendo el rancho ordinario. No descuida su labor y trabaja con toda intensidad en proyectos que puedan ser útiles a su Patria.
El Gobierno del Frente Popular, ante el problema que, una vez iniciado el Alzamiento, plantea la permanencia de JOSÉ-ANTONIO en la cárcel, va a una solución tajante: dar muerte a JOSÉ-ANTONIO; pero temiendo la repercusión que en el mundo civilizado pueda tener este nuevo crimen, procura darle un tenue aparato de legalidad, y se le incoa un proceso por su supuesta participación en el Alzamiento Nacional, nombrándose Juez instructor a Federico Enjuto Ferrán que —según declaración prestada en la Causa General por el Secretario judicial que le asiste en la instrucción del proceso—era un incondicional de Indalecio Prieto.
El 11 de octubre de 1936 salen de Madrid con dirección a Alicante el Juez y el Secretario, volviendo a Madrid el 25 de dicho mes, marchando directamente al Ministerio de Marina, donde vivía Indalecio Prieto y Tuero, quedándose Enjuto en dicho Ministerio con el sumario y la documentación, a fin, según dijo el referido Secretario, de conferenciar con Prieto.
Regresan a Alicante en primeros de noviembre de 1936, procurando el Secretario aclarar cuáles fueran las instrucciones que el Juez recibió de Indalecio Prieto, sacando la impresión de que éste había ordenado a Enjuto llevara con calma la tramitación del sumario.
Pero el Gobierno del Frente Popular no comparte este interés político de Indalecio Prieto —cuyas razones en llevar con calma el sumario se desconocen-, y desde Valencia, donde reside dicho Gobierno, el ministro de Justicia, García Oliver, llama por teléfono pocos días después al juzgado, así como al Fiscal de la causa contra JOSÉ-ANTONIO, Vidal Gil Tirado, que hasta entonces había figurado como Presidente del Tribunal Popular, para que vayan inmediatamente a conferenciar con él.
Cumpliendo la orden, acto seguido, desde Alicante se dirigen a Valencia, adonde llegan anochecido, reuniéndose con el Ministro de Justicia, García Oliver; el subsecretario, Sánchez Roca; el juez Enjuto, el Fiscal, Vidal Gil Tirado, y el Secretario judicial que actuó en el sumario.
El Ministro y el Subsecretario piden noticias del sumario y concretan sus intenciones, diciendo que a JOSÉ-ANTONIO había que condenarlo a muerte y que el sumario tenía que terminarse inmediatamente, añadiendo García Oliver que, dada la resonancia mundial del proceso, había que darle la más sólida apariencia jurídica... "pero con prisa…”.
Aquella misma noche el Juzgado y el Fiscal salen de Valencia, llegando a Alicante de madrugada, y el día 9 de noviembre de 1.936, en cumplimiento de las instrucciones recibidas, se reanuda la instrucción rápida del sumario; dictándose auto de procesamiento con fecha 13 de noviembre, notificándosele a JOSÉ-ANTONIO, en la celda que ocupaba en la cárcel, el día 14; encarándose JOSÉ-ANTONIO con Enjuto, a quien le dice: « ¿No le da a usted vergüenza llevar canas y vestir toga ?».
Es de hacer constar que la C. N. T. entra en el Gobierno del Frente Popular en la noche del 4 de noviembre de 1936, cuando el Ejercito Nacional está a las puertas de Madrid y el Gobierno recién formado huía a Valencia; siendo uno de estos fugitivos el nuevo Ministro de Justicia, Juan García Oliver, acompañado del Subsecretario Sánchez Roca, ambos de la C. N. T.
El día 17 de noviembre de 1936 se celebra en la cárcel de Alicante la última sesión del juicio oral del proceso seguido contra JOSÉ-ANTONIO.
JOSÉ-ANTONIO sufre el interrogatorio del Fiscal, largo y laborioso, en un ambiente de hostilidad del público, que no podía reprimir el murmullo y hasta las protestas cada vez que aquél hablaba –según un funcionario de la Administración de justicia, testigo presencial de toda la vista—. Poco a poco, con una serenidad y un dominio forense magnífico, JOSÉ-ANTONIO se va haciendo con el público y con la atención y simpatía de los jurados.
Un momento interesante lo marca el diálogo que sostiene JOSÉ-ANTONIO con el jurado comunista Domenech, que, petulante, intentaba mostrarse como muy versado en doctrina política, queriendo contender con Primo de RIVERA, y dando ocasión a JOSÉ-ANTONIO para hacer una brillante y soberbia exposición del programa de Falange, que causo honda sensación en el público, contribuyendo a desarmar la hostilidad del principio.
Otro momento de interés es cuando comparece como testigo un jefe de milicias de la C. N. T., Vázquez, que se expresa en términos de violencia extraordinaria contra JOSÉ-ANTONIO. Y cuando éste, que como abogado se defiende a sí mismo, le hace una única pregunta: « ¿Odia usted al procesado?», Vázquez contesta: « ¡Con toda mi alma!».
El informe del Fiscal, sin fuerza moral ni jurídica alguna, basada en recortes de periódicos rojos -notas y recortes que obran autentificados en la causa General-, fue mediocre, disculpándose del resultado favorable que había tenido el juicio para JOSÉ-ANTONIO en la opinión. Como premio a su actuación, dicho Fiscal fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo rojo.
JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA y Sáenz de Heredia pronuncio su informe.
Al terminar su defensa JOSÉ-ANTONIO, la reacción en el público fue de unánime piedad para que no se cumpliera la petición de muerte hecha por el Fiscal…., según afirma en la Causa General otro testigo, afecto entonces al Frente Popular, que presenció el acto.
La impresión que causó el discurso de JOSÉ-ANTONIO —obra maestra de oratoria forense, según frase de sus propios enemigos, ante esta oración tan llena de cordialidad, de sinceridad tan rotunda—fue tan intensa, que ante la alteza de su doctrina, la emoción se adueñó de aquel auditorio popular, que cuando pudo oír la verdad, ésta entro en su corazón. El redactor, afecto al Frente Popular, del periódico republicano de Alicante, El Día, trasladó a unas cuartillas esa palpitante emoción de la multitud, que quedaron reflejadas como artículo de fondo en dicho diario el miércoles 18 de noviembre de 1936, año XXII, ejemplar número 6.316, cuya fotocopia se acompaña. Ningún otro comentario mejor podría hacerse (sentido y veraz) ante la actitud de JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA que, sin temor a la muerte, tampoco desprecia la vida, expresando este sentir en la frase de su informe: "La vida no es una bengala que se quema al final de una fiesta." Esa impresión y esa emoción del público asistente al acto del juicio llega también al Jurado—formado por miembros de los Partidos integrantes del Frente Popular—, hasta el punto de que uno de los jurados llegó a estrechar la mano de JOSÉ-ANTONIO y felicitarle. Y al quedar allá solos en la Sala de deliberación, su pasión contra JOSÉ-ANTONIO y las consignas recibidas de eliminarle luchan, después de oírle, con la conciencia, que les esta reprochando la monstruosa injusticia que van a cometer condenando a muerte a aquel muchacho que lleva en la cárcel siete meses –desde el 15 de marzo de 1.936-, y cuatro de ellos con anterioridad al 18 de julio de aquel año, fecha inicial del Movimiento Nacional, y que además proclama y defiende una doctrina tan justa y tan humana que ellos, perplejos al oírla desarrollar, no saben si aceptarla o repudiarla: cambian impresiones, discuten, vacilan…. Es tan fuerte la razón de la justicia mantenida rectilíneamente por JOSÉ-ANTONIO en su discurso de defensa, que el Jurado, no decidiéndose por la condena de muerte, prolonga horas y horas la discusión, mientras en el exterior, esa tardanza en pronunciar el veredicto produce irritación y siembra la inquietud entre los dirigentes del Frente Popular ante el hecho de no acatar en su totalidad el Jurado las instrucciones del gobierno, por lo que tienen que intervenir elementos del Gobierno civil rojo para asegurar el cumplimiento de las consignas recibidas.
