Pablo Sebastian, La bronca y el Tribunal Constitucional

jueves 18 de octubre de 2007
La bronca y el Tribunal Constitucional Pablo Sebastián

El espectáculo partidario que ofrece el Tribunal Constitucional al conjunto de la sociedad española y a los más cualificados observadores y actores, de dentro y fuera de España, del ámbito jurídico y constitucional, es no solo fiel reflejo de la vigente confrontación política sino que forma parte de la temeraria estrategia confederal de Zapatero, que el presidente espera poder completar en una segunda legislatura si gana las elecciones de 2008. Y a no olvidar que todo lo que ocurre en torno al TC —o al Consejo General del Poder Judicial— pone en el escaparate nacional e internacional la ausencia en España de la separación de poderes del Estado, imprescindible en toda democracia. La reciente bronca que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le montó en la tribuna del desfile de la fiesta nacional a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, fue prueba repugnante y humillante de esta intromisión del poder Ejecutivo en el ámbito judicial y constitucional español.
El objetivo del presidente Zapatero no es otro que conseguir que el TC, en primer lugar, no decida antes de las elecciones sobre la constitucionalidad del nuevo Estatuto catalán, y que, cuando lo haga, no toque un solo artículo de dicho estatuto porque ello pondría en riesgo la unidad del PSC-PSOE, la estabilidad del gobierno tripartito de Montilla y el futuro de la reforma del Estatuto vasco, que es la base de la negociación con ETA que el presidente querrá reabrir si revalida el poder el año próximo, como lo declaró ayer, sin disimulo, el ministro Bermejo en el Congreso de los Diputados.
Zapatero sabe que su pretendido modelo confederal del Estado no se puede poner en marcha a través de una reforma de la Constitución que vetaría el PP. Y, por ello, necesita tener abierta la puerta de las leyes orgánicas para colar, como hecho consumado, las reformas confederales de los estatutos catalán y vasco, sin limitaciones del Tribunal Constitucional. De ahí toda la polémica y las presiones políticas que el gobierno ejerce sobre el TC, como la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la que se pretende prorrogar la actual presidencia de María Emilia Casas —de la que se dice que ha pretendido dimitir, además de abstenerse en el debate que la afecta—, para que prevalezca su voto de calidad; como también se pretende que las Comunidades Autónomas puedan proponer en el Senado candidatos a los sillones de este alto tribunal, para dar sitio a los partidos nacionalistas, que es lo mismo que Zapatero quiere hacer en el Consejo del Poder Judicial.
Dos iniciativas que son, de todo punto, inconstitucionales porque la Carta Magna dice expresamente que al presidente del TC solo lo pueden elegir sus propios magistrados; como no menciona que la Comunidades puedan proponer a los miembros de esta Corte. De ahí que, con suma facilidad, se haya admitido a trámite el recurso contra las reformas de la Ley Orgánica del TC.
El gobierno ha perdido los nervios, como los va a perder con su nuevas recusaciones a magistrados con apoyo conservador, de la misma manera que podría perder mucho más si el TC, pronto y bien, recorta las muchas inconstitucionalidades del Estatuto catalán, empezando por el preámbulo. Lo que, de ocurrir —tras la exclusión del magistrado recusado Pablo Pérez Tremp—, echaría abajo el castillo de naipes confederal de Zapatero, y su regreso al llamado “proceso de paz” con ETA. Y lo que es peor, con esta apresurada tentativa, los nacionalistas habrían facilitado de una manera prematura —y sin tener previamente un amplio respaldo social y político— la delimitación de su autogobierno. Algo que los nacionalistas deberían haber evitado con un Estatuto más razonable y de amplio consenso, intentando que su texto no llegara al hoy trastornado Tribunal Constitucional.