Sobre el último análisis del «Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género

Sobre el último análisis del «Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género»

Miguel Ángel Loma

E L Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (del Consejo General del Poder Judicial) ha publicado a principios de mayo un análisis sobre «Las sentencias dictadas por los tribunales del jurado en el período 2001-2005 relativas a homicidios o asesinatos entre los miembros de la pareja o ex pareja»; un análisis que resulta muy esclarecedor aunque no tanto por las conclusiones a las que llega, sino más bien por las que omite o no se atreve a afrontar.

Entre los múltiples datos incluidos en las 29 conclusiones que integran el citado análisis (algunos bastante prescindibles, porque poco aportan para combatir las posibles causas del problema, mientras que se omiten otros de indudable interés) hay uno que resulta fundamental pese a que prácticamente se pasa sobre él casi de puntillas. Es el correspondiente a la conclusión 22ª y que transcribo literalmente: «En sólo 21 sentencias (de 147) consta reflejada la existencia de agresiones previas por parte del autor hacia la víctima, lo que supone un 14,28% de casos». (¡Ojo!, no se refiere solamente a que la víctima no hubiese denunciado alguna agresión previa a su muerte, sino que, según se recoge en el propio informe, no se pudo acreditar de ningún modo, incluidos testimonios de familiares, vecinos, etc., que existiera alguna situación de amenaza previa sobre la víctima. O lo que es lo mismo: la primera y única agresión que pudo acreditarse fue el homicidio o asesinato de la víctima, aunque esto no se atreven a deducirlo los analistas del Observatorio, por la trascendencia que encierra).

Y es que, aun admitiendo que «el estudio que se aborda no agota todos los supuestos» porque del análisis se excluyen los casos en que el criminal se suicida o muere tras matar a su pareja o ex pareja (ya que, lógicamente, no cabe juzgar a los muertos y el estudio del Observatorio se hace sobre procesos judiciales), el citado dato del 14,28% resulta demoledor. Y lo es porque prácticamente toda la política practicada por los diferentes Gobiernos (tanto del PSOE como del PP) y todas las campañas de alerta, así como las diferentes medidas que se han ido tomando para prevenir y combatir este género de violencia, se basan en el presupuesto de que la mayoría de homicidios y asesinatos se produce, o por la falta de denuncia previa de la víctima, o por la carencia de vigilancia sobre un sujeto que previamente había dado muestras de agresividad.

No obstante, y aunque los números no respondan en absoluto a la anterior hipótesis, sabedores de la trascendencia del dato del 14,28%, los analistas del Observatorio añaden sin mayor pudor lo siguiente: «Este dato sólo permite concluir que éste es el porcentaje de asuntos en los que las manifestaciones de violencia previa bien se han exteriorizado, permitiendo su visibilización por personas del entorno de la víctima, o bien han tenido reflejo en las actuaciones judiciales, por formularse conjuntamente acusación por violencia padecida antes del homicidio o por aflorar en el acto del juicio oral, siendo perfectamente compatible con la idea de que el resultado de muerte nunca corresponde a la primera agresión sino que culmina un calvario de violencias padecidas». Lo que traducido significa: da igual que los hechos no corroboren nuestra hipótesis de trabajo, porque esto es así y no cabe discusión.

Pero no cabe ignorar que el dato del 14,28% destroza el presupuesto de partida, y que la política que se está llevando a cabo podrá servir para combatir ese minoritario número de casos, pero de poco ayudará respecto al mayoritario 85,72% restante. Por no decir que, muy posiblemente, el actual tratamiento, basado en un erróneo diagnóstico, esté contribuyendo aún más a agravar el problema.

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