El problema de HB

El problema de Batasuna
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Las palabras del secretario general del PSE, Patxi López, anunciando su disposición a establecer relaciones con la izquierda abertzale una vez el presidente del Gobierno comunique institucionalmente su decisión de contactar con ETA, parece la segunda entrega de la declaración con la que Rodríguez Zapatero quiso replicar a las inquietantes advertencias de Batasuna en el acto socialista de Barakaldo. La rotunda contrariedad mostrada entonces por los dirigentes del PP obliga a que los socialistas precisen con más detenimiento el propósito de su iniciativa si -como el presidente de Gobierno afirmó ayer- ven imprescindible el concurso de los populares para propiciar el fin de ETA. Es a la izquierda abertzale a la que corresponde realizar todo el esfuerzo para recuperar su legalidad. Es la izquierda abertzale la que tiene que librarse de su dependencia de ETA y cumplir con los requisitos legales para inscribirse como formación comprometida en desarrollar su acción política sin solapamiento alguno con el uso de la violencia y la coacción. La Ley de Partidos nació con la vocación de eliminar los resquicios de permisividad que la legalidad dejaba a la connivencia entre el terrorismo y el ejercicio público de la política y ha acreditado su eficacia al hacer inviable una estrategia de esta naturaleza. Pero el abismo que separa a la izquierda abertzale de los valores de la democracia no podría salvarse mediante su mera inscripción en el registro de partidos. Es imprescindible que lleve aparejada la renuncia de los herederos de Batasuna a todo argumento ventajista que apele al riesgo del retorno a la etapa del terror. Sólo así podrá la sociedad democrática confiar en que asumen el papel de representantes de una parte de la voluntad política de los vascos con arreglo a unas reglas de juego comunes.En ese deseable escenario, la izquierda abertzale debería comprender también que resulta vana su pretensión de soslayar el vigente marco de autogobierno para dibujar sobre él una quimera políticamente inexistente y socialmente inalcanzable como la Euskal Herria de los siete territorios. Máxime si persistiera en el empeño de defender este objetivo como una condición de partida para la «resolución del conflicto». No bastará con que la izquierda abertzale recorra la trágica distancia que separa a la barbarie y al totalitarismo de la libertad. Resulta imprescindible que transite de la irrealidad que genera el fundamentalismo al sentido común que exige la convivencia en una sociedad plural incardinada en una realidad igualmente diversa como la española. De lo contrario, su presencia en una mesa de partidos sería tan estéril como frustrante. Sólo serviría para confirmar la renuente actitud del PP, sin cuya participación el diálogo pretendidamente «multipartito y resolutivo» no sería tal.