ETA no ha desaparecido y no ha cambiado
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ETA no ha renunciado definitivamente a ninguna de sus actividades y a ninguno de sus objetivos. La negociación empieza con una gran vía de agua, pero Zapatero se niega a rectificar.
21 de junio de 2006. Ayer martes doce personas fueron detenidas, en Francia y en España, acusadas de pertenecer a ETA y de haber constituido parte esencial de su aparato de financiación y extorsión desde hacía dos décadas. Recientemente los empresarios navarros habían recordado que la banda terrorista seguía exigiendo el cobro del llamado "impuesto revolucionario". A pesar de los desmentidos oficiales del Gobierno, ahora se ha desenmascarado a los gestores de esa rama terrorista. La operación ha sido llevada dirigida por el juez español Fernando Grande-Marlaska y por los franceses Laurence Levert y Thierry Fragnoli, dirigiendo equipos de la Policía de los dos países. Aunque las detenciones tiene lugar una semana después del arresto del también etarra Zigor Merodio en el sur de Francia, la investigación se ha desarrollado a lo largo de varios años. Una vez más el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional irrumpe en el mal llamado "proceso de paz". Las detenciones ordenadas por Marlaska vienen a desmentir la sensación de paz irreversible con la que el Gobierno quería iniciar su negociación con ETA y con la que el PSOE vasco de Patxi López quería acercarse a Batasuna. Las premisas anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero –el cese de actividades de ETA- no se dan. El líder de Batasuna –un partido ilegalizado por formar parte de ETA-, Arnaldo Otegi, ha denunciado que es una operación que "no se corresponde con la actual situación" y que se debe a "motivos políticos y no jurídicos", acusando a los jueces españoles y franceses de sabotear el acercamiento entre los terroristas y el Estado, iniciado gracias a Zapatero. De entre los doce detenidos hay que destacar, por su relevancia, a Ángel Iturbe Abásolo, hermano del histórico etarrra "Txomin", que dirigió la negociación con el gobierno del PSOE en Argel; y a Julen Madariaga Agirre, de 73 años de edad, uno de los miembros de ETA en su periodo fundacional y actualmente dirigente del partido nacionalista teóricamente democrático Aralar. Precisamente el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha defendido a Madariaga y ha pedido la libertad de todos los detenidos. Para Zabaleta, como para Otegi, se trata de un obstáculo grave en el camino hacia la paz. No es de la misma opinión el gobierno de Zapatero. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha opinado que las detenciones "no alteran en lo más mínimo el curso de ruta de que es responsable el Gobierno de España para el aprovechamiento de una oportunidad histórica de poner punto final a la violencia". El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que "no hay ningún dato significativo que impida continuar con el proceso de paz que el Gobierno pretende seguir desarrollando". Y es sorprendente esta huida hacia adelante del Gobierno, porque previamente a las detenciones de ayer, el domingo se había sabido que al menos 60.000 euros procedentes de la extorsión habían sido recogidos en San Sebastián y trasladadas a Bayona. Y la operación ordenada por Grande-Marlaska no da a entender ni mucho menos que el operativo desmantelado estuviese inactivo. El Ejecutivo debería aclarar cómo casan estos hechos con sus ya célebres "informes de verificación".Zapatero no renuncia a tratar con ETA a pesar de que no se dan las circunstancias pedidas por él mismo y de que ETA no ha renunciado definitivamente a ninguna de sus actividades y a ninguno de sus objetivos. Vista así, la negociación empieza con una gran vía de agua.
martes, junio 20, 2006
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