Odium ideologicum a Aznar (yIII)

EL ODIUM IDEOLOGICUM A AZNAR (y III)
por Enrique de Diego

Los años dorados
En los ochos años de gobierno aznarista se redujo la deuda del Estado en 18 puntos: del 68,1% del PIB en 1996 l 50,1% en 2004. Eso ha representado un ahorro anual en intereses de 1.700 millones de euros. En 1996, la renta española se situaba en el 78% de la media europea. El mismo porcentaje que en 1976. Los gobiernos de Felipe González representaron un completo estancamiento. En 2003, fue del 86%. La diferencia se redujo un punto cada año. Entre 1997 y 2000, la tasa de crecimiento se situó en el 4,2%, un punto por encima de la media de los países occidentales. Los socialistas dijeron que se debía a la coyuntura internacional. Entre 2000 y 2004 fue del 2,5%, mientras Francia y Alemania se estancaban o entraban en recesión. En 1996, el socialismo dejó el país con un paro del 23%, afectando a 3,7 millones de personas. Ese año trabajaban 12,3 millones de personas. Las mismas que en 1976. En veinte años, con catorce de socialismo gobernante, no se había creado un solo puesto de trabajo más, Los cotizantes a la Seguridad Social en 2004 eran 16,6 millones, 4,3 millones de puestos de trabajo más. Durante años, España ha creado el 50% de los empleos generados en toda Europa. La mitad de los nuevos empleos fueron ocupados por mujeres. En 1996, la Seguridad Social tenía un déficit del 0,7% del PIB –quinientos mil millones de pesetas. En los primeros meses del primer gobierno Aznar, hubo que pedir préstamos a entidades bancarias para pagar las pensiones. Entre 1987 y 1996, bajo Felipe González, los trabajadores con contrato fijo se redujeron en casi medio millón. La tasa de temporalidad pasó del 33,5 en 1997 al 30,6 en 2003. Desde 1996, el número de trabajadores con contrato indefinido creció en 3,3 millones. El tejido empresarial no hizo otra cosa que ampliarse: 2,6 millones de empresas en activo. España pasó a ser un país inversor. Entre 1990 y 1995 se invirtieron en Iberoamérica 5.000 millones de dólares. Entre 1996 y 2000, 105.000 millones. En 1995, la prima de riesgo país estaba en torno a 600 puntos básicos. Hoy es cero. España es un país solvente y fiable. Intereses hipotecarios bajos hicieron que las familias españolas se capitalizaran patrimonialmente accediendo a la propiedad de su vivienda. Su suprimieron impuestos onerosos para la iniciativa individual como el IAE y el de Sucesiones en las comunidades autónomas gobernadas por el PP. “Las medidas de austeridad, de liberalizaciones y de privatizaciones nos permitieron emprender una política fiscal nueva en España. Se resume en una expresión muy sencilla: bajar los impuestos”(José María Aznar, Ocho años de gobierno, p. 111).
El indudable éxito económico no era fruto del azar, sino de una filosofía política alejada de los dogmas socialistas. “Nos propusimos –explica Aznar- demostrar que cuanto más austero fuera el Estado y más libre fuera la economía, menos posibilidades de corrupción habría y más progresaría España” Ibídem, p. 105. Se privatizaron Argentaria, Enagás, Repsol, Endesa, Telefónica, Aceralia, Tabacalera, Iberia y Santa Bárbara. “Cuando llegamos al Gobierno nos decían que aquello de las privatizaciones era otra idea imposible. Llegaron a recomendarnos incluso, literalmente, que vendiéramos Iberia por una peseta; es decir que la regaláramos. Hoy es una empresa rentable. Se deduce que no habríamos hecho un buen negocio, aunque eso era lo de menos” Ibídem, p. 110. El giro era copernicano, pues se venía abajo el dogma de la empresa pública, tanto sobre la base de criterios de justicia social, como de carácter estratégico. Hace unas décadas, la izquierda aún soñaba con nacionalizaciones, y en la campaña de las elecciones europeas de 2004, el candidato de Izquierda Unida ponía ¡al Ejécito como ejemplo de ‘empresa pública’ deficitaria! Resulta difícil imaginar mejor homenaje que ese al triunfo del liberalismo en los años dorados que van desde 1996 a 2004. Como reseña Aznar, “la superioridad de las ideas de liberalización se veía corroborada en la práctica. Era evidente para todo aquel que quisiera verlo que las políticas intervencionistas no llevaban a ninguna parte. Ni en el socialismo real que pusieron en práctica los regímenes comunistas, ni en el socialismo práctico que pusieron en marcha los gobiernos del PSOE. Aquí no había control sobre el presupuesto, ni contención de gastos, ni una idea clara capaz de deslindar qué es el Estado y qué es la sociedad. En cambio, las políticas de liberalización y de austeridad sí que habían funcionado. Se había demostrado en la práctica que las ideas liberales eran correctas” (José María Aznar, Ocho años de gobierno, p. 113). España, desde luego, iba bien.
