Una ley coja contra los malos tratos

lunes 22 de octubre de 2007
Una ley coja contra los malos tratos
LAMENTABLEMENTE, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas no decrece. Las estadísticas demuestran que uno de los «proyectos estrella» del Gobierno, la ley integral de violencia contra la mujer, no está respondiendo a las expectativas creadas. Desde su entrada en vigor a finales de 2004, la media de mujeres asesinadas se acerca a 60 cada año y, en total, asciende a 409 desde 2001. Si bien es cierto que han aumentado considerablemente las denuncias por malos tratos y la tasa de asuntos tramitados por la vía penal (más de 271.000 desde diciembre de 2004), también lo es que esta circunstancia no ha generado el efecto disuasorio esperado. Pese al esfuerzo realizado en los ámbitos legislativo, judicial y policial, y pese al voluntarismo de muchas personas y colectivos, el dato real es que la ley merece un suspenso en términos de eficacia. Que cada año haya más denuncias sólo revela una cierta concienciación social; sin embargo, no han dado lugar a una respuesta más ágil y eficiente por parte de las administraciones públicas. Parece como si los ciudadanos, en especial las mujeres maltratadas, estén respondiendo de forma responsable a un llamamiento de la Administración para combatir una auténtica injusticia y, a renglón seguido, esa misma Administración les diera la espalda o no supiera cómo reaccionar.
Los datos que el Observatorio de Violencia Doméstica ha dado a conocer demuestran que el mensaje de «tolerancia cero» que con tanta vehemencia proclamó en su día el Gobierno tenía más ingredientes de efectismo que de compromiso real. De otro lado, es preocupante la carencia de recursos personales y materiales tanto en los juzgados como en los Cuerpos de Seguridad para estar en condiciones de supervisar y garantizar la ejecución de medidas cautelares y sentencias. La ley integral es ambiciosa; por el contrario, su dotación no es proporcional a los objetivos que persigue. Si aumenta el número de hombres condenados, el Gobierno y las Comunidades han de saber cómo hacer frente de manera inmediata a una realidad cambiante. Crear una ley y no dotarla convenientemente es casi tanto como no haberla aprobado.
Ahora, a la vista de la experiencia, los jueces reclaman que se elimine el automatismo que les obliga a dictar una orden de alejamiento en cuanto una mujer denuncia o acredita mínimamente una agresión. Los jueces proponen, y no sin razón, que tal medida sólo se imponga en los casos que impliquen riesgo cierto, y no en todos sin distinción. También quieren poner fin a la dispensa que permite a una víctima no verse obligada a declarar contra su agresor porque a la hora de la verdad esto provoca el archivo de muchas diligencias. El legislador haría bien en estudiar y atender estas peticiones porque suele ser muy aleccionador el criterio de quienes aplican la ley. Pero sobre todo, es imprescindible una financiación acorde con la abultada cifra de malos tratos -y no con la demagogia-, para corregir el rumbo de una ley que más que integral, sencillamente parece coja.