Hay que obedecer: las órdenes del Gobierno del Frente Popular son terminantes y JOSÉ-ANTONIO es condenado a muerte; apagando así la fuerza del odio y de la perversidad la lucecita de justicia que empezaba a iluminar la conciencia del Jurado. En telegrama de 18 de noviembre de 1.936, el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Largo Caballero comunica el enterado de la sentencia, que es el trámite para su ejecución –hechos también comprobados en la Causa General.
JOSÉ-ANTONIO logra realizar su última confesión con un sacerdote, -D. José Planelles Marco- que comparte con él las amarguras de la prisión, y al que los rojos más tarde asesinaron.
En las primeras horas del día 20 de noviembre de 1.936 JOSÉ-ANTONIO sale de su celda para ir a la muerte; va a amanecer un nuevo día y va a morir una vida gloriosa.
JOSÉ-ANTONIO es asesinado en compañía de otros cuatro mártires llamados Ezequiel Mira Miesta, Luis Segura Baus, Vicente Muñoz Navarro y Luis López López. Y según frases textuales de Guillermo Toscano Rodríguez, que fue el que le dio el tiro de gracia: “JOSÉ-ANTONIO murió con gran entereza, y una vez colocado ante sus ejecutores dio los gritos habituales de la Falange, ¡Arriba España!, con voz fuerte y llena, siendo secundado por las otras víctimas, que también dijeron ¡Arriba España!, cayendo en seguida atravesado por las balas."
Capítulo III
TERROR ANÁRQUICO
Desde que las turbas extremistas se adueñaron de las poblaciones donde el Alzamiento Nacional había fracasado o no se había producido, su actuación se caracterizó por su feroz brutalidad, dando rienda suelta al terror más desenfrenado. Imperan el asesinato y el robo. Quien no poseía un carnet sindical o de algún partido del Frente Popular, de fecha anterior al 18 de julio, carecía de personalidad jurídica y del derecho a la vida, y podía ser impunemente y a capricho muerto por cualquier miliciano.
Algunas categorías sociales son consideradas inexorablemente acreedoras a la pena de muerte o, mejor dicho, al asesinato, sin neutralidad judicial alguna Así sucede principalmente a los sacerdotes o militares. La misma suerte cabe a los afiliados a Falange Española, al partido Tradicionalista y a los partidos considerados de orden, e incluso a muchos afiliados a partidos republicanos de los no incorporada al Frente Popular.
Los funcionarios judiciales y del Ministerio Fiscal son perseguidos con encono y se encuentran a merced de las checas y milicias del Frente Popular, en las que tanto abundan los criminales comunes, deseosos de venganza.
En muchas familias son asesinados todos sus miembros varones, y en gran número de casos sufren también la misma suerte las mujeres, muchas de las cuales son antes ultrajadas, sí bien el explicable pudor de las familias interesadas hace que los casos de violación judicialmente acreditados resulten mucho menos numerosos que los ocurridos en la realidad.
La venganza personal y el ánimo de rapiña por parte de unas turbas de criminales y de delincuentes comunes, en cuyas manos habia puesto el Gobierno del Frente Popular las armas y el poder, son también motivo muy frecuente de crímenes, cometidos unas veces por las «checas» y otras, directamente, por cualquier grupo de milicianos.
Durante los seis primeros meses en que culminó la táctica del terror anárquico, éste corrió, generalmente, en las capitales y grandes poblaciones, a cargo de las «checas». En los Municipios rurales se constituyen Comités revolucionarios, que arman sus propias milicias locales y juzgan, asesinan y despojan a sus convecinos, comenzando, generalmente, por el sacerdote.
El Frente Popular suele dar a sus elementos armados dedicados a imponer el terror en la retaguardia una organización rudimentaria, bajo diversos nombres, según la población de que se trate: Milicias de Vigilancia de Retaguardia, en Madrid; Patrullas de Control –al mando del anarquista Aurelio Fernández-, en Barcelona; Guardia Popular Antifascista, en Castellón; Milicias Armadas Obreras y Campesinas, en Almería, etc. Pero este encuadramiento, si bien confería autoridad a tales milicianos que la empleaban en beneficio propio o de las organizaciones políticas o «checas» de que dependían, no les sujetaba a la menor disciplina ni moderación en su conducta.
Los atentados contra la vida y la libertad de los españoles iban unidos a toda clase de desmanes contra los demás valores públicos y privados, tanto morales como materiales: La Religión, la Cultura, el Arte y el Patrimonio económico sufren el embate de la furia subversiva. Incautaciones arbitrarias de fincas, de explotaciones industriales e incluso de viviendas familiares y de modestos comercios o industrias, son fenómenos corrientes dentro de la vida marxista. Algunas organizaciones obreras-como ocurrión con la C.N.T. de Madrid, mediante su organización denominada «La Contraguerra»- se incautaron de gran parte de la propiedad urbana; pero no para condonar su renta a los inquilinos, sino para percibirla coactivamente en provecho propio. En los casos de mayor benignidad, la incautación de empresas era sustituida por Comités de Control Obrero, que mediatizaban por completo la personalidad rectora del director del negocio.
En algunas poblaciones en que el Movimiento Nacional triunfó inicialmente, si bien por el aislamiento respecto a las demás Fuerzas nacionales, tuvo que ceder ante la presión roja, se acusa el vivo contraste de procedimientos; tanto en Guadalajara como en Albacete, que durante unos días del mes de julio se encontraban bajo el Mando Nacional, hasta que sucumbieron al ataque marxista, no se produce un solo caso de muerte violenta decretada por las Autoridades nacionales; en tanto que, dominada luego la población por el marxismo, la represión ejercida por el Frente Popular es sangrienta, no sólo en los primeros momentos, sino durante mucho tiempo después, como ocurrió en Guadalajara, donde las milicias marxistas asaltaron en el mes de diciembre de 1936 la Prisión provincial, asesinado a las personas que allí se encontraban detenidas.
Son modalidades características del terror impuesto por el Frente Popular el ensañamiento y las mutilaciones: constantemente se repiten casos de víctimas enterradas o quemadas vivas, muertas a palos o sometidas a martirios semejantes.
En Madrid, el General republicano D. Eduardo López Ochoa es sacado por las milicias del Hospital Militar de Carabanchel, donde se encontraba enfermo, y es asesinado; su cadáver es decapitado por dichas milicias, secundadas por las turbas, que pasearon la cabeza del General por las calles céntricas de Madrid.
Don Luis Vales Alvarez, de cuarenta años de edad, empleado, fue detenido el 17 de agosto de 1936 al acudir al Cementerio del Este a hacerse cargo del cadáver del General Fanjul-fusilado por los rojos- para darle sepultura, siendo asesinado el referido Sr. Vales, cuyo cadáver fue hallado en las tapias del Cementerio de Vicálvaro.
El cadáver de D. Diego García Alonso, de veintinueve años de edad, empleado, apareció a mediados de agosto de 1936 en la Pradera de San Isidro, con la cabeza machacada.
Doña Inés Benítez Jaén, no obstante su avanzada edad, de sesenta y ocho años, fue detenida por el exclusivo motivo de su piedad religiosa, en su domicilio de la calle de Velásquez, III, en los primeros días de diciembre de 1936, sin que su cadáver pudiera ser encontrado por la familia.
La anciana de setenta y cuatro años, doña Asunción del Valle Pérez, con domicilio en la calle del Miño, num. I, fue detenida el 26 de noviembre de 1936 por unos milicianos, habiendo aparecido su cadáver con numerosas heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Una familia compuesta por doña Dolores Crespo Iglesias, de cuarenta y dos años de edad, su hija María de los Dolores Jiménez Crespo, de diecisiete años, y su sobrino Vicente Arnau Crespo, de quince años, fueron detenidos el 30 de septiembre de 1936 a la puerta de la Cárcel Modelo, adonde habían acudido a visitar al marido de la primera, sin que volviese a tenerse más noticias de las víctimas ni hayan sido identificados sus cadáveres.
