lunes 4 de diciembre de 2006
Los intelectuales vascos desmontan la «mesa»
B.T.
MADRID. Una «mesa de partidos» al margen de las instituciones vascas pero con capacidad decisoria sobre su futuro es el punto esencialmente político de la negociación con ETA, según las exigencias que los terroristas plantean al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Muchas voces alertan de que ese «ente», acatado por el PSE de Patxi López, supondría, en la práctica, una legitimación de Batasuna como interlocutor no derivada de las urnas; implicaría, por tanto, un reconocimiento de las supuestas insuficiencias del Estado de Derecho aducidas por la banda ETA a lo largo de treinta años como justificación para centenares de asesinatos. Cuatro representantes del ámbito universitario ofrecen su punto de vista sobre éste y otros aspectos esenciales del «proceso» en marcha.
JOSEBA ARREGI
Ex consejero del Gobierno vasco y presidente de la plataforma Aldaketa
1- La ubicación de la mesa de partidos fuera del Parlamento vasco sólo tiene dos metas: incluir Navarra y representantes navarros y permitir la participación de una Batasuna no legalizada. Puesto que Navarra debe quedar fuera, y Batasuna sólo participará si se legaliza, no hay ninguna necesidad de su ubicación extraparlamentaria. No estaría mal que alguien -el PSE- retomara su idea de proceder a una reforma estatutaria por medio de una comisión del Parlamento vasco. Pero tampoco creo que sea una cuestión de principio insalvable. Los socialistas vascos han hablado de que la mesa de partidos no adoptará ninguna decisión mientras no desaparezca ETA.
Lo mínimo exigible es que no se llegue a ninguna decisión acordada mientras ETA subsista. Alguien debiera exigir una garantía a Zapatero, al PSOE, al PSE, de que de la mesa de partidos no puede salir ningún pago político a ETA, nada que pueda ser entendido como volver a asesinar a los ya asesinados, dando a entender que la lucha armada ha servido para algo.
2- En Euskadi no ha habido dos bandos enfrentados por medio de la violencia. Luego falla la base de cualquier comparación. En el caso del IRA fueron los presos los que impulsaron el abandono. Ellos fueron la prioridad en las preocupaciones del IRA y del Sinn Fein. Como dice Teo Uriarte, creeremos en las oportunidades de que ETA desaparezca cuando los presos pasen a ser la primer y principal preocupación de ETA. En el resto de cuestiones es mejor no buscar paralelismos. El más citado: el apoyo de la oposición al Gobierno de turno. Ese apoyo tiene un previo: confianza e información.
3- Es cierto que el Gobierno está teniendo dificultades para minimizar los actos de lucha callejera, los hallazgos de la policía francesa y las brabatas de ETA-Batasuna. Es cierto que en pureza se debiera haber parado cualquier contacto tras el primer acto de lucha callejera. Pero creo que, criticando la postura del Gobierno, tampoco se puede hacer de este tema una cuestión de principio. Lo que no es aceptable es que, puesto que parece que dentro de ETA-Batasuna parece haber problemas para aceptar la derrota y la victoria del Estado de Derecho (ése es el verdadero obstáculo), el Gobierno no debiera andar con prisas para apaciguar los miedos de ETA-Batasuna.
FERNANDO SAVATER
Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense
1- Nadie se ha molestado ni siquiera en justificar por qué debe haber tal «mesa de partidos» (sólo lo intentó Ignacio Sánchez Cuenca en un artículo de «El País» que nos convenció sobradamente de que no hay argumentos atendibles a favor). La mesa es una imposición de ETA-Batasuna para acercarse a la legalidad pero ni un paso más de lo que los partidos deben aproximarse a la ilegalidad, es decir, a sus tesis. Las cuestiones políticas legítimas sobre el País Vasco se debaten en el Parlamento autonómico, donde pueden estar representados todos aquellos ciudadanos que rechazan la violencia: los demás no tienen por qué estar representados. Y no es que haya que temer concesiones políticas en tal mesa a los nacionalistas (que las habrá, claro, porque si no ¿de qué van a hablar?), sino que la propia mesa es la primera y fundamental concesión política que se hace a los violentos. Es decir, lo que el presidente del Gobierno se comprometió a no hacer en el Parlamento Español en mayo del 2005.
2- El proceso irlandés difiere en muchas cosas del vasco, sobre todo en una: allí mataban los dos bandos y en el caso vasco sólo una. También es distinta la reacción del Gobierno inglés, que mandó el ejército a Belfast y suspendió la autonomía irlandesa varias veces (aún sigue suspendida) para indicar claramente a los violentos dos cosas: primero, que con transgresiones del alto el fuego no hay política que valga y segundo que quien manda, hasta nueva orden, es el Estado británico. Con un desarrollo autonómico como el conseguido en el País vasco hace treinta años, dudo que hoy hubiese ni rastro del IRA en Irlanda.
