sabado 24 de febrero de 2007
Huele a podrido
Ismael Medina
U N duro golpe febril y sus inevitables consecuencias me mantuvieron alejado de Vistazo a la Prensa durante las tres últimas semanas. La recuperación es siempre lenta cuando se transita por la recta final de la existencia, aún a despecho de que médicos y afines nos vean con energía suficiente para seguir adelante sin sentir agobio físico ni mental. Creo que esa afabilidad de los próximos es una medicina insustituible para fortalecer espíritu y carne, amén de convivir animosamente con las peplas que la edad senatorial conlleva. Estas tres semanas de obligado alejamiento me han proporcionado un beneficioso margen para un doble ejercicio: recuperar el gozo de esas muchas y elementales cosas, tantas veces orilladas, que hacen grata la existencia; y reflexionar sobre el trasfondo del ocaso colectivo bajo el que avanza el propio. Una interiorización del generalizado proceso descomposición que nos envuelve, la cual deriva en la necesidad imperativa de hilvanar los recuerdos de tres cuartos de siglo vividos intensamente, depurar desde esa misma perspectivo lo leído y sentido, enjuiciar el presente desde lo experimentado, y tantear futuribles. EL ALCALDE DE SOLÓRZANO, UNA LECCIÓN SOBRE LA REPRESENTATIVIDAD LA agresión viral me sorprendió en Santander y la primera semana de recuperación transcurrió en Solórzano, un pequeño pueblo montañés, enclavado en un bello y jugoso valle. Bajaba a comer al bar del lugar con mi hija y un entrañable grupo de vecinos, gente sencilla, laboriosa e irónica, entre ellos el cura, sabio y prójimo. Se hablaba del alcalde hospitalizado y sobre cuya supervivencia no se albergaban demasiadas esperanzas. Murió el pasado 17 de febrero, a punto de ser nonagenario, y los periódicos nacionales le han dedicado extensas crónicas necrológicas. ¿Y que tenía de excepcional el alcalde de Solórzano para que se le haya prestado tan singular atención póstuma? Luís Gómez de la Sota fue designado alcalde de Solórzano en 1962. Y lo ha sido hasta su muerte. Cuarenta y cuatro años de permanencia ininterrumpida al frente de la alcaldía es algo insólito cuando de por medio hay un cambio de sistema político. Podría argüirse que durante el régimen de Franco se ganó la confianza de quienes le nombraron, pese a que se definió siempre como independiente. ¿Y después? Ganó de calle las sucesivas elecciones encabezando listas de unos u otros partidos sin abdicar de su independencia. El sistema electoral partitocrático de listas cerradas y bloqueadas así lo imponía. Los vecinos confiaban en él. Ahí radica el secreto de tan prolongada continuidad. Una de las innovaciones de la reestrenada democracia de partidos fue la de romper una arraigada tradición y poner sueldo a alcaldes y concejales. Gómez de la Sota renunció al suyo de inmediato. E incluso adelantaba dinero propio cuando los fondos municipales no eran suficientes para llevar adelante con la rapidez necesaria las mejoras que emprendía. Lo suyo era el servicio a la comunidad a la que pertenecía, a la que se debía y que en él confiaba. No ha sido el del alcalde de Solórzano el único caso de muy prolongada continuidad a despecho de golpe de Estado transaccionista. Pero sí el más sonado, hasta el punto de que antes de morir se ocupara de él por extenso un periódico sueco. Varias cuestiones sugieren estos continuismos, aunque aislados. Esta es una de ellas: ¿Cuántos políticos actuales, desde concejales a diputados, permanecerían en el cargo en el supuesto de listas abiertas o en el de circunscripciones que permitan la presentación de candidaturas personales? El sistema de listas cerradas y bloqueadas prostituye cualquier presunción de auténtica democracia. Estar o no en las candidaturas depende de los cuadros de dirección de unos partidos en los que quedó barrido desde un principio el mínimo asomo de democracia interna. Ha surgido así, a todos los niveles, una clase política burocratizada, dependiente y generosamente pagada a costa de los contribuyentes, que ha declinado, en aras