Según denuncia del Teniente Coronel D. Rafael Soto Reguera, un vecino de su casa, calle de Torrijos, 69, cuyo nombre desconoce por haber vivido dicho señor solo y sin familia alguna, fue detenido, en su domicilio, sobre el 20 de julio de 1936, por un grupo compuesto de seis o siete hombres y una mujer, que llegaron a agredirle con las culatas de los fusiles, sin respeto a la avanzada edad del señor en cuestión, que frisaría en los ochenta años ; y aquella noche se supo que el cadáver del anciano detenido había aparecido, con varias heridas de arma de fuego, en el Campo del Pilar, detrás de la iglesia de la Guindalera. La Causa General ha identificado a esa víctima, que resulta ser D. Agustín Enríquez Fernández,. de ochenta y cinco años, natural de Guardo (Palencia) ; este anciano, que se encontraba impedido, fue detenido por un grupo de milicianos, que lo acusaban de haber hostilizado a las milicias ; conducido detrás de la iglesia del Pilar, en la Guindalera, al atardecer del día 20 de julio de 1936, fue asesinado por los milicianos, rematándole a tiros de pistola una miliciana joven, que también había tomado parte en la detención, existiendo testigos presenciales de este crimen, tal como doña Patrocinio Pastor Carpintero.
Según declaraciones testificales obrantes en la Causa General de Madrid, D. José Antonio Rodríguez de Celis, Marqués de Trebolar, de veintidós años, de profesión Abogado y con domicilio en la calle de Alcalá, 103,—que había logrado escapar de Paracuellos del Jarama, en donde estaban siendo asesinados en la mañana del 8 de noviembre de 1936 los presos evacuados de la Cárcel Modelo—, llegó herido al inmediato pueblo de Ajalvir (Madrid), solicitando asistencia facultativa, en cuyo momento, los componentes del Comité rojo de la localidad y varios vecinos más, en un número de 30 a 35, llevaron en tropel al fugitivo por la carretera de Ajalvir a Estremera, y en el kilómetro 1, aproximadamente, le dispararon por la espalda varios tiros, arrastrándole acto continuo hacia una fosa, no sin que antes un individuo llamado Teófilo Recio, aplastase la cabeza a la víctima con una piedra de gran tamaño, «proeza» que festejaron luego los asesinos en una taberna del pueblo.
Doña Valentina Fernández Urrisola, de cincuenta y ocho años de edad, casada, con domicilio en la calle de Núñez de Balboa, 78, fue detenida por unos milicianos rojos, que pretendieron obligarla a revelar el paradero de su hijo, y al negarse a manifestarlo la referida señora, fue sacada de su casa, desconociéndose desde entonces su paradero.
Cuatro religiosas del Convento de las Siervas de María del pueblo de Pozuelo de Alarcón (Madrid), fueron detenidas en casa de un vecino de la localidad donde se habían refugiado, y, conducidas al Comité de Aravaca, establecido en «Villa María Carmen», fueron maltratadas, oyéndose desde el exterior los lamentos de las detenidas, nulo después asesinadas, sin que hayan aparecido sus cadáveres. Las víctimas son Sor Aurora López González, de ochenta y seis años; Sor Aurelia Arambarri Fuente, de setenta años; Sor Daría Andiarena Sarasqueta, de cincuenta y siete, y Sor Agustina Pena Rodríguez, de treinta y cinco años. En los malos tratos inferidos a las religiosas intervino una miliciana armada de fusil.
Don Antonio Díaz del Moral, vecino de Ciempozuelos, fue detenido por el Comité de Investigación de la referida localidad, y el 1º de octubre de 1936 fue sacado de la cárcel y conducido al Comité del pueblo, donde sufrió toda clase de insultos y vejaciones y llevado luego al embarcadero de reses bravas de D. Joaquín López de Letona ; después de llenar de fango al detenido en una acequia de riego, lo ataron con una soga por debajo de los brazos, colgándolo de uno de los chiqueros de los toros, donde el Sr. Díaz del Moral fue corneado por la res allí encerrada, y cuando los criminales se cansaron de esta escena , le fueron cortadas las orejas a la víctima por un individuo llamado Primo García Hernández ; seguidamente el Sr. Díaz del Moral fue atado a la parte trasera de un automóvil, que lo condujo, arrastrándolo, hasta un olivar sito en la vega, donde los milicianos lo colgaron de un árbol y lo remataron a tiros ; el cadáver, que presentaba múltiples heridas por asta de toro, arma blanca y de fuego, fue hallado en el referido olivar, próximo a la carretera de San Martín de la Vega.
Al labrador, vecino de Arganda, D. Vicente Millán Sánchez, lo asesinaron las milicias de dicho pueblo después de hacerle cavar su fosa y de sacarle los ojos, según declaración prestada ante la Causa General de Madrid por los parientes de la víctima.
Una familia compuesta por D. Julio Fernández Carvajal y García, empleado ; doña Gloria Bernabeu Pita, esposa del anterior, y por dos hijos del matrimonio, Jesús María Fernández Carvajal y Bernabeu, de dieciocho años, y María del Carmen Fernández Carvajal Bernabeu, de veintiún años, fueron conducidos por las milicias del pueblo de Pozuelo de Alarcón al término municipal de Boadilla del Monte, donde fueron asesinados el día lo de agosto de 1936, habiendo aparecido sus cadáveres abrazados por parejas, y recogidos en esta forma por una camioneta, que los condujo al Cementerio de Pozuelo ; este asesinato, denunciado por una hija, superviviente, ante las Autoridades nacionales, fue presenciado por un vecino de Boadilla del Monte, que después de la liberación de España prestó la oportuna declaración ante la Causa General de Madrid en 13 de mayo de 1942 y reconoció en rueda a los asesinos.
Otra familia, compuesta por D. Felipe Rovira Herráiz y sus hijos D. Ignacio, D. Hilario, D. Enrique y D. Felipe Rovira Astorga, fué asesinada también en Madrid por las milicias del Frente Popular.
El testigo D. Angel Hurtado Navarro, sobrestante de Obras públicas, que fue obligado por los marxistas a prestar servicios en diciembre de 1936, en el lugar conocido por Somontes, próximo a la carretera de Madrid a El Pardo, presenció la ejecución de numerosos asesinatos en dicho lugar, según declaración prestada por dicho señor ante la Causa General de Madrid ; destacando entre los crímenes cometidos el perpetrado por unos milicianos, que llegaron en un automóvil, contra un grupo que llevaban detenido, y que se componía de un señor de unos cincuenta años, de dos muchachas de unos diecisiete a dieciocho años y de un joven de unos veinte, todos los cuales, por su mutuo parecido, debían pertenecer a la misma familia ; según el testigo, al descender del coche, las jóvenes se hincaron de rodillas ante los milicianos, pidiendo a gritos clemencia para su padre, no obstante lo cual, todos ellos fueron asesinados.
Otra familia, compuesta por D. Francisco Collado López y sus hijos Julián, Concepción y Luis Collado Oliver, de veinte, diecinueve y catorce años, respectivamente, fueron detenidos y asesinados luego en la carretera de El Pardo, el día 6 de noviembre de 1936, siendo también asesinada doña Juana González García, esposa de don Julián Collado, y detenida al mismo tiempo que sus demás familiares (se acompaña fotografía del cadáver de la joven Concepción Collado).
Los hermanos D. Casimiro, D. Tomás y D. Luis Penalba Baíllo, fueron detenidos en 31 de agosto de 1936 por milicianos del Ateneo Libertario de Delicias, que los condujeron a la «checa» establecida en la iglesia de las Agustinas, de donde fueron sacados para ser asesinados en el kilómetro 7 de la carretera de Andalucía, habiendo sido reconocidos sus cadáveres en el Depósito Judicial ; al mismo tiempo fueron detenidos tres servidores de la familia Penalva, llamados D. José María Rubio Escribano, D. Santiago Lucerón y Sánchez Pardos y don Francisco Muñoz Quirós, que también fueron asesinados juntamente con lostres primeros, habiendo aparecido los seis cadáveres en el lugar ya mencionado.
