Jose Melendez, Un electoralismo tramposo

viernes 28 de septiembre de 2007
Un electoralismo tramposo
José Meléndez
H E citado en diversas ocasiones la frase que me dijo el político británico Lord Carrington en un tétrico invierno en el que el gobierno laborista de James Callagham iba a la deriva y se predecía el triunfo electoral de los conservadores acaudillados por Margaret Thatcher. La opinión de Lord Carringtron era que la oposición nunca gana las elecciones, sino que las ganan o las pierden los gobiernos. Y nuestro presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que presenta el peor balance de una larga lista de gobiernos que le precedieron en el poder, parece dispuesto a ganar las próximas elecciones usando todos los resortes que su situación privilegiada pone a su disposición. Y un rotundo ejemplo de esto son los Presupuestos Generales que su gobierno acaba de anunciar, como culminación de una serie de medidas generosas y de dudosa aplicación presupuestaria. claramente encauzadas a hacer impacto en la caza de votos que ha comenzado a seis meses de los comicios. En la forma en que el electorado se sienta atraído por esas promesas o, por el contrario, pese mas la patente mala gestión que ha caracterizado a este gobierno, radicará el resultado que deparen las urnas. El PSOE tiene dos tradicionales graneros de votos que son Cataluña y Andalucía, con la peculiaridad en la primera de que hay que cuidar con mimo a los nacionalistas para que arrimen sus votos a una mayoría parlamentaria. Y sobre esas dos autonomías ha derramado Zapatero su lluvia de oro, aprovechando que las arcas estatales gozan hasta ahora de buena salud y `produciendo un agravio comparativo con el resto de autonomías que rompe los principios constitucionales y de sentido común de igualdad y solidaridad entre todos los territorios españoles. Madrid y Valencia son dos autonomías que se han puesto a la cabeza del progreso económico y tecnológico de España por sus propios medios, sin ayuda estatal prácticamente, a pesar de las falsas estadísticas que invocan con evidente descaro, pero sin mostrarlas, los portavoces socialistas y la ministra de Fomento, con su semblante hosco y malhumorado, como si estuviera haciendo un sacrificio por ocupar un puesto que le viene ancho. ¿Por qué un gobierno puede realizar estos alardes y manejar a su antojo la soberanía popular que le han concedido los electores? La contestación es difícil y ha sido analizada por grandes pensadores desde los ingleses Locke y Harrington hasta García Pelayo, que han examinado concienzudamente la teoría de la separación de poderes de Montesquieu que inspiró los hitos históricos del Estado liberal como fueron la Declaración de Derechos –la “Bill of Rights- de Virginia de 1.776 y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que culminó la Revolución Francesa..El propio Montesquieu apunta la contestación en su Libro XI del “Espíritu de las leyes” en el que dice “todo estaría perdido (la libertad) si un solo hombre o un solo cuerpo ostentara el ejercicio de las tres potestades, la de hacer las leyes, la de ejecutar las resoluciones públicas y la de juzgar los delitos o las diferencias de los particulares”. Ese es el sistema de las dictaduras, que se hacen aborrecibles cuando son impuestas de facto. Pero en el siglo XIX, en pleno desarrollo de los Estados liberales, toma cuerpo –como afirma el catedrático Manuel Ramírez en un reciente y lúcido artículo- el Estado de derecho que concede precisamente lo que el barón de Secondat temía: el predominio del poder legislativo sobre los otros dos. Las Asambleas o Parlamentos se encuentran con unas facultades incontestables que se acercan a las del antiguo poder absolutista de los Retes o el drástico de las dictaduras. Manuel Ramírez pone como ejemplo de este sistema asambleario a la Segunda República española .tan añorada por Zapatero- que solo consiguió con ello un período calamitoso de inestabilidad de los sucesivos gobiernos, que desembocó en la Guerra Civil. La democracia es el régimen que mejor guarda las libertades individuales y los derechos y obligaciones de la ciudadanía. Churchill decía que es el régimen menos malo de todos los conocidos, pero, sin llegar a la mordacidad británica del gran político, requiere unas líneas de actuación bien definidas, una gran honestidad y transparencia en la gestión de los políticos y unos partidos fuertes, que no se salgan de los márgenes expuestos en sus programas electorales por los que resulten elegidos. Si no ocurre así, el Estado de Derecho se convierte en Estado de Partidos que es lo que sucede actualmente en España con una tómbola de prebendas y concesiones obligada por la imperiosa necesidad de la aritmética parlamentaria. Esa aritmética, cuando no hay una mayoría absoluta y una oposición fuerte que la contrarreste, es la que lleva a situaciones como la que vivimos ahora.. Zapatero ha construido su bunker de la Moncloa con una serie de pactos que unas veces producen asombro y otras repugnancia por la enorme distancia ideológica que los separa, a pesar de lo cual han contado mas los votos que aporten que las consideraciones dogmáticas. Un hombre que negocia con los terroristas cuando la experiencia le decía que sus demandas eran innegociables –y que ahora, después del deslabro ha vuelto a afirmar que lo intentará de nuevo si es reelegido- y que pacta con los republicanos de ERC para asegurarse el poder, mirando para otro lado ante la feroz campaña que ese partido ha desencadenado contra la Monarquía, no está capacitado para dirigir los destinos de una nación. Pero los dirige, hacia un rumbo que ni el mismo sabe y tendrá en marzo una nueva oportunidad para seguir haciéndolo Para eso ha confeccionado unos Presupuestos generales tramposos derrochando el dinero de todos los españoles a favor de los que pueden darle la seguridad en el poder, a pesar de las débiles protestas del ministro de Economía, Pedro Solbes, quien, al final, ha tenido que pasar por el aro de su jefe de filas. La culpa de esta situación la tiene un sistema electoral descabellado, que le abre las puertas del Parlamento a grupos políticos que, por sus características y su condición regionalista nunca deberían estar en una Asamblea nacional que representa a todos los españoles. Mucha gente se pierde en disquisiciones sobre si las listas electorales deben ser abiertas o cerradas, pero ese no es el problema. El gran problema es el actual sistema electoral, que debe ser reformado como lo demanda la lógica, para evitar el contrasentido de que un grupúsculo necesite solamente un puñado de votos para ganar un escaño mientras a los grandes partidos nacionales les cuesta infinitamente mas caro Los partidos nacionalistas de Cataluña, del País Vasco, de Galicia o de Aragón no tienen un solo voto fuera de sus regiones, pero los votos de casa les bastan para estar presentes en las Cortes generales y venderse luego al mejor postor. En el comienzo de esta última legislatura, Zapatero se ha lanzado a anunciar una serie de medidas electoralistas que tienen mas de rebajas de invierno que de ortodoxia política. Parece que todavía hay dinero en España para costearlas, pero son innumerables las grandes fortunas dilapidadas por el derroche y es la oposición la que puede y debe poner freno a este estado de cosas con un programa alternativo sensato y creíble. El Partido Popular esta trabajando actualmente en ello y habrá que exigirle propuestas que convenzan al electorado de que en España se hace imprescindible un cambio radical en la forma de gobernar. En la medida en que los populares acierten o no en este empeño, estarán los resultados de las elecciones del próximo marzo.