Otegui confiesa el fraude

sabado 17 de febrero de 2007
Otegi confiesa el fraude
PARA que no haya dudas sobre las intenciones de la izquierda proetarra, Arnaldo Otegi lo ha dejado bien claro al anunciar que se presentará a las próximas elecciones «como lo que somos» y con «una gran marca electoral». Nadie puede llamarse a engaño sobre la decisión de Batasuna de volver a entrar en las instituciones municipales y forales vascas. Y, por eso, la respuesta del Gobierno debe ser la de instruir al fiscal general del Estado para que proceda contra las listas electorales que utilice nuevamente ETA. La declaración de Otegi es más que una osadía. Es el síntoma evidente de que la izquierda proetarra está crecida y se siente reforzada políticamente. Ni el atentado del 30-D, con dos asesinatos, ni la intensificación de la violencia callejera parecen ser elementos de disuasión para que Batasuna dé a conocer sus planes electorales. Ha interiorizado la impunidad de hecho que, según el diario «Gara», habrían convenido ETA y el Gobierno, de la misma manera que ha interiorizado la pasividad del Ejecutivo como un mensaje de continuidad en la negociación política.
La perspectiva inmediata, si no hay una rectificación sustancial de la política antiterrorista, aboca a un retroceso histórico en la lucha contra ETA. Los terroristas han vuelto a matar, Batasuna recupera terreno político e institucional, el PSOE ha roto el Pacto Antiterrorista -incluso quiere sacar a Batasuna de la lista europea de organizaciones terroristas- y el PNV vuelve a ejercer de equidistante. Estas fueron las condiciones políticas que mantuvieron al Estado en una especie de empate permanente con ETA, hasta que el Gobierno del PP -luego apoyado por el PSOE- decidió cercar y acabar con todos entramados de ETA, plantear con los socialistas una alternativa constitucionalista a la hegemonía nacionalista y sancionar políticamente por la colaboración del PNV con los terroristas, plasmada en el Pacto de Estella. Es lógico que, ahora, cuando este legado de la anterior legislatura está siendo desmantelado, Arnaldo Otegi perciba la situación como una ocasión propicia para mutilar la ventaja que se cobró el Estado en la lucha contra ETA.
El fiscal general del Estado ha escudado su inacción frente a Batasuna y sus secuelas en que la aplicación de la Ley de Partidos Políticos requiere indicios suficientes de fraude de ley. Ya los tiene y están confesados por Otegi, representante de una Batasuna, disuelta e ilegal, que ha actuado como portavoz de la nueva marca electoral de ETA. El impulso de las candidaturas proetarras para las próximas elecciones es de Batasuna, dato suficiente para acreditar una relación de dependencia a esta formación ilegal y, por tanto, a ETA. No cabe duda de que Batasuna pretenderá sacar todo el provecho posible al auto del juez Garzón sobre la denominada «izquierda abertzale». Incluso podría acabar reconvertida -pese a que no existe como organización política, pero, casualmente o no, puede dar su nombre a la nueva formación proetarra- en una especie de santuario judicial de la pura izquierda proetarra. Si así ocurre, ese auto habrá causado una quiebra profunda en la lucha judicial contra ETA.
El reto alcanza también al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, muy ufano en sus desplantes al PP y al Consejo General del Poder Judicial, pero a quien hay que exigir que dedique sus energías políticas y su supuesta fama de «duro» a garantizar la integridad del Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes frente a los terroristas y sus cómplices. Su paso por la Fiscalía, de perfil realmente bajo, no ayuda a pensar que ahora vaya a comprometerse con leyes que criticó públicamente y con argumentos políticos, pese a que era jefe de una fiscalía y, por tanto, estaba obligado a defender esa legalidad contra la que despotricaba.
El tiempo corre en contra de los intereses del Estado y de la sociedad. Cada día que gana la impunidad de la izquierda proetarra, Batasuna se hace más fuerte y ETA se reanima. Siempre fue una quimera pensar que el Gobierno podría hacer reparables los perjuicios de la negociación política -ruptura del consenso, paralización de la Ley de Partidos- en cuanto ETA volviera a matar. ETA ya ha matado, esos perjuicios se han consolidado y el Gobierno sigue insoportablemente igual.