Estatutos sin ciudadanos

lunes 19 de febrero de 2007
Estatuto sin ciudadanos
CONFIRMANDO todas las previsiones, la participación en el referéndum sobre el estatuto andaluz ha sido muy baja: apenas el 35 por ciento de los ciudadanos llamados a las urnas ha ejercido su derecho al voto, lo que acredita un divorcio entre la clase política y la sociedad que encierra un grave peligro para la legitimidad del sistema. Algunos se llenan la boca hablando de democracia «participativa» y luego se apuntan a todo tipo de maniobras de salón para utilizar en su beneficio la voluntad popular. En rigor, el referéndum es la mejor expresión de la democracia directa. Sin embargo, se ha convertido en una fórmula para ratificar acuerdos del aparato de los partidos, que ejercen de hecho el monopolio de la representación.
La buena salud del Estado democrático exige un replanteamiento razonable de ciertas reglas del juego. En algunos países cercanos, el referéndum no surte efectos jurídicos si no viene avalado por una participación superior al 50 por ciento de los electores. Sería oportuno estudiar soluciones de este tipo, actuando bien sobre el quorum de participación o sobre el quorum de votos favorables para adecuar la voluntad popular con su expresión práctica en las urnas. Es evidente la legalidad del resultado en el caso andaluz -como lo fue hace unos meses en el estatuto catalán-, pero los niveles mínimos de interés ciudadano obligan a una seria reflexión sobre la efectividad del derecho a participar en los asuntos públicos que reconoce la Constitución y sobre la escasa influencia, a estos efectos, de los partidos sobre el ciudadano. Generar expectativas sobre asuntos que, a la vista está, generan desidia -y hasta antipatía- entre los ciudadanos es un error del que los políticos deben tomar nota. En especial, Rodríguez Zapatero, que inició de modo irresponsable un camino de reformas en el modelo territorial sin prever ni sus consecuencias ni el desdén que provoca entre la ciudadanía.
Los estatutos son la «norma institucional básica» de las autonomías y forman parte importante del «bloque de constitucionalidad». En Andalucía, el consenso de los grandes partidos ha permitido pactar un texto que, en principio, parece adaptarse a la Constitución. En Cataluña, en cambio, hay motivos para asegurar que se ha operado una mutación del modelo territorial. Carente de la mayoría necesaria para reformar la Constitución, Zapatero ha optado por degradar la norma fundamental y forzar su interpretación por medio de los estatutos. El resultado es que se ha modificado, en términos materiales, la voluntad del poder constituyente -es decir, de la nación española- con el acuerdo de bastante menos de la mitad de los ciudadanos de una sola comunidad. Sin incurrir en vicios de inconstitucionalidad, también en Andalucía se aprobó anoche una norma de máxima importancia por una exigua representación de los afectados por ella. Es cierto que más de seis millones de personas podrían haber votado, pero lo cierto es que los políticos no han sabido motivar a la opinión pública planteando debates artificiales sobre identidades imaginarias y despreciando los problemas que importan de verdad a la gente.
En efecto, este desinterés generalizado supone un fracaso sin paliativos de la clase política. Ante todo, el proyecto del Gobierno de impulsar reformas estatutarias está demostrando que sólo importa a ciertos políticos ávidos de repartirse cuotas de poder. Manuel Chaves, presidente andaluz y presidente también del PSOE, ha fracasado personalmente al apadrinar un texto que ha tenido muy escasa aceptación. No tiene sentido que pretenda culpar al PP, que ha sabido ser flexible para evitar una división en la sociedad andaluza que habría generado efectos muy negativos. Es hora de tomarse en serio la voz del pueblo, que se manifiesta cuando habla, pero también cuando calla. A nadie le importan las reformas estatutarias hechas a la medida de los intereses partidistas. En la calle, la gente habla de problemas laborales, de vivienda, de inmigración, de salud o de la educación. Fuera de los salones reservados a quienes ostentan el poder, nadie discute sobre competencias, financiación o definiciones más o menos «nacionales». Aunque el estatuto andaluz entrará en vigor con todos los requisitos legales, lo hará a costa de un notorio desafecto social hacia la clase política.