martes 20 de febrero de 2007
Democracia de baja intensidad
IGNACIO CAMACHO
EN una democracia deliberativa como la que defiende de boquilla el presidente Zapatero, cualquier dirigente honesto consideraría deslegitimado moralmente el nuevo estatuto andaluz de autonomía, tras el ignominioso resultado de su consulta popular. En la democracia nominal en la que se ha convertido de hecho el régimen virreinal de Chaves, la primera providencia ha sido echarle la culpa de la abstención al PP, sobre el que un jerarca socialista descargó una amenazadora advertencia propia de la extinta Brigada Político-Social del franquismo: «Sabemos en qué mesas votan». En la misma noche del recuento, el propio presidente del Gobierno, promotor del republicanismo cívico, agarró el teléfono para felicitar personalmente a Chaves por su enorme éxito democrático de lograr que dos de cada tres andaluces (y andaluzas, como dice el texto) se desentendiesen del referéndum.
En una democracia deliberativa, en la que «se impugna cualquier certeza situada más allá del acuerdo con los ciudadanos» -palabras textuales de Andrés Torres Mora, considerado el gurú ideológico del zapaterismo-, el Gobierno habría congelado su iniciativa de diálogo con los terroristas hasta que los estudios de opinión dejasen, como mínimo, de detectar una amplia mayoría contraria a ese proceso, expresa asimismo en gigantescas movilizaciones callejeras sistemáticamente desoídas. Empero, el mismo domingo en que se producía el clamoroso naufragio del estatuto de Andalucía, el presidente reafirmaba en Vitoria su convencida determinación de proseguir «trabajando por el final de la violencia», eufemístico mantra con el que gusta de referirse a la estrategia de acercamiento a ETA.
En una democracia deliberativa, centrada en las demandas populares, ningún ministro (o ministra, faltaría más) pondría en marcha una ley sectorial que atenta contra los intereses económicos de un pujante sector productivo que proporciona bienestar y empleo. Ésta es la hora en que el Ministerio de Sanidad continúa empeñado, con el expreso apoyo presidencial, en sacar adelante una norma que ha desatado la justificada alarma de viticultores, bodegueros y comercializadores del vino, producto en el que la mayoría de las regiones españolas han alcanzado excelentes estándares de desarrollo, calidad y prestigio.
Pero la nuestra es una democracia deliberativa muy peculiar, en la que un presidente iluminado delibera consigo mismo en un sordo soliloquio ajeno a las prioridades, demandas y sensibilidades de millones de ciudadanos que, cada vez que tienen ocasión de hacerlo, se expresan en sentido contrario a las intenciones del Gobierno que teóricamente los representa. El domingo por la noche, un dirigente andaluz de Izquierda Unida tuvo un rapto de escéptica lucidez bajo el shock del desdén popular y definió el sistema como una «democracia de baja intensidad». Bingo. Sólo que una democracia de baja intensidad es lo menos que se despacha en democracia. O sea, un engendro, un petardo, una chapuza. Un fiasco.
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