Especulaciones interesadas

jueves 26 de julio de 2007
Especulaciones interesadas
LA información publicada ayer en determinados medios de comunicación sobre la probable condena a los principales encausados por los atentados del 11-M no responde tanto a un conocimiento del contenido de la futura sentencia, cuanto a una interpretación, no exenta de intenciones, acerca del significado procesal que tienen ciertos trámites, ya concluidos y notorios, del proceso de deliberación previo a la resolución judicial. En todo caso, es un indicio importante que el tribunal presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez haya finalizado una primera fase de deliberaciones, centrada precisamente en la situación de los acusados que están en prisión provisional, sin haber decretado la puesta en libertad de ninguno de ellos. Es usual que un tribunal, cuando considere que los acusados van a ser absueltos o, en todo caso, condenados a penas que no superarán el doble del tiempo que lleven en prisión preventiva, anticipe su excarcelación a la publicación de la sentencia, dado que la medida cautelar de privación de libertad habría perdido su función. La libertad individual es un bien preeminente a cualquier consideración reglamentista del proceso penal. Cuestión distinta es que una vez que la sentencia de condena sea firme, es decir, que haya sido confirmada por tribunales superiores o, simplemente, no recurrida, el condenado deba reingresar en prisión para cumplir el resto de la pena pendiente.
No obstante, el carácter claramente inducido de estas informaciones podría responder a una táctica para condicionar la libertad de criterio del tribunal, lo que está fuera de lugar en un Estado de Derecho basado en la independencia de los jueces y magistrados. Tal presión es rechazable, aun cuando, en este caso, la probabilidad de las condenas, deducida a partir del mantenimiento de las prisiones provisionales, confirmaría el respaldo editorial de ABC a los resultados de la investigación sumarial y, sobre todo, al conjunto de pruebas practicadas ante el tribunal durante las sesiones del juicio oral. Los testimonios de acusados, testigos y funcionarios policiales, los informes periciales y los documentos de todo tipo aportados a la causa, refrendaron las líneas fundamentales de las acusaciones. Este periódico, en ejercicio de su libertad de información, ha valorado siempre que el atentado fue planificado, organizado y cometido exclusivamente por un grupo islamista, con la cooperación de una trama de delincuentes comunes dedicados al tráfico de explosivos; que los islamistas querían importar la «yihad» a España desde 2001 y que se inspiraron en las amenazas de Al Qaida contra nuestro país con motivo de la intervención aliada en Irak, aunque luego utilizaron la coartada de Afganistán; y, finalmente, que los atentados tuvieron como finalidad propiciar la derrota del Partido Popular en las elecciones generales de 2004, a sabiendas de que el PSOE, una vez en el poder, retiraría las tropas españolas desplegadas en el país árabe.
El tribunal deberá perfilar todavía los delitos que atribuye a cada acusado, su participación en los mismos y las condenas que merezca. Las acusaciones pidieron condenas por delitos comunes de asociación ilícita, tráfico de explosivos y tráfico de drogas; por delitos de integración y colaboración en banda terrorista; y por el delito de atentado terrorista, es decir, por la concreta ejecución de los atentados del 11-M. La casi certeza de que va a haber condenas superiores a siete años de prisión no despeja la cuestión principal de esta causa, que es la responsabilidad directa, en todas sus formas, de la masacre terrorista, porque sobre esta autoría, y aunque a nuestro juicio existen pruebas de cargo suficientes para atribuirla a algunos de los procesados, no caben especulaciones anticipadas ni interpretaciones aproximadas, sino sólo el conocimiento exacto de la sentencia. En definitiva, el mantenimiento de las prisiones provisionales es un dato objetivo que, por lo pronto, deja sin fundamento las descalificaciones insidiosas contra las pruebas presentadas por las acusaciones y contra la labor del tribunal. Sin embargo, tampoco justifica una campaña de presión sobre los magistrados, quienes aún tienen mucha tarea por delante y deben ejecutarla con absoluta independencia.