Jose Melendez, La guerra laica de ZpM

sabado 16 de diciembre de 2006
La ‘guerra laica’ de Zapatero
José Meléndez
S E han cumplido ahora 75 años de una de las mayores equivocaciones que tuvo como político Manuel Azaña al afirmar en un detonante discurso ante el Congreso, que debatía el artículo 26 –que después acabaría siendo el 24- del proyecto de Constitución de la II República: “España ha dejado de ser católica”. El artículo 26 terminaba con la confesionalidad del Estado, imponía la enseñanza libre, propiciaba la expulsión de la Compañía de Jesús, prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas y suprimía en dos años el presupuesto eclesiástico y su aprobación motivó la dimisión de la minoría católica del gobierno republicano formada por Niceto Alcalá Zamora y Antonio Maura y desató una oleada de fanatismo antirreligioso que terminó en la persecución de curas y la quema de conventos, sin que las hondas raíces cristianas del pueblo español desaparecieran como había preconizado el jefe de la minoría socialista. Y ahora, tres cuartos de siglo después, otro líder socialista viene a incurrir en el mismo error declarando la “guerra laica” a la religión católica, una especie de “yihaa” anticlerical que chirría en el meollo de quien ha tenido la, para él luminosa, idea de la alianza de civilizaciones, o unas nuevas Cruzadas al revés, con San Luis y Ricardo Corazón de León como enemigos. El PSOE de Zapatero ha ido mas allá de sus antecesores del 31 y aboga de forma oficial y abiertamente por “una laicidad –palabro inventado para la ocasión- que es la mejor garantía para la libertad y la igualdad, frente a los fundamentalismos monoteístas o religiosos” El manifiesto socialista “Constitución, laicidad y educación para la ciudadanía” que pretende equiparar la Constitución de 1.978 con la republicana de 1.931, y que desvela sin género de dudas cual es el propósito de esa nueva asignatura que se enseñará en las escuelas en lugar de la Religión, no es un informe para su debate ni el trabajo de un sector determinado del partido, sino que tiene rango oficial y está plenamente respaldado por la dirección, como afirmaron el secretario de Organización del PSOE, José Blanco y el secretario de Política Municipal y Libertades Públicas, Alvaro Cuesta, padre de la criatura. Según explicó este último en la presentación del documento, está elaborado de acuerdo con varias resoluciones del partido y, por tanto, forma parte de la línea ideológica y política del actual socialismo español, y cuenta con el apoyo de la ejecutiva federal. A fin de lograr su máxima difusión, José Blanco ha enviado un comunicado a todos los secretarios generales regionales, provinciales, comarcales e insulares demandándoles que lo propaguen “a través de todos los cauces”. Una auténtica guerra ideológica que ha venido gestándose a lo largo de los dos años y medio que dura la labor gubernamental de José Luis Rodríguez Zapatero y que ha estallado ahora en toda su crudeza como reacción a la publicación de la Instrucción Pastoral en la que los obispos españoles muestran su preocupación por la creciente oleada de laicismo que presenta la sociedad española, lo que consideran que es la antesala de un totalitarismo que pretende excluir a los católicos de la vida pública “y acelerar la implantación del laicismo y el relativismo moral como única mentalidad compatible con la democracia”. En un país de gran mayoría católica, que ha resistido en su Historia antigua los embates del paso de otras creencias y el tremendo impacto de la Reforma, no puede criticarse que los obispos se preocupen de la moral y la conciencia de sus feligreses sin incurrir en una patente tendencia manipuladora.. Esa es la labor episcopal y los políticos de cualquier signo, tan celosos de sus competencias y prerrogativas, no pueden inmiscuirse en las creencias religiosas para orientarlas por decreto en la dirección que mas les convenga. En democracia, la separación de poderes es para todos igual y un régimen deja de ser democrático cuando pretende anular la fe cristiana en favor de un laicismo minoritario en España. Desde que Zapatero tomó posesión de la presidencia del gobierno hasta este manifiesto, su gestión ha sido un continuo y deliberado ataque a los mas firmes pilares de la fe cristiana como son la Iglesia, la familia y la educación en los preceptos tradicionales que se vienen transmitiendo de generación en generación. El arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, afirmaba en una reciente entrevista que se echó a temblar cuando escuchó a algunos dirigentes socialistas que el gobierno venía no solamente con una misión política, sino con una misión educativa. Y los hechos están ahí. Tenemos una legislación que da casi una libertad absoluta para el aborto y el divorcio express al gusto de cualquier cónyuge caprichoso, se ha eliminado el reconocimiento tradicional del matrimonio con la autorización de las bodas homosexuales, se ha borrado la asignatura de Religión de los programas lectivos y se ha adoptado unilateralmente un nuevo modelo de financiación de la Iglesia que deja su viabilidad económica a la voluntad del contribuyente, mientras se subvencionan generosamente un montón de asociaciones y organizaciones laicas, muchas de ellas radicales e, incluso, transgresoras. Ante esta política hay discrepancias en el seno del propio gobierno. La labor esforzada y continuada de la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega y, en menor medida, la de José Bono en su corta etapa ministerial, abogando por la moderación y los mutuos reconocimientos en las ásperas negociaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal ha corrido la misma suerte que tuvo Fernando de los Ríos en 1.931, primero como ministro de Gracia y Justicia y después como ministro de Instrucción Pública, tratando de imponer moderación y respeto mutuo en las relaciones entre Gobierno e Iglesia, para terminar viendo cómo naufragaban sus intentos en la intransigencia de los socialistas de Azaña. Ahora que Zapatero está tan comprometido en recordarnos la memoria histórica –otro intento de educación sectaria a costa de reabrir heridas cicatrizadas que no debían haberse infligido nunca- sería conveniente que repasara en las hemerotecas las opiniones de protagonistas de esa época como Marcelino Domingo, Largo Caballero, Alcalá Zamora y hasta el propio Azaña que coinciden en señalar que el artículo 24 de la Constitución republicana marcó un antes esperanzador y un después catastrófico en el desarrollo de la II República. Esa República, tan añorada por él y sus seguidores, brinda el ejemplo del peligro que supone el que un gobierno se meta a educar a los gobernados y a enseñarles a diferenciar lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo según sus propios parámetros y criterios sin más razones que las de su posición dominante. La II República acabó en un caos y no quiero pensar que ahora estemos abocados a otro.