Madrid, discriminada

domingo 21 de octubre de 2007
Madrid, discriminada
LAS cifras no engañan. Madrid sufre una notoria discriminación en los presupuestos generales del Estado para 2008, confirmando así la tendencia de ejercicios anteriores. El próximo año recibirá 2.616 millones de euros, lo que supone una subida ínfima del 0,4 por ciento frente al crecimiento medio de las inversiones en las demás comunidades, que se sitúa en el 15,5. ABC ofrece hoy otros datos significativos; entre ellos, que desde que gobierna Rodríguez Zapatero Madrid ha recibido apenas un tercio de la cantidad invertida en Cataluña. Las quejas de la Comunidad autónoma y del Ayuntamiento de la capital son muy razonables, sobre todo porque el Ejecutivo paraliza proyectos relevantes en materia de infraestructuras. La discriminación resulta profundamente injusta si se considera que Madrid es la «locomotora» que tira de la economía española y también la Comunidad más solidaria en la redistribución territorial de la renta. Lejos de reclamar una financiación privilegiada, los ciudadanos madrileños son conscientes de que el éxito del conjunto de España representa un beneficio tangible para cada una de sus partes. Es una postura al servicio del interés general, muy lejos del egoísmo insolidario que algunos han convertido en centro y eje de su política territorial. Además, un sólido tejido empresarial y una certera política fiscal han roto muchas falsedades sobre Madrid como capital de la burocracia que vive a costa de la periferia. Hoy día, el dinamismo de la ciudad y de la región la sitúan, con datos en la mano, en posición preferente dentro de España y de la Unión Europea.
El Gobierno no lo tiene fácil para justificar el hecho objetivo que proclaman las cuentas del Estado. Por mucho que Rodríguez Zapatero niegue la evidencia, la opinión pública sabe que Madrid resulta perjudicada en todos los parámetros de la inversión estatal. La crisis del PSOE madrileño, que culminó hace poco con la salida de Rafael Simancas, tiene mucho que ver con esta percepción generalizada. No lo tiene fácil Tomás Gómez, nuevo líder de un partido que lucha a escala regional contra la preferencia del PSOE nacional por territorios más afines. Aquí reside la clave del asunto: el Ejecutivo premia con el dinero de todos a los territorios que votan al PSOE y procura ganarse a sus aliados en ciertas comunidades por medio de inversiones que compran votos. Como no hay para todos, salen perjudicados los Gobiernos autonómicos del PP y, por tanto, millones de ciudadanos que viven y trabajan en algunas de las regiones más dinámicas. No es precisamente esta la regla que establece la Constitución cuando exige una asignación equitativa y eficiente del dinero público.