Un matrimonio compuesto por D. José Alaejos Mateos, chófer del Ayuntamiento, y doña Amelia Pereira Arribas, fueron detenidos en septiembre de 1936 y conducidos a la checa oficial de Fomento, yendo acompañados de una hija del matrimonio, llamada Amelia, de dos años de edad ; el cadáver de D. José Alaejos fué hallado el 20 de septiembre de 1936, pero no así el de su mujer y su hija, de dos años, paradero se desconoce.
El día 7 de Noviembre de 1936 fueron detenidas en su domicilio del Paseo de la Castellana, 51, duplicado, las cinco personas siguientes, de una misma familia : D. Luis Hermida Villelga, de sesenta y ocho años y abogado; su esposa doña Carmen Ayala Laguna, de cuarenta y cinco años, y los hijos del matrimonio, Luis Hermida Ayala de veintiún años, estudiante, y Berta Hermida Ayala, de veintitrés años; al propio tiempo fue detenido D. Enrique Ayala Laguna, de treinta y cinco años, de profesión mecánico. Los cinco detenidos fueron llevados a un puesto de Milicias de Vigilancia, establecido en el número 4 de la Carrera de San Francisco, y el 9 del mismo mes ingresaron sus cadáveres en el Depósito Judicial. El portero de la casa de la familia Hermida era agente de la «checa» de García Atadell y formaba parte del grupo de porteros adscrito a dicha «checa» y que tan gran número de delaciones aportó a la misma durante su funcionamiento.
El día 19 de noviembre del mismo año 1936 fueron detenidos por un grupo de milicianos catalanes de la F. A. I. cinco personas d una misma familia, que tenían su domicilio en la calle de Ruiz, numero 22, de esta capital. Los detenidos fueron conducidos a los altos del Hipódromo y asesinados, habiendo sido vistos los cadáveres, acribillados a balazos, en el Depósito del Hospital Clínico de San Carlos. Fueron las víctimas doña Amparo Serrano Martínez, de treinta y cinco ; casada ; D. Alfonso Camacho Shaw, agente comercial, de treinta y cinco años ; D. Antonio Martín Crespo, propietario, de sesenta y cuatro años de edad ; doña Enriqueta Shaw Natión, tía de D. Alfonso Camacho, y, finalmente, la anciana María del Carmen Cabello Izarra, pensionista, de setenta y cuatro años de edad, hermana política de doña Enriqueta Shaw, anteriormente mencionada.
Según denuncia de doña Luisa Rodríguez Ceballos, presentada en 7 de octubre de 1941, los padres de la denunciante, don Ambrosio Rodríguez Cuesta y doña Dolores Ceballos Coscolla, así como el niño de catorce años Antonio Rodríguez Ceballos y un sacerdote pariente de la familia, de nombre D. José Coscolla Cavero, fueron detenidos en su domicilio de Madrid el 4 de septiembre de 1936 por milicianos del Ateneo Libertario del Puente de Vallecas, y asesinados.
Solamente en la «checa» comunista de la Guindalera, a cargo de milicianos de vigilancia de retaguardia, fueron asesinados, entre multitud de personas de uno y otro sexo y de todas las edades y condiciones sociales, varias señoras de una misma familia, llamadas doña Dolores Cacho de Ochoa, doña Francisca Zazo Ochoa, doña Elisa Querol Masats de Agustí, doña Josefa Tomás Masat de Querol y las señoritas María Luisa y Pilar Valledor Querol, y una sirvienta de la familia, llamada María Leal.
En la calle de Serrano, número 100, de Madrid, fueron detenidas en noviembre de 1936 doña María de la Hoz y Bárcena, vizcondesa viuda de Ros de Olano, así como doña Isabel de Vega y de la Hoz, hija de la anterior, y un sacerdote llamado D. Antonio Cortés, siendo los tres asesinados ; los milicianos autores del crimen, de acuerdo con las sirvientas de las víctimas, denunciantes de sus señoras, ocupa-ron y saquearon el piso de estas últimas.
Doña Basilisa Andrés fue conducida el 22 de agosto de 1936 a la «checa» de la calle de Antillón, número 4, siendo asesinada al día siguiente, y desconociéndose el paradero de su hijo de cinco años, Carmelo López Andrés, que iba en brazos de su madre, y del que únicamente se sabe que al ser maltratada por los milicianos dicha señora, fue arrancado de los brazos de ésta y golpeado contra la pared.
Como dato significativo sobre los móviles y procedimientos de las milicias marxistas erigidas en dueñas de la zona roja, y de la complicidad y aquiescencia de las autoridades del Frente Popular, puede citarse también el siguiente: Los Duques de la VEGA y VERAGUA —este último descendiente del descubridor de América, de edad avanzada y que ninguna actividad política había desarrollado durante su vida—, fueron detenidos, por móviles exclusivos de robo, por unas milicias socialistas dirigidas por un individuo de este partido, llamado Zacarías Ramírez, convertido en capitán. Fueron inútiles todos los requerimientos de las representaciones diplomáticas para que el Ministro de Asuntos Extranjeros, Alvarez del Vayo, garantizara la vida de los detenidos, que ningún peligro representaban para el régimen rojo. Finalmente los dos mencionados señores fueron asesinados después de un prolongado secuestro, no sin que antes el jefe socialista obligase al Duque de VERAGUA a transmitirle, bajo ciertas solemnidades jurídicas, propiedad de una finca que el Duque poseía en la provincia de Toledo. Suceso criminal al que ya se refirió autorizadamente el entonces Embajador de Chile, Excmo. Sr. D. Aurelio Núñez Morgado, quien en una carta, así como en una conferencia dada en 30 de enero de 1939 en París, en la «Academie Diplomatique Internationale», relató las estériles gestiones de las representaciones americanas en favor del último descendiente de Cristóbal Colón.
Las hermanas del agente consular del Uruguay en Madrid, doña Dolores y doña Consuelo Aguiar-Mella Díaz, fueron detenidas por milicias comunistas de la Pasionaria el 19 de septiembre de 1936, habiendo aparecido en la carretera de Andalucía, el día 20, los cadáveres de ambas víctimas, en el estado que muestran las adjuntas fotografías ; brutal crimen que determinó la ruptura de relaciones entre el Gobierno uruguayo y el Gobierno marxista español.
El 20 de julio de 1937 fue detenido en su domicilio, por unos individuos que se dieron a conocer como policías, el diplomático don Enrique Ordóñez Lecaros, no obstante encontrarse imposibilitado de un brazo, y a pesar de las protestas de su esposa doña Lea Bourdoiseau, de nacionalidad francesa, que trató de oponerse a la detención. Los agentes rojos de Policía se apoderaron en casa del Sr. Ordóñez de un maletín que éste tenía guardado y que contenía paquetes de alhajas por valor de unas 450.000 pesetas, propiedad de la expresada doña Lea Bourdoiseau. Después de permanecer secuestrados en una «checa», policíaca de la calle de Génova, sometida a la influencia del Comité Local de Defensa de la C. N. T., el señor Ordóñez, en unión de Don Juan Roca de Togores, Marqués de Alcedo, y de D. Miguel Treviño López, con él detenidos, fue trasladado a la Comisaría de Policía del Distrito de Buenavista, que, ante las reclamaciones de la esposa del secuestrado, había accedido a intervenir. Pero, en seguida, y bajo las exigencias de la C. N. T., los detenidos fueron entregados a dos agentes de Policía, anarquistas, llamados Antonio Ariño Ramis y Francisco Vargas Mejías, quienes restituyeron a la «checa» de procedencia a los mencionados señores, que fueron asesinados. En la eliminación de los señores Ordóñez, Roca y Treviño tuvo intervención decisiva la «checa» anarquista conocida por «Campo Libre» y el miliciano de la misma filiación, Angel Campos Torresano (a) «el Chino», habiendo pasado las alhajas y valores incautados a poder del Comité Local de Defensa de la C. N. T. que, además, asesinó al poco tiempo al Angel Campos Torresano, por no haber conducido este individuo con la discreción debida la misión de robo y asesinatos que el Comité de Defensa le había conferido.