del partido, el más mínimo atisbo de independencia. Una subordinación perruna que por lo general se nutre de mediocres, en su mayoría incapaces de alcanzar en sus profesiones originarias los ingresos que les proporciona su sometimiento. Un fenómeno que se agudiza hasta el paroxismo cuando esa misma mediocridad se instala en las esferas decisorias del partido. ESPERPENTO PARLAMENTARIO EL espectáculo parlamentario, devenido en teatro de títeres, confirma día tras día la cosificación antidemocrática del totalitarismo partitocrático. No faltan diputados y senadores que discrepan de sus dirigentes en cuestiones vitales para el común de los españoles, la solvencia del Estado o una aplicación rigurosa de fundamentales previsiones constitucionales. Lo hacen en conversaciones privadas y en ocasiones se les va la lengua en los medios. Pero se comportan como perros falderos a la hora de votar en sede parlamentaria, de aplaudir enfervorizados a sus jefes de filas o de gritar al contrario. Son conscientes de que la independencia de criterio lleva consigo la pérdida de unos ingresos desmesurados, despacho, burócratas a su servicio y otros privilegios. No hay margen para la sorpresa a la hora de votar, salvo el caso de algún despistado que aprieta el botón equivocado. Sobra la costosísima comedia parlamentaria. El resultado sería el mismo si se reunieran los secretarios generales de los partidos y pusieran sobre la mesa el porcentaje de votos que cada uno de ellos pastorea. Un proceso de progresiva e imparable degradación democrática sobre el que advirtieron no pocos tratadistas desde hace más de un siglo. El esperpento parlamentario a que asistimos en España lo ha convertido la gente de Rodríguez en grotesco carnaval totalitario. El Partido Popular, en uso de su legítimo derecho parlamentario, planteó una batería de propuestas encaminadas a clarificar la posición del Estado respecto del conglomerado terrorista, entre ellas que el gobierno ratifique la ilegalización del PCTV, la careta carnavalera del ETA-Batasuna, e impida su participación en las próximas elecciones municipales. Pero el gobierno Rodríguez y sus acólitos no están por la labor. El compromiso contraído con el conglomerado terrorista y su cobertura PNV-EA no admite retrocesos ni que lo dificulte el PP, que en este caso refleja el parecer de la mayoría de los españoles. Rodríguez, cuyo aprendizaje debió hacerlo junto a charlatanes de feria (los que por una peseta ofrecían un peine, unas cuchillas de afeitar, alguna baratija y, por si fuera poco, un duro) proclamó en Vitoria (vestido por cierto como si fuera emprender la Marcha sobre Roma de Mussolini) que no habría legalización mientras persistiera la violencia y no se cumplieran los requisitos de la Ley de Partidos. Y al propio tiempo que no renunciaría a la negociación para la "pazzzz" si se cumplían tales requisitos. Pero veinticuatro horas más tarde se compinchaba con las minorías chantajistas que lo sostienen para impedir que el PP presentara una moción que, en esencia, reproducía las condiciones alardeadas en Vitoria. Recapacitaron sobre la marcha. Pero sólo para cubrir las apariencias. El resultado fue el mismo: las mociones del PP fueron rechazadas con disciplinada subordinación a las órdenes del mandarín. Asistimos a un nuevo desplante totalitario al más puro estilo de los caribeños caciques rojos. Si el parlamentarismo estaba ya secuestrado y moribundo, Rodríguez lo dejó yerto y convertido en espantajo. Quedó suficientemente aclarado que el terrorismo es el que manda sobre el Estado y que Rodríguez y el P(SOE) son sus rehenes. UN MINISTRO DE JUSTICIA ENCAPSULADO EN SU APELLIDO BERMEJO LA faena totalitaria la redondeó el nuevo ministro de Justicia en sus respuestas a la batería de cuestiones plantadas por parlamentarios del PP. Fueron duras y ajustadas a la tenebrosa realidad en que los españoles nos debatimos. Nada insólito en cualesquiera parlamentos, en los cuales, y salvo contadas excepciones, a la habitual crudeza de la oposición suelen responder los miembros del