Fracasa el Estatuto de ZpM

lunes 19 de junio de 2006
Fracasa el Estatuto de Zapatero
EL dato es inapelable y su contundencia no deja lugar a la interpretación: el nuevo Estatuto de Cataluña sólo ha recibido el respaldo explícito de uno de cada tres catalanes llamados a las urnas en una jornada electoral marcada por la escasa participación, pues sólo el 49,4 por ciento de los electores votaron en el referéndum. Este dato implica un respaldo muy inferior al que obtuvo en 1979 el todavía vigente Estatuto -apoyado entonces en las urnas por el 53 por ciento de los catalanes-, lo que supone un fracaso en toda regla de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE, quienes ayer se esforzaron, en la primera valoración del resultado, en restar importancia al hecho fundamental de que fueran más los catalanes que no acudieron a las urnas que los que participaron en la consulta.
Fue el presidente del Gobierno quien sentó la doctrina de que «las normas políticas con el 51 por ciento para ordenar la convivencia acaban en fracaso», aclarando, aún más que «para construir con legitimidad un orden político, una norma institucional básica, me da igual que sea una constitución o un estatuto político (...) no sirve el 51 por ciento». Esta declaración consta en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, del 1 de febrero de 2005, y su destinatario fue el lendakari, Juan José Ibarretxe, quien tuvo que oírla cuando la Cámara Baja rechazó su plan soberanista de libre asociación de Euskadi con España. Incluso con los argumentos que reiteradamente utilizan los nacionalistas vascos contra la Constitución Española, al negarle legitimidad por la escasa participación en la consulta de 1978, este nuevo Estatuto catalán debería ser descartado por los nacionalismos como modelo de referencia. Por eso, el Gobierno no puede seguir ofreciendo la vía catalana como antecedente de consenso e integración para otras reformas estatutarias, porque su vicio es de origen, al no contar con el refrendo de la sociedad a la que está destinado.
ESE mismo criterio que empleó Rodríguez Zapatero contra el Plan Ibarretxe se vuelve hoy contra el Estatuto de Cataluña, que él, de forma personal, se encargó de rescatar del fracaso cuantas veces fue necesario. No es Maragall la pieza política que se cobra este fracaso, sino una estrategia clave del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que priva al jefe del Ejecutivo de respaldo político -de legitimidad, en definitiva, como le recriminó a Ibarretxe- para seguir la agenda de desmantelamiento constitucional de España, en la que el nuevo Estatuto catalán es el primer episodio, y quizá no el más grave de todos los que el PSOE está dispuesto a acometer. Incluso desde la vertiente interna del socialismo español, el resultado de ayer es una seria advertencia, porque refleja la falta de seguimiento de su electorado a una apuesta decisiva de la legislatura de Zapatero. Es una buena ocasión que deberían aprovechar aquellos socialistas que ven con preocupación el rumbo que ha tomado el Gobierno y su preferencia por los nacionalismos soberanistas. Los que han callado por disciplina de partido deberían hablar ahora por lealtad constitucional y demostrar que dentro del socialismo es posible otra política con sentido nacional.
Este nuevo Estatuto catalán está por debajo del Estatuto de 1979 en las cifras, absolutas y relativas, de participación y de voto favorable. No sólo no había clamor por este nuevo Estatuto, sino que los catalanes le han castigado con su indiferencia, y, así, caen por su base muchos tópicos en los que se han refugiado nacionalistas y socialistas para someter a la sociedad catalana y al orden constitucional, en su conjunto, al calvario de los últimos meses. En primer lugar, el respaldo del 90 por ciento del Parlamento catalán era expresión únicamente del consenso para una estrategia de conservación de poder político, pero no de un gobierno sensato y responsable de los intereses comunes. En segundo lugar, la clase política dominante en Cataluña debe considerarse desautorizada para atribuirse, con la misma arrogancia que hasta ahora, el monopolio de la identidad catalana y aplicar a los discrepantes el ostracismo impuesto al PP o Ciudadanos de Cataluña. En tercer lugar, el modelo de una Cataluña nacional, soberanista y confederada con España no cuenta con un respaldo suficiente y no sirve como pauta para nuevos experimentos.
EN cuanto al PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero, han cosechado el mayor fracaso de la legislatura y, además, en la pieza clave de una estrategia general que engloba otras iniciativas para las que el presidente del Gobierno ya no puede sentirse respaldado. Si buscaba un plebiscito encubierto para impulsar el denominado «proceso de paz», lo ha perdido, por lo que Rodríguez Zapatero debería valorar en su justa dimensión el fracaso del proyecto estatutario catalán y no buscar atajos. PSOE y Gobierno han socavado la integridad constitucional de España sin más contrapartida que el aseguramiento -y habrá que ver por cuánto tiempo- de una alianza con nacionalismos radicalizados. Ha roto los lazos imprescindibles con el Partido Popular, sensiblemente reforzado tras el referéndum de ayer, despojando a la sociedad española de la fuerza del consenso constitucional. Ha debilitado al Estado en una coyuntura en la que la insaciable ambición de los nacionalismos y las renovadas esperanzas de ETA requerían un sistema institucional fuerte y cohesionado.
Por otra parte, la violencia reiterada contra los dirigentes populares y la campaña antidemocrática que lo oponía al pueblo catalán han fracasado como estímulos a la participación. El nuevo Estatuto nace impuesto para una Cataluña que no lo apoya, lo que llevó ayer al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, a demandar al jefe del Ejecutivo una urgente rectificación de su política, empeñada en una grave operación de liquidación de la derecha política y social a través de la retroalimentación de intereses con el nacionalismo. Dos años después, los catalanes han hablado en las urnas para confirmar que el Estatuto del Tinell no es el del consenso, sino el de la división.