Un Estatut que nace lastrado de falta de legitimidad
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Sólo uno de cada tres catalanes aprobó el Estatut. Para un texto que, según sus defensores, venía a colmar una acuciante demanda social, es bastante poco.
19 de junio de 2006. Casi el 75% de los votantes aprobó ayer el nuevo Estatuto de Autonomía sometido a referéndum en Cataluña, mientras que poco más del 20% votó en contra. Son datos ciertos que, sin embargo, no reflejan la parte más importante de la verdad. Porque el domingo 18 de junio será recordado en Cataluña y en toda España por su verdadera protagonista, que fue la abstención. Menos de la mitad de los ciudadanos llamados a las urnas acudieron a ellas a depositar su voto. A pesar de los esfuerzos desesperados de la Generalitat de Pasqual Maragall por fomentar la participación –la Junta electoral Central ha tenido que intervenir varias veces porque el gobierno autonómico estaba violando manifiestamente las leyes al respecto- más del 50% de los mayores de edad en Cataluña manifestó su desinterés o su descontento hacia el nuevo Estatut ignorando la celebración del referéndum. El resultado es, así, mucho más significativo: dos de cada tres catalanes no aprobaron el Estatut, sea porque votaron en contra o porque, sencillamente, no lo votaron. Para un texto que según sus defensores venía a colmar una acuciante demanda social es bastante poco. Esta situación puede disimularse en los medios de comunicación políticamente comprometidos a favor de José Luis Rodríguez Zapatero, pero para los partidos políticos que han pedido el "sí", o que pidieron el "no" porque querían aún más concesiones al nacionalismo, la situación es preocupante. Los propios votantes del PSC y de CiU han desobedecido las consignas dadas por sus partidos, y se han quedado en casa o se han ido a la playa. Ante un horizonte electoral, en el que Pasqual Maragall y José Montilla deben dirimir su disputa para encabezar la lista del socialismo catalán y en el que el nacionalista Artur Mas espera que Zapatero recompense su apoyo al Estatut con un retorno al poder, la advertencia es muy seria. La lección debe aprenderse también en La Moncloa. Emprender un proceso de cambios institucionales sin consenso, y excluyendo a priori a un amplio sector de la opinión española, tiene estos riesgos y avala las tesis mantenidas por el PP. Zapatero no quiso el consenso con los populares y ha cosechado una importante derrota moral. Legalmente, en principio, parece que el Estatut prosperará a falta del recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por los de Mariano Rajoy; pero la democracia no es sólo una cuestión matemática, sino también un marco de convivencia que, en Cataluña, parece roto.
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