gobierno con argumentos más o menos sólidos, pero sin salirse de madre. No así en España, especialmente desde que Rodríguez ganó las elecciones "por accidente". Y tan persuadido está internamente de que debe el poder a la matanza del 11 de marzo y a su vidrioso, ilícito y bien amañado aprovechamiento que se dedicó a hacer la oposición a la oposición desde el primer momento, en vez de gobernar con juicio en beneficio de todos los españoles. Fernández Bermejo se ha encapsulado en su segundo apellido, acentuando hasta el extremo la inclinación al rojizo. Al contrario que su jefe Rodríguez, absorbido por el espíritu de su abuelo rojo, que no del otro, el actual ministro de Justicia, como tantos "democratizadores" de izquierda y derecha, se esfuerza por superar con un extremismo desaforado el franquismo de sus antecesores. Un problema psicológico y generacional bastante extendido sobre el que han incidido algunos sociólogos descomprometidos. De López Aguilar, el predecesor de Bermejo, dicen ahora, acaso por contraste, que fue conciliador. Pero no lo era si nos atenemos a los hechos. Los muertos políticos, como los que realmente se mueren, suelen tener benevolentes necrologías. López Aguilar, fiel a su idiosincrasia, fue ambivalente. Supo guardar las formas al tiempo que hería con la daga del Boletín Oficial del Estado. Pero Rodríguez precisaba de un sectario encarnecido que contribuyera sin escrúpulos al cerco del PP. Y nadie mejor que este Bermejo para quien la Justicia no pasa de constituir -a sus declaraciones y ejecutoria me atengo- un instrumento para meter en mazmorras a quienes se opongan a las arbitrariedades del poder sociata y a sus desmembradoras proclividades totalitarias. Las respuestas tuvieron tanto de inconsistencia argumental como de chulesca agresividad. Antes escribí que la batería de preguntas de los parlamentarios del PP fueron consistente y acordes con la realidad política. Pero cometió el PP el error táctico de incorporar a Michavila en la bien dispuesta andanada ofreciéndole una baza al Bermejo. Michavila protagonizó no pocos errores como ministro de Justicia y haría bien Rajoy con ponerle un tapabocas o forzarle a la renuncia de su condición parlamentaria, tan poco transitada desde que el partido pasó a la oposición. Su animosidad personal contra el candidato del partido a la presidencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, hizo posible que saliera elegida la candidata socialista que ahora la ocupa. A RODRÍGUEZ PUEDE CONVENIRLE QUE PÉREZ TREMPS NO DIMITA Y puesto que al Tribunal Constitucional he aludido, no debo omitir en este punto una especie que se runrrunea en medios políticos y jurídicos. Cierto que la recusación del magistrado Pérez Tremps estaba plenamente justificada y que se habría evitado la interesada escandalera política de la izquierda y de su medios afines si el afectado se hubiera anticipado con la renuncia a juzgar en los recursos de inconstitucionalidad del estatuto de Cataluña. Pero una recusación no obliga a la dimisión. La razón asiste en este punto a Pérez Tremps y a la presidente del TC. Se susurra que desde la Moncloa se respalda la continuidad de Pérez Tremps como magistrado del TC. ¿Y por qué? Se sugiere que sin el voto de éste saldrán adelante la mayoría de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el estatuto catalán. Y así fuera, habrían de ser revisados los ya aprobados y se verían condicionados los que están en marcha. Rodríguez y el P(SOE) se quitarían de encima un problema incomodísimo que puede costarles caro. Pero encubrirían su satisfacción acusando al Partido Popular de ser el culpable del bloqueo del para ellos necesario reajuste del nuevo mapa político autonómico. Le echarían al PP los perros nacionalistas y seguirían contando con su apoyo para el objetivo fundamental que mueve a Rodríguez: la permanencia a toda costa en el poder. Ya se buscaría luego otro sucio ardid para dar satisfacción a los nacionalismos periféricos y proseguir la marcha hacia la balcanización EL FIASCO DE LOS REDERENDUM