miércoles, febrero 13, 2008

Menores y responsabilidad penal

miercoles 13 de febrero de 2008
Menores y responsabilidad penal
LA propuesta del Partido Popular sobre la reforma de la responsabilidad penal de los menores ha vuelto a protagonizar un debate público en el que el PSOE ha tenido que situarse a remolque de los populares. Como sucediera con la idea del «contrato de integración» para inmigrantes, Mariano Rajoy ha entrado de lleno en otra cuestión que genera una gran sensibilidad en la opinión pública -la escasa sanción, cuando no mera impunidad, que se cobran los delincuentes juveniles- y que la izquierda mantenía bajo la mordaza de la corrección política. El PP ha propuesto que la responsabilidad penal sea exigible a menores de entre doce y catorce años -en la actualidad sólo lo es a mayores de catorce- en casos de delitos muy graves o de multirreincidencia. También defiende la agravación de las penas de internamiento y el traslado a centros penitenciarios de los menores que estén cumpliendo condena y alcancen la mayoría de edad. La posibilidad de adoptar estas dos últimas medidas estaba prevista en la polémica ley de 2000, por lo que no tiene sentido que el PSOE se escandalice por el hecho de que el PP las ponga sobre la mesa. Podrá gustar o no lo que dicen, pero tienen su apoyo en la misma ley que defienden los socialistas.
La discusión de mayor calado se ha centrado en la rebaja de la edad penal a los doce años. La propuesta es muy delicada porque afecta a niños, y ninguna sociedad democrática moderna renuncia a la recuperación de los menores delincuentes para la vida social. En este terreno hay que huir de los mensajes demagógicos que piden mano dura sin reparar en las exigencias constitucionales del Estado de Derecho y recordar la especial atención que hay que poner en la recuperación social de los menores delincuentes. Todo esto es posible conjugarlo de manera equilibrada en una reforma que asuma la experiencia de la ley de 2000, corrija sus fallos, consolide sus aciertos y promueva la seguridad de los ciudadanos ante una delincuencia cada día más violenta y azuzada por las nuevas tecnologías. El acceso incontrolado a internet y a videojuegos claramente inconvenientes o las grabaciones en teléfonos móviles son elementos criminógenos de este tiempo.
La propuesta de Rajoy no quiebra ninguno de los límites constitucionales. El PP basa esta reforma en su limitación a casos extremos -que, por desgracia, no son infrecuentes-, lo que garantiza el respeto al principio de proporcionalidad. Además, la paternidad de la idea no es suya: en diciembre de 2005, el Consejo Fiscal, órgano de representación de los fiscales y de asesoramiento al fiscal general, aprobó solicitar al Ministerio de Justicia que incluyera en el proyecto de reforma de la ley penal del menor esta reducción a doce años. La misma medida fue apoyada posteriormente por el Movimiento contra la Intolerancia. E incluso durante un curso de verano en El Escorial, en julio de 2007, Luis Navajas, fiscal delegado para la delincuencia de menores -cargo de confianza de Conde-Pumpido- lamentó que la reforma legal no incluyera la reducción de la edad penal a doce años. Otros fiscales especiales -como la de la Comunidad Valenciana- habían defendido la misma idea ante el incremento alarmante de la violencia perpetrada por menores de catorce años.
Por tanto, el PP ha asumido con valentía política y criterio jurídico una iniciativa que, obviamente, es incómoda e ingrata, pero cuya necesidad está avalada por los datos estadísticos y por los análisis de los expertos dedicados a esta materia -fiscales, jueces, psicólogos-, que llevan mucho tiempo alertando de la precoz incorporación de niños y jóvenes a actos delictivos de gran violencia. Ahora bien, son igualmente necesarias medidas de prevención y educación, porque la sociedad tiene que intentar llegar a tiempo de evitar que el niño o el joven dé el paso a la delincuencia. También en este caso parece evidente que el PP ha sabido conectar con una sensata demanda social.

http://www.abc.es/20080213/opinion-editorial/menores-responsabilidad-penal_200802130246.html

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