Estos hechos, denunciados a raíz de la liberación de Madrid por las respectivas familias de las víctimas, se encuentran corroborados con todo detalle por una investigación practicada en el año 1937 por la propia Policía marxista, que esclareció este suceso, sin que tal información trascendiera ni diera lugar a la menor sanción contra los asesinos, por haber sido ocultados los resultados de la misma por el comisario general de la Policía roja en Madrid, David Vázquez Baldominos.
En agosto de 1936, el Ministerio de la Gobernación marxista, prevenido a tiempo por el jefe de la escolta, que pidió instrucciones, permite que las turbas del Puente de Vallecas (Madrid), exacerbadas por agitaciones extremistas, detengan un tren que transportaba dos centenares de presos procedentes de la prisión de Jaén y asesinasen en masa a dichos presos, previamente despojados de cuantos objetos de valor llevaban encima. Por figurar entre estos mártires el Sr. Obispo de Jaén y su hermana, se hace referencia más amplia a este hecho en el capítulo dedicado a relatar la persecución religiosa.
El 31 de julio de 1936 fue hallado en el término de Colmenar (Madrid), sitio de Valdeloshielos, el cadáver de la señorita vecina de Madrid P. Y. A., de treinta y un años, soltera, que presentaba entre otras heridas, perforación de pulmón y señales inconfundibles —según el dictamen de autopsia practicado en el sumario 310 de 1936, seguido infructuosamente, como todos, por la autoridad judicial roja—de haber sido violada antes de su muerte.
Son numerosísimos los niños de catorce y de quince años, v aun de menor edad, víctimas, tanto en Madrid como en el resto de España, de la barbarie roja. Tan sólo en la capital ascienden a un centenar las víctimas comprobadas que no rebasan la edad de diecisiete años. Entre otros, pueden citarse concretamente, además de los ya mencionados, los niños de quince años Jaime de Borbón Esteban, Luis Lorente (cuyos dos hermanos, Justo y José María, este último de diecisiete años, también fueron asesinados), Manuel Díaz del Cerro (cuyo cadáver apareció en la carretera de Andalucía, junto con el cadáver de su padre, D. Marcelo Díez García), Germán Ayala Cantón, José Luis Pérez Cremós y Francisco Rodríguez Alvarez. Y en la provincia de Oviedo son ciento cuarenta y ocho los menores de dieciocho años asesinados. En el pueblo de Torredelcampo (Jaén) fueron asesinados dos niños de trece años, hermanos gemelos, llamados Manuel y José Quesada Jiménez, de cuya familia fueron asesinadas cinco personas más, entre ellas la madre y una hermana de los niños.
En el pueblo de Colmenar de Oreja (Madrid), el cadáver de D. Pedro García Salazar fue desenterrado por las turbas marxistas en II de marzo de 1938, sacado al campo y descuartizado, siendo finalmente rociado con gasolina y prendido fuego.
El Teniente de la Guardia Civil D. Román de las Heras fue conducido desde Madrid a Vallecas el 12 de septiembre de 1936, por unos milicianos capitaneados por el tristemente célebre atracador y ex presidiario, Antonio Ariño (a) «el Catalán», los cuales, después de una breve permanencia en la plaza de Vallecas con el detenido, llevaron a éste al lugar denominado «San Antón» donde después de golpear bárbaramente al Teniente Las Heras, le rociaron con gasolina y le prendieron fuego, habiendo presenciado este asesinato numerosas personas.
El Teniente retirado de la Guardia Civil D. Juan Herranz y su esposa doña Isabel Blanco González, fueron detenidos por una cuadrilla de milicianos del Puente de Vallecas conocida por «Los Cinco Diablos Rojos», que acribillaron a balazos al matrimonio detenido ; al tratar de dar sepultura a los cuerpos de ambas víctimas, el enterrador se dio cuenta de que la mujer aún estaba viva y la remató en aquel momento de un tiro de pistola.
El día 22 de julio de 1936, un tropel de mujeres del mismo Puente de Vallecas, sacaron violentamente de su domicilio a la señorita Gumersinda Toledo, y habiéndose unido a la manifestación formada por dichas mujeres las turbas marxistas de la localidad, la detenida fue paseada, con la ropa desgarrada, por el pueblo, llegando a ser mordida por una mujer llamada Isabel García ; finalmente, al llegar al control de milicias establecido en el lugar denominado «Pajar del Roux», la detenida, así como dos hermanos de la misma, llamados Dionisio y Fernando Toledo Hortelano, que trataron de amparar a su hermana, fueron asesinados.
La «checa» de Alcalá de Henares asesinó a doña Leovigilda Surga, que había sido acusada por su propio marido—deseoso de disponer de ciertos bienes de su esposa—de ser hija de un Comandante de la Guardia Civil y de tener arraigadas ideas religiosas.
Las milicias de la «checa» establecida en la Iglesia de San Felipe, de Alcalá de Henares, entre otros muchos crímenes, cometió el relatado ante la Causa General por un superviviente llamado D. Antonio Moya Rodríguez, que en julio de 1936 residía en el pueblo de Camarma, próximo a Alcalá : Del referido pueblo de Camarma fueron sacados por las milicias rojas numerosos vecinos que en calidad de detenidos fueron trasladados a la «checa» de Alcalá y cruelmente maltratados a vergajazos por los milicianos de la «checa». A las dos de la mañana de uno de los primeros días de noviembre de 1936, fue extraído de la «checa» el declarante en unión de Enrique y Antonio Moya, Alberto Cubillo, Agustín Mendieta y Máximo Galindo, y llevados junto a las tapias del cementerio, donde los milicianos dispararon varios tiros sobre cada una de las víctimas, apuntándoles a la nuca. Don Antonio Moya, que cayó herido de suma gravedad, aunque no mortalmente, no llegó a perder el conocimiento y se fingió cadáver, dando lugar a que los asesinos se alejasen del sitio de la ejecución ; el señor Moya pudo levantarse y, después de besar los cadáveres de su hijo y de su hermano, se alejó de aquel lugar, conteniéndose con un pañuelo la hemorragia y evitando las carreteras concurridas por milicianos rojos, que le hubieran rematado ; tras grandes penalidades logró llegar a lugar seguro, donde se ocultó. Al tiempo de abandonar los milicianos el lugar de los asesinatos, creyendo muertas a todas sus vístimas el señor Moya oyó decir a uno de ellos, refiriéndose al propio declarante : «Bien muerto está, y vamos deprisa a por los otros de Camarma». Efectivamente, aquella misma noche y en término de Villalvilla, fue-ron asesinados quince más de los que estuvieron detenidos con el declarante en la «checa» de San Felipe. Son éstas víctimas : D. Eusebio Galíndez González, D. José María Galíndez González, D. Ramón Galíndez Díez, D. Máximo Galíndez Díez, D. Gregorio Díaz Lorenzo, D. Rafael Calvo Pérez, D. Maximiliano Calvo Pérez, D. Tadeo Pérez Almira, D. Tomás Mendieta García, D. Angel Mendieta García, D. Jesús Mendieta García, D. Teodoro Mendieta García, D. Agustín Mendieta García, D. Florencio Mendieta López y D. Emilio Martín Pascual. Anteriormente habían sido asesinados por elementos de la misma «checa» de San Felipe, en la carretera de Daganzo, el que fue alcalde del pueblo de Camarma, D. Pedro Calvo Pérez, y D. Elías Merino López.
En el resto de las provincias, y por vía de ejemplo limitadísimo, pueden señalarse, entre una multitud de crímenes monstruosos, los siguientes:
En Almería, los pozos de La Lagarta (del término municipal de Tabernas) y el pozo de Cantavieja (del término municipal de Tahal), quedaron abarrotados, hasta la boca, de cadáveres de las víctimas de la actividad criminal marxista. Exhumados estos restos, después de la total liberación de España, han sido encontrados multitud de cadáveres destrozados, y entre ellos el de un armador de buques de pesca del pueblo de Adra, llamado D. José Moreno Fernández, que apareció con evidentes síntomas de muerte por asfixia, rodeado su cuello por la soga que sirvió para estrangularlo, conforme puede apreciarse en una de las fotografías dedicadas a las referidas inhumaciones y que se insertan a continuación.