ESTATUTARIOS EL espectacular y previsible fracaso del referéndum andalucista pudo influir de manera resolutiva en La Moncloa para impedir la dimisión de Pérez Tremps y en la añagaza de que me hago eco. Un éxito, según Chaves, que se apresuró a respaldar Rodríguez, cuya apriorística incontinencia le ha hecho cometer yerros de gran calado, especialmente en política exterior. Pero algún poder innominado hay detrás de las cortinas que sí es ducho en sutilezas y se vale de Rodríguez como mascarón de proa para la consecución de sus designios. Escribí el martes para "El Correo de Burgos", siempre respetuoso, rara avis, con la independencia de sus contradictorios colaboradores, que el referéndum está considerado en Derecho Político como "un procedimiento de democracia directa mediante el cual el cuerpo electoral decide sobre un texto legislativo fundamental". Al contrario del ordinario, el referéndum sobre un texto legislativo fundamental habría de contar para su validez con el quórum del electorado llamado a consulta. El problema se agudiza cuando el contenido de un estatuto autonómico no sólo da pábulo a consistentes sospechas de inconstitucionalidad, abrumadoras en el caso catalán, sino que entra en colisión con el interés general y el de otras regiones. Los tratadistas han llamado la atención sobre los riesgos del referéndum. Advierten sobre le necesidad de un "comportamiento muy profundo y sentido" de la sociedad y de que el texto sometido a consulta no produzca desorientación en el cuerpo electoral. También enuncian la posibilidad de que el referéndum pueda convertirse en "un instrumento de dominación del poder y del gobierno para legitimar hechos consumados". El referéndum, en definitiva, puede degenerar en instrumento totalitario del poder para envolver sus arbitrariedades con el celofán de una apariencia democrática. Y esto es, precisamente, lo sucedido con los referéndum estatutarios de Cataluña y Andalucía, en los que la suma de las abstenciones, los noes y los votos en blanco superaron con creces el 50% del censo electoral. Asiste la razón a César Alonso de los Ríos en "ABC", siempre a contrapelo de la equivocidad vasquista de Vocento, cuando sostiene que el gobierno Rodríguez ha hurtado el único y verdadero referéndum que exigiría la pandemia de estatutitis que nos envuelve. Un referéndum de ámbito nacional con la única y taxativa pregunta de si queremos seguir siendo españoles y preservar la indivisible unidad de España. El peligro, sin embargo, no radica sólo en la predeterminación del gobierno de favorecer la expansión de la estatutitis para justificar su cobarde avenencia al chantaje del conglomerado nazionalvasquista, hoy dominado plenamente por el bandidaje terrorista. El PP cayó en la trampa de la estatutitis al aventar la reforma de los estatutos malloquín y valenciano, amén de avenirse a respaldar el andaluz tras unos arreglos faciales consensuados por Arenas con Chaves. El PP tuvo miedo electoralista a ser presentado como enemigo del andalucismo, una ficción que desmontaron los resultados del referéndum. El fracaso no sólo afecta a Chaves y a Rodríguez. También a Arenas y Rajoy. ESPAÑA NO ES ITALIA PRODI se vio forzado a dimitir al regreso de su fugaz encuentro con Rodríguez en Ibiza. Una cumbre contra reloj el análisis de cuyos resultados nos sitúa ante una ampulosa declaración de intenciones, tan del gusto del prisionero de ETA y de su retención doméstica por Sonsoles, de la que dicen sus empleados que lleva los pantalones en La Moncloa. Tanto que al matriarcado de Sonsoles se atribuye la decisión de que los viajes de Rodríguez al extranjero, apenas ya los protocolariamente obligados, no duren más de un día, salvo que se trate de Marruecos y Portugal. ¿Y por qué estas dos llamativas excepciones? No creo que en lo tocante a Marruecos solo se deba a la necesidad de preservar los negocios de Felipe González con el déspota alauita. Algún as escondido en la manga tiene Mohamed VI para domeñar a Rodríguez hasta el punto de forzarle a reiteradas visitas de pleitesía, antes