Jose Melendez, Crisis económica, financiera y social

jueves 9 de octubre de 2008

Crisis económica, financiera y social

José Meléndez

E N España padecemos varios tipos de crisis que, aunque existe una simbiosis entre ellas, tiene cada una bien diferenciadas sus características. La crisis financiera comenzó con las “hipotecas basura” en Estados Unidos y se extendió rápidamente porque cuando los Estados Unidos se constipan Europa coge una pulmonía, y pronto se propagó a nivel internacional, ese ámbito que tanto gusta a Zapatero como elemento comparativo cada vez que un problema nos aqueja, Y en este caso más, porque le ha dado pié para afirmar que el culpable de la crisis que nos está hundiendo es George Bush, bien secundado por el Partido Popular. Así mata dos pájaros de un tiro y se sacude el problema, del que él cree que no tiene la culpa.

Los bancos españoles tienen una bien definida característica –sostenida desde que los judíos sentaron las bases del negocio bancario con sus prácticas prestamistas- que es la de no arriesgar nada y aprovecharse al máximo de las dificultades del prójimo Esto les ha proporcionado una solidez que les permite salir intactos ante las turbulencias financieras y ha llevado a Zapatero a proclamar una y otra vez la excelente salud del sistema financiero español. Pero lo que está ocurriendo actualmente no es una turbulencia, es una tempestad cuyo grado, duración y efectos, son muy difícil de predecir. Existen síntomas alarmantes como son la enorme morosidad que arrastran los bancos, su cierre casi completo a la concesión de hipotecas y créditos –lo que tiene como perniciosas consecuencias la reducción de ingresos en los bancos y las crisis derivadas que provoca en el consumo, en el sector de la vivienda y en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas que se traducen en un aumento cada vez mayor del desempleo- y el futuro de los depósitos de los ahorradores que están bajo su custodia.

El pasado lunes día 6, en uno de sus gestos populistas para salir del atolladero, Zapatero convocó a los presidentes de los principales bancos y cajas de ahorro a una reunión en la Moncloa para anunciarles pomposamente que el Estado español cubrirá las garantías sobre los depósitos, una medida comenzada por Alemania e Irlanda y que ya habían adoptado previamente otros seis países europeos. Ese mismo día, los ministros de Finanzas de la Unión Europea, entre ellos Pedro Solbes, firmaban un documento fijando en 40.000 millones de euros esas garantías. Y acto seguido, Zapatero anunció que elevaba a 100.000 euros la garantía sobre los depósitos y creaba un fondo de entre 30.000 y 50.000 millones de euros para inyectarlos en la banca con objeto de generar la confianza que ahora se ha perdido. Aparte de la paradoja de que un gobierno socialista acuda en ayuda del capitalismo, la primera medida de elevar la garantía de los fondos de inversión merece el aplauso que no le ha regateado ni el Partido Popular porque es justa y adecuada. Pero en cuanto al fondo financiero surgen una serie de interrogantes que el gobierno tendrá que despejar. Cuando hace ocho meses Zapatero anunció pomposamente el regalo de 400 euros a cada contributyente, lo justificó diciendo que el Estado tenía un superávit que los contribuyentes debían compartir. Los 6.000 millones de la medida se tragaron ese superávit y ahora al anunciar los 30.000 millones del fondo financiero afirma con la misma pomposidad de antes que “España tiene un déficit razonable para poder soportarlo, pues ese déficit está 20 puntos por debajo de la media europea”. De nuevo su manía comparativa y de nuevo un manejo engañoso de las cifras, porque esa media abarca a 27 países y no es un timbre de gloria que España tenga un déficit menor que Chipre, Malta, Rumanía o Eslovenia. Una deuda siempre es un factor negativo y lo que hay que hacer es tratar de reducirla en vez de incrementarla. Y no está claro de donde va a salir el dinero ni quienes van a ser lo destinatarios, aunque si es seguro que quieres acabarán pagándolo son los contribuyentes. En estos momentos de crisis aguda hubiera sido mucho mejor destinar ese dinero a políticas de empleo, a reducir el gasto oneroso de las familias o a rebajar los impuestos que el Estado cobra por las gasolinas. Y hay que remarcar que solo unos días antes, Pedro Solbes había considerado impracticables medidas de ese tipo. O este Pedro Solbes es mas tonto de lo que parece o tiene la misma cara dura que su jefe para tragarse las palabras una y otra vez.