En el pueblo de Villacañas (provincia de Toledo), fueron sacados de la Ermita del Santo Cristo, donde se encontraban detenidos, D. Julián García Zaragoza, D. Antonio, D. Angel, D. Calixto, D. José y D. Moisés Marín López, D. Francisco y D. Jesús Granada Marín, D. Francisco Maquedo López, D. Francisco Martín Pérez, don León Montes Alcázar, D. Casto Montes Roldán, D. Julio Pérez García, D. Francisco Primedos García y D. Aureliano Romero Carretero, quienes después de haber sido maltratados bárbaramente hasta el punto de haberles sido arrancados los ojos, fueron conducidos en camiones y pasados a cuchillo por los milicianos que los custodiaban ; antes de la consumación del asesinato, como D. Angel Marín, a causa de su ceguera, pisase a uno de los milicianos que iban en el coche, éste le mutiló de un hachazo el pie con que le había pisado.
El 27 de febrero de 1937 fueron juzgados en Alicante por el Tribunal Especial Popular, D. Javier González Avellán, de cuarenta y nueve años ; D. Ramón Calpena, Cañizares, de setenta y dos años, y D. Luis Calpena Pastor, de treinta y tres años, siendo condenados D. Javier González y D. Luis Calpena a tres años de internamiento en un Campo de Trabajo, y D. Ramón Calpena a dos años de internamiento. Los motivos de la condena de dichos señores—ningún delito habían cometido—son los mismos que figuran en el informe de la Alcaldía roja de Aspe, que se unió al sumario y sirvió de base a la sentencia y cuya fotocopia se inserta en el correspondiente anexo documental. Encontrándose ya los mencionados señores en el Campo de Trabajo de Totana (Murcia), cumpliendo la pena que les había sido impuesta, el 28 de junio de 1937—y precisamente a instancia de los mismos obreros de la fábrica «Ramón Calpena Cañizares», que estimaban indispensables los servicios técnicos de dichos señores para la buena marcha de la explotación—son indultados por el Tribunal Supremo que actuaba en Valencia ; y puestos en libertad el 6 de julio del mismo año, se trasladaron a Novelda, a cuyo Juez expusieron el temor que sentían de presentarse en el pueblo de Aspe, siendo tranquilizados por aquella autoridad, ante cuyas seguridades se presentaron en el pueblo, cuyo alcalde también prometió que no les ocurriría nada. En la madrugada del día 7, las turbas, inducidas por los dirigentes de las organizaciones sindicales afectas al Gobierno del Frente Popular, violentaron las puertas de los domicilios de los tres liberados, sacándolos violentamente a la calle y martirizándolos a palos, hasta que en la plaza del Ayuntamiento cayeron al suelo, falleciendo en aquel mismo lugar don Ramón Calpena y su hijo, y quedando gravísimamente herido don Javier González. El relato de estos hechos, en términos de elogio para los asesinos, fue publicado en el periódico anarquista Frente Libertario, de Madrid, según fotocopia adjunta.
En Barcelona, el matrimonio integrado por D. Plácido Armengol Celanova y doña Emilia Serra Saura, de profesión panaderos y sin filiación política, así como tres hijos del matrimonio, en unión del obrero de la panadería D. Francisco Rivas, fueron detenidos por patrullas del Comité de la Bonanova, el 24 de septiembre de 1936, y conducidos a la carretera de la Rabasada, donde aparecieron los seis cadáveres con heridas de armas de fuego ; el Comité Obrero de la panadería se incautó de la industria de las víctimas.
En los pueblos de la provincia de Ciudad Real la criminalidad revistió modalidades de terrible ensañamiento. Así, el sacerdote de Torrenueva, D. Felipe Campos Rodríguez, detenido el 11 de agosto de 1936, fue martirizado, destrozándole los dientes y sacándole los ojos. En el mismo pueblo, el vecino D. Maximino Vivar Barriga fue muerto a palos en la «checa» y traspasado su cadáver repetidas veces con un estoque. Al vecino del mismo pueblo D. Alicio León Descalzo le amputaron en vivo los órganos genitales, poniéndoselos en la boca, al también vecino de la misma localidad D. Venancio Moreno Pérez le sacó los ojos en vivo una mujer marxista llamada Inés Torres Marco.
Análogos martirios y mutilaciones fueron realizados en otros pueblos de la misma provincia de Ciudad Real: Al vecino de Alcázar de San Juan, D. Antonio Santos Montes, joven que se había distinguido por su piedad religiosa, se le arrancaron los ojos en vida. Y el diputado D. Luis Ruiz Valdepeñas fue uncido a una noria en unión de otros varios detenidos, apaleado brutalmente y, finalmente, asesinado.
En Carrión de Calatrava (pueblo de la referida provincia de Ciudad Real), fueron arrojados a un pozo de mina los cadáveres de unas ochocientas personas de diversos pueblos de la provincia, que eran llevados a aquel lugar para su ejecución.
En el pueblo de Caspe (Zaragoza) fue detenido, el 27 de julio de 1936, D. Antonio Giu Giral, por una turba de milicianos que lo condujeron en tumulto, obligándole a marchar descalzo y sin camisa por las calles de la población, y al llegar la comitiva a la calle de la Hilarza, la madre de la víctima, anciana de unos ochenta años de edad, fue obligada a asomarse. al balcón para presenciar el martirio de su hijo, que fue arrastrado con cuerdas hasta las tapias del cementerio, donde las turbas le acribillaron a tiros, mientras gritaban : « ¡Por la libertad y contra el fascismo !»
En el pueblo de Alcañiz (provincia de Teruel) fue enterrado, todavía en vida, D. Pascual Bardavio Sábado, echando los milicianos cal viva en la sepultura, según declaraciones testificales fehacientes. En Herrera de los Navarros fueron fusilados el alguacil del Ayuntamiento, D. Domingo Carod Iberni, su esposa doña Leoncia Lobera Guillén, y los hijos del matrimonio, Araceli Carod Lobera, de diecinueve años, modista, y Delfín Carod Lobera, niño de trece años, habiéndose cometido el crimen el 17 de septiembre de 1936.
En Málaga fue detenido y conducido al Comité rojo de Investigación y Vigilancia, sito en la Alameda, el 18 de octubre del año 1936, D. Salvador Alcalá del Olmo, que a presencia de las turbas fué arrojado por el balcón y rematado en el suelo.
En la misma ciudad fueron asesinados, el 23 de octubre de 1936, D. Roberto Aremberg Gil y su madre doña María Gil González de junquito, de setenta y seis años, no sin que la expresada anciana fuese cruelmente martirizada al mismo tiempo que su hijo, hasta el punto de serle clavada una caña en un ojo por una mujer llamada Teresa Núñez Ortiz (a) «La Teresona» (de infausta memoria en los anales de la época roja de Málaga) ; los cadáveres de las víctimas mencionadas fueron arrastrados y el de doña María resultó carbonizado.
La vecina de Alfarrás (Lérida), Antonia Pau Lloch, de sesenta años de edad, madre de dos religiosos de la Compañía de Jesús, fue llamada a declarar el 26 de febrero de 1937 al Ayuntamiento don-de funcionaba el Comité revolucionario, y al negarse a hacer las revelaciones que se le exigían, fue maltratada y golpeada en la boca con un crucifijo de su pertenencia y seguidamente conducida al lugar denominado «Plana de Magí» donde murió estrangulada, siendo enterrada en la cuneta de la carretera y cubierto la fosa con un montón de piedras.