y después de la matanza del 11 de marzo en Madrid, y de dejar en la estacada a los saharuis, cuya lucha por la independencia gozó antaño de un robusto apoyo socialista. Lo de Portugal es más comprensible. Se trata de gobiernos parejos y de personajes clonados. Un amigo italiano me dice respecto del resbalón parlamentario de Prodi que no es el primer caso en que comparece la "iettatura" de Rodríguez. Su fama de gafe se extiende cada vez más y casi en igual proporción que la de incompetente. Los llamazares italianos se han vengado de su antiguo correglionario D´Alema, pasado a la socialdemocracia y ministro de Asuntos Exteriores, facilitando por dos votos el éxito en el Senado de la moción de censura por la política internacional del gobierno Prodi, especialmente en lo relativo a Oriente Medio y a la autorización para que se amplíe la base militar norteamericana de Vicenza. Es evidente que los llamazares de allí no son como el Llamazares de aquí que rebate con ardor y dialéctica caribeña, aprendida en Cuba, algunas de las excentricidades de Rodríguez. Pero que a la hora de la verdad, la de votar en sede parlamentaria, lo hace como perro falderillo del P(SOE). Prodi, un fracasado en Europa, se alzó a la presidencia del gobierno en Italia sobre el pavés de una coalición de doce partidos que va desde los residuos democristianos de izquierda a la extrema izquierda enrocada en el bolchevismo arcaico. Una coalición, como tantas otras anteriores, cuyo empaste no es otro que el reparto más o menos proporcionado de ministerios y empresas públicas de los que chupar del bote. Es del todo previsible que el presidente de la República, Napolitano, excomunista reciclado, le encargue de nuevo formar gobierno. Y es casi seguro que lo conseguirá mediante un nuevo reparto de prebendas y rectificaciones retóricas de la política exterior. Acaso esta llamativa capacidad italiana para el cambalache político se entienda mejor si recurro a una anécdota que viví durante mi tiempo de corresponsalía en Roma. Itali había perdido un encuentro vital del campeonato mundial de fútbol. Cuando, junto al admirable José Salas Guirior, llevamos nuestras crónicas al servicio público de teletipos para su transmisión, presenciamos una enconada discusión de todos aquellos funcionarios sobre la derrota balompédica. Pepe les dijo con ironía: "No parece sino que han perdido ustedes una guerra". La respuesta del jefe de la oficina fue antológica y paradigmática: "Una guerra se pierde y luego se arregla. Pero si se pierde un encuentro de fútbol como este, no se llega a la final". No le faltaba razón. Italia perdió dos guerras europeas y se sentó en la mesa de los vencedores. Un prodigio de adaptabilidad. España es otra cosa. Y a Rodríguez, aún más mediocre que Prodi, le falta el cínico escepticismo de éste. Y algo sustancial: ningún político italiano, por berzas que sea, se le ocurrirá, al menos por ahora, poner en entredicho la unidad de Italia ni hacer peligrosas concesiones a los secesionismo larvados de Saboya o del Alto Adagio. Menos todavía, como se vio, al Milanesado. Tampoco dimitir del unidad de la lengua italiana, pese a que cada parte de las que unió la revolución garibaldina tuvieran un pasado cultural e histórico harto más enterizo que nuestras taifas catalana, vascongada o gallega. Los italianos entendieron tan bien como Mussolini que si, merced al Tratado de Letrán, la Iglesia hacia suya su lengua nacional, junto al latín, Italia se universalizaba. Pero entre nosotros, que creamos un gran emporio cultural de ámbito universal, hasta las Iglesias locales de las taifas secesionistas han caído en una desaforada y mostrenca endogamia localista, contraria a la universalidad del catolicismo y que, para mayor desconcierto, el Vaticano no parece capaz de corregir. Los resultados de los referéndum catalán y andaluz encerraban mucha más entidad para la dimisión de Rodríguez que la votación del Senado italiano de la que se derivó la de Prodi. Rodríguez, además, ha sido el impulsor de la crecida secesionista que amenaza