Valentin Puig, Quien va a espiar al espia

jueves 26 de julio de 2007
Quién va a espiar al espía

POR VALENTÍ PUIG
A una opinión pública semidesvanecida en brazos neopacifistas sólo le faltaba un supuesto agente doble para convencerse de que la seguridad del Estado sólo es una leyenda de capa y espada. Incluso a los políticos posmodernos les incomoda atisbar la existencia de esos hombres y mujeres que operan en la línea de sombra, tienen por hábitat el secreto posible en un Estado de Derecho y alguna vez truncan su lealtad vendiendo información clasificada a otros países. Esos agentes pueden haber sido reclutados en la universidad para servir al Estado. El caso de Roberto Flórez, detenido en Tenerife, sería el de un agente doble, cuya solicitud informativa para con otro país es considerada traición. Para colmo, el comprador de secretos parece ser Rusia, cuando nos creíamos más allá de la posguerra fría. En general, se tiene conciencia pública de la existencia del Centro Nacional de Inteligencia en contadas ocasiones de la vida pública: cuando pasa la sombra de un chantaje, estallan las bombas del 11-M o dimite un vicepresidente de Gobierno, como fue el caso de Narcís Serra. Flórez no parece un agente del montón. Se le atribuyen desempeños complejos o en el filo de la navaja: caso del Perú, infiltrándose a la vera del candidato Alejando Toledo.
Las revelaciones auspician el morbo habitual, pero lo más enigmático es que el director del CNI, Alberto Saiz, decida contar la historia en rueda de prensa poco ceñida al perfil de hermetismo y autocontrol que se le supone a la Casa. La elementalidad política de Alberto Saiz quizás no encaje exactamente con los atributos de un responsable de los servicios de inteligencia. Incluso si se tratase de lanzar una cortina de humo, el modo elegido por el director del CNI indica una premura sin cautelas, un quehacer desacorde con las normas básicas del oficio. En su estudio «Servicios de inteligencia y seguridad del Estado constitucional», el profesor Carlos Ruiz Miguel recapacita sobre esas nociones después del 11-S. Se trata de conocer los límites del secreto -y de los agentes secretos- en el ámbito del Estado constitucional. Históricamente, sólo un ser ciegamente candoroso puede desconocer la relevancia del secreto para evitar que los demás Estados puedan saber de las intenciones del propio en la política internacional. Se añade hoy la existencia de un enemigo que no tiene forma de Estado: el terrorismo islamista. Además, se da para el secreto de Estado un contexto europeo que pretende compartir la información necesaria para una política de seguridad común.
En una democracia, el cómo no exponerlo todo a la luz y taquígrafos es la intricada casuística que connota los trabajos de los servicios de inteligencia. En general, es la primacía de la política -dice Ruiz Miguel- sobre los instrumentos de la política. Lo que no parece factible es prescindir de esos servicios, por tenebrosa que sea su envoltura y por muchos agentes dobles que aparezcan de vez en cuando. España, por ejemplo, necesita de muy buena información sobre lo que ocurra en el norte de África y sobre lo que prepare ETA. Lo demás es suponerle un orden arcangélico a lo que es frontera permanente del conflicto. Evitar esos conflictos con buena información y no incitarlos es un deber de los servicios de inteligencia. Algún día sabremos por qué murieron los hombres del CNI en Bagdad.
En lo que requiere sigilo y cálculo, de repente un director del CNI hace aparición y charla prolijamente con los periodistas para referir que un agente es acusado de traición. Es algo que pertenece a la realidad y no a la ficción de los 007 o del espía que surgió del frío. Entre otras cosas, pertenece a la circunstancia política. Inserto en Defensa, el CNI informa a La Moncloa. Si en una democracia es posible el secreto -la labor de los servicios de inteligencia- es porque convenimos que la opacidad es necesaria en parcelas acotadas que se refieren a la seguridad nacional. Aún así, ese secreto sólo sería legítimo bajo formas de control específico y acceso restringido por parte del ejecutivo y el legislativo. También del judicial. El sentido de Estado exige no anteponer el provecho partidista. Esas cosas no pasarían de ser efectiva la Alianza de Civilizaciones.
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