Trafico y sanciones penales

lunes 8 de octubre de 2007
Tráfico y sanciones penales
EL Congreso de los Diputados aprobó hace unos días la reforma del Código Penal que agrava las sanciones por conducción temeraria y otros delitos relativos al tráfico de vehículos. Puesto que hay acuerdo entre los grupos políticos, es de prever una tramitación rápida del proyecto de ley en el Senado para que las nuevas medidas entren en vigor en los próximos meses. Se abre así una nueva vía en la lucha contra la tragedia cotidiana de los accidentes de tráfico, que alcanza en España niveles impropios de una sociedad desarrollada. Los datos demuestran que, por desgracia, el carné por puntos no era la panacea de todos los males. La reforma legal supone que determinadas conductas pasan a ser constitutivas de delito y se agravan las penas correspondientes, imponiendo en algunos casos la privación de libertad; entre ellos, para los conductores que pongan en peligro «con temeridad manifesta» la vida o la integridad de las personas y, en especial, para los que actúen con desprecio de la vida de los demás. También pueden acabar en la cárcel quienes conduzcan sin haber conseguido el carné o cuando hayan perdido todos los puntos, así como los que superen ciertos límites en el control de alcoholemia.
Es razonable que las conductas más peligrosas al volante sean objeto de una sanción severa, aunque resulta más discutible que la falta de documentación en regla pueda generar consecuencias tan graves. En todo caso, la amenaza de la cárcel no va a cambiar la situación de un día para otro. Según cálculos solventes, si la nueva ley se aplica con todo rigor, podría casi duplicarse la población reclusa, lo que generaría un problema irresoluble para la administración penitenciaria. Si se aplica con flexibilidad, la amenaza penal dejará de cumplir su finalidad preventiva porque los conductores temerarios no se la tomarán en serio. En materia de tráfico, las normas deben ser realistas, ya que de lo contrario dejan de ser eficaces, como ocurre muchas veces con los límites demasiado estrictos de velocidad. La política sancionadora no es el único medio para luchar contra los accidentes. Hace falta que la sociedad perciba que los poderes públicos cumplen con su deber de mantener las carreteras en buena estado y que no tratan sólo de poner multas o controlar los requisitos burocráticos. Nadie puede negar el esfuerzo de la DGT para encontrar soluciones a la sangría de los accidentes, pero -además de sanciones- es preciso un gran esfuerzo para desarrollar la seguridad vial en el ámbito de la familia y de la escuela.