romper la unidad de España. Un disparate balcanizador que tiene desconcertadas a las cancillerías de la Unión Europea y que allende los Pirineos es denunciado cada día con mayor énfasis. Rodríguez reparte territorialmente España entre sus aliados secesionistas como si lo hiciera con caramelos a la puerta de un colegio. Lo hace, además, con la proterva y fantasiosa obsesión de pasar a la posteridad, sin importarle el precio, con el campeón de la paz con los terrorismos etarra e islámico. Pero lo dramático de esta situación no reside sólo en su enfermizo apego al poder. Lo más inquietante es que ni en su partido ni fuera de él existan gentes e instituciones con agallas para echarlo, antes de que se desplome el edificio histórico de España. LA DESVERNGOZADA PANTOMIMA DE UNA HUELGA DE HAMBRE EL escandaloso empeño gubernamental en proteger la falsa huelga del hambre de Juan Ignacio de Juana Chaos, un criminal empedernido que se mofa de sus víctimas, no se arrepiente de la sangre vertida y proclama su fidelidad a los designios de ETA, nos sitúa ante la evidencia incontestable de que Rodríguez no cede en su empeño de avenirse a las exigencias del terrorismo nacionalista vascongado con tal de adornar su hueca cabeza con la corona de laurel del César pacificador. La huelga de hambre del criminal Juan Ignacio de Juana Chaos ha sido una gran farsa política favorecida desde el gobierno. Las denuncias de las asociaciones de la Policía Nacional así lo confirman. Ha gozado de tales privilegios en el Hospital 12 de Octubre de la Seguridad Social que el gobierno habría sido más consecuente con su determinación de avenirse a las exigencias de la banda terrorista mediante su alojo en una suite de lujo del Hotel Ritz. El criminal, autor de 25 asesinatos, nunca ha estado en peligro de muerte. Ha disfrutado de una atención médica privilegiada, en detrimento de los enfermos en listas de espera. Ha paseado sin ayuda por los pasillos del centro hospitalario. Ha tenido junto a él de manera casi permanente a su novia, liberada de cualesquiera limitaciones por orden policial superior. Ha recibido a sus abogados en tropel sin traba alguna, amén de otras extemporáneas visitas. Le han permitido hacerse fotografías y declaraciones para una entrevista amañada con "The Times". Ha podido acercarse hasta el teléfono público de la planta hospitalaria para hacer las llamadas que le venían en gana, acaso algunas de ellas con los cabecillas de la banda asesina a la que pertenece. Ha dispuesto de ordenador, televisor y DVD. Es evidente que el protegido del gobierno Rodríguez en ningún caso estuvo dispuesto a llevar a término su amenaza de una huelga de hambre a muerte. Era consciente de que su vida estaba a salvo merced al acuerdo previo entre el gobierno, la banda terrorista, los batasunos y el gobierno taifal presidido Ibarreche de que su vida y su libertad fueran preservadas. Un descomunal y burdo enjuague político, urdido para que Rodríguez y el P(SOE) puedan avanzar en el logro de los compromisos contraídos con el terrorismo, cuyos primeros pasos se dieron antes aún de la matanza del 11 de marzo de 2004 y de su aprovechamiento para birlar al PP el triunfo electoral que le atribuían todos los sondeos. Pérez Rubalcaba niega ahora, con su acreditado cinismo, que no hubo orden superior para obviar las medidas cautelares de rigor en el caso de la novia del criminal. Pero la fotocopia del libro de incidencias de la policía que circula por la red así lo atestigua. Y confirma la veracidad de las denuncias de la asociación profesional de la Policía Nacional. También Pérez Rubalcaba acusa a los abogados de obtener la fotografía del asesino en falsa huelga de hambre que publicó "The Times" junto con la entrevista que le facilitaron unos visitantes que entraban en la habitación del hospital como Pedro por su casa. Una fotografía efectista puesto que redujo el abdomen e hinchó el pecho para que sobresalieran los costillares. Pero el rostro, nada demacrado, le traicionaba. Pérez Rubalcaba anunció que la infracción de los letrados