Frente al éxito de la liberalización, el fracaso del estatismo. Lo vamos a escuchar de boca del exministro socialista de Economía, Carlos Solchaga. “A mediados de los años ochenta era perceptible la crisis del Estado de Bienestar en Suecia, como antes ya lo había sido en la patria de Beveridge. Los modelos más preclaros de economía socialdemócrata que, hasta unos años antes, habían sido capaces de conciliar la existencia de una economía privada dinámica y competitiva internacionalmente con una concepción del Estado en el que éste velara por el bienestar de los ciudadanos ‘desde la cuna hasta la tumba’ habían entrado en una profunda crisis. Y, entre tanto, aquí estábamos nosotros tratando de construir por primera vez en nuestra historia algo semejante a un auténtico Estado de Bienestar, incrementando el alcance de las políticas sociales distributivas y aumentando, para hacerlo, la presión fiscal de una manera muy significativa” (Carlos Solchaga, El final de la edad dorada, Editorial Taurus).. En realidad, el Estado de Bienestar español era un ‘logro’ de la dictadura franquista. Lo que el PSOE estaba haciendo era incrementar el clientelismo, una de sus prácticas constantes. A pesar de las evidencias del fracaso, la respuesta socialista no fue racional, en relación con el método prueba-error, sino la propia de una secta cuyos dogmas estuvieran en peligro: profundizar en el error. “Una parte de la izquierda –añade Solchaga- en España y en otros países endureció sus posiciones ideológicas ante estos acontecimientos. Se negaron a aceptar las limitaciones del enfoque keynesiano del manejo de la economía nacional en una situación caracterizada por perturbaciones de la oferta y un proceso de creciente globalización económica. Igualmente se negaron a admitir, siquiera fuera conceptualmente, las fricciones que podían surgir entre el mantenimiento de un Estado de Bienestar sobredimensionado en algunos campos, y el crecimiento de la economía y la propia creación de empleo. En fin, tratando de salvaguardar el papel que el Estado tenía en su visión del mundo y a pesar del fracaso cada vez más aparente de las economías planificadas del bloque comunista, creyeron que tenían que cargar contra las supuestas ventajas del funcionamiento del mercado”. Quienes más sufrieron aquel empecinamiento traumático fueron los jóvenes, sometidos a un proceso de exclusión y de restricción de sus oportunidades. En 1996, con Pedro Solbes como último ministro de Economía del felipismo, no sólo el déficit era del 6% del PIB, incrementando la deuda a pagar por las generaciones futuras, el paro juvenil se situaba en el 42,2% y no hacía otra cosa que aumentar.
