sábado, febrero 24, 2007

TVE y la libertad de expresion

sabado 24 de febrero de 2007
TVE y la libertad de expresión
LA retirada de la entrevista realizada por Jesús Quintero a José María García por decisión de los responsables de programación de TVE plantea, ante todo y sobre todo, un problema de libertad de expresión. El artículo 20 de la Constitución, según la lógica propia del Estado democrático, establece principios muy precisos. Ha dicho el TC que esta libertad es garantía de la opinión pública libre, vinculada con el pluralismo social y político que es el fundamento de la sociedad democrática. Un medio de comunicación (en este caso concreto, de titularidad pública) debe tener muy presente esta regla capital, mucho más en el comienzo de una nueva etapa llena de promesas sobre imparcialidad y objetividad. A la hora de pasar de las palabras a los hechos, han tardado poco en aparecer los primeros tropiezos. Además, Quintero asegura que la entrevista le había sido solicitada por la propia TVE. En último término, deberían tenerse en cuenta los precedentes: algunos invitados a ese y otros programas han emitido opiniones objetivamente ofensivas hacia determinadas personas, pero a nadie se le ocurrió impedir la difusión de la entrevista. Bien está que el director de la cadena asegure que no se deben tolerar los insultos, pero es necesario que los responsables actúen de forma congruente, sin discriminaciones y con criterio respetuoso para la libertad de expresión.
En el Estado de Derecho, los eventuales excesos en materia de opinión deberán ser controlados por los tribunales de justicia. Algunos de los aludidos en esta entrevista ha anunciado ya su intención de ejercer acciones judiciales. Hay vías civiles para la reparación del honor y la propia imagen y procesos penales para esclarecer la posible existencia de injurias o calumnias. La jurisprudencia es muy abundante, de modo que existen plenas garantías de que -en su caso- se producirá la reparación de los derechos vulnerados. De ahí que sea inadecuada la interferencia de los directivos de la cadena pública en aparente defensa de unos interesados que están en perfectas condiciones de defenderse así mismos. Además, los medios tecnológicos actuales hacen que sea inútil cualquier restricción a la difusión de un programa. En efecto, el contenido de la entrevista circula ya por todas partes al alcance de cualquiera que desee conocerlo. Los responsables del ente público han cometido un error, dejando en mal lugar al director del programa (muy afectado, según parece, por el desarrollo de los hechos) y han provocado la primera crisis interna en unos momentos que exigen de la cadena estatal una especial prudencia y sentido de la responsabilidad.

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