Jose Luis Manzanares, Las sedaciones de Leganes

miercoles 13 de febrero dde 2008
Las sedaciones de Leganés

José Luis Manzanares
Sendas denuncias anónimas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a la ministra de Sanidad pusieron sobre el tapete lo que, según afirmaban, venía ocurriendo en el Hospital Gregorio Marañón de Leganés: prácticas abusivas de sedación en el Servicio de Urgencias, a espaldas de los enfermos y de sus familiares, y con una altísima cuota de fallecimientos. Era, pues, obligado trasladar los hechos al fiscal, y así se hizo por partida doble. Mientras tanto, el doctor Montes fue apartado de la dirección del servicio por pérdida de confianza de sus superiores.
Llegadas las demandas al juzgado correspondiente, su titular abrió diligencias, oyó a los familiares de algunos fallecidos y solicitó un informe del Colegio de Médicos de Madrid. Se fue perfilando así la mala praxis de las sedaciones indebidas. Lo que no pudo probarse es que aquéllas hubieran llevado a la muerte, con seguridad, en unos casos concretos. Cierto es que la cifra de defunciones en el Servicio de Urgencias descendió considerablemente con el traslado del doctor Montes, pero la investigación tropezó con un escollo insalvable para mantener con éxito la acusación. Ni hubo autopsias ni hacerlas ahora serviría de mucho.

Al no poder acreditarse la relación de causalidad entre la conducta del doctor Montes —o de su equipo— y la muerte de determinados pacientes, mal cabría condenar por asesinatos u homicidios imprudentes. Lo correcto era el archivo provisional de las actuaciones. No se proclama la inexistencia de hechos constitutivos de delitos sino la falta de pruebas suficientes para una acusación y una condena. Y todo ello —repitámoslo— conforme a lo conocido hasta el momento. La presunción constitucional de inocencia se circunscribe al ámbito penal, de modo que carece de aplicación respecto a una mala praxis sin el colofón del resultado delictivo.

La Justicia, una vez roto el eslabón entre la alegada mala praxis y las muertes, no tenía por qué pronunciarse sobre aquélla. Su resolución orilla ese pronunciamiento por su irrelevancia para el archivo provisional de las actuaciones. Contra nadie se procederá por denuncia falsa. Los profesionales del Colegio de Médicos, que se ratifican en calificar la práctica como abusiva, injustificada o errónea, cumplieron con su obligación, al igual que hicieron antes el Ministerio de Sanidad, la Consejería de la Comunidad Autónoma y, también, el fiscal y el propio juez de instrucción. Y como hicieron asimismo otros peritos cuyos dictámenes contienen similares observaciones sobre dichas irregularidades.

El marco legal para conocer de una posible mala praxis sería el procedimiento disciplinario sancionador, pero ése es otro tema. Es absurdo politizar la cuestión y repartir papeles de vencedores y vencidos. Por de pronto, algo ha ganado la ciudadanía con la disminución de muertes inesperadas entre quienes acuden a ese hospital por la vía de urgencia.

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