Llamaron al timbre y no era el lechero

lunes 26 de junio de 2006

La crónica política

Enrique de DiegoReprobación

Llamaron al timbre y no era el lechero.

Toñi de la Cruz, de 54 años, e Isidoro Barrio, de 62, fueron detenidos como delincuentes por unos policías a los que pagan, con sus impuestos, para que velen por sus derechos. Es ilustrativo observar con detenimiento sus semblantes para percibir el grado de desquicie político en el que se sumieron los aparatos del Estado. Porque, en las dependencias policiales, se gritaba que "el ministro ha dicho que ha habido agresión y eso no se discute" y se retiraba la placa a quien se negaba a plegarse a una consigna, que aventaba Pepiño Blanco -preanunciado las detenciones y su contenido político- al que hacía eco el famoso matemático Consantino Méndez y que se expandía, con furia histérica, desde el despacho de Daniel Anido por los micrófonos de la SER. Desde la sede socialista de Las Rozas se promovía la colaboración ciudadana denunciando a quienes salían en una foto de Abc. Por unos días, aquello parecía la Alemania nazi y la policía berlinesa de Göering tras la quema del Reichstag. Y al frente de esa totalitaria y pachanguera caza de brujas estaba un hombre que se tiene por progresista, José Antonio Alonso, y que, más de una semana después de una sentencia incontestable, no ha tenido la decencia de dimitir.
Motivos le sobran. Parece preciso explicitárselos al caradura:
1.- El principal responsable de las detenciones arbitrarias, Rodolfo Ruiz, había sido ascendido por José Antonio Alonso, quizás como premio a su feliz descubrimiento de la esotérica mochila de la Comisaría del Puente de Vallecas.
2.- El delegado del Gobierno, Constantino Méndez, era el representante directo en la Comunidad de Madrid de José Antonio Alonso.
3.- Es impensable que toda la línea de mando se quedará ahí y no actuara a las órdenes de José Antonio Alonso, dada la relevancia social y mediática adquirida por el caso Bono.
4.- José Antonio Alonso no abrió ninguna investigación interna, ni depuró responsabilidades de ningún tipo, sino que dio apoyo y cobertura a los infractores de la legalidad.
5.- José Antonio Alonso no repuso en su cargo al honrado policía que se negó a practicar las detenciones y que fue, por ello, represaliado.
6.- La connivencia de José Antonio Alonso, y de todo el Gobierno, con el abuso de poder se evidencia en la postura mantenida por la Fiscalía que, en vez de perseguir el delito, y defender a los ciudadanos, se ha dedicado a proteger a los delincuentes.
La alevosa agresión sectaria perpetrada por unos policías, en un exceso de celo partidista, contra unos honrados ciudadanos pone en evidencia un mal que corroe y corrompe a la Policía Nacional: la existencia dentro de ella de una parte militante del partido socialista y dedicada a la defensa de los intereses de ese partido y no al servicio de los ciudadanos. La ‘promoción Pablo Iglesias’ de comisarios, el sindicalismo tipo SUP como franquicia de Ferraz, Telesforo Rubio en Gobelas, Canillas como agujero negro...Todo esto es de suma gravedad. Contradice la neutralidad y el imperio de la Ley que deben regir la actuación policial. A los que son socialistas antes que policías que les pague el sueldo el PSOE.
Alonso se ha convertido en un peligro y en una vergüenza para la democracia española. Es de justicia que el PP llegue hasta el final en la exigencia de responsabilidades políticas de uno de los hechos más graves desde la recuperación de la democracia. Y eso pasa por la reprobación parlamentaria de José Antonio Alonso, un hombre que presume de progresista pero no tiene la decencia de dimitir.