sabado 17 de febrero de 2007
LUIS POUSA
CELTAS SIN FILTRO
El interés de lo sustantivo
Por supuesto, en un Estado de Derecho y democrático, el principio de inocencia es uno de los puntos clave del sistema jurídico. Pero esa presunción no presupone que los medios de comunicación deban guardar silencio sobre actuaciones policiales y judiciales que tienen un evidente interés público, y abstenerse de intentar averiguar y analizar por qué se producen tales actuaciones. La realidad demuestra, además, que, en muchas de esas cuestiones, la prensa ha ido por delante de la Justicia y de la Policía.
Ahí están, por jemplo y ¡menudo ejemplo!, los casos de los concejales nacionalistas de la zona de Val Miñor que sufrieron ataques, de distinta gravedad, perpetrados por gente desconocida, y curiosamente después de haberse ellos significado públicamente por su oposición a ilegalidades e irregularidades urbanísticas, cometidas en municipios de la comarca.
Obviamente, no es la prensa la que tiene que establecer la verdad jurídica al respecto, pero, muy probablemente, si no fuera porque ella le ha prestado atención informativa a lo sucedido, la cosa se quedaría en esa zona de sombra y sigilo en la que el poder oscuro del urbanismo mafioso iría apuntalando, a base de miedo y dinero, según la receta a aplicar, un ámbito de impunidad que convirtiese en intocables a quienes manejan los hilos de ese poder corrupto y corruptor, al mismo tiempo.
Conviene reparar en el hecho de que en el supuesto, como tantísimas veces ha ocurrido, de que la Justicia no hubiese tomado cartas en el asunto, ese ámbito de impunidad seguiría extendiéndose en ramificaciones. Así sucedió en Marbella, donde la operación Malaya ha puesto al descubierto un enorme y espeso árbol, quizá incluso podía hablarse de un bosque, de conexiones corruptas, cuya raíz terminó asentándose fuera de la política, si bien utilizando a los políticos como mercenarios de una inteligencia superior.
Apreciablemente, la operación Malaya ha provocado un inesperado efecto dominó, que ha dado paso al descubrimiento de otros escándalos en otras partes de la península, trátese de ayuntamientos grandes o pequeños, y con una variada gama de colores políticos. Y, en ese sentido, las líneas de actuación judicial y policial abiertas en Gondomar pueden ser un paso muy importante para buscar las raíces de la trama o tramas de corrupción urbanística que operan en la zona, y terminar con ellas.
La proximidad de los comicios municipales induce a levantar la sospecha de que en estas actuaciones subyace un interés electoral por parte de quienes serán los hipotéticos beneficiarios. Una interpretación que los primeros en compartirla, y hasta promoverla, serán los políticamente perjudicados.
Pues bien, aunque así sea, lo sustantivo no es la vertiente electoralista del asunto, sino el problema de la corrupción en el negocio urbanístico. Lo que tiene bastante que ver con un modelo expansivo que tiende a adueñarse del territorio y generar más problemas de los que soluciona. De hecho, introduce anomalías y distorsiones en el sistema de gestión del urbanismo que burlan las garantías y controles públicos.
En otras palabras, mejor aún, en palabras de Karl Popper, más que hacer política con la moral, lo que hay que hacer es moralizar la vida pública. Debería estar claro.
viernes, febrero 16, 2007
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