la trasladará al Colegio de Abogados para que adopte las medidas punitivas adecuadas. Otro canto de sirena. Si realmente fueron los letrados quienes hicieron la fotografía, cometieron un delito y el deber del ministerio de Interior debería ser la correspondiente denuncia ante la Justicia. Es evidente, una vez más, que Rodríguez no quiere enfadar a la envalentonada banda terrorista, no sea que vuelvan a presionarle con un nuevo atentado parejo al del aeropuerto de Barajas. Posibilidad ésta que la Policía Nacional y la Guardia Civil creen que ETA tiene preparada para marzo, aunque cuidando hasta el extremo de que no haya incómodas víctimas. LA HIRIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO HA causado estupefacción dentro y fuera de España la sentencia del Tribunal Supremo que rebaja a tres años la pena impuesta al contumaz asesino Juan Ignacio de Juana Chaos. Una historia judicial de muy difícil digestión jurídica y política, en la que comparece la mano del gobierno a través de su correa de transmisión, Conde-Pumpido, en la Fiscalía General del Estado, o más bien del P(SOE). Conviene rememorar. Y no olvidar que el fiscal de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, implacable con los terroristas, fue depurado por Conde-Pumpido, como quería el gobierno y tras una intensa campaña mediática, para sustituirlo por Javier Zaragoza, en cuya afinidad debía confiar. Juan Ignacio de Juana Chaos, que como el ministro Bermejo también tuvo padre franquista, fue imputado en enero de 2001 por el juez Grande-Marlaska, poco flexible a las conveniencias políticas del gobierno Rodríguez. El caso pasó a manos del juez Santiago Pedraz, luego que Grande-Marlaska retornara al juzgado de que era titular. Pedraz se apresuró a desimputarlo. Pero persistía la petición de la Fiscalía de 96 años cuando Zaragoza sustituyó al depurado Fungairiño. Zaragoza no movió pieza hasta poco antes de iniciarse el juicio en la Audiencia Nacional, momento en que ordenó al fiscal Jesús Alonso que rebajara a 13 años la petición de pena. La Audiencia Nacional le condenó a 12 años y 7 meses por el delito de "amenazas terroristas". Recurrida la sentencia, el Tribunal Supremo, para pasmo de la mayoría de los españoles y de amplios sectores judiciales y jurídicos, rebajó aún más la pena. Los noventa y seis años iniciales se quedaron en tres. He leído que se registraron varias votaciones antes de que los magistrados se pusieran finalmente de acuerdo. Debió existir una confrontación de criterios que finalmente pudo sustanciar una apretada mayoría. Una vez más se habría reproducido el fenómeno pernicioso de la división política existente en el ámbito de la Justicia, derivada de la vinculación de los magistrados a los partidos que decidieron sus nombramientos en sede parlamentaria. Un aciago sistema que, sin duda alguna, condiciona la independencia del poder judicial en sus diversos órganos, no sólo los superiores, y es causa de resoluciones contradictorias que provocan un lógico desconcierto en la sociedad. Y de manera harto ostensible la peripecia judicial en el caso de que me ocupo. Me producen perplejidad los forzados argumentos legalistas a que recurrieron los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para justificar una sentencia que hiere en lo más profundo el sentimiento de millones de españoles y cuya desconfianza hacia la Justicia se ve así fortalecida hasta la nausea. La sentencia del Tribunal Supremo trocó la imputación de la Audiencia Nacional de "amenazas terroristas", que lo fueron de manera indubitable, por la de "amenazas no terroristas", aunque, eso sí, realizadas por un terrorista. ¡Menuda sutileza! Me pregunto con lógica consternación como es posible que las amenazas del terrorista confeso, y nunca arrepentido, Juan Ignacio de Juana Chaos, evacuadas en "Gara", órgano oficioso de la banda etarra, puedan ser "amenazas no terroristas". Corre ahora la especie, en descargo de los magistrados rebajadores, que decidieron pasar al gobierno la patata caliente de la excarcelación del