Lorenzo Contreras, Paz, piedad y perdon

miercoles 10 de octubre de 2007
Paz, piedad y perdón Lorenzo Contreras

Se nos viene encima la Ley de la Memoria Histórica. Está bien que los vejados por una etapa de la historia española, bajo determinados gobernantes, reciban algún tipo de satisfacción, ellos en cuanto personas que ya no pueden vivir, aunque sí merezcan esa satisfacción, al igual que sus familiares de una manera directa.
La recuperación de restos, de manera que abandonen las fosas en las que fueron muchas veces amontonados, forma parte de una necesaria piedad oficial. Sin embargo no se habla tanto de piedad como de recuerdo, o memoria, que no siempre opera en estos casos de manera equitativa. Se pretende que la ley no ofenda a nadie, pero sí que “repare los daños que pudieran sufrir las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura”. Y la pregunta elemental que procede hacerse es si esos daños son reparados, en las presentes circunstancias políticas, sin discriminación.
Se invoca, eso sí, el espíritu de la Transición, que a fin de cuentas fue el primer y sincero ensayo de avenencia entre españoles. Pero el señor Zapatero, en cuanto nieto del capitán Lozano, fusilado por los franquistas, tenía una factura sin cobrar. Y ahora se garantiza o pretende garantizarse ese cobro, probablemente con olvido de la gran cantidad de inocentes que pagaron con sus vidas su condición de desafectos a la República, aunque bastantes de ellos fueron masacrados sin que se probara fehacientemente esa desafección.
La memoria histórica es una memoria fea en muchos sentidos. Se podría requerir, una vez más, aquello de que arroje la primera piedra el que se considere libre de pecado. En este sentido, la memoria histórica adolece de escasa imparcialidad. No se cuestiona suficientemente la frecuencia de los famosos “paseos”, por ejemplo. En cambio, la intención de los revisores de pasado se patentiza en textos como el del artículo tercero del proyecto de ley, que dice así, entre otras particularidades: “Se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa por cualesquiera tribunales durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior…”.
Se trata de un texto que admite perfectamente la vuelta de la oración por pasiva. ¿Cuántas veces durante los gobiernos del Frente Popular se condenó y sancionó a inocentes por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa?
Es muy fácil referirse, aparte de las referencias a la dictadura, a las víctimas de la Guerra Civil. Pero la verdad es que no consta con la suficiente expresividad y concreción esa referencia a las víctimas, que parecen entrar en una especie de nebulosa en la que un destino sin identificar habría ejercido una espantosa “justicia”.
Cuando en la invocada ley se declara la ilegitimidad de los tribunales creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, ¿hay por casualidad alguna suerte de recuerdo que afecte a tantas ilegitimidades de tantísimos falsos tribunales cuyas “sentencias” eran ejecutadas con nocturnidad y alevosía, y, por supuesto, sin garantías del derecho a un proceso justo?
Si hubiese a estas alturas alguna posibilidad de pasar revista a los comportamientos de la propia II República Española con personas fieles a lo fundamental de este ideario, ¿no existiría una magnífica y al mismo tiempo tenebrosa oportunidad de elaborar otra Ley de la Memoria Histórica para uso de no franquistas martirizados?
Manuel Azaña, la época en que la derrota de la República se vislumbraba, lanzó una exhortación oratoria presidida por estas palabras: “Piedad, paz y perdón”. Es lo que ahora se borra de la Memoria.