En defensa de la Constitucion

jueves 7 de diciembre de 2006
En defensa de la Constitución
EL clima político actual en España enmarcó ayer el aniversario de la Constitución con una sensación de discordia sobre la vigencia de los valores de la Transición y del consenso de 1978. Ejemplos de esa discordia sobran: José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy ni siquiera se saludaron en el acto celebrado en el Congreso; el conciliador e institucional mensaje de Manuel Marín quedó de nuevo como un sincero, pero vano, intento por realzar un homenaje a la Carta Magna, lamentablemente muy devaluado por el Gobierno socialista; otra vez faltaron dirigentes del PNV o ERC, socios del PSOE a conveniencia; y hubo una escasísima representación del poder autonómico, aunque José Montilla convirtió en una buena noticia la aparición de un presidente de la Generalitat catalana en el Congreso para rendir tributo a la Constitución.
El mandato de Rodríguez Zapatero está resultando, en este sentido, claramente perjudicial para el acuerdo de principios con el PP y para la confianza de los ciudadanos en la permanencia de las reglas del juego democrático. Lejos de propiciar esta excelencia política, el PSOE ha puesto de umbral a este último aniversario constitucional un documento que reivindica la Constitución de la II República y la laicidad como las fuentes del actual ordenamiento. Y es así como el PSOE, ya que no puede reescribir la historia, se consuela con manipularla. La reivindicación republicana y la exaltación de una cínica laicidad no son meros desahogos doctrinarios, sino elementos de un mensaje destinado a la opinión pública, más lesivo por cuanto se hace con ocasión de una nueva conmemoración de la Constitución de 1978. Apelando al antecedente republicano y repudiando cualquier imbricación entre sociedad y religión, el PSOE está negando al orden constitucional vigente lo que fue su fundamento legitimador: la Transición pacífica de la dictadura a la democracia, la reforma política en vez de la ruptura, la vertebración en la Monarquía parlamentaria y la continuidad de un modelo social organizado en torno a valores cristianos.
Conscientes de que la reforma de la Constitución requiere el apoyo del PP, los socialistas parecen conjurados en una labor de zapa para mermar a la Constitución de 1978 el valor fundacional y esencialmente intangible que reclama todo texto constitucional. El viaje al pasado -nada menos que a la II República- y el ajuste de cuentas a la Iglesia Católica se presentan como reacciones alérgicas de una izquierda sin más compromisos que con su propia ideología, sin sentido histórico y, menos aún, sin lealtad con un Estado que nunca antes había logrado una estructuración tan adecuada -sin ser perfecta- como la autonómica de 1978 y con una sociedad de libertades y derechos sin precedentes en cuanto a extensión y protección. Esta desafección del socialismo por la obra constitucional de 1978 es lo que explica el resultado político y legislativo de esta etapa socialista. La Constitución no se ha reformado porque el PSOE no ha podido, pero en su lugar se ha puesto en marcha un proceso de vaciamiento constitucional a través de reformas estatutarias, fundamentalmente la catalana, y de leyes «sociales» que abarcan, unas y otras, los frentes de la ruptura institucional y social que no se produjo en 1978.
El modelo autonómico se ha quebrado para articular el Estado con diversas categorías, atribuyendo a unas comunidades -Cataluña, por ahora; País Vasco, quizá mañana- una relación confederal con el Estado sobre la base de una especie de cosoberanía y bilateralidad que en absoluto encuentra respaldo en la Constitución. Y para las demás, en las que el nacionalismo no es palanca de poder para el PSOE, el principio de organización autonómica se mantiene, eso sí, adornado con alguna retórica nacionalista, jurídicamente inocua y socialmente irrelevante. Lo cierto es que la Constitución cumplió ayer un nuevo año de vida rodeada de más escepticismo que nunca porque el socialismo ha renunciado a seguir manteniendo con el PP el consenso no escrito de mantener el desarrollo constitucional en manos de la inmensa mayoría de los españoles. Es injusto con la Constitución de 1978 este tiempo de turbulencia abierto por el PSOE, y más aún por hacerlo con ensoñaciones republicanas, que desprecian la aportación decisiva de la Corona para poner a España definitivamente en el camino de la democracia, empresa para la que todos los españoles de buena fe, republicanos y monárquicos, de derechas o de izquierdas, combatientes de la guerra civil o hijos del desarrollismo franquista, fueron convocados lealmente. Y que rubricaron con un éxito que el PSOE se empeña ahora en nublar.