asesino múltiple e, insisto, nunca arrepentido Juan Ignacio de Juana Chaos. No lo descarto, Pero de ser cierto ese propósito desconocieron que a Rodríguez le importa un pimiento doblar la cerviz ante ETA y sus amparadores políticos. Es capaz de los mayores desafueros sin perder su perenne y estúpida sonrisa con tal de pasear eufórico su paloma picasiana de la paz. ¿O acaso no se pasa la constitución por el arco de triunfo cada vez que le peta? Si realmente los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pretendían poner en un brete a Rodríguez, más daño le habrían hecho retomando la pena de 96 años inicialmente solicitada por el depurado fiscal Fungairiño. No tengo por que acatar o desacatar la sentencia del Tribunal Supremo. Me hiere, la siento como un agravio, al igual que tantos españoles, y me asiste el derecho a proclamarlo. Y si la AVT, el Foro de Ermua o quien sea decidiera plantear recurso de amparo contra la sentencia ante el Tribunal Constitucional, sería a éste, y no a Rodríguez, al que los magistrados del Supremo habrán pasado la patata caliente. EL 11-M SIEMPRE BAJO SOSPECHA HAN ocurrido demasiadas y graves cosas durante estas tres semanas de ausencia en Vistazo a la Prensa. Me era difícil pasarlas por al alto una vez recuperado. Es la causa de que me haya extendido en demasía. No puedo eludir, sin embargo, una última reflexión sobre el candente asunto del juicio contra los presuntos autores de la matanza del 11 de marzo de 2004. Me limitaré hoy a dos breves anotaciones. Comparto con Pilar Cernuda la opinión de que quienes se sientan en el banquillo de los acusados no dan el perfil de terroristas filiados al fundamentalismo islámico. Estos fanáticos, capaces de convertirse en autobombas, tienen a orgullo proclamarse los elegidos de Alá para castigar a los infieles. Nunca mienten ante un Tribunal su pertenencia a unas u otras ramas de Al Qaeda, aunque en ello les vaya la vida. No niego ni afirmo que los encausados ahora por la matanza de los trenes de Atocha sean autores o cómplices de los atentados. Ya se verá, si es que se ve. Pero, insisto, no dan el perfil. Más bien favorecen la impresión de que fueron reclutados por los verdaderos inductores del genocidio o que fueron elegidos para cumplir la función de cabezas de turco. Ansío que el Tribunal que los juzga nos saque de dudas cuando, a la vuelta de dos o tres meses, concluya el juicio. También habrá de decidir el Tribunal cual de los contradictorios peritajes de los explosivos utilizados es el correcto. Al día de hoy, y pese al empeño encarnizado de "ABC" y "El País", parece consolidarse la sospecha de que no fue Goma 2 Eco. ¿Explosivo militar? ¿Tytadine? La tesis de la ocasional contaminación con un hexógeno de alto poder explosivo es a estas alturas insostenible. Y al hilo de estas consideraciones me llama poderosamente la atención que, transcurridos dos meses desde el atentado de la Terminal 4 de Barajas, todavía la unidades antiterroristas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil no parezcan tener rastro alguno de quienes lo cometieron. ¿Lo tienen, pero no interesa al ministerio de Interior que se sepa? Tampoco se ha dado a conocer la composición del explosivo empleado. Se avanzó una explicación harto evasiva de sus componentes y un silencio espeso ha caído luego sobre los resultados de la investigación pericial. Y sin embargo, las muestras recogidas eran suficientes para que las pruebas periciales estuvieran hace tiempo conclusas. Hay margen suficiente para la sospecha de que el silencio obedece a que el explosivo utilizado en el atentado de Barajas coincide con el que pueda resultar de los contraperitajes ordenados por el Tribunal que juzga a los presuntos autores de la matanza de los trenes de Atocha. Esa sí que sería una bomba política de alto poder explosivo.
viernes, febrero 23, 2007
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2 comentarios:
Escudero del Corral no se atrevió a ilegalizar HB
Antonio Lugano, amigo de España
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