3- Opino que la violencia callejera no es motivo suficiente para cerrar por completo el diálogo con ETA (siempre centrado solamente en cuándo dejan las armas y todo lo más en alguna concesión de alivio penitenciario), pero prueba inequívocamente que sigue sin haber normalidad política en el País Vasco. Para normalizar políticamente Euskadi y para que haya una paz con libertad lo que hace falta no es que los nacionalistas se sientan a gusto, sino que funcionen las garantías constitucionales para todos los ciudadanos vascos.
MIKEL AZURMENDI
Profesor de Antropología de la UPV
1- La democracia lleva consolidándose más de 25 años en España y en ellos ha habido comicios y elecciones de todas clases. Únicamente en Euskadi no ha existido libertad ni la misma igualdad de reunión y manifestación para todos. Existen en España los partidos políticos democráticos y el Parlamento para hacer las leyes y existen los gobiernos centrales y autonómicos para gobernar. ETA-Batasuna propugna un espacio político para debatir sobre el acercamiento de presos, la autodeterminación y la anexión de Navarra por Euskadi. A ese espacio neutro no parlamentario, llamado «mesa de partidos» pretenden conferirle los terroristas el máximo poder político. Sería como un órgano constituyente de facto. Eso es inviable jurídicamente.
2- No existe ningún punto de similitud entre aquello y esto que justifique hacer referencia a «un proceso de paz» como el de Stormont. Allá, existieron dos comunidades enfrentadas con dos organizaciones terroristas enfrentadas que dirigían el país hacia la guerra civil mediante el terror. Aquí, únicamente hay vascos nacionalistas que practican el terror y el asesinato sobre una ciudadanía no acorde con los principios nacionalistas y sus prácticas de segregación. Una ciudadanía que jamás ha levantado la mano para vengar a sus muertos y siempre ha aceptado que sean los nacionalistas quienes gobiernen, si son mayoría. Allá jamás existió el nivel de autonomía política con instituciones parlamentarias, culturales, económicas y policiales similares a las vascas. Es más, se halla suspendida la débil autonomía norirlandesa. Es verdad que aquí se dio el GAL, un terrorismo de Estado que jamás se dio en el Ulster, y que sí se ha beneficiado de una justicia bien poco equitativa.
3- El Gobierno socialista tras romper el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo con el partido de la oposición comenzó una vía de ocultamiento de la realidad tratando, primero, como casos psicóticos aislados a los etarras y batasunos que ejercían el terror o se manifestaban por la vía tradicional. Luego, negando que existiera extorsión económica a los empresarios y cerrando los ojos a la «kale borroka» sin informar siquiera de ella ni condenarla. Previniendo, después, a los terroristas de que una orden judicial los iba a detener.
Para negar la realidad terrorista de ETA el Gobierno ha efectuado operaciones de alta cirugía en el Poder Judicial y de musculosa intimidación entre las Fuerzas de Orden Público. El Gobierno quiere hacernos creer que no ocurre lo que ocurre, que ETA ha dejado de ser la ETA de siempre pese a que ya desde finales de la última legislatura de Aznar no haya podido o querido asesinar. ¿Cuántos muertos sobran para que nos creamos que ETA solamente quiere hablar con nosotros?
FRANCISCO LLERA
Catedrático de Sociología de la UPV y Director del Euskobarómetro
1- ¿Alguien sabe cuáles son las condiciones y quién o quiénes las plantean? ¿Cuándo y para qué? ¿Con qué formato y composición? ¿Con qué agenda? Son demasiadas preguntas y es demasiada la confusión. Sin dar respuesta clara a esas preguntas es muy difícil responder sobre la «aceptabilidad» ético-política o, si quiera, sobre la funcionalidad o pertinencia de la misma. En todo caso, yo diría que su justificación y pertinencia estaría en la contribución o acompañamiento al proceso de reinserción democrática de quienes hasta la fecha no aceptan y combaten las reglas del juego democrático y practican la violencia en todas sus formas.
2- Tiene sentido tomar como referencia lo positivo de la resolución de conflictos violentos de cualquier parte del mundo, pero sin caer en la confusión de identificar o mezclar casos que tiene muy poco que ver entre sí por la historia, la sociología, la trayectoria institucional o las posiciones de los actores implicados. Sólo los nacionalistas y los violentos tiene interés en mezclarlos en función de sus propios objetivos políticos.
3- No es aceptable ningún tipo de violencia, es contradictorio con la declaración de cese de «todo tipo de actividad violenta» y debemos ser intransigentes. El Gobierno no debe dar la impresión, ni transmitir el mensaje de que esto se da por descontado, minimizándolo. Tiene que actuar con mucha firmeza y mucho coraje y demostrar una gran sensibilidad con las víctimas y los sectores amenazados. Pero, al mismo tiempo, no debemos de perder la perspectiva estratégica. No olvidemos que todavía no hemos conseguido o no hemos llegado al momento en que los violentos declaran el fin total de la violencia, aceptan las reglas del juego democrático y renuncian a cualquier precio o premio político por su actividad terrorista. Por eso es necesario que el Gobierno demuestre el mismo tesón en obtener la confianza de la dirección del PP.
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