Jose Luis Manzanares, Gobierno, fiscales y jueces

miercoles 27 de junio de 2007
Gobierno, fiscales y jueces José Luis Manzanares

La minoritaria Unión Progresista de Fiscales afirma que el proceso penal mejoraría si se les confiase la investigación de los delitos hasta la celebración de juicio oral, o sea, si se les encomendase la tarea que tradicionalmente han desarrollado y desarrollan en España los jueces de instrucción. La intervención judicial en esa fase se limitaría a garantizar el respeto de los derechos fundamentales del imputado y la igualdad de armas en la obtención de pruebas. La reforma se completaría convirtiendo a los fiscales en los jefes efectivos de la ahora llamada policía judicial.
La idea, que no es nueva, sólo tiene un punto débil: el de que el fiscal general del Estado, del que los restantes fiscales sólo son delegados sometidos a sus órdenes, es nombrado y relevado libremente por el Gobierno. La actuación del juez de instrucción dejaría paso a otra sin la garantía elemental de independencia. Puede que el cambio no se notase mucho en el enjuiciamiento de un crimen pasional o en un desahucio por precario, pero sería de consecuencias perfectamente previsibles en todos aquellos supuestos que afectaran a la acción del Gobierno y a las responsabilidades penales de sus componentes. Muchos ciudadanos recordamos aún lo ocurrido en los sumarios por los crímenes de los GAL —terrorismo de Estado con torturas y enterramientos clandestinos— y por el saqueo de los fondos reservados. También las peripecias de los policías Amedo y Domínguez, así como las tribulaciones del magistrado Barbero Santos, empeñado en investigar contra viento y marea la financiación del partido político entonces en el poder. Algo se probó y pudo ser castigado, seguramente la consabida punta del iceberg, pero más por el tesón de unos jueces independientes que por la colaboración del Ejecutivo o las iniciativas del fiscal general.
En fechas más recientes ha habido algunas condenas por terrorismo gracias, no a la petición fiscal, sino a las acusaciones particulares o populares. Y otras veces los tribunales han salvado expresamente su responsabilidad por la lenidad de las penas o la cortedad de su pronunciamiento. Conforme a la ley, no habrían podido ir más lejos de lo solicitado por el fiscal como único acusador. Ocurrió en la Audiencia Nacional y ha vuelto a ocurrir en el Tribunal Supremo con la ilegalización de sólo algunas candidaturas de ANV. Somos muchos quienes no entendemos tan sutiles distingos dentro de una misma formación política. Es el caso del socialista Ignacio Sotelo, profesor en la Universidad Libre de Berlín, que contempla desde fuera las faenas (con perdón) de los diestros (con perdón también) de este Ruedo Ibérico de nuestras entretelas.
El ministro de Justicia, otro fiscal progresista, apoya la idea mientras propone en el Senado que los dictámenes del Consejo Fiscal pierdan su carácter vinculante en algunos nombramientos de particular importancia. La mayoritaria Asociación de Fiscales tacha la propuesta de desleal. Se ajusta al modelo de la llamada enmienda Bandrés, que fue presentada in extremis, asimismo en el Senado, orillando todo debate previo. A ella se debió el lastimoso cambio en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, hoy más intervenido políticamente que antes.