El PP proclama el "fracaso" de ZpM ante un PSOE que le culpa de la abstencion

martes 20 de febrero de 2007
El PP proclama el «fracaso» de Zapatero ante un PSOE que le culpa de la abstención

C. DE LA HOZ. MADRID.
Ambos partidos apoyaron el texto estatutario andaluz, pero escuchando ayer a sus principales dirigentes cuesta pensar que estuvieron del mismo lado. PSOE y PP no dudaron en culparse mutuamente de la pírrica participación electoral en el referéndum (poco más de un tercio del censo). El presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, -que asumió en primera persona el proceso de reforma estatutaria, enarbolado como bandera-, atribuyó a los populares una «confusa campaña» a favor del «sí», al tiempo que no tuvo empacho en afirmar que el voto de rechazo proviene, «en un 99 por ciento», de las filas del PP.
Chaves fue, sin embargo, moderado al lado del secretario general socialista, José Blanco, quien en su acostumbrada comparecencia de los lunes, dedicada a «recargar» la artillería contra el primer partido de la oposición, acusó a la formación liderada por Rajoy de pedir el «sí» con «la boca pequeña» y, finalmente, tratar de «aprovechar la abstención deslealmente».
Desde la sede nacional del Partido Popular le tocó el turno también a otro habitual de los lunes y contrapunto de Blanco, Ángel Acebes, quien afirmó taxativo que el referéndum se trata de un «fracaso personal de Zapatero».
Sentadas las bases del nuevo enfrentamiento entre los dos principales partidos, lo cierto es que las acusaciones de desinterés que se lanzaron desde el PSOE no se comparecen con la que fue la tónica de la intervención de Mariano Rajoy en el comité ejecutivo del PP, donde defendió que «hicimos lo mejor para Andalucía y para España» a la hora de justificar la intervención de su partido en el proceso de reforma del Estatuto andaluz .
No fue la única voz que se oyó en defensa de la estrategia iniciada por el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, que también hizo uso de la palabra. En su defensa acudieron igualmente el portavoz del PP en la comisión constitucional del Congreso, Federico Trillo, y el diputado José María Michavila, «resucitado» para el debate político tras el nombramiento de Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia.
Camino del TC
Según explicó Acebes en una comparecencia pública, «el PP ha actuado con la responsabilidad que se le exigía. No teníamos votos para impedir la reforma, pero sí podíamos hacer que ésta fuera constitucional». De no haber participado el PP, prosiguió Acebes su razonamiento, «hoy estaríamos hablando de un recurso ante el TC», siguiendo el camino de la reforma catalana.
La intención del PP, prosiguió el «número dos» popular, era «no profundizar en la división» de la sociedad ante un proceso «que puso en marcha Zapatero». En su opinión, «ha ocurrido lo previsible», esto es, confirmado que el proceso de reformas del inquilino de la Moncloa «no interesa a nadie». En este sentido, Acebes agregó que la «irresponsabilidad» presidencial se ha saldado con dos «absolutos fracasos»: la reforma de los estatutos y la negociación con ETA.
«Legitimidad»
Para el secretario de Organización del PSOE, «si hubiera dependido del PP, Andalucía no hubiera tenido ni el Estatuto nuevo ni ninguno», aunque no pudo por menos que admitir que la participación de los andaluces «ha sido baja», informa Ep. Blanco defendió que el Estatuto nace con una «carga extraordinaria de legitimidad», que fue aprobado por «abrumadora mayoría» en el Parlamento andaluz y en las Cortes Generales y que es un texto de «consenso político y social». Para subrayar lo legítimo de la norma, recordó que el Estatuto de la Comunidad Valenciana no tuvo que ser ratificado en referéndum y que no se cuestiona, aunque en el caso valenciano Blanco parece obviar que se trató de una mera reforma del texto, no de un Estatuto nuevo como ha sido el caso de Cataluña y Andalucía.
Ahora queda comenzar a aplicar el texto. Precisamente, el PP tiene registrada una proposición no de Ley para su debate en el Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a urgir al Gobierno a fijar «en un plazo no superior de un mes» la cuantía de la «deuda histórica» y a hacer efectivo su pago «en el primer ejercicio presupuestario».