Los hermanos D. José María, doña María de la Concepción, D. Ramón y doña Teresa Guevara Zarzuela (sacerdote D. José María y religiosa doña María de la Concepción), fueron asesinados juntos, también en Málaga, el 19 de noviembre de 1936, sin otro motivo que la significación religiosa de todos ellos. En la misma ciudad de Málaga fueron inmolados juntos, el día 30 de agosto de 1936, los seis hermanos Briales Franquelo, de los cuales, D. Narciso, había sido último Alcalde de la Monarquía en la expresada capital.
En la provincia de Oviedo, la Iglesia Parroquial de Bonielles fue prendida fuego en la noche del 26 de agosto de 1936, pereciendo carbonizados los detenidos que se encontraban en su interior. El vecino de Lugo de Llanera, de la misma provincia, D. José Rodríguez Ruiz, fue conducido al pueblo de Mieres, obligado a cavar su propia fosa y enterrado vivo. También en la provincia de Oviedo, don Isidro Fernández Cordero, D. Segundo Alonso González y D. Ricardo Martínez García, los dos primeros de profesión mineros y el tercero practicante, fueron conducidos a la Iglesia Parroquial del pueblo de Sembra y degollados sobre un banco de madera.
En la provincia de Badajoz, los asesinatos con ensañamiento se repiten constantemente durante la dominación roja:
En Fuente de Cantos, después de incendiar el Juzgado, la Notaría, el Registro de la Propiedad, un convento y otros edificios, las turbas condujeron ante un tribunal revolucionario a numerosos vecinos del pueblo, que fueron después encerrados en la Iglesia Parroquial, atacada a continuación desde el exterior a tiros por las masas marxistas, que acabaron prendiendo fuego al edificio, en el que se encontraban entre los detenidos bastantes mujeres y niños de corta edad ; perecieron quemados en el interior del templo: D. José M.a Manzano Marín, industrial ; D. Francisco Alvarez Rojas, jornalero ; D. Manuel Macías Tomás, industrial ; D. Antonio Díaz Lancharro, comerciante ; don Francisco Bermejo Rubio, labrador ; D. Manuel Sánchez Bozas, empleado ; D. Fernando Carrascal Salamanca, estudiante ; D. Juan Esteban Pagador, propietario ; D. Andrés García Gómez, viajante ; D. Fernando Pagador Rosario, propietario ; D. Manuel Iglesias González, y D. Luis Ibarra Pérez, labrador ; de estas víctimas, nueve perecieron completamente carbonizadas, siendo identificadas por los objetos incombustibles que llevaban consigo ; otros, entre ellos el Juez, resultaron heridos, sufriendo síntomas de asfixia, y el resto de los detenidos logró sustraerse al incendio por haber alcanzado, pasando por una puerta reservada, una torre pequeña del edificio, a salvo de las llamas.
En Almendralejo, perteneciente a la misma provincia de Badajoz, fueron asesinadas numerosas personas, algunas de ellas en el patio de la cárcel y otras en un convento, empleándose preferentemente como medio de ejecución bombas de mano y botellas con líquidos inflamables, que abrasaban a las víctimas.
En Burguillos del Cerro, donde también fueron asesinados numerosos vecinos, fue arrojado vivo a un pozo y cubierto con gran cantidad de escombros, Ramón García Maraber, de setenta y seis años, labrador ; en el mismo pueblo fueron quemados vivos en una hoguera Juan Fernández Salguero, de veintiún años, y Aurelio Díaz Gómez, de veinticinco ; Rafael Requejo Santos, de treinta y siete años, casado, forjador, fue colgado en un árbol y muerto por los milicianos, que practicaron ejercicios de tiro sobre la víctima ; los sacerdotes don José Castilla Herrera y D. José María Vázquez Díaz, fueron enterrados vivos hasta la cintura y maltratados hasta que murieron.
En el pueblo de Fregenal, de la misma provincia, fue también enterrado vivo hasta la cintura el Guardia Civil D. Fernando Rastrollo González, sobre el que hicieron numerosas descargas los milicianos, apareciendo destrozado el cadáver.
También en la provincia de Albacete fueron realizados hechos vandálicos. Puede citarse el caso ocurrido el 29 de septiembre de 1936, en el pueblo de Caudete : Unos milicianos rojos acordaron, antes de marchar al frente, llevar a cabo el asesinato de siete hombres y siete mujeres de aquella vecindad que, aun no habiendo realizado ningún ataque contra el régimen del Frente Popular, se encontraban detenidos por el Comité rojo del pueblo, como sospechosos de profesar ideas políticas de orden. Las víctimas fueron conducidas a las afueras del pueblo en unos camiones, seguidos por algún otro vehículo ocupado por gente del pueblo que acudía a presenciar el asesinato anunciado. En la cuneta de la carretera fueron muertos a tiros—en presencia de las mujeres y después de haber sido insultados y maltratados cruelmente—los siete hombres ; a continuación, las señoras fueron víctimas de toda clase de abusos carnales realizados por el tropel de milicianos, que las asesinaron finalmente. Fueron las referidas víctimas, D. Salvador Sánchez Albertos, D. Aurelio Ruiz Alcázar D. Juan Martínez Martínez, D. José Martí Herrero, D. Antonio Puche Martínez, D. Rafael Berenguer Roj, D, Guillermo Juan Rey, Doña Teresa y Doña Dolores Albalat Golf, doña Dolores y doña Carmen Pedrós Ruiz, doña Emerenciana de Teresa y de Beltrán, doña Cecilia Serrano Días y doña Dolores Amorós Golf, doña Dolores y doña Carmen Pedrós Ruiz doña Emerenciana de Teresa y Beltrán, doña Cecilia Serrano Días y Doña Dolores Amorós Golf.Golf.
En San Vicente de Alcántara fue asesinado en su propio domicilio, ante su esposa e hijos, Ramón Camisón Serra, por un grupo de milicianos.
En el pueblo de Azuaga, del partido de Llerena, se cometieron noventa asesinatos, siendo bastantes de las víctimas mutiladas y sometidas a vejaciones, pudiendo ser mencionado, entre otros muchos, el caso de D. Fernando Murillo Gómez Alvarez, que después de ser apaleado en el patio de la cárcel, fue castrado con unas tenazas y rematado en el cementerio.
En otros pueblos de la misma provincia de Badajoz sometidos a la dominación roja, se cometieron también numerosos asesinatos y bastantes violaciones, destacándose los desmanes cometidos por las masas y milicias del Frente Popular en Granja de Torre Hermosa, Campillo de Llerena, Guardia, Villanueva de la Serena y Don Benito.
En la provincia de Guadalajara, el Cura Párroco del pueblo de Salmerón, D. Joaquín López Muñoz, que perseguido por los milicianos rojos del pueblo, había huido al campo, fue encontrado en la madrugada del 2 de Septiembre de 1936 en un molino próximo a la localidad ; sus perseguidores le hirieron de un tiro de escopeta, y después le ser objeto de prolongadas vejaciones y martirios, el mismo día 2 de septiembre, a las cuatro de la tarde, fue llevado en un coche de las milicias aragonesas al término de Peralveque, donde lo asesinaron, mutilando a continuación el cadáver.
También fue martirizado, antes de su asesinato, en el pueblo de Gajanejos, de la misma provincia de Guadalajara, el Cura Párroco del pueblo de Utande, que había huido de dicho pueblo desde el comienzo del Movimiento.
El 31 de mayo de 1937, en ocasión de encontrarse dedicado a las labores del campo, en el término de Huertahernando (también de la provincia de Guadalajara), el labrador D. Eleuterio Díaz Rebollo, se le acercaron tres milicianos rojos que, a pretexto de considerarle políticamente disconforme con el Frente Popular, le asesinaron a tiros y a bayonetazos.
Sería inacabable la relación de crímenes cometidos con terrrible ensañamiento, en número de muchos millares, en la España que retuvo sometida al Frente Popular, constituyendo una muestra de ello rusos ya señalados.
Solamente en Madrid fueron 617 las mujeres cuyo asesinato ha sido acreditado hasta la fecha, siendo proporcionales las cifras en las demás provincias en que imperó el marxismo; así, en Valencia fueron asesinadas 508 mujeres.