Pero la crisis en España no es solamente financiera, sino económica porque afecta directamente a los negocios, a las pequeñas y medianas empresas que dan empleo al 40 por ciento de la masa trabajadora y al hombre de la calle, al cabeza de familia que se enfrenta a dificultades cada mayores para sacar adelante a los suyos, a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y a servicios y al ama de casa que no puede llegar a fin de mes. Si la crisis financiera afecta al potente sector bancario, la económica representa una tragedia para quienes no les alcanza el suelo por la constante subida de los alimentos y los artículos de primera necesidad y para los que han perdido su empleo sin un horizonte inmediato de encontrar otro.

Y hay otra crisis social, imperdonable en un gobierno que lleva casi cinco años blasonando de sus políticas sociales e incomprensible en un electorado que le dio su confianza cuando ya eran patentes sus engaños y triquiñuelas. Una crisis de este calibre no se gesta en dos días, como no se aprende economía en dos días como le aseguró Jordi Sevilla a Zapatero en un sublime ejercicio de coba fina. Y, en efecto, Zapatero no aprendió economía en dos días, pero se traía bien aprendida la asignatura de vendedor de burras y la ejerce con todo el descaro y frescura de lo que es capaz. A eso le llaman optimismo antropológico, pero mas bien es una cara dura de la que participan todos sus adláteres. Para que la crisis que ya teníamos encima no dañase sus perspectivas electorales, la negó a sangre y fuego, esgrimiendo que habíamos sobrepasado a Italia en el PIB y llamando a Mariano Rajoy antipatriota por pedirle explicaciones sobre unas medidas correctoras que eran cruciales, pero que nunca tomó y que no ha tomado todavía. Y ahora, cuando es imposible negar la crisis obliga a su vicepresidente Pedro Solbes a desdecirse por enésima vez y preparar al personal diciendo que lo que viene será peor.

Las políticas sociales, no muchas, que Zapatero ha adoptado durante su mandato, anunciadas a bombo y platillo y amplificadas por la potente caja de resonancia de los medios de comunicación afines, se está viniendo abajo lastimosamente por falta de dinero. La Ley de Dependencia está al borde del colapso porque no hay dinero para implementarla. Una comunidad afín, como Cataluña, ha anunciado que retrasa su entrada en vigor porque el gobierno central no ha aportado su parte y lo mismo ocurre en otras autonomías, por lo que una ley tan importante y necesaria corre peligro de languidecer y quedarse como un esfuerzo mas del gobierno de Zapatero para ganarse el voto de los discapacitados y dependientes y de sus familias. Y una vez que han votado les vuelve a dejar en el olvido.

Pero de lo que no se olvida nuestro presidente es de su secreta ambición de ganar de una vez por todas la Guerra Civil setenta años después de terminada, que ese es el objetivo de su Memoria Histórica- Y para eso vuelve a engañar y a vender humo. Después de poner al juez Garzón a contar desaparecidos solamente republicanos y disponer así de una lista con mas de 170.000 nombres, ha anunciado que pagará 135.000 euros por cada muerto o persona que haya sufrido incapacidad por defender la democracia ampliando la concesión al período ¡de 1.968 a 1.977!, o sea, en plena Transición democrática que él no reconoce. La cuantía de estas indemnizaciones no se ha hecho pública todavía, pero podría alcanzar cifras astronómicas en un país que tiene sus arcas exhaustas. Pero la realidad puede ser otra y Zapatero lo sabe. Según informes técnicos, la identificación de los restos de muertos en la guerra civil es casi imposible de llevar a cabo por el tiempo transcurrido y la ignorancia de familiares que puedan facilitar un ADN fiable, teniendo en cuenta, además, que cada prueba de ADN cuesta 3.000 euros. ¿Son estas las políticas sociales de las que tanto se ufana Zapatero? Ése es el gobierno que tiene nuestros destinos en sus manos.


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