La superioridad ética del liberalismo
Las cifras económicas son abstracción de realidades humanas. En los ocho años de Aznar hubo más justicia, menos inseguridad económica, más capacidad para desarrollar el propio proyecto vital. El balance de la gestión liberal de Aznar es superior éticamente al de la socialista de los gobiernos de González. Aznar no sólo ha conseguido ahormar una corriente de la opinión pública refractaria a la demagogia de los nuevos clérigos –el 14 de marzo, nueve millones setecientos mil españoles resistieron al chantaje terrorista y a la manipulación política- también ha demostrado el error intelectual del socialismo y su miseria moral.Esa sí es la explicación última del odium ideologicum contra Aznar, el revanchismo contra su gestión y el intento de culminar su diabolización procediendo a su muerte civil. Porque una idea no es moral por proclamarse como tal sino que ha de ser contrastada con la realidad. Y si sus efectos son perversos ha de ser tenida por inmoral. Proclamar que se busca el bien de los trabajadores o de los más desfavorecidos no pasa de retórica si la buena intención no viene avalada por los hechos.
Las sociedades avanzan mediante ensayos, mediante propuestas de reforma, mas de manera analógica a como en el mundo de las ciencias físicas un experimento que contradice a una teoría convierte a ésta en una antigüalla, en algo inservible y superado, en política sucede lo mismo, si se trata de huir de esquemas populistas meramente emotivos. Pretender la validez de las ideas políticas al margen de sus efectos, sólo conduce en sus aspectos más extremos al totalitarismo, y en los más benignos a la aparición de nuevas formas de conservadurismo acrítico que tratan de convertir en tradiciones intocables los errores de principio, las desviaciones de cálculo. Introduce la política directamente en terrenos sustitutorios de la religión, sustrayéndola a su campo propio de administración de la cosa pública, para sumergirla en zonas pantanosas de superstición: el engaño de mantener ideas a pesar de sus malas consecuencias prácticas con la argucia de que se cometieron errores personales, de que no se pusieron en marcha con la suficiente intensidad o cualesquiera otro de los argumentos de quienes, incapaces de aprender de sus errores, tienden a convertir a sus seguidores en una especie de hooligans emocionales, adheridos a unos colores con la pasión de los seguidores de un equipo de fútbol.
Proclamar la beatitud de una idea al margen de sus resultados –como de continuo hacen los nuevos clérigos- es abrir las puertas al sectarismo, porque la exaltación como moral de lo que no lo es no deja de ser una forma de fundamentalismo. Actitud, por supuesto, diametralmente contraria al racionalismo crítico. Si una doctrina y sus medidas provocan paro no es de recibo que pretenda seguir manteniendo que busca el bien de los trabajadores. Un punto de referencia ético insoslayable es que no puede considerarse justa una política que produzca paro, y por ende inseguridad personal, deterioro de las expectativas de futuro y de la capacidad de cada uno de busca su propia felicidad. Si una política provoca paro ha de ser considerada injusta; si genera empleo está en condiciones de reclamar una consideración moral positiva. Una política será tanto más justa, según este parámetro fundamental, cuanto más empleo genere; y será tanto más injusta cuanto más paro provoque.
La constatación de la eficiencia, referida a la experiencia, a la realidad, no puede ir en contradicción a la ética, como si ésta fuera abstracta y descarnada, porque ello lleva a un planteamiento reaccionario y absurdo: la ética se impondría sobre la razón justificando resultados ineficientes. Eso sería una ética irracional, nihilista y perversa, basada en algún tipo de autoridad mantenida como tradición muerta o adhesión a siglas.
La izquierda odia a Aznar porque en el ejercicio del poder demostró superioridad ética y eficiencia superiores al socialismo. Fue condescendiente con los nuevos clérigos, mas puso en evidencia la telaraña de dogmas con los que, para defender sus intereses, atenazan a la sociedad civil. Ese odio entraña un reconocimiento. Ese rechinar de dientes del aparato de propaganda de la secta manifiesta un complejo de inferioridad. Ese intento de desprestigiar su figura no hace otra cosa que agrandarla. Manifiesta miedo atávico a una profundización en el liberalismo, intento de demoler el consenso liberal establecido en las amplias clases medias, para evitar el debate y poner diques a la necesaria segunda liberalización, que desembride las mentes de los últimos dictados de la estéril superstición estatista.