El terror marxista hizo gran estrago entre los hombre dedicados a profesiones liberales: Sólo en Madrid fueron asesinados ciento setenta y cinco Abogados y Abogados-Procuradores colegiados, entre ellos el Excmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de Madrid, D. Melquiades Alvarez y González Posada, Diputado a Cortes hasta el año 1936, y Jefe del Partido Republicano Liberal-Demócrata, y el Ilustrísimo señor Secretario D. Marcelino Valentín Gamazo ; figurando entre las víctimas numerosas personalidades liberales y republicanas. Si a este número de Letrados colegiados se agrega el también muy crecido de Abogados no inscritos en el Colegio de Madrid, por ejercer en esta capital otras actividades profesionales, jurídicas o administrativas distintas del ejercicio de la abogacía, se tendrá una idea aproximada de las víctimas sacrificadas por el Frente Popular en la clase de los juristas, que, como las demás profesiones universitarias o intelectuales y en general todos los sectores de la clase media, pagaron un extraordinario tributo de sangre ; no obstante lo cual, el Colegio rojo de Abogados de Madrid—ocultando cuidadosamente esta relación de Letrados asesinados—se atrevió a dirigirse a la opinión pública internacional, solicitando de la misma simpatía y apoyo para el Gobierno del Frente Popular, al que presentaba como un régimen legítimo, fiel mantenedor del Derecho.
Puede afirmarse que el Gobierno del Frente Popular era puntualmente obedecido en cuantas iniciativas revestían un carácter criminal y persecutorio, pudiendo disponer incondicionalmente de las milicias y organizaciones del Frente Popular para el cumplimiento de estos designios en la multitud de ocasiones en que dicho Gobierno adoptó tales iniciativas en el territorio sometido a su poder. Únicamente solía ser desobedecido—y soportaban de buen grado esta desobediencia, no obstante disponer el Gobierno de sobrados medios para reducirla—en los contados casos en que, por razones particulares, trataron las autoridades marxistas de sustraer alguna víctima a las milicias o a las «checas»
Las sangrientas consecuencias del terror practicado por el régimen del Frente Popular en la zona sometida a su dominio halló un lenitivo en la generosa intervención de las representaciones diplomáticas que, habiendo tenido ocasión de apreciar de cerca el auténtico carácter criminal de dicho régimen, se esforzaron para salvar la vida de muchos perseguidos, interesándose por la suerte de los presos y evitan-do en algunos casos, por la oportuna presencia de los coches diplomáticos en las puertas de las cárceles, en el momento de ser puestos en libertad determinados reclusos, que éstos corriesen la suerte que se les reservaba, que era la de ser asesinados a su salida a la calle.
Casi sin excepción, las representaciones diplomáticas acreditadas en Madrid abrieron sus puertas a muchas personas que por su profesión, sus títulos, su posición social o la dignidad de su conducta, eran perseguidas a muerte por las milicias del Frente Popular ; el Decanato del Cuerpo Diplomático-desempeñado, a falta del Nuncio de Su Santidad, por el Embajador de Chile, D. Aurelio Núñez Morgado - coordinó los humanitarios esfuerzos de las misiones extranjeras, destacando por su generosidad en la concesión del derecho de asilo las representaciones hispanoamericanas, que respondieron a los lazos de la sangre que unían a España con sus respectivos países y cumplieron su humanitaria misión sin que el diverso matiz político de cada uno de estos países se reflejase en tibieza para el cumplimiento de esta piadosa tarea.
El amplio ejercicio del derecho de asilo y del empeño- no siempre coronado por el éxito, debido a la obstinación roja—de lograr la evacuación de los asilados, fue una inmediata y obligada consecuencia de la barbarie roja, que atropellaba, ante la mirada de las representaciones extranjeras, las normas más elementales del derecho de gentes, sin que el Gobierno del Frente Popular hiciese el menor esfuerzo para asegurar un orden jurídico y responder de su mantenimiento.
La inviolabilidad de los recintos diplomáticos fue atropellada con frecuencia, y siempre por agentes del Gobierno, ya que ninguno de los asaltos llevados a cabo contra residencias diplomáticas lo fueron por las turbas, sino respondiendo a un plan deliberado de las autoridades marxistas, como en los casos de Finlandia y Perú. Los locales de la Embajada del Brasil, situados en el Paseo de la Castellana, números 55 y 57, fueron asaltados el 7 de mayo de 1938—según manifestación de la misma Representación diplomática—por miembros de la policia roja, acompañados de guardias de Asalto, practicando los agentes invasores un minucioso registro y llevándose cuantos objetos de valor encontraron.
Permite formar una idea de la inseguridad reinante en Madrid y del ansia de sus vecinos por acogerse a un refugio diplomático el hecho—expuesto por la Representación belga—de que los Guardias Civiles veteranos que, por orden del Gobierno del Frente Popular, al que todavía servían, custodiaban la puerta de la Embajada belga, establecida en la calle de Almagro, número 42, obtuvieron del Cónsul general y Encargado de Negocios de Bélgica, M. Chabot, el favor de regresar como asilados en la Embajada, en unión de sus respectivas familias, pasando así de la situación de guardianes a la de refugiados.
Fueron numerosos los súbditos extranjeros que resultaron víctimas de la barbarie frentepopulista, pudiéndose citar los casos de Miss Brigid Boland, irlandesa, asesinada en Bilbao el 16 de junio de 1937 ; asesinato del ciudadano uruguayo D. Carlos Alberto Abascal del Calvo y su esposa ; de varios ciudadanos argentinos, uno de ellos D. Felipe Jorge Linaje ; una anciana, en la barriada de la Prosperidad, y un joven, en la «checa» de San Bernardo ; un súbdito suizo fue asesinado en Madrid y otro en Alicante, siendo innumerables los atentados contra la propiedad de los extranjeros.
El Médico de la Cárcel Modelo, D. Gabriel Rebollo Dicenta, no obstante seguir desempeñando su humanitaria misión bajo el régimen del Frente Popular, fue detenido en 7 de noviembre de I936 cuando, después de pasar la visita médica en la Cárcel, iba en un automóvil de la Legación de Noruega, en unión del funcionario de dicha Legación, Sr. Werner ; los milicianos anarquistas que detuvieron al señor Rebollo, entre los que figuraba el conocido atracador Felipe Emilio Sandoval, asesinaron al referido Sr. Rebollo, creyéndose que el crimen fue debido a resentimientos del mencionado atracador, que durante su reclusión en la Cárcel, por delito común, había conocido a la víctima, que ejercía el cargo de Médico de la Prisión.
Habiéndose interesado en 2 de noviembre de 1936 la Embajada Británica en Madrid por la libertad del preso D. Manuel Asensio Galainena, que ningún delito había cometido, no sólo fue desatendido este humanitario requerimiento por la Dirección de Seguridad, sino que a los pocos días, el preso fue asesinado por orden de las autoridades del Frente Popular.
La conducta del Gobierno del Frente Popular determinó tal repulsa por parte de las misiones extranjeras que aun continuaban en la España marxista, que influyó de un modo decisivo en el resultado de la elección pretendida por el Gobierno republicano de España para un puesto en el Consejo de la Sociedad de Naciones, en septiembre de 1937, sumándose a la actitud adversa de los países hispano-americanos el grupo de países nórdicos, por la consideración de que los pueblos hispano-americanos, por razón de su raza y de su lengua, eran los más capacitados para juzgar de la situación española y de la posición moral del Gobierno de Barcelona.
El terror impuesto a España por el Frente Popular durante la lucha civil tiene su inmediata raíz en los gravísimos y constantes desmanes de la época precedente, expresamente reconocidos entonces por el propio Ossorio y Gallardo, colaborador del mismo Frente Popular, en un acerbo artículo publicado en el diario La Vanguardia, de Barcelona, de 19 de junio de 1936.
Ángel Galarza Gago. Ministro del Gobierno del Frente Popular. Organizador de las checas de la M.V.R. y Director de Las Checas de Atadell. Socialista.
Paz Digital. http://paz-digital.org continuará
martes, agosto 08, 2006
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